Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 78485
“ Registrado bajo el Nro. 946 Año 2016 ”
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 8 de noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo R. Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa N° 78.485, caratulada: “Rodríguez, Jonathan Daniel s/ Recurso de Casación” , conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL.
El 07 de junio de 2016 el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a Jonathan Daniel Rodríguez a la pena de dieciocho (18) años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse (hechos I, IV y VI), robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse en grado de tentativa (hecho V), robo calificado por el empleo de arma de fuego (hechos II y III) y robo calificado por el empleo de arma de utilería (hecho VII), todos ellos en concurso real entre sí (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 42, 45, 55, 166 inc. 2° párrafo 2do. y 3ro., CP).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. María Victoria Paunero, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 38/46vta.
Elevado el legajo y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP)
Voto por la afirmativa .
A la misma cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
Plantea la impugnante que la pena impuesta resulta excesiva, no sólo con relación a las circunstancias del hecho y las condiciones personales del imputado, sino también porque supera el monto requerido por el Fiscal. Dice que el Tribunal no dio fundamentos para aplicar una sanción más severa a la solicitada. Entiende, por otro lado, que forma parte de las circunstancias a valorarse “ su humildísimo origen y escasa instrucción, amén de provenir de un lugar de extrema pobreza ”, todo lo cual revela su vulnerabilidad social, de allí que “ con sólo ser alegadas y a poco de tomar contacto personal ” con el acusado “ resultan fáciles de advertir ”. Discrepa con el rechazo de las atenuantes postuladas (mencionando la juventud y la procedencia social, como así también su carácter primario) y con la aceptación de las agravantes marcadas por la parte acusadora. Solicita se reduzca la sanción al mínimo legal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene el recurso de casación interpuesto por su colega de la instancia y esboza una serie de argumentos que fundamentan el rechazo de la sentencia “ultra petita ”, por lo que entiende que la pena debería reducirse a la solicitada; aduce, asimismo, falta de fundamentación en el proceso de individualización judicial (fs. 43/vta.).
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, considera que el recurso de casación interpuesto debe prosperar parcialmente, debiéndose obliterar la agravante referida a la proclividad delictiva pues la misma se relaciona con la personalidad del imputado y no agrega ningún disvalor al contenido del injusto culpable.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala VI, c. 55.583, “Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación” , sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; c. 55.868, “Benítez, Julio César s/Recurso de casación” , sent. del 12 de julio de 2013, reg. 237/13; c. 56.420, “Díaz Quintela, Víctor Antonio s/ Recurso de Casación” , sent. del 30 de julio de 2013, reg. 283/13, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado los hechos que, a continuación, paso a transcribir.
Hecho I (IPP 07-01-5595-13): “ El día 9 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 16:40 horas, un sujeto del sexo masculino, ingresó al comercio del rubro Maxikiosco, sito en la calle Avellaneda n° 54 de la localidad y partido de Ezeiza, y previa intimidación con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse, que ejerció sobre Madlen Yildiz, Micaela Arce, Guido Rodríguez y Noelia Álvarez, se apoderó ilegítimamente de la suma de $ 2000 pesos propiedad de la Sra. Yildiz, dándose a la fuga con el producto del ilícito ” (fs. 16).
Hecho II (IPP 07-01-5771-13): “ El día 18 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 13:00 horas, un sujeto del sexo masculino, ingresó al comercio del rubro canicería sito en la intersección de las calles Vigil y Solis de la localidad de Carlos Spegazzini, Partido de Ezeiza, y previa intimidación con un arma de fuego apta para el disparo, que ejerció sobre Juan José Soriano, Claudia Estela Lezcano y a Daniel Alberto Ocampo, se apoderó ilegítimamente de $4000 pesos aproximadamente, fugando luego del lugar a bordo de un motovehículo conducido por otro masculino, prófugo y no identificado, quien lo aguardaba fuera del local ” (fs. 16vta.).
Hecho III (IPP 07-01-5944-13): “ El día 19 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 15:00 horas, un sujeto del sexo masculino, ingresó al comercio del rubro Maderera, denominada ‘Maderera Spegazzini’, sito en la calle Los Andes N° 969 de la localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, y previa intimidación con un arma de fuego que ejerció sobre Mariela Liliana Serra y un cliente del comercio, se apoderó ilegítimamente de dinero y de la billetera de este último, para seguidamente efectuar en el lugar varios disparos con dicha arma, siendo que posteriormente apuntando en todo momento a Serra se dirigió hacia la oficina comercial de donde también se apoderó ilegítimamente de $6000 pesos aproximadamente, una notebook color negra marca HP y una cámara digital color gris marca Olimpikus, propiedad de Serra, para luego fugar del lugar a bordo de un motovehículo conducido por otro sujeto del sexo masculino, prófugo y no identificado a la fecha, quien lo aguardaba fuera del local ” (fs. 16vta.).
