Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 76781
"Registrado bajo el Nro. 925 Año 2016"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el tres de noviembre de dos mil dieciséis se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel CARRAL y Ricardo R. MAIDANA (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 76781 caratulada “PEREZ MATIAS MARTIN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 24 de febrero de 2016 el doctor Adrián Fernando Berdichevsky, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial San Martín, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado y su Defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Matías Martín Pérez a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, verificado el 13 de octubre de 2014, en la localidad de Santos Lugares, partido de Tres de Febrero, del que resultaron víctimas Roberto Palacio, Sergio Zapata, Noelia Soto y María Belén Cimino (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 42, 45, 166 inc. 2º, segundo párrafo, y 189 bis inc. 2º, tercer párrafo, del CP), y consecuentemente, a la pena única de seis años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la presente y de la pena única de tres años de prisión de ejecución condicional y costas impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 7 del Departamento Judicial Lomas de Zamora en causa nº 5046/7, cuya condicionalidad se revoca (arts. 5, 12, 19, 27, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 58, del CP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Rodrigo Mariano Núñez, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 24/28.
Elevado el legajo y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente
Al respecto cabe destacar que al haberse escogido en autos el procedimiento de juicio abreviado (art. 395 c.c. y s.s. del C.P.P.), la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio entre éste y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por esta razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, caso en que lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (v. arts. 75 inc 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327 , Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, considero que el recurso resulta admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
Plantea el impugnante violación a las reglas del juicio abreviado (cita el art. 399 del CPP) y al sistema acusatorio (invoca la máxima ne procedat iudex ex officio y el principio de imparcialidad, por cuanto el Tribunal de grado impuso un monto de pena única superior al acordado. Dice, por otro lado, que si el Tribunal consideraba que la pena única no resultaba ajustada a derecho debió correr vista a las partes; por ello, alega violación a las reglas del debido proceso y a la defensa en juicio al verse sorprendido por la cuantía finalmente impuesta. Solicita se case la sentencia atacada, reduciéndose la pena única a la acordada primigeniamente por las partes; subsidiariamente, se anule la resolución impugnada. Hace reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, acompaña el recurso interpuesto por su colega de la instancia y hace reserva del caso federal (fs. 35/vta.).
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura D’Gregorio, solicita el rechazo de la impugnación deducida a favor del imputado (fs. 36/37).
Limitado de tal modo el motivo de agravio consignado por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y cc. del CPP; v. de esta Sala, c. 55.583, “ Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; c. 55.868, “ Benítez, Julio César s/Recurso de casación ”, sent. del 12 de julio de 2013, reg. 237/13; y c. 56.420, “ Díaz Quintela, Víctor Antonio s/ Recurso de Casación ”, sent. del 30 de julio de 2013, reg. 283/13, entre muchas otras).
Con carácter preliminar, es preciso señalar que no puede soslayarse que se acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, con lo que no solo las partes prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, sino que consintieron el empleo de las evidencia colectada, renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (v. TCPBA, Sala VI, c. 57.877, " Saavedra, Sergio Martín s/ Recurso de Casación ", sent. del 12 de agosto de 2013, reg. 309/13; c. 56.238, " Encina, Brian Ezequiel y Rodríguez, Walter Daniel s/ Recurso de Queja (art. 433 C.P.P.) ", sent. del 30 de agosto de 2013, reg. 367/13).
Tal como surge de los antecedentes reseñados, el problema que se suscita aquí es determinar si, en el marco de un juicio abreviado, el órgano jurisdiccional puede aplicar un monto de pena única a la requerida por el acusador (en el caso el Fiscal solicitó cinco años y el imputado y su defensor adhirieron a tal tesitura, v. fs. 4vta., 3 y 5; sin embargo, se lo condenó a seis años).
Se impone la respuesta negativa. No obstante, la cuestión no pasa por determinar si la regla que limita a la jurisdicción en el procedimiento abreviado (art. 399, CPP) es extensible cuando, en dicho marco, se “acuerda” un monto de pena única (desde esta perspectiva lo analizó el A Quo , fs. 18/vta.)
