Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 85741
"Registrado bajo el Nro.1321 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. AC. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 28 de Diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo R. Maidana y Daniel Carral (art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa N° 85.741 caratulada: " GUEVARA ARIEL NESTOR Y LARREA RICARDO ORLANDO S/ RECURSO DE CASACIÓN ” conforme el siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL.
El 2 de junio de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial La Plata, condenó a Ariel Néstor Guevara a la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por su comisión en poblado y en banda, en concurso real con tentativa de homicidio calificado por haber sido intentado para facilitar el robo, agravados por la participación de un menor de edad; y a Ricardo Orlando Larrea a la pena de dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por su comisión en poblado y en banda, en concurso real con tentativa de homicidio calificado por haber sido intentado para facilitar el robo, agravados por la participación de un menor de edad, en concurso real con resistencia a la autoridad en concurso ideal con abuso de arma (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 41 quater , 42, 54, 55, 80 inc. 7°, 105 en función del 80 inc. 7°, 166 inc. 2°, segundo párrafo, 167 inc. 2° y 239 del Código Penal).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Manuel Alberto Bouchoux, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 32/38.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 2/11/2017 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h , CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor MAIDANA en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
En primer lugar, el impugnante alega violación a las reglas de valoración de la prueba y omisión de cuestiones esenciales en la acreditación de la participación de sus defendidos en el hecho. Resalta que no ha existido una directa imputación de la víctima hacia los acusados, como se afirma en el fallo. Sostiene que el reconocimiento efectuado en la seccional resulta ilegítimo y, por lo tanto, nulo, ya que se aparta de las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento en rueda de personas, e indicativo, atento que no brinda datos confiables respecto a la autoría. Agrega que las ruedas de reconocimientos posteriores, que se encontrarían viciadas por la primigenia sindicación ilegítima, no arrojan resultados certeros al haberse manifestado dubitativamente la víctima.
Por otro lado, cuestiona que no han recibido satisfactoria respuesta los planteos de la Defensa, señalando que no se ha determinado quién y en qué concretas circunstancias se procedió a detener a sus defendidos, en especial cuando estos han brindado explicaciones de tal situación. Resalta que no se secuestró arma alguna y que el dermotest realizado dio negativo. En segundo lugar, entiende que se ha afirmado erróneamente la existencia del dolo de matar, en violación a la ley procesal y sustantiva, y que se ha omitido tratar los cuestionamientos formulados. Sostiene que la víctima sugiere un componente de azar en la maniobra desarrollada lo que descarta el dolo directo que requiere la figura. Considera que no puede afirmarse que el arma tuviera alguna bala en su tambor, y señala como hipótesis, que el autor supiera en qué lugar se encontraba ubicada la bala y entonces no pasaría de ser una maniobra cruel, no evidenciándose un peligro real para la vida de la víctima.
En tercer lugar, cuestiona la calificación jurídica asignada por entender que no se encuentra demostrado que los autores del hecho conocieran que el restante resultara un menor de edad, señalando omisión de tratamiento de una cuestión esencial. Por último, alega violación a las reglas de determinación judicial de la pena. Considera que debe ponderarse como atenuante el buen concepto que le cabe a Guevara. Resalta la precaria situación económica de su defendido, quien diera cuenta en su declaración que vivía debajo de un puente. Entiende que la violencia desplegada no evidencia un grado que se exceda de la propia violencia contemplada en el tipo penal de robo imputado, y que, de mantenerse la imputación por tentativa de homicidio, implicaría una doble valoración.
Cuestiona la agravante valorada del mayor estado de indefensión de la víctima por su oficio de conductor de remis. Solicita se case la sentencia puesta en crisis, y se disponga la absolución de sus defendidos o, en su defecto, se adecúe la asignación jurídica y el monto de la pena impuesta.
La Defensora Oficial Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith de Seta, mantiene el recurso de casación interpuesto remitiéndose a las razones esgrimidas por su colega de la instancia (fs. 47).
