Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala VI · Causa 63401
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación articulada por el Defensor Oficial, Dr. Roberto Ramón Rosales.
II. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, absolver a Marta Beatriz Melian en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años edad (Art. 125 bis del CP, según Ley 25.087), mantener la condena que le fuera dictada por infracción al art. 17 de la Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (Ley 12.331), y adecuar la pena, la que se fija en multa de doce mil quinientos pesos ($ 12.500) y costas, excepto las irrogadas en esta instancia.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada, en los términos del artículo 14 de la Ley 48.
Rigen los artículos 5, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP; 17 de la Ley 12.331, y 1, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 373, 375, 434, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 460, 530 y 531 del CPP.
En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Ricardo R. Maidana y Mario Eduardo Kohan, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 63.401, “Melian, Marta Beatriz s/ Recurso de Casación”, conforme el siguiente orden de votación: Maidana – Kohan.
El 12 de noviembre de 2013, el doctor Alberto Elio Ojeda, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Quilmes resolvió condenar a Marta Beatriz Melian a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de edad, en concurso ideal con infracción al art. 17 de la Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (arts. 125 bis, párrafo primero –según Ley 25087– y 54, CP; 17, Ley 12.331).
Contra esta decisión, el Defensor Oficial, Dr. Roberto Ramón Rosales, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 22/24vta.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana, dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCyP; 20 inc. 1, 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1 del CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana, dijo:
Sostiene el recurrente, en lo sustancial, que el pronunciamiento atacado adolece de falta de fundamentación, en virtud de haber incurrido el sentenciante en errada y absurda valoración de la prueba. Refiere que de las probanzas disponibles surge que su defendida no tenía conocimiento que quien se hacía llamar “Mía” resultaba ser menor de edad, ni poseía control sobre el manejo del lugar. Precisa que ello se desprende, principalmente, de la declaración efectuada por su asistida y de los testimonios brindados por Laura Zabala y Marta Messina, como por los restantes testigos, quienes coincidieron en que era desconocida aquella condición de minoridad, y afirmaron, por otro lado, que regenteaban el lugar Ezequiel, Cristian y Roberto, mientras que la inculpada solo era la hermana de éste último, que se veía poco en ese sitio e ignoraba cuál era su función específica allí. Concluye que la presunción de inocencia que le asiste no ha sido desbaratada. Solicita, en consecuencia, se case el fallo y disponga la absolución de su representada. Hace reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith de Seta, mantiene en todas sus partes el recurso interpuesto por su colega de la instancia, añadiendo que conforme la Ley 26.364 es el fuero de excepción el competente para intervenir. Hace reserva del caso federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48 (fs. 40/41vta.).
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, acompañó memorial a fs. 42/44vta., expidiéndose por el rechazo del remedio incoado.
Limitándose los motivos de agravio a los arriba expuestos, a ello habrá de circunscribirse la decisión a adoptar –art. 434, CPP– (v. TCPBA, Sala VI, c. n° 55.583, “Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación”, sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; entre muchas otras).
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el imputado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la revisión amplia en casación, ambos son compatibles en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Se advierte en el decisorio recurrido falta de fundamentación en orden al conocimiento de la minoridad de Jorgelina Yesica Espósito por parte de Marta Melián, lo que impide en ese aspecto su confirmación (arts. 106, 210 y 373, CPP).
En efecto, para la aplicación de la figura delictiva en cuestión (art. 125 bis, texto según Ley 25.087) debe encontrarse establecido el aspecto subjetivo correspondiente, esto es, la conciencia por parte del ejecutor de que está promoviendo o facilitando la prostitución de una persona menor de dieciocho años de edad.
La propia damnificada admitió en el juicio que la encartada le preguntó si era mayor y que ella le dijo que sí (cfr. fs. 12), aunque, en realidad, le faltaban cuatro meses para cumplir los 18 años de edad, sin perjuicio que ya era madre de dos niñas, para cuya manutención necesitaba trabajar. Añadió que “le mintió a Eliana también”, que era su vecina y madrina de su hija mayor. Refirió que el día del allanamiento se puso a llorar y le dijo a un gendarme que era menor, percibiendo que “las otras chicas se enojaron, [y que] la querían matar”.
Eliana Rocío Frisone, relató que un día una persona se le acercó diciendo que no tenía trabajo y que debía mantener a dos hijos, razón por la cual la llevó a trabajar, afirmando que la interesada, Jorgelina Esposito, le había dicho “que ya había cumplido los 18”, aunque después se enteró que era menor. Agregó que le dio la dirección del lugar y que no sabía quién la había entrevistado. En el mismo sentido Laura Zabala expresó que ignoraban que la chica era menor, que la había traído la prima y se hacía llamar Mía. Silvana Andrea Chirino, admitió que ejercía la prostitución en el lugar y estaba presente cuando agentes policiales, haciéndose pasar por clientes, efectuaron el allanamiento, dando cuenta que allí se anotició que había una menor, pero “[n]adie sabía eso”, incluso una chica que era “su prima juraba que era mayor”, y decía que tenía 18 años e hijos. En similares términos se pronunció Adriana Benegas.
