Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 77936
"Registrado bajo el Nro.189 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 21 de marzo de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 77936 caratulada “AYALA GONZALO DAVID S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA - BORINSKY.
1. El Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Morón, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de mayo de 2016 (en la causa n° 4.224 de su registro, IPP 10-00-023365-15/00) condenó a Gonzalo David Ayala a la pena de veinte (20) años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor de los delitos de robo agravado por el resultado de muerte con arma de fuego y robo agravado por el uso de arma de fuego, y autor del delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil, en concurso real, acontecidos el día 22 de junio de 2015, en Villa Tesei, Partido de Hurlingham (fs. 88/122 y 166/vta).
2. Contra este pronunciamiento la defensa oficial del acusado interpuso recurso de casación (fs. 136/162).
En primer término invocó la afectación del derecho de defensa en juicio, por la decisión del tribunal de la instancia que condicionó la posibilidad de la defensa de acceder a prueba suplementaria solicitada por esa misma parte.
Explicó la recurrente que en la audiencia celebrada a tenor del art. 338 del ritual pidió que se ordenara el envío “ad-effectum videndi” de la causa en la que era juzgado el sujeto menor de edad que habría intervenido en los mismos hechos que se le atribuyen a su asistido. Recibido el expediente, el a quo dispuso para asegurar el carácter reservado de las actuaciones que rigen ese tipo de procedimientos -art. 4 de la ley 13.634-, que debía ser compulsado en la sede del Tribunal en horario matutino.
Planteó la defensa las dificultades que le generaba el condicionamiento impuesto, y ofreció otras alternativas que le fueron rechazadas por el órgano juzgador (ver fs. 60/61).
Ante ello, dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio, que les fueron denegados (fs. 64/67, 68/73). El mismo resultado obtuvo con el recurso de queja interpuesto contra la apelación denegada (fs. 2/18).
Argumenta la impugnante que el pedido para compulsar las actuaciones en cuestión se fundó en la necesidad de conocer “información respectiva a la responsabilidad del menor coimputado en el supuesto material en el que ambos, junto con Ayala, eran acusados, en especial, las probanzas que comprometían a mi asistido”. También en “poder trabajar en las líneas de examen directo y contra examen sobre los eventuales interrogatorios de aquellos testigos que habrían de declarar en el juicio y que lo hicieron en la investigación penal preparatoria del menor (nótese que la copia atinente a una declaración prestada en etapa de investigación de fs. 98/99 con la que esta parte tuvo que confrontar a una de las testigos durante el debate –Sra. Uriona-, es una pieza correspondiente a la causa de menores tantas veces requerida por la suscripta)…”.
En definitiva, afirmó que la garantía de defensa en juicio del acusado se vio afectada, por habérsele impedido a su asistencia técnica acceder a la prueba que esa misma parte había solicitado en la audiencia preliminar del art. 338 del ritual, frustrándose su posibilidad de utilizarla en el debate que culminó con la sentencia condenatoria.
Por otro lado, la defensa se agravió de la decisión del órgano juzgador de incorporar por lectura al debate distintos elementos probatorios recolectados durante la investigación penal preparatoria (fs. 54/55 de este legajo).
Consideró errado el criterio del sentenciante pues “a mérito de la oralidad que gobierna el estadio procesal propio del juicio, todo lo documentado en las piezas reseñadas debe ser reconstruido en la audiencia de debate, posibilitando el acceso de esta parte al contralor de la prueba que obviamente no pudo ejercer en aquellas ocasiones, imponiéndose por ende, su recreación integra en el juicio oral. Se hizo hincapié en el principio general sentado en el art. 366 por cuanto establece excepcional (la excepción no es la regla) el ingreso de documentos ante determinados supuestos. En efecto, dicho principio refiere que la prueba de investigación penal preparatoria no podrá usarse para fundar la condena del imputado, sino en virtud de las excepciones que a renglón seguido y en la misma norma se regulan y que en el caso concreto, no se han verificado”.
Entendió que la norma contenida en el párrafo sexto del artículo 366 del CPP fue erróneamente aplicado por los señores jueces de la instancia, solicitando que se case el fallo impugnado, y se disponga la exclusión de los elementos probatorios controvertidos.
Como segundo motivo de agravio, alegó la arbitrariedad del fallo en punto a la valoración probatoria (arts. 210 y 373 del CPP), pues el voto del magistrado al que adhirieron sus colegas del tribunal contiene conclusiones que se fundan en circunstancias no comprobadas en el juicio, a la vez que fue descartado infundadamente el análisis de otras pruebas contrarias a la acusación.