Por su parte, el Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando L. Galán, propicia el rechazo del recurso interpuesto en favor de los imputados (fs. 53/56).
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a los jueces presentes en el debate, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 CADH y 14.1 PIDCyP), sino porque a su respecto rige un límite real de conocimiento, una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre oralidad y revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Núñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado que “ el día 16 de mayo de 2014, siendo aproximadamente las 16,50 horas, tres sujetos de sexo masculino, uno de ellos menor de edad, abordaron en las calles San Martín y Ameghino, de la localidad de Alejandro Korn, un vehículo remis, marca Chevrolet Corsa patente JYP – 837, de la remisería razón social ‘Alejandro Korn’, conducido por Jorge José Antonio Bocamasso, quien al realizar unos veinte metros sobre calle Ameghino, detiene la marcha y mediante intimidación y amenazas utilizando un arma de fuego cargada apta para el disparo, le gatillaron en la cabeza, con claras intenciones de darle la muerte, golpeándolo a la vez que le solicitaban dinero y la indicación respecto de si el auto tenía rastreador satelital, para luego desapoderarlo del rodado, de su teléfono celular marca Samsung, color blanco, licencia de conducir y dinero en efectivo por suma de 700 pesos, abandonándolo en un descampado, para luego los sujetos continuar con la huida del lugar. Luego de ello Bocamasso, pidió ayuda, siendo asistido por dos compañeros de la remisería mencionada, quienes luego avistan el vehículo sustraído conducidos por dichos sujetos, persiguiéndolos y alertando a personal policial. Para posteriormente personal policial luego de una persecución en la que uno de los sujetos efectuara disparos hacia la persona de uno de los uniformados, logran la aprehensión de los tres sujetos imputados e incautación del automotor Chevrolet Corsa y del celular marca Samsung, color blanco propiedad de la víctima Bocamasso” (fs. 16/vta.).
El recurso no habrá de prosperar.
En primer lugar, abordaré los cuestionamientos de la Defensa relativos a la acreditación de la autoría de los imputados.
En ese sentido, para sostener la autoría de Guevara y Larrea en los hechos materia de juzgamiento, el Órgano de grado se valió de una serie de elementos que han sido analizados de conformidad a las reglas estipuladas por los arts. 210 y 373 del CPP.
Contrariamente al criterio sustentado por la Defensa, la revisión de la plataforma fáctica del fallo me impide sostener que el Tribunal haya incurrido en una valoración arbitraria de la prueba, por cuanto el sentenciante expresó cuáles fueron las razones que, surgidos de los elementos probatorios bajo análisis, determinaron la decisión adoptada, indicando el camino recorrido para llegar a esa conclusión, no logrando el impugnante conmover con sus argumentos la logicidad del decisorio en cuanto afirma la participación de sus defendidos en el evento.
En tal sentido, las declaraciones que los distintos testigos brindaron y la prueba incorporada al debate permiten reconstruir -con la certeza que la instancia requiere- la participación que en los eventos tuvieron los acusados.
El A Quo hizo especial hincapié en la declaración testimonial de Jorge José Antonio Bocamasso, víctima del hecho, quien manifestó que, en la Comisaría de Florencia Varela, cuando estaban trasladando a los tres sujetos, los reconoció en dos oportunidades por la cara y la fisonomía de los mismos.
Asimismo, detalló que al momento de realizarse el reconocimiento en rueda de personas reconoció a los aquí imputados, pero aclaró que lo hizo con cierta incertidumbre en virtud del tiempo acontecido desde el momento del hecho hasta la realización del acto. Se dejó constancia de que exhibidas que fueron las actuaciones respectivas, reconoció su firma.
Por último, la víctima señaló que el celular marcar Samsung, de color blanco, lo recuperó en la dependencia policial.
