Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala VI · Causa 57454
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Marcelo Enrique Costa.
II. Casar parcialmente lo resuelto el día 17 de diciembre de 2012 por la Sra. Juez Dra. Elena Beatriz Viviana Bárcena, como integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.
III. Absolver a Jorge Nicolás Condo Canari en orden al delito de corrupción de menores (tres hechos), manteniendo la condena por los sucesos restantes; y en consecuencia, adecuar la sanción impuesta la que se fija en ocho (8) años de prisión, con accesorias legales y costas, a excepción de las irrogadas en esta Alzada.
IV. Tener presente la reserva del caso federal planteada por la defensa.
Rigen los artículos 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 119 párrafos 1 y 3, 125 a contrario sensu, del C.P., 20 Inc. 1, 106, 210, 371, 375, 399, 448, 456, 460, 530, 532 y ccdtes. del Cód. Procesal Penal.
En la ciudad de La Plata a los 17 días del mes de septiembre del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel Piombo y Ricardo R. Maidana, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en la causa N° 57.454, “Condo Canari, Jorge Nicolás s/ Recurso de Casación”, conforme el siguiente orden de votación: Maidana – Piombo.
El 17 de diciembre de 2012, la Sra. Juez Dra. Elena Beatriz Viviana Bárcena, como integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, previo acordar en forma conjunta el fiscal, el imputado y su defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s del C.P.P., condenó a Jorge Nicolás Condo Canari a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción (Hecho N° 1), abuso sexual en concurso ideal con corrupción (Hecho N° 2) abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción (Hecho N° 3) y amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real con amenazas (Hecho N° 4), que a su vez concurren materialmente todos ellos entre sí, con cita de los arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 54, 55, 119 primer y tercer párrafo, 125 tercer párrafo, 149 bis y 149 ter. inc. 1 del CP y 530 del C.P.P.
Contra esta decisión, el Defensor Oficial, Dr. Marcelo Enrique Costa, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 34/39.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva y ajustándose la vía utilizada a la competencia asignada a este cuerpo por los artículos 20 inc. 1, 401, 450, 451, 454 inc. 1 y c.c. del C.P.P., el recurso resulta admisible por lo que resta establecer la amplitud que corresponde otorgarle.
Al respecto cabe destacar que al haberse escogido en autos el procedimiento de juicio abreviado (art. 395 c.c. y s.s. del C.P.P.), la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo, por existir par conditio entre éste y el Ad Quem, siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por tal razón, el conocimiento posible es el mismo que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, ya que lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
Este es el caso, por ejemplo, de la impresión personal de los testigos, de lo que los magistrados deben dar cuenta circunstanciada para que pueda ser tenido como elemento fundante válido, conforme a la teoría del “agotamiento de la capacidad de revisión” o “máximo esfuerzo revisor” consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Casal (Fallos 328:3399).