Se refirió al hecho que tuvo lugar en el domicilio de la calle Malaspina 1466. Expresó que los dichos de los testigos que expusieron en el debate no fueron consignados en forma correcta en el pronunciamiento en crisis, acompañando la grabación del juicio de la que –afirma- surgen las diferencias señaladas.
Alegó que lo mismo ocurrió con los testigos del segundo hecho que se le atribuyó a su asistido, ocurrido en la vivienda ubicada en Debussy 2820.
En la visión de la impugnante, “las tergiversaciones y omisiones de los relatos brindados por los testigos en debate, tienen una incidencia fundamental al momento de efectuar el proceso de valoración de prueba y más aún en el proceso de comparación y contraste entre evidencias cuyos contenidos son diversos”.
Continuó con esa línea de razonamientos, expresando que no se reunieron pruebas suficientes para tener por comprobada la intervención del acusado Ayala en el hecho ocurrido en la vivienda de la calle Malaspina 1466. Destacó las dificultades que tuvo la víctima Alicia Uriona para describir a los tres sujetos activos, como así también la distancia existente entre el lugar del hecho y el sitio en el que fue aprehendido el acusado –veinte cuadras-. También hizo hincapié en el resultado negativo del peritaje en el que se cotejaron los perfiles genéticos de la víctima fallecida –Octavio Jesús Carabajal- y el acusado Ayala, y en el resultado negativo del peritaje de dermotest respecto de este último.
Cuestionó la veracidad de los testimonios del personal policial preventor –Julián Gómez, Gladys González y Maximiliano Gangale-, y señaló que no fueron cumplidas las medidas esenciales para el secuestro de armas de fuego que manda el Protocolo dictado sobre esa materia por el Ministerio de Seguridad Provincial.
En orden al hallazgo de una huella dactilar del acusado Ayala en un televisor, entendió que el artefacto no fue adecuadamente identificado mediante número de código y serie, y ello tampoco aconteció durante el testimonio de la víctima a la que pertenecía el aparato –señora Uriona-. En la visión de la defensa, entonces, no se acreditó que ese televisor haya estado en la vivienda de la nombrada al momento en que se produjo el hecho en trato.
Por otro lado, evaluó que del hallazgo de unas llaves correspondientes a la vivienda de la señora Uriona –Malaspina 1466-, en el patio de la vivienda lindante a la casa en la que ocurrió el otro hecho juzgado –Debussy 2820-, no se infiere necesariamente que el acusado haya intervenido en el primero de los acontecimientos, pues “en la primera vivienda los sujetos masculinos eran tres, y de la prueba rendida, no puede aseverarse cómo aconteció la alternatividad entre los sujetos, como tampoco la incorporación de algún otro en el siguiente suceso”.
El tercer agravio deducido por la impugnante se refiere a la calificación legal asignada al hecho ocurrido en el domicilio de la calle Malaspina (homicidio en ocasión de robo, en carácter de coautor).
Señaló que la figura contemplada en el artículo 165 del CP requiere que el homicidio sea cometido con dolo, quedando excluidos los culposos. Agregó que si en el caso en trato, el sujeto activo menor de edad condujo a la víctima “hacia la cocina y luego accidentalmente le ocasionó disparos que provocaron su defunción, no puede atribuirse el resultado a quienes no acordaron ni quisieron dicho cometido, a menos que se sostenga una responsabilidad objetiva por el resultado contraria al concepto de culpabilidad tan extensamente tratado por los Magistrados en su decisorio…”.
Postuló entonces, que el hecho sea considerado constitutivo del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego.
El cuarto motivo de agravio transitó por la aplicación de la agravante contemplada en el artículo 41 bis del CP, pues consideró que tratándose de un homicidio en ocasión de robo, se incurriría en una doble valoración jurídico penal, contraviniendo todo principio basado en la lógica.
El quinto agravio se vincula con la forma concursal decidida por el a quo –real- entre los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego. Planteó que en ese caso se da un concurso aparente de leyes por aplicación del principio de subsidiariedad tácita. En función de ello, postuló el desplazamiento de la figura contemplada en el artículo 189 bis del CP, y la consiguiente reducción de la pena impuesta al acusado.
El último motivo de agravio se relaciona con las pautas agravantes y atenuantes ponderadas por el órgano juzgador, y el monto de la pena impuesto. Consideró que la nocturnidad no puede ser evaluada en el caso como una circunstancia aumentativa de la sanción, habida cuenta la efectiva aprehensión del acusado y el recupero de los objetos sustraídos en el segundo de los hechos atribuidos, de lo que se deduce que “el aprovechamiento de esas horas de la noche para consumar el delito” no encuentra sustento en las evidencias rendidas en el debate.