A mi modo de ver, con independencia de la clase de procedimiento de que se trate, al momento de fijar pena –ora la que se establece en un único proceso o bien la determinada de conformidad a las reglas del art. 58 CP- la jurisdicción tiene un doble límite, ya no sólo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por quien esgrime la acusación. Para poder explicarlo, conviene hacer algunas consideraciones preliminares.
Una Constitución fija una determinada forma de organización política de una Nación, definiendo de alguna u otra forma la ordenación del poder y la relación del Estado con los ciudadanos, con lo cual, consagra ciertas garantías básicas en pos de evitar abusos autoritarios. Bajo este prisma, una Constitución constituye, de alguna manera, un catálogo de restricciones, es decir, límites protectorios del ciudadano frente al abuso estatal de poder.
La intervención estatal más significativa en el ámbito de libertad del individuo se da en el ejercicio del ius puniendi : la pena representa la medida más grave de todas las posibles intervenciones en un Estado de Derecho (cfr. ROXIN, DPP , 25° ed. alemana trad. por G. E. Córdoba y D. R. Pastor, p. 10).
Como el derecho de penar está hoy reservado al Estado (cfr. ROXIN, DPP cit., p. 2), hay normas que instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para ejercer dicho monopolio (v. sobre ello, MAIER, DPP , t. I, 2004, p. 75).
Queda claro entonces que el derecho procesal penal crea las condiciones necesarias para que el derecho penal material pueda realizarse. Dicho en otras palabras, el ejercicio del ius puniendi estatal está supeditado al desarrollo de un proceso previo: nadie puede ser penado sin juicio previo, dice el art. 18 de la Constitución.
De este modo, puede afirmarse que el Derecho procesal penal es el único medio legítimo para la realización penal ( nulla poena sine iuditio , reza el aforismo), puesto que todos los conflictos que atañen al Derecho penal encuentran una única vía de solución a través de las reglas del Derecho procesal penal (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 85).
Pero, a la vez, no puede soslayarse que la reglamentación de toda esta actividad estatal se encuentra enmarcada dentro del cuadro regulatorio establecido por las garantías constitucionales (arts. 5 y 28, CN). En un Estado de Derecho, el poder de la pena se materializa en un ámbito reglado cuyo diseño estructural se encuentra en la Ley Fundamental.
En tal sentido, es dable afirmar que existe una dependencia entre el sistema de enjuiciamiento penal y la ideología que funda la organización política de un país (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 163 y véase el capítulo histórico que ilustra al respecto; v. tamb. ROXIN, DPP cit., p. 10), de ahí que metafóricamente se ha dicho que “el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado” (ROXIN, DPP cit., p. 10), o con más precisión: Derecho constitucional reglamentado, en el sentido del art. 28 de nuestra Constitución Nacional (cfr. MAIER, DPP , t. I, p. 163).
Desde siempre, en el Derecho procesal penal, se han antepuesto dos modelos de enjuiciamiento divergentes: el acusatorio, por un lado, y el inquisitivo, por el otro. Cada uno de ellos, tiene un diseño propio que lo identifica y lo diferencia notoriamente del otro (v., a modo de resumen, MAIER, DPP , t. I cit., p. 443 y ss.), sin embargo, al decir de Cafferata Nores, ni en el pasado ni en la actualidad es posible encontrar a alguno de aquellos dos paradigmas procesales en estado “químicamente puro”, pues todos son algo “mixtos” ( El proceso penal según el sistema constitucional , en CAFFERATA NORES, Cuestiones actuales sobre el proceso penal , 1998, p. 3; sobre las características del inquisitivo reformado o “sistema mixto”, v. MAIER, DPP , t. I cit., p. 449 y ss.).
Nuestra Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art. 19, CN), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 24, CN; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCPBA, SALA VI, c. 71.912, “ López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal ”, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida.