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (v. arts. 75 inc 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327 , Ac. 1-III-2006, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, considero que el recurso es admisible (arts. 18 CN; 8.2.h CADH; 14.5. del PIDCyP; 20 inc. 1, 401, 421, 450, 451 y 454 inc. 1 del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Piombo, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Señala el impugnante que sin perjuicio que en la sentencia se ha respetado la calificación legal y la pena acordadas por las partes, se debe absolver a su asistido en orden a los tres hechos subsumidos en el art. 125 tercer párrafo del Código Penal. Especifica, en tal sentido, que en la oportunidad prevista por el art. 308 del C.P.P., al ser requerido a juicio y luego condenado, no se le describió el tipo objetivo ni el subjetivo de la mencionada figura delictiva. Agrega con relación al hecho N° 1, que del evento único de sexo oral al que fue obligada la víctima no surgen, ni del relato de la niña, las circunstancias concretas que le habrían producido un daño psíquico en su normal desarrollo, recalcando que igualmente el mismo no resultaría idóneo para afectar el bien jurídico tutelado. Añade que la pericia psicológica practicada a la menor Mugnolo solo determina signos reveladores de un episodio concordante con victimización sexual, sin hacer referencia a que padeciera un efectivo trauma en su corriente evolución, sin que tampoco su eventual existencia implique la configuración de “corrupción”. Añade, que lo mismo ocurre en el hecho N° 2 a partir de que la intimación se limita a decir que el inculpado manoseaba a la damnificada en sus partes íntimas, introduciéndole la mano por debajo de los pantalones y remeras que vestía. Destaca que el tipo en cuestión demanda dolo directo, o sea, conocimiento y voluntad de que la realización de la conducta “provoque o facilite” el estado de anormalidad sexual del sujeto pasivo, y que tal extremo no ha sido incluido en la imputación. Postula, en definitiva, que el pronunciamiento atacado carece de suficiente fundamentación con respecto a la significación jurídica correcta, resultando inmotivada en cuanto encuentra a Jorge Nicolás Condo Conari responsable del delito establecido por el art. 125 del CP y, en consecuencia, que en todo caso corresponde la imposición de una pena sensiblemente inferior a la fijada en la sentencia. Hace reserva del caso federal en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48.
La Sra. Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith de Seta, tomó intervención a fs. 44/46. Mantuvo expresamente la impugnación y agregó con relación a las notas típicas de la figura del art. 125 párrafo 3° del CP, con cita de doctrina y jurisprudencia, que la esencia del delito en cuestión importa que deje una huella psíquica deformante y perversa en la víctima, torciendo el biológico, sano y natural sentido de la sexualidad, lo cual no ha sido debidamente acreditado en el caso en tratamiento. Agrega como nuevos motivos de agravio, la insuficiencia probatoria para un veredicto condenatorio y la nulidad del estudio realizado a las menores en Cámara Gesell, por no haber sido notificado al imputado ni posibilitado su intervención. Peticiona la absolución del incriminado y, subsidiariamente, que se descarte el tipo del art. 125, 3° párrafo del CP y se adecue la sanción conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del CP. Plantea el caso federal en lo términos de los arts. 14 y 16 de la Ley 48.
Al dictaminar la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. Alejandra Moretti, expresó a fs. 47/49vta. que el recurso articulado debe ser rechazado. Al respecto, señala las limitaciones que la adopción del procedimiento de juicio abreviado apareja para el tratamiento de los motivos de agravio traídos por el recurrente. Destaca la relevancia del informe psicológico de la Lic. Fioranelli para la acreditación y configuración de acontecer criminoso que se le adjudica al inculpado. Destaca que la defensa no cuestiona los hechos intimados sino su significación jurídica, y que se constató un daño psíquico en las niñas producto de los actos llevados a cabo el imputado, que distorsionaron la salud sexual de las víctimas y que tales eventos –no impugnados– constituyen corrupción. Concluye que los nuevos motivos de agravio introducidos devienen inadmisibles en función de lo normado por el art. 451 del C.P.P. y que la nulidad propiciada en dicho marco resulta a todas luces improcedente.
Sentadas las bases de la impugnación, corresponde abordar el motivo de agravio desarrollado por el impugnante, a través del cual objeta la procedencia de la condena que le fuera dictada a Jorge Condo Canari únicamente en lo atinente al delito de corrupción que prescribe el art. 125 del CP.
En tal sentido, sin perjuicio de la descripción de la plataforma fáctica que cuestiona el defensor, efectivamente se advierte un defecto de subsunción, en tanto el delito de corrupción de menores no se compadece con la materialidad ilícita recreada en el fallo ni con las constancias que espeja el legajo.
