Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 75278
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por los fundamentos dados en el tratamiento de la cuestión planteada, el recurso de casación interpuesto por el Sr. defensor particular, Dr. Ricardo Luis Florio, en favor del imputado Brian Leonel Barros, respecto del pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 407/15-1256 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial La Matanza, con costas en esta instancia (Arts. 106, 210, 373, 448 bis, 530, ss. y ccdtes. del C.P.P., y 40, 41, 80 inc. 2, 7 y 8, ss. y ccdtes. del C.P.).
Número único: PP-05-00-037576-14-01
C- 75.278/II
En la ciudad de La Plata a los 16 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luís María Mancini y Martín Manuel Ordoqui, para resolver el presente recurso de casación interpuesto en favor de BRIAN LEONEL BARROS en la presente Causa Nº 75.278 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – ORDOQUI .
El tribunal de jurados se pronunció, con fecha 6 de octubre de 2015, dictando veredicto de culpabilidad por unanimidad de sus doce miembros, tras lo cual, celebrada la audiencia de cesura de juicio, el día 22 del mismo mes y año, la jueza Gabriela Silvia Rizzuto, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial La Matanza, condenó a Brian Leonel Barros a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado “criminis causae”, por tratarse la víctima de un miembro de la fuerza policial, y por su comisión con alevosía.
Como consecuencia de ello, el Sr. defensor particular, Dr. Ricardo Luis Florio, interpuso recurso de casación en favor del imputado Barros, el que se encuentra glosado a fs. 28/48 del presente legajo recursivo.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
I. El impugnante denunció, básicamente, una absurda valoración de la prueba que condujo al jurado a emitir un veredicto de culpabilidad en perjuicio de su asistido. En tal sentido, sostuvo que no se encontró adecuadamente comprobado el protagonismo de Barros en el hecho acriminado.
Sostuvo que el señalamiento efectuado por la testigo Iara Colombres no debió ser tenido en cuenta toda vez que resultó mendaz y, además, su madre tenía una fuerte enemistad con el inculpado. Añadió que aquella versión resultó contradictoria con las demás declaraciones de los testigos presenciales.
En esa sintonía, hizo hincapié en la existencia de “ innumerables pruebas testimoniales y materiales reproducidas durante el debate que desligan a Barros y a Sosa del homicidio, circunstancia que no fue valorada equitativamente por el Jurado y por la Juez ”.
A partir de allí, concluyó que el fallo contó con una fundamentación aparente, violando de ese modo los artículos 1, 106, 210, 371 y 373 del C.P.P. Sostuvo que la decisión impugnada no estuvo gobernada por “ el buen sentido, las reglas de la sana crítica y la experiencia ”. Por ello concluyó que no se trató de una derivación razonada del derecho vigente.
Desde otro anadarivel, sostuvo también que corresponde a este Tribunal el tratamiento de estas cuestiones a fin de velar por la garantía del doble conforme, contenida en el Pacto de San José de Costa Rica (Art. 8.2.h.). En igual sintonía, invocó el art. 448 bis, incisos “b” y “d” del ordenamiento ritual.
Finalmente, sostuvo que el fallo se encontró huérfano de fundamentación en cuanto a la determinación de la pena.
Por todo lo explicado, solicitó la casación del fallo puesto en crisis, resolviéndose la libre absolución de su ahijado procesal. A todo evento dejó planteada la reserva del caso federal.
II. A fs. 67/68 obra el traslado corrido a la Sra. Fiscal Adjunta ante esta instancia revisora, Dra. Daniela Bersi, quien postuló el rechazo del remedio casatorio impetrado por la defensa del imputado Otero.
IV. Coincido con la representante del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que el recurso de casación merece ser rechazado.
Me parece oportuno comenzar este voto recordando el principio general que rige en nuestro actual sistema procesal (art. 371 quater inc. 7º) que es categórico en establecer que “ el veredicto del jurado es irrecurrible ”.
Más allá de ello, el ordenamiento procesal contempla una importante herramienta para proteger a la persona sometida a proceso de arbitrariedades manifiestas y graves, cuando en su art. 375 bis confiere al juez técnico la facultad de decretar la nulidad del veredicto de culpabilidad en los casos en los que estime que éste “ resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso ”. Esta decisión, por disposición legal expresa, es irrecurrible.
