Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala VI · Causa 61847
En la ciudad de La Plata a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Ricardo R. Maidana y Carlos Ángel Natiello, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa N° 61.847 “Jerez, Julio Orlando s/ Recurso de Casación”, conforme el siguiente orden de votación: Maidana – Natiello.
El 20 de septiembre de 2013, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial Mercedes, resolvió condenar a Julio Orlando Jerez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio calificado por alevosía y de los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa en concurso ideal con disparo de arma de fuego, todo en concurso real (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 80 inc. 2, 104 primer párrafo en función del art. 105 y 166 inc. 2 primer párrafo del Código Penal; y 1, 106, 209, 210, 373, 375, 530 y 532 del CPP).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. Graciela Helfer, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 34/42vta.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14.5, PIDCP; 8.2. h , CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada el señor juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Sostiene la peticionaria que el a quo ha efectuado una arbitraria valoración de la prueba para tener por acreditada la alevosía, en particular al haber evaluado de forma parcial, en perjuicio de su defendido, las testimoniales. Precisa que los sentenciantes han soslayado recrear el contexto del hecho, concretamente la ebriedad e intoxicación por drogas que afectaba a víctimas y victimarios, la agresividad y la actitud provocadora de “Cacho” Melissari, que es incompatible con la “preordenación para matar sin peligro” que requiere la calificante impuesta; mas aun si se considera que según los informes psicológicos-psiquiátricos Jerez no tiene mecanismos de reflexión sino que pasa del estímulo a la acción, lo que lo aleja de la compleja operación intelectual que demanda el proceder alevoso. Aduna que la mentada “ausencia de riesgos” tampoco se ha acreditado; por el contrario, cualquiera de las personas que había en el “pool” podía haber intercedido a favor de las víctimas. En cuanto al injusto contra la propiedad, refutando el argumento utilizado por el tribunal para descartar el art. 43 del CP, señala que el comienzo de ejecución del delito surge de la referencia que hace el propio texto legal al “autor de tentativa”. Añade que de los dichos del damnificado y sus hijos se desprende el “desistimiento voluntario”, que la decisión de evitar la consumación vino del imputado, que ninguna circunstancia de hecho lo imponía, y que resulta de aplicación al caso la fórmula de Soler “ no quiero aun cuando puedo ”. En subsidio, plantea la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua en el caso concreto, en razón de haberse probado durante el debate la imputabilidad disminuida o culpabilidad reducida de Jerez, de modo tal que castigarlo con la misma sanción que a una persona mental y psíquicamente “sana” importa un trato desigual que atenta contra el principio de culpabilidad. En definitiva, peticiona se case la sentencia a nivel de la significación jurídica otorgada al hecho contra la vida y asigne la de homicidio simple; se exima al acusado de pena en relación al delito contra la propiedad y, subsidiariamente, se declare la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en el singular. Hace reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith de Seta, mantiene en su totalidad los motivos de agravio introducidos por su colega de la instancia y amplía sus fundamentos. Además, introduce la excesiva duración del proceso como circunstancia sobreviniente atenuante de pena. Hace reserva del caso federal (fs. 54/60vta).
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 62/65vta.
Limitados de tal modo los motivos de agravio, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos –art. 434 y cc. del CPP– (v. de esta Sala, causa n° 55.583, “Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación”, sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; c. N° 55.868, “Benítez, Julio César s/Recurso de casación”, sent. del 12 de julio de 2013, reg. 237/13; y c. N° 56.420, “Díaz Quintela, Víctor Antonio s/ Recurso de Casación”, sent. del 30 de julio de 2013, reg. 283/13, entre muchas otras).
En cuanto a la evaluación y ponderación de las probanzas y su suficiencia, cabe señalar, en primer lugar, que con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación (cf. C.S.J.N., C. 1757. XL, “Recurso de hecho. Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa –causa Nº 1681-”, del 20/09/2005).