En efecto, el acto típico corruptor puede presentarse mediante diversas modalidades: por perversión, precocidad o exceso (cfr. Sebastián Soler, “Derecho Penal Argentino”, T.III, Tea, 1992, pág. 332; Ricardo C. Nuñez, “Tratado de Derecho Penal”, T.III Vol.II, Marcos Lerner Editora, 1987, pág. 342; Carlos Creus, “Derecho Penal. Parte Especial”, T.I, Astrea, 1993, pág. 216), resultando según el espectro de casos que no hay equivalencia entre actos que propendan a una desviación de la sana evolución de la sexualidad (corrupción) y aquéllos otros que ilustren la materialización sexual de un deseo libidinoso vulnerante del ámbito de libertad del sujeto pasivo (abuso sexual simple o agravado), sin perjuicio de que sea posible que la corrupción se consume mediante actos que importen ese tipo de conductas (v. de esta Sala, c. 54.895, “S, C. A. y O, C. D. s/ recurso de casación”, del 18 de abril de 2013, reg. 93/13).
Ahora bien, los actos corporales se materializaron en una única oportunidad y mediante modalidades que en su aspecto externo: sexo oral –fellatio– (hecho 1), tocamientos por debajo del pantalón y la remera (hecho 2) y acceso carnal vía vaginal y anal (hecho 3), objetiva y subjetivamente no exceden la naturaleza de actos libidinosos atrapados bajo los tipos penales de abuso sexual simple y agravados descriptos en el artículo 119 primer y tercer párrafo del Código Penal.
Ello impide que la perpetración de estos episodios, aunque de grave contenido sexual, configuren un acto típico de corrupción (art. 125 a contrario sensu del C.P.), ya que regularmente la proyección corruptora se alcanza a través de su reiteración, aunque si bien ésta no es indispensable, lo cierto es que siempre deben ser eficaces en ese orden (cfr. Creus, ob. cit. pág. 216, non sic).
Por eso, y sin perjuicio del desvalor penal que constituyan tales actos de significado sexual, en la especie carecieron de la eficacia, idoneidad y suficiente capacidad para torcer, en forma prematura y perversa, el normal sentido de la sexualidad de las víctimas, tal como lo exige la figura típica del art. 125 del Cód. Penal.
De lo contrario, cualquier hecho con connotación sexual anularía las modalidades típicas contenidas en el art. 119 del Cód. Pen. (abuso sexual, violación, abuso gravemente ultrajante), para incluirse como acto material de corrupción en los términos del art. 125 del C.P. (cfr. Nuñez, Ob. Cit., pág. 357, non sic), debiéndose considerar a tal efecto como pauta hermenéutica el bien jurídico afectado, sea que el acto en su naturaleza y esencia lesione el ámbito de reserva sexual o en su caso, el normal desarrollo de la sexualidad del sujeto pasivo.
Aquí no se trata de discutir si el delito de corrupción es de resultado (Soler), un delito de peligro (Nuñez) o inclusive la solución intermedia que ofrece nuestra SCBA (cfr: P. 60.359 y sus citas), toda vez que la perturbación sexual de la cual se hace alusión en el fallo, no mella el análisis interpretativo del alcance típico de este hecho, en la medida que todo acto de abuso sexual ya importa una perturbación en el psiquismo de la víctima por el episodio traumático vivenciado.
Se trata de adosar mayores reparos que permitan la distinción entre dichas figuras, pues no todo abuso sexual violento –simple o agravado– en una víctima de corta edad –como tampoco el estupro– constituye un acto corruptor por la inmadurez sexual de ésta, ni es parámetro de mensura para acreditar el adelantamiento sexual que exige, en una de sus modalidades, el tipo penal del artículo 125 del Cód. Sustantivo.
La promoción de la corrupción mediante “precocidad” requiere un plus en la significancia sexual de la conducta, es decir, un acto idóneo para el adelantamiento deforme del sentido naturalmente sano de la sexualidad, por lo prematuro de su evolución, una trascendencia de los actos a la depravación (cfr. Creus, ob.cit., págs. 215 y 222), ya que la inmoralidad del acto sexual normal en su práctica, oportunidad y número, no lo caracteriza como corrompido (cfr. Nuñez, Ob. Cit., pág. 342).