El modelo acusatorio de enjuiciamiento es el que mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., ps. 447 y 445). En efecto, la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re “Casal”, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. entre sí los arts. 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75, inc. 12, y 118), institución –dicho sea de paso- incompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 777). Pero, además, tal forma de entender el diseño constitucional del procedimiento penal, se ve fortalecida con la reforma operada en el año 1994, a partir de la cual se otorgó jerarquía constitucional a ciertos Instrumentos sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, CN), y con ello, la receptación constitucional de ciertos principios de neto corte acusatorio -por lo menos en la etapa de debate; en este sentido, CSJN, in re “Amodio”, considerando 11° del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni- como la oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio (arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
A mi modo de ver, resulta evidente que la Constitución supedita la realización del poder penal del Estado al desarrollo de un juicio previo en el cual las funciones de acusar y juzgar se hallan asignadas a distintos órganos estatales: ya dijimos que el diseño de los juicios de contenido político es una muestra cabal de ello, como también que resulta consustancial al juicio por jurados en el cual los ciudadanos, mediante su veredicto, deciden acoger o rechazar una acusación específica. De hecho, la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (art. 120, CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos (cfr. NINO, Fundamentos de derecho constitucional , 2002, p. 450).
Por lo demás, la Corte Federal –intérprete final de la CN-, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos : 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre otros), dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN, Fallos : 234:270).
La ley procesal provincial, en consonancia con el mandato del constituyente (arts. 5 y 28, CN), recepta el núcleo duro de dicho paradigma procesal, aún cuando la acción penal sea esencialmente pública pues la persecución se encuentra en manos de un órgano del estado y pese a que cuenta con una etapa de investigación en mayor medida escrituraria aunque no absoluta pues la oralidad se encuentra actualmente en un proceso de expansión en las etapas previas al juicio (v. a modo de ejemplo los arts. 105, último párrafo, 168 bis, y 330 del CPP; vale mencionar a los mecanismos alternativos de solución pues también se desarrollan en mayor o menor medida oralmente: suspensión del juicio a prueba, art. 404, primer párrafo, CPP; hábeas corpus, art. 412, CPP; v. tamb. procedimiento de flagrancia, ley 13.811). Ello así, en la medida que el código de procedimientos recepta el principio de bilateralidad al separar tajantemente las funciones de acusar y juzgar en todas las etapas del proceso, instituye al Fiscal como encargado de la investigación penal preparatoria (art. 267, CPP), teniendo que formular sus requerimientos con el cometido de promover y ejercer la acción penal (vgr. arts. 56, 334 y 368 último párrafo, CPP; tamb. las medidas cautelares más gravosas se dictan a instancia de la solicitud fiscal, v. a modo de ejemplo los arts. 151, 152 y 158, CPP), al punto tal que la jurisdicción del Tribunal se encuentra habilitada a condición de que exista acusación, independientemente del carácter público o privado, y siempre dentro de sus límites (arts. 334, 334 bis, 359, 368 último párrafo, 371 antepenúltimo párrafo in fine, 374 párrafos 3° a 6°, CPP; cfr. CSJN, in re “Tarifeño”, “Mostaccio”, “Santillán”, “Quiroga”, e/o).
Amén de lo expuesto, existen otros institutos previstos en el CPP provincial que derivan del paradigma acusatorio (informa al respecto, MAIER, DPP , t. I cit., p. 444 y ss.), a saber: el reconocimiento de un querellante autónomo (el ofendido como partícipe activo del procedimiento, arts. 79, 334 bis, 368 último párrafo y 374, CPP), el sistema de las libres convicciones como mecanismo de valoración probatoria (arts. 210 y 373), un procedimiento cuya etapa central es pública, oral, continua y contradictoria (arts. 342 y ccs., CPP), y, por si fuera poco, la instauración del juicio por jurados con la reforma operada por la ley 14.543 (v. arts. 22 bis y ccs., CPP).
Entonces, si se afirma un modelo acusatorio formal en el sentido que la función investigativa y persecutoria representa una función pública aunque no atribuida al juzgador (v. ARMENTA DEU, Principio Acusatorio y Derecho Penal , 1995, p. 22), que –por lo menos- la etapa de debate es oral y contradictoria, y si resulta una exigencia constitucional el reconocimiento del principio de bilateralidad, es elemental que “el juez no procede de oficio” ( ne procedat iudex ex oficio ) y que, por tanto, “allí donde no existe actor no existe juez” ( nemo iudex sine actore ). Es cierto que Tribunal y Fiscalía son escasamente distinguibles porque ambos representan al Estado en su función de control social, no obstante se diferencian formalmente: a uno se le encomienda la función de decidir, al otro en cambio la requirente (cfr. MAIER, DPP , t. II, 2003, p. 58), de tal forma se busca impedir que un mism
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