En ese sentido, los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a los jueces presentes en el debate, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 CADH y 14.1 PIDCyP), sino porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, un obstáculo fáctico, impuesto por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre oralidad y revisión amplia en casación, ambos son consistentes en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Desde esta perspectiva, se advierte que al valorar la prueba los magistrados intervinientes no han incurrido en una transgresión a la sana crítica racional y que el caudal cargoso disponible logra abastecer el pronunciamiento dictado, no solo respecto de la existencia de los hechos y la coautoría de Jerez –no cuestionadas en el recurso–, sino en lo concerniente al encuadramiento jurídico efectuado.
Preliminarmente, corresponde puntualizar, que la figura del homicidio calificado prevista en el art. 80 inc. 2 del CP agrava la conducta del que matare a otro cuando obrare, entre otros modos, con alevosía, es decir con el empleo de medios o formas –en la ejecución del suceso criminal– que tiendan directa y especialmente a asegurar el acto delictivo sin riesgo para el autor. Objetivamente resulta necesario que el sujeto pasivo se encuentre en un estado de indefensión que le impida oponer una resistencia que se transforme en un riesgo para el agente. En el plano subjetivo, el tipo requiere que el autor obre sobre seguro, esto es, sin el peligro que puede significar la reacción de la víctima o de terceros con el fin de oponerse a la agresión (Soler, Sebastián, op. cit., p. 25; Creus, Carlos, op. cit., p. 20; D’Alessio, Andrés José -dir.-, op. cit., p. 24 y v. de esta Sala, causa n° 56.020, “Arrabit, Mario Andrés s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal”, sent. del 30 de agosto de 2013, reg. 354/13).
En el caso, el a quo estableció correctamente que las exigencias legales se encontraban satisfechas, ya que en sendos homicidios tuvo en cuenta que las víctimas fueron colocadas, y se encontraban al ser ultimadas, en el estado de absoluta indefensión que apareja la “anestesia de Brouardel”. Señaló, específicamente, que esta situación fue la que viabilizó el obrar alevoso en ambos hechos por implicar la inconsciencia de los agredidos, permitiendo que Jerez y sus camaradas dieran muerte a los Melissari sobre seguro y sin riesgos (cfr. fs. 28).
Además, las circunstancias inmediatamente previas a los contundentes impactos en el cráneo proferidos por el coimputado Romero, causante de la pérdida del conocimiento, coadyuvan de forma paradigmática a dicha conclusión, ya que José Claudio (a) “Cacho” fue atacado arteramente mientras se encontraba orinando en el parque de la finca, previa deliberación entre el recién aludido, (a) “Miguelito”, y el inculpado en esta causa, que se dijeron antes de proceder: “[e]s ahora o nunca ” (cfr. fs. 20vta.). Tras darle muerte, pusieron en marcha el luctuoso plan contra su hermano Mario, quien estando desprevenido, distraído escuchando música y sosteniendo un vaso con cerveza, fue abordado por Jerez desde atrás, por el cuello con una mano, mientras que con la otra sostenía el arma blanca con la que empezó a asestarle puñaladas para sacarlo hacia fuera sin resistencia, donde fue golpeado del modo y con los efectos antes referenciados, apuñalado y matado (cfr. fs. 27).
De la secuencia descripta y en especial, de la presencia de la reflexión que precedió el designio homicida entre “Miguelito” Romero y “Chala” Jerez, surge que el contexto enmarcado por el consumo de alcohol y eventualmente de sustancias estupefacientes al que hace referencia la recurrente –que no ha escapado a la recreación de los sucesos efectuada por el juzgador –vgr., cfr. fs. 19–, tal como en parte reconoce la defensora (fs. 35vta./36)–, no operó como un óbice para la nítida configuración de los requerimientos objetivos y subjetivos de la figura delictiva aplicada, como tampoco la enerva la mera presencia de otras personas, máxime cuando nada permite pensar que resultaren partidarias de las víctimas –sino todo lo contrario a la luz de la reseña de sus declaraciones– y que pudieran intervenir en favor de éstas en el escenario violento y armado existente.