Por otro lado señaló que en el fallo no se explicó en qué medida las pautas de dosificación agravaron y atenuaron la pena, lo que demuestra la falta de fundamentación del monto finalmente impuesto. En razón de ello, solicitó que se reduzca la sanción al mínimo legal previsto.
Hizo reserva del caso federal.
3. Con la radicación del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 170/vta.).
El señor defensor oficial ante este tribunal mantuvo la impugnación deducida, remitiéndose en un todo a los fundamentos expuestos en el escrito de interposición (fs. 171/vta).
El señor fiscal ante esta sede postuló el rechazo del recurso deducido por la contraparte (fs. 172/176).
Entendió que los planteos que se refieren a vicios de procedimiento, valoración probatoria y calificación legal, fueron adecuadamente respondidos por el fallo de primera instancia, sin que la impugnante haya demostrado error alguno en el razonamiento de los sentenciantes.
En punto al monto de la sanción asignada al acusado, descartó la denunciada afectación de garantías constitucionales, entendiendo que la pena impuesta resulta proporcional en función del injusto endilgado al acusado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo :
I. El órgano juzgador tuvo por acreditado que el acusado “… conjuntamente con otros dos individuos del sexo masculino (cuanto menos, uno de éstos, menor de edad), se agruparon para delinquir contra la propiedad ajena, mediante el uso de armas de fuego en condiciones de uso inmediato, a saber, dos pistolas de calibre .22 L.R., de la marca Bersa, modelos 223 y 224, números 96142 y 74468, respectivamente, de las que dispusieron el menor de edad de la primera y el aquí juzgado de la segunda, y para cuya portación no estaban autorizados legalmente ”.
“ Es así como poco más o menos a las dos y media del día 22 de junio de 2015, el terceto escaló hasta la planta alta del domicilio de la calle Malaspina 1466 entre calles Debussy y Bizet, de la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham, donde forzaron una ventana por la que ingresaron a dicha finca. Una vez en el interior, seleccionaron objetos para su detracción dejándolos en uno de los dormitorios ubicados en esa planta baja. Luego se dirigieron a la planta baja, siendo así como con el uso de esas dos armas de fuego –una portada por el aquí acusado y otra por el menor de edad- sorprendieron e intimidaron a Octavio de Jesús Carabajal y Alicia Uriona de Carabajal. Uno de los complotados permaneció en el dormitorio de éstos en vigilancia de la mujer, apoderándose ilegítimamente de algunos objetos de su propiedad que estaban sobre una mesa de luz (…); mientras el aquí incriminado y el menor de edad llevaron a la cocina a Octavio de Jesús Carabajal, en cuyo ámbito y en el marco violento del curso detractivo uno de los complotados, el que portaba la pistola de calibre .22 L.R. de la marca Bersa modelo 223, número 96142, le efectuó dos disparos, provocándole heridas en la región cervical posterior y muslo izquierdo con fractura y desplazamiento femoral, heridas que por su magnitud le produjeron días después la muerte (12 de julio de 2015) ”.
“ Tras retirarse los asociados por el fondo de este inmueble y por los techos de las viviendas de la manzana, a los pocos minutos, el aquí juzgado y el menor de edad, ingresaron con fuerza sobre la ventana ubicada en la planta alta del dormitorio del domicilio de la calle Debussy 2820, y tras arrancarla pese a la oposición de la víctima Omar Rafael Mafhoud, lo intimidan a éste con las dos pistolas de calibre .22 L.R. que llevaban consigo en condiciones de uso inmediato, al igual que a su concubina Gabriela Alejandra Torres; es así como el acusado permaneció con esta última en el dormitorio (también estaban los hijos del matrimonio), mientras el menor de edad hizo lo propio con Omar Rafael Mafhoud por fuera del dormitorio, apoderándose ilegítimamente de una consola de juegos de la marca Sony, modelo PlayStation PS3, un joystick inalámbrico marca Seisa y un pendrive, para luego darse ambos a la fuga ” –fojas 88vta/89-.
II. El primero de los agravios planteados por la defensa, trata sobre la afectación del derecho de defensa en juicio por la decisión del a quo que obra en copia a 61 de este legajo.
Sobre el punto debo decir que no se verifica la transgresión a la garantía constitucional invocada por la defensa, más allá de no compartirse el criterio adoptado por el magistrado de la instancia en la providencia aludida.
