Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 80029
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Agustín P.I. Muga, sin costas.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 42/48vta. en favor de Agustín Nicolás Oviedo y Alan Oviedo, casar la resolución dictada con fecha 9 de agosto de 2016 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, y consecuentemente, dejar sin efecto la orden dispuesta en la parte dispositiva del fallo mencionado, manteniéndose incólume lo decidido por el Juez de Garantías, sin costas.
Rigen los arts. 20 inc. 1°, 106, 151, 144, 146, 148, 171, 210, 421, 433, 439, 448 inc.1, 450, 451, 454 inc. 4°, 456, 460, 530 y 531 del C.P.P.
"Registrado bajo el Nro. 342 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 9 de mayo de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo R. Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 80029 caratulada “ OVIEDO AGUSTIN NICOLAS Y OVIEDO ALAN S/ RECURSO DE CASACION ”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL .
El 9 de agosto de 2016, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes hizo lugar al recurso de queja por apelación denegada y en consecuencia, revocó el auto del Juzgado de Garantías 1 de dicha jurisdicción y dispuso que el Juez de grado ordene la inmediata detención de Agustín Nicolás y Alan Oviedo (arts. 167 inc. 2º del CP, 21, 150, 151, 421, 433, 439 y ccs. del CPP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. P.I. Agustín Muga, interpuso recurso de casación que luce a fojas 42/49.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 9/03/2017 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
La impugnación observa los recaudos formales establecidos en la normativa adjetiva, esto es los requisitos de tiempo, forma y vía legal y revistiendo la parte legitimación a tal efecto, corresponde admitir la presentación recursiva, según los términos de los artículos 20 inc. 1, 450 in fine y c.c. del C.P.P.
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
Sostiene el impugnante que el A Quo inobservó la ley y aplicó erróneamente los arts. 1º, 18 y 75 inc. 22 de la CN; 1º, 15, 168 y 171 de la Const. Provincial; 144, 148, 151, 171, 174 y ccs. del CPP. Explica que el auto que denegó la medida cautelar privativa de la libertad no era apelable tanto porque el art. 151 del CPP que lo permitía fue expresamente observado por el PE pcial. mediante el Decreto Nº2793/04 como así también el art. 164 del CPP, vedando el recurso contra la orden de detención –y a contrario sensu tampoco sería impugnable la denegatoria-. Agrega que la decisión del juez de grado no le causa al MPF gravamen irreparable. Marca que el sistema de impugnaciones instaurado para la parte acusadora responde a la necesidad de hacer cumplir correctamente la ley, y que, en caso concreto el agravio no abastece tal extremo. Afirma que el recurso de queja fue mal admitido y que la Cámara excedió la competencia legalmente atribuida, lo que torna nula su resolución. Añade que el Agente Fiscal no invocó indicadores de peligro procesal concretos para excepcionar el principio de libertad (art. 144 CPP). Controvierte los argumentos de la Alzada y asevera que la calificación legal sustentada (art. 167, inc. 2º,CP) admite tanto la pena privativa de la libertad como la condena de ejecución condicional (art. 27 bis , CP), y contrariamente a lo decidido, debió prevalecer la postura del Juez de garantías quien brindó operatividad al principio “pro homine”. Plantea que los camaristas incurrieron en arbitrariedad, pues no se existen indicios vehementes para suponer que el imputado eludirá la acción de la justicia o entorpecerá la investigación, y que contrariamente a ello, la posición fijada implica prejuzgamiento ya que utiliza la cautelar como un adelantamiento de pena, en franca lesión a los principios de inocencia, libertad y razonabilidad. Apunta que han sido trastocados los lineamientos trazados por la SCBA en causa P. 83.909 “Verbitzky s/Hábeas Corpus”. Solicita se case la sentencia atacada, se revoque lo resuelto declarando su nulidad y subsidiariamente se adopte igual temperamento respecto a la cuestión de fondo. Hace reserva del caso federal.
Sentado ello, cabe fijar el alcance de la potestad recursiva de la fiscalía en la singularidad del caso y, puntualmente, si la denegatoria de detención dictada por la instancia de grado era apelable. Es decir, se encuentra en discusión el derecho del acusador público de hacerlo y consecuentemente, la medida de jurisdicción de la Cámara local para examinar sus agravios y dictar una medida de coerción personal contra del imputado, de corresponder.
A este respecto, entonces, debo decir que rige en nuestro ordenamiento procesal el principio de taxatividad recursiva, esto es que los pronunciamientos sólo son impugnables por los interesados, a través de los modos y en los supuestos que expresamente establece la ley adjetiva a tal efecto (art. 421 del C.P.P.). Y que en tal sentido, la apelación sólo procede en los casos así reglados o, en su defecto, cuando el resolutorio cause gravamen irreparable (cfr. art. 439 del C.P.P.).
En esta línea, el remedio articulado no sólo no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 151 del C.P.P., sino que dicha posibilidad fue expresamente excluida por el Poder Ejecutivo provincial que al dictar el dec. 2793/04, ejerció su facultad de veto prevista en el art. 108 de la Const. prov. en relación al último párrafo de la norma citada en cuanto establecía que “ la resolución denegatoria de la detención será apelable por el Ministerio Público Fiscal dentro del quinto día ”.
No obstante, al no existir previsión legal, resta examinar si lo resuelto ocasiona gravamen irreparable que autorice su tratamiento, siendo que no cualquier perjuicio reviste dicha entidad, sino sólo aquél que no pueda ser remediado en el curso del procedimiento y que podría consolidarse en detrimento de quién lo sufre, sin posibilidad de ser restituido en el goce originario.