Emerge fundada, en consecuencia, la aseveración del tribunal en cuanto a que el comportamiento de Jerez resultó alevoso, desplegado a traición con el fin de poder actuar sobre seguro, esto es, sin riesgo para el atacante, en cuanto a la situación de indefensión en que se hallaban las víctimas, pues el accionar artero le impidió a los hermanos Melissari cualquier tipo de resistencia real, y a ello se suma que el modus operandi , subjetivamente, se encontraba preordenado de manera consciente por el encartado en miras a obtener aquella finalidad.
En otro orden, tampoco encuentro procedente el segundo motivo de agravio, ya que no se verifica en el caso la pretendida vulneración al artículo 43 del CP.
En efecto, sin perjuicio de la controversia relativa a la necesidad de que exista o no principio de ejecución para que resulte operativo, el instituto del desistimiento contemplado en la norma contenida en el precepto legal aludido, requiere no sólo la omisión del sujeto activo de continuar desplegando acciones que conduzcan a la consumación del resultado querido, sino también que éste no se llegue a producir por obra de su propia, libre y no condicionada decisión, última cualidad que, en la especie, está ausente.
Ello así, pues, de la prueba ponderada surge que la decisión de Jerez estuvo seriamente condicionada por la resistencia que ofreció el damnificado al aferrase al vehículo del que se lo quería desapoderar –dando ocasión a las agresiones que sufrió con la culata del arma de fuego–, como por el reconocimiento del que fue objeto por parte de uno de los hijos –Nahun– del ofendido, que lo identificó por su apodo (“Chala”) cuando le dijo “Dejá de joder” (cfr. fs. 16vta.) e inquirió acerca de qué le había hecho a su padre, llamando a la policía para que fueran a buscarlos (cfr. fs. 16vta./17). Tampoco nada se puede extraer para favorecer la tesis defensista de la versión de los hechos expuesta por el incriminado (cfr. fs. 23/vta.).
Finalmente, también he de desestimar el planteo de inconstitucionalidad en el caso concreto de la prisión perpetua, que postula la impugnante bajo el argumento que castigar a un sujeto con imputabilidad notablemente reducida de la misma forma –con igual sanción– que a una persona mental y psíquicamente “sana” constituye un trato desigual que atenta contra el principio de culpabilidad.
La falta de favorable receptación obedece que el a quo tuvo en consideración, al imponer la sanción objetada por la recurrente, la circunstancia señalada –vinculada con la personalidad psicopática del encartado–, la que procedió a valorar conjuntamente con la naturaleza de los delitos reprochados, en especial, la sevicia demostrada por el encausado para dar muerte a los hermanos Melissari, comprensiva de la utilización de elementos contundentes para aumentar su capacidad ofensiva, y la comunidad de acción con la que actuó, lo que le permitió sostener que aquella se ajustaba a la culpabilidad por los hechos y adecuaba con el fin preventivo especial que debe satisfacer toda sanción punitiva (cfr. fs. 29vta.). Frente a los fundamentos brindados por los sentenciantes la supuesta vulneración del derecho a la igualdad de trato con afectación del principio de culpabilidad se presenta genérica y abstracta, sin atingencia al caso en tratamiento, y desprovista de virtualidad para evidenciar la generación de un perjuicio concreto en desmedro del inculpado.
Con relación al planteo de la Defensora Adjunta ante este Tribunal, no siendo cuestiones introducidas con la interposición del recurso originario, su conocimiento se encuentra vedado a esta sede por no tratarse de un desarrollo de los motivos que provocaran su intervención sino distintos, conforme lo dispuesto por el artículo 434 y doctrina del artículo 451 –último párrafo- del CPP (SCBA P. 58.417, P. 59.379, P. 75.534, P. 76.382, P. 76.453, P. 77.329, P. 78.901, P.81.725, P. 83.841, P.85.039, P.89.638, P. 91.185, entre otros).