Ahora bien, como todo lo explicado no puede divorciarse de otras normas, incluso de jerarquía superior, que tienden a resguardar derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho del inculpado al recurso (vgr. 8.2h CADH), el propio ordenamiento procesal de la provincia de Buenos Aires prevé determinados supuestos en los que, excepcionalmente, ese veredicto del jurado termine siendo objeto de revisión a través de la evaluación de la condena cuya recurribilidad viene ritualmente prevista en él (art. 448 bis del C.P.P.), que abre la competencia de este Tribunal de casación, cuando: a) se produzca la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros; b) la decisión que rechace medidas de prueba sea arbitraria y se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado; c) se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión; y d) la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate.
Corresponde ahora analizar si el caso bajo estudio puede quedar subsumido, tal como entiende la defensa, en alguno de estos casos.
Concretamente el impugnante invoca, en lo que al art. 448 bis del C.P.P. incumbe, los supuestos establecidos en los incisos “b” y “d”.
Sin embargo, el recurso no merece prosperar desde ninguna de aquellas dos aristas.
En lo que respecta a la posibilidad de que en el caso se hubieran rechazado arbitrariamente medidas de prueba, condicionando la decisión, el desarrollo del reclamo resulta manifiestamente insuficiente –lo que impide su progreso- toda vez que la defensa no se encarga de sustentar el pedido con las precisiones que serían necesarias para analizar la viabilidad de la postulación. Mucho menos comprueba, en base a alegaciones puntuales, circunstanciadas y de entidad que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio de su asistido, o que la presunta decisión asumida por el “a quo” hubiera condicionado la decisión del jurado; todo lo cual me exime de formular mayores consideraciones a la hora de rechazar este primer aspecto del reclamo.
Mayor desarrollo merece el aspecto del recurso vinculado con la queja contra el modo en que se valoraron las pruebas producidas en el juicio, en el marco del cual –entre otras normas- el impugnante invocó el art. 448 bis inc. “d” del rito.
En lo que respecta a la tarea de revisión de este Tribunal en los casos de juicios por jurados, a las dificultades –salvables en muchísimos casos- propias de analizar la evaluación de prueba que no se produjo frente a los ojos y oídos de los Jueces de Casación, se suma la ardua tarea adicional de revisar un veredicto que es inmotivado pues el jurado no debe rendir cuentas de las razones que guiaron su decisión.
No se trata solamente de que el jurado no está obligado a dar razones escritas de su veredicto, sino que además no debe hacerlo, ya que su decisión es fruto de su íntima convicción (conf. Art. 210 último párrafo del C.P.P:), resultando ajena, por imperio de la ley, al sistema de valoración de las libres convicciones razonadas, propio de los jueces técnicos.
Y es aquí donde, a mi entender, adquiere fundamental trascendencia para delimitar la tarea de este Tribunal, el vocablo “manifiestamente” utilizado por el legislador en el inc. “d” del art. 448 bis del C.P.P.
Según la Real Academia Española (conf. www.rae.es ), el adjetivo “manifiesto” define a aquello que resulta descubierto, patente y/o claro.
Entonces, pla prosperidad de un recurso de casación contra la condena derivada del veredicto de un jurado popular supone un grosero apartamiento de la prueba, de modo tal que resulte evidente (en el sentido de que su constatación no requiera más que la simple vista), es decir: manifiesto.
Debe entenderse que el legislador procesal penal, al exigir el apartamiento manifiesto de las pruebas rendidas en el debate como supuesto específico de revisión por parte de este Tribunal, alude sólo a determinados casos en los que la falta de comprobación de una determinada situación de hecho emerje de un modo tan claro y nítido que no permite disputa al respecto. Es decir, cuando se advierte un desajuste apreciativo de tal dimensión que implique una fractura con la realidad más llana y objetiva.