Recién después de haberse informado en el marco del allanamiento practicado, que en el lugar se encontraba una persona que no había alcanzado la mayoría de edad, Chirino y Benegas llegaron a la conclusión que quien dentro del inmueble “tenía cara de nena”, “apariencia de nena” era Esposito y lo mismo dejaron entrever los testigos de actuación Marta Messina y Matías Abate.
En esa dirección el sentenciante expresó que pudo observar durante la audiencia, al recibirle declaración y a más de un año de los acontecimientos, que “no aparenta mas de 18 años”, en virtud de sus características fisonómicas, giros del lenguaje y expresiones en general.
Las conjeturas y falta de certeza respecto de si la damnificada alcanzaba el umbral de la adultez requerido por el tipo penal, puestas de manifiesto a partir de la valoración integral del reseñado plexo probatorio –particularmente del dato objetivo de sus 17 años de edad al momento de someterse a los designios de la imputada–, evidencian que en autos no surge que se haya probado con los alcances que demanda el dictado de un pronunciamiento condenatorio que Marta Beatriz Melian tuviera conocimiento que Jorgelina Esposito no contaba con 18 años cumplidos, cuando le solicitó poder ejercer la prostitución en el lugar que regenteaba, de modo tal que el error que alegó respecto del referido elemento del tipo objetivo, aún vencible, torna atípica su conducta a la luz del art. 125 bis del CP, en la versión originaria de la Ley 25.087, lo que denota que existe en el tópico quebrantamiento de los arts. 210 y 373 del CPP.
Por el contrario, el caudal de elementos de convicción luce contundente en torno a la consumación por parte de la acusada del accionar descripto por el artículo 17 de la Ley 12.331 en cuanto dispone que “los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos a ciento veinticinco mil pesos.”
La versión contrapuesta brindada por la inculpada carece de respaldo y se vio refutada de modo palmario por las testimoniales antes apuntadas.
Frisone dijo que era Marta quien se llevaba la recaudación, decidía quien ingresaba, les preguntaba si necesitaban algo y facilitaba los preservativos, agregando que una semana antes del debate le había pedido que dijera que trabajaba a la par de ellas, pero que no iba a sostener dicha mentira. Chirino expresó que la encausada era quien proveía las gaseosas que se vendían y recaudaba la plata. Adriana Benegas manifestó que la aludida era la dueña y la persona que estaba a cargo del lugar el día del allanamiento y que todo lo arreglaban con ella. También Zabala refirió que “cuando pasó lo del allanamiento estaba Marta a cargo”, la cual cobraba la plata y tras repartir lo que le correspondía a cada chica, se iba. Esposito, por su parte, precisó que de lo recaudado “la mitad era para Marta”.
Procede, entonces, absolver a Marta Beatriz Melián en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de edad –art. 125 bis, CP –según Ley 25087– y mantener el veredicto condenatorio en relación con la infracción al Art. 17 de la Ley 12.331.
Teniendo en cuenta las constancias de autos y los parámetros contenidos en los arts. 40 y 41 del CP, que no se han computado circunstancias aumentativas de punibilidad y sí, como atenuante, la carencia de precedentes condenatorios, estimo que corresponde, en la especie, fijar el monto punitivo en el mínimo legal, esto es en doce mil quinientos pesos ($ 12.500) de multa y costas, excepto las irrogadas en esta instancia.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar admisible el recurso interpuesto, hacer parcialmente lugar al mismo, casar el fallo atacado absolviendo a Marta Beatriz Melian en orden al ilícito previsto por el art. 125 bis del CP, según Ley 25.087, y mantener la condena que le fuera impuesta por infracción al art. 17 de la Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (Ley 12.331), adecuando, consecuentemente, la sanción dispuesta, la que se fija en el pago de una multa de doce mil quinientos pesos ($ 12.500) y costas, excepto las irrogadas en esta instancia (art. 5, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP y 17 de la Ley 12.331; 1, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 373, 375, 434, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 460, 530 y 531 del CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación articulada por el Defensor Oficial, Dr. Roberto Ramón Rosales.
II. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, absolver a Marta Beatriz Melian en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años edad (Art. 125 bis del CP, según Ley 25.087), mantener la condena que le fuera dictada por infracción al art. 17 de la Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (Ley 12.331), y adecuar la pena, la que se fija en multa de doce mil quinientos pesos ($ 12.500) y costas, excepto las irrogadas en esta instancia.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada, en los términos del artículo 14 de la Ley 48.
Rigen los artículos 5, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP; 17 de la Ley 12.331, y 1, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 373, 375, 434, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 460, 530 y 531 del CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Quilmes, al que se encomienda anoticiar al causante de este decisorio y unir este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
Firmado. Ricardo R. Maidana y Mario Eduardo Kohan, Jueces. Ante mí: Francisco R. N. de Lázzari, Secretario.
Fin de la sentencia