Hecho IV (IPP 07-01-6069-13): “ El día 17 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 20:30 horas, un sujeto del sexo masculino, ingresó al comercio del rubro Panadería denominado ‘Dulce Almibar’, sita en la calle Güemes y La Paz, de la localidad de Tristán Suárez, Pdo. de Ezeiza y tras esgrimir un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse, intimidó a Rodolfo Carlos Sanagua y a María de los Ángeles Correa, apoderándose ilegítimamente de la suma de $1200 pesos ” (fs. 16vta./17).
Hecho V (IPP 07-01-6102-13): “ El día 30 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 11:30 horas, un sujeto de sexo masculino, ingresó a la distribuidora ‘Casa Oscar’, sita en la calle Sarmiento N° 1472 de la localidad de Carlos Spegazzini, Partido de Ezeiza, y previa intimidación con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse, que ejerció sobre Cristian Claudio Morel y Bárbara Ximena Cabrera, les exigió la entrega de dinero, no logrando su objetivo por razones ajenas a su voluntad, para luego fugar del lugar a bordo de un motovehículo conducido por otro sujeto del sexo masculino, y no identificado a la fecha, que lo aguardaba fuera del local ” (fs. 17).
Hecho VI (IPP 07-01-6106-13): “ El día 30 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 14:30 horas, un sujeto de sexo masculino, ingresó al comercio del rubro venta de materiales de la construcción, ubicado en la calle Sudamérica nro. 760 de la localidad de Carlos Spegazzini, Partido de Ezeiza, y tras esgrimir un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse, intimidó a María de los Ángeles Da Costa Caldas y a Carlos Damián Da Costa Caldas, y se apoderó de aproximadamente $4500, para luego fugar del lugar a bordo de un motovehículo conducido por otro sujeto del sexo masculino, y no identificado a la fecha, que lo aguardaba fuera del local ” (fs. 17).
Hecho VII (IPP 07-01-6126-13): “ El día 1° de septiembre del año 2013, siendo aproximadamente las 15:45 horas, un sujeto de sexo masculino ingresó al Supermercado ‘San Jorge’, sito en la calle Larrea entre las arterias Alem y Lavalle, de la localidad de La Unión Ferroviaria, Partido de Ezeiza, y tras intimidar con un arma de fuego de utilería al cajero Gustavo Adrián Veloz, se apoderó ilegítimamente de $1237 pesos para luego darse a la fuga a bordo de la motocicleta marca Zanella, que conducía Franco Ariel Rojas, no logrando consumar el injusto por razones ajenas a su voluntad ” (fs. 17/vta.).
Asimismo, Jonathan Daniel Rodríguez fue considerado coautor de los ilícitos descriptos (cfr. cuestión segunda del veredicto, fs. 22vta. y ss.).
Se agravia la defensa de la pena impuesta.
En este sentido, no sobra recordar que nuestro ordenamiento positivo ha consagrado un sistema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del sistema y dentro del cual el juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta.
Este marco configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el sentenciante debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena , Ad-hoc, 1999, p. 37).
Esta operación intelectual, por supuesto, no se encuentra exenta de dificultades y aunque estrecha considerablemente el espacio para la discrecionalidad, a través de la evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no nos permite arribar a un monto con precisión matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “ El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales ”, en El principio de proporcionalidad penal , Editorial Ad-Hoc, 2014).
Ahora bien, la situación de pobreza -y todo lo relacionado con ello- fue descartada por el Tribunal de mérito atento a que no se hallaba probada. Este proceder no infringe regla alguna por cuanto –en principio- las atenuantes o agravantes que se valoren en una sentencia deben apoyarse en circunstancias fácticas acreditadas conforme al sistema instaurado por el código de procedimientos; de todas formas, el Tribunal esbozó un argumento ulterior que no fue refutado por la parte (v. fs. 28).
Por otro lado, no se explica en qué medida la “escasa instrucción” o la juventud (mejor dicho: “ que pasó su juventud en instituto de menores ”, v. fs. 12vta.), tenga incidencia en un caso como el del presente en donde el sujeto confrontó –reiteradamente- una norma básica que configura el sentido moderno de lo social.
El carácter primario fue efectivamente valorado como atenuante (“ ausencia de antecedentes ”, v. fs. 28).
En cuanto a la agravante referida al plus de violencia resulta correctamente fundada a tenor de las consideraciones que lucen en la cuestión quinta del veredicto (v. fs. 28vta.), siendo que la parte no esgrime argumento alguno para sostener su pretensión.