El caso no justifica que me extienda exhaustivamente sobre el estándar de evaluación probatoria exigido para una condena, toda vez que datos de este juicio que inmediatamente mencionaré, hacen innecesaria esa elucubración. Sabido es que se ha afamado una vieja fórmula que no tiene aquí consagración legislativa a partir de la cual pareciera imponérsele a la condena la necesidad de que sea producto de una conclusión que pueda exponerse, después del juicio, “más allá de toda duda razonable”. Quizás otro juicio por jurados que llegue a esta instancia revisora permita abordar con pertinencia el asunto ya que ello aparejará, seguramente, la destrucción de muchos mitos y la fijación de algunas reglas de apreciación probatoria imprescindibles para administrar justicia debidamente en un escenario de enjuiciamiento novedoso con más inconvenientes que ventajas.
Este caso, como antes decía, no requiere de puntualizaciones de esa índole.
En efecto, aquí se sabe -por los dichos del propio impugnante- que existió prueba testimonial directa (declaración de Iara Colombres) que señaló como autor de los hechos no discutidos al inculpado, y donde lo que en verdad se aduce es que el testimonio de cargo no resultó confiable o creíble; o que debió asignarse mayor entidad convictiva al relato de uno o varios testigos, por sobre otros.
Este último supuesto no es el que el legislador ha diseñado para este organismo a la hora de modificar la condena penal emanada de un jurado popular. Y ello resulta de toda lógica, pues si así fuera se estaría cayendo en el riesgo grave y cierto de sustituir al jurado en una tarea que le es exclusivamente propia. En tal sentido, no podemos los magistrados revisores expropiar funciones que no nos han sido legalmente conferidas.
Y ello no colisiona con el derecho del imputado al recurso, puesto que de manera voluntaria ha decidido someterse a un tipo de proceso (art. 22 bis del ritual) en el que la revisión de la condena no puede hacerse con las mismas reglas y parámetros que en los casos sentenciados por jueces profesionales, lo que no resulta –por sí mismo- violatorio de derecho convencional o constitucional alguno.
Cabe reiterar que la regla general es que el jurado popular es, en principio, el único protagonista en el establecimiento de los hechos que dan sustento a la sentencia mientras que, a grandes rasgos, los jueces profesionales son quienes dan un encuadre jurídico a los mismos y fijan el monto de condenación.
Como consecuencia lógica de ello, la tarea revisora debe ser efectuada con extrema cautela, a fin de no invadir espacios exclusivos del jurado representativo. Se encaminará más bien a concentrarse en cuestiones preponderantemente “de derecho”, debiendo ceder –en lo que a los hechos hace- sólo en casos de manifiesto apartamiento de la evidencia, lo cual aparece como un supuesto excepcional en orden a los límites con los que la ley ritual regula el análisis de la prueba y, en general, no se da cuando existe prueba directa de autoría, como ocurre en autos. De este modo se garantiza que los jueces profesionales –inclusive de instancias superiores- no interfieran en la íntima convicción del jurado popular.
Además, la falta de desarrollo escrito de las razones que guían la decisión del jurado no puede ser entendida como violatoria de los derechos del imputado, ni observarse como sinónimo de arbitrariedad, en la medida en que la modalidad de enjuiciamiento ha sido por él elegida.
Si además, pueden comprenderse las bases sobre las que el veredicto estuvo apoyado, lo cual ciertamente ocurre en el caso bajo examen donde la misma defensa señala la existencia de una testigo directa de autoría, más allá de combatir su credibilidad, entonces no hay espacio para la queja.
Sumado a lo expuesto, y sin que venga cuestionado, el jurado fue adecuadamente instruido: se le explicó, entre otras circunstancias que sólo cabía dilucidar si Brian Leonel Barros había cometido el hecho que había sido fijado sin discusión de las partes, se les dijo que debían ser imparciales, libres de presiones. También se les explicó que su decisión no podía estar influenciada por sentimientos de lástima, perjuicio o miedo, que debían valorar imparcialmente la prueba. Se informó a los miembros del jurado respecto de las reglas básicas relativas a la presunción de inocencia, carga probatoria, duda razonable; así como también se los ilustró respecto de la prueba en general y en particular.
Entonces, a esa circunstancia de haberse instruido adecuadamente al jurado, se le suma que, conforme lo reconoce la propia parte, se produjo evidencia directa de la autoría de Barros (testimonio de Iara Colombres), a partir de la cual –razonablemente- se pudo afirmar el protagonismo del encartado.