Sin embargo, ante la posibilidad de encontrarse comprometida una cuestión de índole federal en relación a los cuestionamientos relativos al carácter fijo de la pena –tópico que fuera introducido oportunamente en el recurso aunque con otro enfoque– cabe agregar que la exégesis del término “perpetuidad” debe ser conformada con los postulados constitucionales que imprimen una finalidad determinada a las penas en nuestro derecho represivo, puesto que las leyes deben aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan, porque la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador no se supone y por ello se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efectos (CS, Fallos 307:518).
En este sentido, la crítica a la “perpetuidad” debe contextualizarse con lo impuesto por los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.2, 5.2, 5.3, 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.2, 10.1, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a nuestra CN por el artículo 75 inc. 22, en virtud de los cuales se ratifica que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos (art. 18 CN), y se ha definido con mayor precisión la finalidad de la pena bajo términos de prevención especial positiva.
Por eso, la ejecución al orientarse a la readaptación y reforma de los condenados, con resguardo del concepto de persona y dignidad humana, excluye en todo aspecto legitimar un encierro de por vida, el que por propia naturaleza no cumpliría con la reintegración social. En definitiva, debe rechazarse toda acepción literal del término, pues ello haría trocar esa finalidad por otra y asignarle a la privación de libertad un componente de inocuización, retributivo y/o de defensa social vedado constitucional y convencionalmente.
Sin embargo, una interpretación dinámica del tópico impone un análisis que compatibilice y armonice el sentido y alcance de la pena a perpetuidad, negándole una duración sine die pues, de ser así, además, se atentaría contra el fundamento de proporcionalidad que rige respecto de la reacción penal del Estado, por aplicación del principio de culpabilidad que impide que la pena sea una sanción desmedida que transforme la privación en castigo o retribución (v. de esta Sala, causa n° 55.384, “Vairo, Luciano Fabián s/ Recurso de Casación”, sent. del 31 de julio de 2013, reg. 296/13).
En el ámbito del derecho internacional no existe una norma que impida la aplicación de una pena perpetua, ya que la mayoría de los tratados en la materia sólo establecen fórmulas más o menos similares, que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, conforme artículos 5.2 de la CADH, 7 del PIDCyP, 3 de la CEDH y 5 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte IDH, Caso “Mendoza y otros vs. Argentina, 14/05/2013).
Al respecto, cabe destacar que la prisión perpetua aplicada a Jerez no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud que no se consideran tales, aquellos dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (cfr. art. 1.1. de dicho plexo).
Por otra parte, el TEDH ha admitido la compatibilidad de sentencias de condena a encierro por tiempo indeterminado con la respectiva CEDH, sólo bajo la premisa de que se asegure debidamente el control judicial de las condiciones de la liberación y de que haya existido un examen concreto de la situación del afectado (Caso 7906/77, Serie A 50, “Van Droogenbroek”, del 24/6/82; Caso 23/1989/241-243, Serie A 190-A, “Thynne, Wilson y Gunnell”, del 25/10/90; Caso 9787/82, “Weeks”, Serie A, N° 114, del 2/3/87; Caso 6301/73, “Winterwerp”, Serie A 33, del 24/10/79; Caso 7215/75, “X v. United Kingdom, Serie A 46, del 5/11/81; cfr. citas en el Cons. 44 del voto del doctor Enrique Santiago Petracchi, en “Gramajo, Fallos 329: 3680).
En definitiva, y bajo esta tesitura que busca la congruencia de las normas con el estándar constitucional e internacional que rige en materia de derechos humanos, concluyo que las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado, de modo que –más allá del “nomen”– exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular.
En función de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo que se rechace, por improcedente, el recurso de casación articulado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Mercedes por la Defensora Oficial, Dra. Graciela M. Helfer, con costas (arts. 18 y 75 inc. 22 CN en relación con los arts. 8.2.h y 8.5 CADH y 14.1 y 14.5 PIDCyP; 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 80 inc. 2 y 166 inc. 2, primer párrafo, del CP y 20 inc. 1, 106, 209, 210, 233, 366, 371, 373, 375, 434, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459,
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