La “ proclividad delictiva ” fue valorada como agravante y de este modo sería –en consonancia con lo argumentado por el Fiscal Adjunto de este Tribunal (v. fs. 68vta.)- una pauta propia del derecho penal de autor, no obstante que, la cantidad de hechos cometidos, constituye una circunstancia cuyo efecto se encuentra en el art. 55 del CP, proyectándose también al momento de individualizar concretamente la pena a imponer.
Sentado lo anterior, vayamos al otro punto cuestionado.
El problema que aquí nos ocupa gira en torno a determinar si, como sucede en el procedimiento abreviado, también en los juicios ordinarios orales el Juez tiene un doble límite a la hora de individualizar la respuesta punitiva, ya no sólo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por quien esgrime la acusación; formulado a modo de interrogante: ¿puede la jurisdicción imponer en el procedimiento ordinario una pena que, si bien respete el máximo de la escala aplicable, sea superior a la solicitada por el acusador?
A mi modo de ver, a la pregunta esbozada, se impone la respuesta negativa. Para poder explicarlo, conviene hacer algunas consideraciones preliminares.
Una Constitución fija una determinada forma de organización política de una Nación, definiendo de alguna u otra forma la ordenación del poder y la relación del Estado con los ciudadanos, con lo cual, consagra ciertas garantías básicas en pos de evitar abusos autoritarios. Bajo este prisma, una Constitución constituye , de alguna manera, un catálogo de restricciones, es decir, límites protectorios del ciudadano frente al abuso estatal de poder.
La intervención estatal más significativa en el ámbito de libertad del individuo se da en el ejercicio del ius puniendi : la pena representa la medida más grave de todas las posibles intervenciones en un Estado de Derecho (cfr. ROXIN, DPP , 25° ed. alemana trad. por G. E. Córdoba y D. R. Pastor, p. 10).
Como el derecho de penar está hoy reservado al Estado (cfr. ROXIN, DPP cit., p. 2), hay normas que instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para ejercer dicho monopolio (v. sobre ello, MAIER, DPP , t. I, 2004, p. 75).
Queda claro entonces que el derecho procesal penal crea las condiciones necesarias para que el derecho penal material pueda realizarse. Dicho en otras palabras, el ejercicio del ius puniendi estatal está supeditado al desarrollo de un proceso previo: nadie puede ser penado sin juicio previo, dice el art. 18 de la Constitución.
De este modo, puede afirmarse que el Derecho procesal penal es el único medio legítimo para la realización penal ( nulla poena sine iuditio , reza el aforismo), puesto que todos los conflictos que atañen al Derecho penal encuentran una única vía de solución a través de las reglas del Derecho procesal penal (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 85).
Pero, a la vez, no puede soslayarse que la reglamentación de toda esta actividad estatal se encuentra enmarcada dentro del cuadro regulatorio establecido por las garantías constitucionales (arts. 5 y 28, CN). En un Estado de Derecho, el poder de la pena se materializa en un ámbito reglado cuyo diseño estructural se encuentra en la Ley Fundamental.
En tal sentido, es dable afirmar que existe una dependencia entre el sistema de enjuiciamiento penal y la ideología que funda la organización política de un país (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 163 y véase el capítulo histórico que ilustra al respecto; v. tamb. ROXIN, DPP cit., p. 10), de ahí que metafóricamente se ha dicho que “el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado” (ROXIN, DPP cit., p. 10), o con más precisión: Derecho constitucional reglamentado, en el sentido del art. 28 de nuestra Constitución Nacional (cfr. MAIER, DPP , t. I, p. 163).
Desde siempre, en el Derecho procesal penal, se han antepuesto dos modelos de enjuiciamiento divergentes: el acusatorio, por un lado, y el inquisitivo, por el otro. Cada uno de ellos, tiene un diseño propio que lo identifica y lo diferencia notoriamente del otro (v., a modo de resumen, MAIER, DPP , t. I cit., p. 443 y ss.), sin embargo, al decir de Cafferata Nores, ni en el pasado ni en la actualidad es posible encontrar a alguno de aquellos dos paradigmas procesales en estado “químicamente puro”, pues todos son algo “mixtos” ( El proceso penal según el sistema constitucional , en CAFFERATA NORES, Cuestiones actuales sobre el proceso penal , 1998, p. 3; sobre las características del inquisitivo reformado o “sistema mixto”, v. MAIER, DPP , t. I cit., p. 449 y ss.).
Nuestra Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art. 19, CN), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 24, CN; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCPBA, SALA VI, c. 71.912, “ López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal ”, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida.
El modelo acusatorio de enjuiciamiento es el que mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., ps. 447 y 445). En efecto, la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re “Casal”, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. entre sí los arts. 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75, inc. 12, y 118), institución –dicho sea de paso- incompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 777). Pero, además, tal form
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