De conformidad con lo expuesto y en especial a partir de las propias alegaciones del impugnante no hay margen alguno para sostener que, en este caso, hubiera existido un apartamiento manifiesto de la prueba rendida en el debate, sin perjuicio de la existencia, también, de testimonios de descargo, a los cuales evidentemente el jurado popular no les asignó peso convictivo.
Aquella decisión no puede ser censurada en esta instancia revisora a partir de las apreciaciones de la defensa conforme las cuales se brinda una particular posición respecto de la credibilidad de los distintos testigos que depusieron en el debate. No es tarea de la Casación en los casos de juicios por jurados dirimir la confiabilidad de los testimonios producidos en el juicio, sino que ello compete al jurado popular, según su íntima convicción pues es su criterio el que legalmente debe primar y no el del órgano revisor que no debe sustituirlo; salvo supuestos de extrema excepcionalidad que no concurren en el caso, según se vio.
Ahora bien, a fin de dar respuesta al impugnante en cuanto se queja de la falta de fundamentación respecto del punto que cuestiona (determinación de la autoría del inculpado), cabe recordar que el jurado popular es quien tomó aquella decisión –y no el juez técnico, por no corresponderle en el sistema de enjuiciamiento elegido por el imputado-, con lo cual ella se edificó a partir de su íntima convicción, sin que resultara necesario que se explicaran los motivos en los que reposaba. Por ello, en el caso no resultaba exigible la exteriorización de los motivos que los llevaron a arribar al veredicto condenatorio, lo cual despeja toda posibilidad de que este aspecto del agravio pueda ser favorablemente acogido.
La insuficiencia del embate se advierte por cuanto tampoco la parte ha intentado cuestionar la constitucionalidad de esta norma que dispensa al jurado de exponer su motivación, pretensión que pareciera contener la impugnación en trato.
Por todo lo expuesto, no advierto en el caso que se haya producido el supuesto expresado en el inc. “d” del art. 448 bis del C.P.P. La existencia de un elemento probatorio constituido por un testimonio directo de autoría es suficiente para sustentar el veredicto condenatorio del jurado popular, máxime con un sistema de evaluación probatoria de íntima convicción como el que plantea el juego de los artículos 106 y 210 del C.P.P. (según Ley 14.543) para el jurado. Siendo entonces que no puede reputarse la decisión cuestionada como un apartamiento manifiesto de las pruebas producidas en el juicio, propongo al acuerdo el rechazo de este aspecto del recurso.
Igual suerte adversa va a correr la queja encaminada a lograr una disminución del monto de pena impuesto al imputado Barros.
Es que el planteo más allá de resultar manifiestamente insuficiente pues no se encuentra apoyado en ninguna alegación específica (por caso, no se menciona la errónea valoración de ninguna circunstancia puntual, ni se ataca algún fundamento desarrollado por el a quo), pierde de vista que la pena dispuesta, conforme la calificación legal asignada a los hechos que no viene cuestionada, resulta indivisible con lo cual el planteo, en gran medida, además de insuficiente, es improcedente.
Por todo lo explicado a lo largo del presente voto, propongo al acuerdo el íntegro rechazo del recurso articulado a favor del imputado Brian Leonel Barros, con costas en esta instancia (Arts. 106, 210, 373, 448 bis, 530, ss. y ccdtes. del C.P.P., y 40, 41, 80 inc. 2, 7 y 8, ss. y ccdtes. del C.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Ordoqui dijo:
Adhiero al voto del Sr. Juez doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada en el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
RECHAZAR, por los fundamentos dados en el tratamiento de la cuestión planteada, el recurso de casación interpuesto por el Sr. defensor particular, Dr. Ricardo Luis Florio, en favor del imputado Brian Leonel Barros, respecto del pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 407/15-1256 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial La Matanza, con costas en esta instancia (Arts. 106, 210, 373, 448 bis, 530, ss. y ccdtes. del C.P.P., y 40, 41, 80 inc. 2, 7 y 8, ss. y ccdtes. del C.P.).
Número único: PP-05-00-037576-14-01
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de origen. Firmado: Fernando Luis María Mancini - Martin Manuel Ordoqui, Jueces. Ante mí: Gonzalo Rafael Santillan Iturres Secretario.
Fin de la sentencia