Lo expuesto, se corrobora con la estimación que efectuara el Órgano sentenciante de las declaraciones de Marcelo Mario Fernández y Jorge Benítez, compañeros de trabajo de la víctima, quienes ratifican el reconocimiento que efectuara la víctima en la comisaría de los sospechosos.
Asimismo, el Tribunal meritó lo relatado por Marcelo Mario Fernández quien expresó que uno de los sujetos que estaba detenido boca abajo, tenía en la mano el teléfono celular marca Samsung de su compañero.
Todo ello, se complementa con la valoración de las declaraciones del personal policial Darío Sebastián Barberis, Juan Carlos Bouza, Tomás Eduardo Paz, Juan Carlos Rodríguez, Nadia Belén Ojeda y Carlos Ramón Sostoa, quienes describen la secuencia de la persecución y la posterior detención de los imputados.
Llegado a este punto, la operación que determinó la convicción del sentenciante respecto de la autoría penalmente responsable de Guevara y Larrea se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por la Defensa logren evidenciar falencias en lo decidido.
La Defensa, a los efectos de demostrar la inocencia de sus representados, resalta que no han quedado debidamente determinadas las concretas circunstancias en que se los detuvo, lo que le otorga especial relevancia a la versión de los hechos que expresaran aquellos, habiendo omitido el Tribunal expedirse al respecto.
Debe señalarse que la materialidad ilícita no resultó cuestionada, y de la misma se desprende que la persecución del automóvil fue constante, hasta el momento en que los tres sujetos que lo abordaban optaron por detener la marcha y fugarse corriendo.
En tal punto, cobran especial relevancia la estimación que se efectuara de las declaraciones del personal policial actuante.
En tal sentido, Nadia Belén Ojeda procede a reducir inmediatamente a uno de los sujetos (el menor) que había comenzado la fuga, el cual es esposado por Sostoa, y, luego, procede a perseguir a otro sujeto, quien le efectúa uno o dos disparos contra su persona.
Lo expuesto, se encuentra corroborado por lo declarado por Carlos Ramón Sostoa, Tomás Eduardo Paz y el menor Axel Alejandro Javier Mercado Illa.
Por su parte, Tomás Eduardo Paz da cuenta de que, una vez reducido uno de los sujetos, persigue a otro, el cual se da a la fuga por las viviendas en construcción, mientras era señalado por la gente del lugar. Aclaró que luego lo vio reducido.
Darío Sebastián Barberis refiere que Bouza conjuntamente con Altamirano procede a la detención de un sujeto, a poca distancia del lugar donde habían dejado el automóvil sustraído, que coincidía con las descripciones físicas brindadas, y que fue sindicado por los vecinos del barrio, quienes manifestaban que era ajeno a dicha localidad y que previamente estaba corriendo. Tal testimonio fue corroborado por Juan Carlos Bouza.
Es cierto, que de las constancias valoradas no surge una descripción precisa del momento en que se concretiza la detención de los acusados, lo que impide ahondar en detalles, pero tal circunstancia, no imposibilita tener por comprobada la autoría penalmente responsable de los acusados por medio de otros elementos de prueba no menos convincentes, proceder que finalmente realizó el Tribunal para tener por configurada la autoría, y con ello brindó respuesta acabada al planteo de la defensa dirigido a contrarrestar la acreditación de tal extremo, lo que descarta la aludida falta de tratamiento.
En tal punto, del proceder policial valorado que derivó en la detención de los tres sujetos acusados, debe destacarse la proximidad temporo-espacial, entre el abandono del auto y la consecuente detención, la inmediata detención de uno de los sujetos (el menor), la identificación que efectuara Paz de uno de los sujetos detenidos, distinto del menor, como a quien estaba persiguiendo, el contexto en que se detiene a otro de los sujetos, quien era señalado por los vecinos como ajeno al vecindario y que previamente estaba corriendo, circunstancias que conforman indicios de autoría respecto de Guevara y Larrea.
Lo resaltado se complementa con la prueba referida, declaraciones del menor Mercado Illa, de los compañeros de trabajo de la víctima, Benítez y Fernández, y de la propia víctima, el Sr. Bocamasso, el secuestro del celular de propiedad de la víctima en posesión de uno de los sujetos aprehendidos y la recuperación del automotor, dándole mayor validez y sustento a la configuración del extremo de la autoría de los imputados.
Lo expuesto me lleva a descartar los argumentos vertidos por la Defensa y a acompañar la decisión del Tribunal de grado en cuanto a que la prueba referida desvirtúa la versión de los hechos brindada por los imputados.
Por otro lado, se cuestiona la sindicación directa de la víctima, señalando que los reconocimientos efectuados son nulos y no revisten entidad convictiva suficientes para sustentar la autoría.
El reconocimiento espontáneo que efectúa la víctima en la sede de la Comisaría constituye, en virtud del principio de libertad probatoria, un elemento más de prueba, y como tal, sujeto a la apreciación del juzgador, y si bien no reviste las formalidades que prescribe nuestro ordenamiento procesal para realizar el reconocimiento en rueda de personas, no por ello tal acto deviene nulo -en especial cuando no se ha demostrado, como ocurre en el presente caso, una afectación a garantías constitucionales- o carente de relevancia jurídica, toda vez que deberá ser el juez en cada caso concreto, conforme a su sincero convencimiento, quien le otorgará el grado de convicción correspondiente (arts. 209 y 210 del C.P.P.).
Así, el cuestionamiento desembocaría en discrepancias con la forma de apreciar la prueba, el cual aparece infundado y carente de relevancia para promover la ajenidad de sus defendidos, encontrándose justificada la ponderación que hiciera el Tribunal sobre la valoración de la declaración de la víctima Bocamasso.
En el presente, tal como dijimos párrafos atrás, fue la propia víctima quien, en la oralidad del debate, explicó las razones por las cuales luego tuviera alguna duda cuando se formalizara el reconocimiento en rueda. Lo cierto es que quedó evidenciado que ambos fueron identificados por el ofendido.
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 45, 166 inc. 2°, del CP; 106, 209, 210 y 373, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabinoó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación” , reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
Por otro lado, considero que el planteo de carácter subsidiario, que propicia la falta de acreditación de los elementos típicos de la figura de tentativa de homicidio agravado, tampoco merece favorable asidero.
En tal sentido, de la ponderación que efectuara el Tribunal de grado de la declaración de la víctima Bocamasso, se desprende que en un momento el sujeto de adelante le pasa el arma al de atrás, y que el sujeto de atrás le decía a Bocamasso que se quede quieto, le agachó la cabeza y se la sostuvo entre sus piernas. La víctima aclaró que nunca quiso mirar hacia arriba, siempre tuvo la cabeza gacha.
Bocamasso agregó que, en tal contexto, el sujeto de atrás jugaba al estilo ruleta rusa con su cabeza, que le gatilló cinco veces y desmontó el almacén cargador dos veces, que la primera vez gatilló dos veces y la segunda, tres.
Al describir en qué consiste lo que denominó “ruleta rusa”, manifestó gatillar en la cabeza de un individuo a fuerza o verdad.
Señaló que el sujeto sacaba con la uña una sola bala, apoyaba el tambor sobre la mano, lo giraba y percutía sobre su cabeza.
La descripción que efectuara la víctima de la secuencia vivenciada –por cierto, que da cuenta que el arma estaba cargada- no deja margen a duda que el sujeto manteniendo en todo momento el dominio del hecho, al girar el tambor dejaba librado a un mero azar la posibilidad fáctica de que al percutir la bala salga expulsada a través del cañón con la probable resultante de causar la muerte sobre la víctima.
La circunstancia de haber el sujeto añadido un factor de azar en su co
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