En fin, la naturaleza de los únicos actos aislados operados sobre el cuerpo de las niñas víctimas, no resulta objetivamente eficaz para direccionar una práctica lujuriosa, lasciva, depravada ni logró acreditarse que haya dejado un rastro en el psiquismo deformante o pervertidor de la salud sexual de la víctima que enlace a estos hechos bajo el delito de promoción o facilitación de la corrupción de menores (art. 125 a contrario sensu del C.P.).
Al receptarse así el planteamiento efectuado por el recurrente en lo atingente a la referida significación jurídica debe modificarse la medición de la pena impuesta y reducirse la sanción punitiva en atención al menor grado de injusto que representa la no aplicación del tipo penal de corrupción de menores, la que se fija, teniendo en cuenta el concurso material de delitos, la ausencia de agravantes y la pauta atenuante tal como quedara establecido en la sentencia recurrida, en ocho (8) años de prisión
En lo que respecta a los motivos de agravio expuestos por la Defensora Adjunta de Casación, en su memorial de fs. 44/46, no siendo cuestiones introducidas con la interposición del recurso de casación originario, su conocimiento se encuentra vedado a la Casación por no tratarse de un desarrollo de los motivos que provocaran su intervención sino distintos, conforme lo dispuesto por el art. 434 y doctrina del art. 451 –último párrafo– del C.P.P. (SCBA P. 58.417, P. 59.379, P. 75.534, P. 76.382, P. 76.453, P. 77.329, P. 78.901, P.81.725, P. 83.841, P.85.039, P.89.638, P. 91.185, entre otros).
En virtud de las consideraciones que anteceden, propongo al Acuerdo que se declare admisible el remedio deducido, hacer lugar al mismo, casar parcialmente lo resuelto el día 17 de diciembre de 2012 por la Sra. Juez Dra. Elena Beatriz Viviana Bárcena, como integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Campana y, en consecuencia, absolver a Jorge Nicolás Condo Canari en orden al delito de corrupción de menores, manteniendo la condena por los hechos restantes, y adecuar la sanción impuesta la que se fija en ocho (8) años de prisión, con accesorias legales y costas, a excepción de las irrogadas en esta Alzada (Arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 119 párrafos 1 y 3, 125 a contrario sensu, del C.P., 20 Inc. 1, 106, 210, 371, 375, 399, 448, 456, 460, 530, 532 y ccdtes. del Cód. Procesal Penal).
Y también habrá de tenerse presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Piombo, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
DECLARAR ADMISIBLE la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Marcelo Enrique Costa.
II. CASAR PARCIALMENTE lo resuelto el día 17 de diciembre de 2012 por la Sra. Juez Dra. Elena Beatriz Viviana Bárcena, como integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.
III. ABSOLVER a Jorge Nicolás Condo Canari en orden al delito de corrupción de menores (tres hechos), manteniendo la condena por los sucesos restantes; y en consecuencia, adecuar la sanción impuesta la que se fija en ocho (8) años de prisión, con accesorias legales y costas, a excepción de las irrogadas en esta Alzada.
IV. TENER PRESENTE la reserva del caso federal planteada por la defensa.
Rigen los artículos 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 119 párrafos 1 y 3, 125 a contrario sensu, del C.P., 20 Inc. 1, 106, 210, 371, 375, 399, 448, 456, 460, 530, 532 y ccdtes. del Cód. Procesal Penal.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a los fines que acollare el presente al expediente original que sirve de antecedente, encomendándose la notificación del causante de este decisorio.
FDO.: HORACIO DANIEL PIOMBO - RICARDO R. MAIDANA, JUECES. ANTE MI: DIEGO D. M. ALCALDE, SECRETARIO.
Fin de la sentencia