En mi opinión, la pretensión de la defensa de acceder a uno de los elementos que había solicitado como prueba suplementaria –expediente del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil- ameritaba una decisión que conciliara de mejor manera las restricciones invocadas por la juez de dicho fuero (fojas 56), la inminencia de la fecha de comienzo del debate y el cúmulo de tareas que enfrentaba la defensa oficial (fojas 60).
No obstante lo anterior, la compulsa de las constancias de este legajo también revela que el efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio no se vio perjudicado en la medida en que lo plantea la recurrente, en tanto no ha demostrado que los días posteriores a la decisión cuestionada, durante los cuales el expediente estuvo en la sede del Tribunal a disposición de las partes, no fueron suficientes como para acceder a la información que pretendía obtener del expediente señalado.
Por tales motivos, el agravio no progresa.
III. En segundo término, la defensa cuestiona la decisión del órgano juzgador de incorporar por lectura al debate –a petición de la fiscalía- distintos elementos de prueba reunidos durante la etapa preparatoria, porque no fueron producidos ante los jueces que dictaron la sentencia, y se realizaron sin control de una de las partes.
Es cierto que el código procesal penal, en su carácter de derecho constitucional reglamentado aplicable en la materia, establece como principio general la oralidad del juicio (art. 366 del CPP).
Ahora bien, de ello no se sigue que la oposición de la defensa a la incorporación al debate de cualquier tipo de evidencia reunida durante la etapa preparatoria, invalide la facultad del tribunal de adoptar esa decisión en la oportunidad contemplada en el art. 338 del ritual, sino que la cuestión debe ser analizada en función de las características que presenta cada medio de prueba y la forma en que fueron producidas a la luz de los principios de inmediatez y contradicción.
En efecto, las excepciones contempladas en el citado artículo 366 del CPP tienen que ver en algunos casos con las particularidades de cada prueba, que hacen que en determinados supuestos la inmediación con el juez que dicta la sentencia pueda resultar exigible (declaraciones de víctimas y testigos) pero en otros no, fundamentalmente por tratarse de prueba documental (constancias de una historia clínica, certificado de defunción de la víctima, fotografías, croquis).
Sin embargo, la defensa no hace distinción alguna en su pretensión, y plantea la invalidez absoluta de toda evidencia producida durante la etapa anterior, con lo cual –siguiendo el razonamiento de aquélla- la valoración de un certificado de defunción habría afectado los principios de inmediatez y contradicción, conclusión esta última que evidentemente no es correcta y que revela la principal falencia de la argumentación defensista.
El desacierto del planteo formulado en términos generales también se advierte cuando se repara en la prueba pericial, pues si la misma fue realizada con la intervención y control de todas las partes (art. 247 del CPP), la pretendida afectación al derecho de defensa en juicio debería alegarse según las particularidades del caso en concreto, y esto no ha ocurrido.
Para no cometer el mismo error que se le atribuye a la presentación de la recurrente, entiendo necesario detallar los elementos que, incorporados por lectura al debate en los términos del art. 338 del CPP, fueron valorados en la sentencia condenatoria, y ellos son: acta de procedimiento inicial (ver fs. 89/90vta de este legajo), historia clínica (fs. 90vta), informe del Renar (fs. 90vta), informe de balística (fs. 90vta/93), informe de levantamiento de evidencias físicas (fs. 93), fotografías de los lugares del hecho (fs. 93), y reconocimiento en rueda de personas (fs. 112vta).
En punto al primero de los elementos detallados, debo decir que la reglamentación establecida en el Código Procesal Penal permite la incorporación por lectura del acta de procedimiento, aprehensión y secuestro por el conducto del párrafo 6° del art. 366 del ritual, lo que no resulta arbitrario ni irrazonable, puesto que no altera en su esencia la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, sino que viene a dar una solución razonable ante la imposibilidad material de una alternativa distinta constitucionalmente aceptable (arts. 18 y 28 de la C.N.), resguardando –al mismo tiempo- el cumplimiento de los fines del proceso penal y, eventualmente, la actuación del derecho sustantivo.
En el caso en concreto, es importante señalar que comparecieron al debate Marcelo Hernán Escolari, oficial de policía (CPC Hurlingham) –fs. 96-, Julián Alberto Gómez, oficial inspector (CPC Hurlingham) –fs. 96/vta.-, Gladys Beatriz González, oficial de policía (comisaría de William Morris) –fs. 97-, José Luis Vázquez, subteniente de policía (CPC Hurlingham) –fs. 97vta/98-, Juan Domingo Quiroga, subteniente de policía (CPC Hurlin
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.