En efecto, el decisorio debe ocasionar un perjuicio tal que, de no admitirse la impugnación, no habría modo de volver sobre el punto debatido y se privaría al interesado de obtener la tutela inmediata de su derecho cuya lesión no podría ser subsanada al momento de la solución final del pleito, pues nunca podría ser reestablecido por el pronunciamiento definitivo (CSJN, Fallos: 300:642; 290:393).
Por ello, debe examinarse si el Ministerio Público Fiscal logra demostrar en el caso en concreto que, de no ser removido el gravamen, que le es irrogado por el fallo, se consolidará en detrimento de los intereses que representa, tornándose irreparable.
No basta entonces con la invocación genérica de la escala penal o las demás circunstancias enumeradas en el art. 151 del C.P.P., sino que el peticionario deberá acreditar que de no dictarse la orden de detención, los fines propios del proceso no podrán cumplirse.
En consecuencia, a juicio del suscripto no puede sostenerse, como lo hace el impugnante, que el recurso de apelación contra la resolución que no hace lugar al pedido de detención del imputado no deba ser admitido en todos los casos, toda vez que como vimos ello depende de la casuística y de la singularidad de cada situación (Sala VI, TCPBA c. 55696 “Ferreyra Néstor Maximiliano s/Recurso de casación”, rta. 30/7/13., reg. 259/13, entre muchas otras).
Ahora bien, ingresando al análisis particular del caso, se observa que el Agente Fiscal motivó el recurso de apelación invocando que la detención debió ser ordenada con la sola comprobación de los extremos establecidos por el art. 151 primer párrafo del CPP, con más el agregado del requisito cuantitativo del cuarto párrafo de dicho texto, lo que entendió verificado en el caso (art. 167 inc. 2º del CP). Añadió que el propio código procesal establece como presunción de riesgo procesal la magnitud de la pena en expectativa que se espera como resultado del procedimiento (art. 148, segundo párrafo inc. 2º, CPP), concluyendo -en sentido adverso a lo decidido por el Juez de garantías- que Agustín Oviedo no podría ser beneficiado con una pena de ejecución condicional, atendiendo a la pluralidad de intervinientes (al menos 4 personas) de los cuales al menos dos concurrieron desde una extraña jurisdicción, la nocturnidad y la conducta asumida del acusado en el aporte de un domicilio cercano al de los damnificados para concretar la desposesión.
La Cámara, por su parte, aceptó la queja del acusador público y estimó que la resolución del Juez de grado lucía arbitraria, con lo cual ordenó que se disponga la detención de los imputados. Interpretó que no era razonable sostener, atendiendo a la nocturnidad, la logística utilizada en el hecho y la magnitud del botín que fue distribuido en las viviendas de los acusados y la intervención de un menor, que en caso de un pronóstico de condena la misma sea de ejecución condicional, máxime ante la probable aplicación de la agravante genérica del art. 41 quater del CP.
Ahora bien, no se evidencia que los argumentos del Fiscal ni los de la Cámara se centren en la imposibilidad de cumplir con los fines propios del proceso, no demostrándose el perjuicio real y directo que ocasiona –en el caso- la denegatoria de la medida cautelar privativa de la libertad o el carácter irreparable de lo decidido en la instancia.
Esto porque, del recuento efectuado, se aprecia que la orden de detención de los acusados se basó en cuestiones ajenas a los puntos que debieron ser analizados, pues solo se sustentó en el pronóstico de pena de efectivo cumplimiento.
Amén de lo expuesto, no puede soslayarse el carácter que ostenta la medida en juego, de modo que siendo ésta reeditable, al Ministerio Público le correspondía demostrar –y es ello lo que debió exigir la Cámara- que la denegatoria resuelta por el Juzgado de Garantías ocasionaba un perjuicio de tal magnitud que no era susceptible de ser remediado en el futuro a través de un nuevo pedido, de allí la terminología “irreparable”.
En conclusión, el recurso de queja no debió ser admitido porque no se presentaban los presupuestos establecidos por el art. 439 del CPP que viabilizan el abordaje de la apelación.
Cabe de tal modo concluir que la crítica del impugnante debe ser aceptada dado que la postura adoptada por el A Quo configura un supuesto que habilita la intervención de este Tribunal con ajuste a la doctrina según la cual la aplicación inadecuada de una norma de derecho común, que la desvirtúa y la vuelve inoperante, equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos y constituye una causa definida de arbitrariedad (Fallos: 295:606; 301:108; 306:1242; 310:927; 311:2548; 323:192; 324:547, CSJN, e/o).
Por todo ello, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 42/48vta. en favor de Agustín Nicolás Oviedo y Alan Oviedo, casar la resolución dictada con fecha 9 de agosto de 2016 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, y consecuentemente, dejar sin efecto la orden dispuesta en la parte dispositiva del fallo mencionado, manteniéndose incólume lo decidido por el Juez de Garantías, sin costas (arts. 20 inc. 1°, 106, 151, 144, 146, 148, 171, 210, 421, 433, 439, 448 inc.1, 450, 451, 454 inc. 4°, 456, 460, 530 y 531 del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Agustín P.I. Muga, sin costas.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 42/48vta. en favor de Agustín Nicolás Oviedo y Alan Oviedo, casar la resolución dictada con fecha 9 de agosto de 2016 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, y consecuentemente, dejar sin efecto la orden dispuesta en la parte dispositiva del fallo mencionado, manteniéndose incólume lo decidido por el Juez de Garantías, sin costas.
Rigen los arts. 20 inc. 1°, 106, 151, 144, 146, 148, 171, 210, 421, 433, 439, 448 inc.1, 450, 451, 454 inc. 4°, 456, 460, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FDO. RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia