Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 83268
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 21 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Daniel Carral con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 22.700 (Registro de Presidencia Nº 83.268), caratulada “De Angelis, Jonatan Alexis s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI- BORINSKY- CARRAL.
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, mediante juicio por jurados que dictó veredicto de culpabilidad por mayoría de once (11) votos de sus doce miembros, condenó luego de la cesura de juicio, a Jonatán Alexis De Angelis a quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (artículos 12, 19, 29 inciso 3º, 40, 41, 41 bis , 45 y 79 del Código Penal).
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación el defensor particular (fs. 53/57 vta.) denunciando arbitrariedad en la valoración de la prueba, quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, inobservancia de los preceptos legales que imponen el deber de motivar el pronunciamiento y exceso en la individualización del reproche.
En primer término, arguye que el veredicto de culpabilidad dictado por el Jurado emerge como resultado de una evaluación lacónica, malograda y antojadiza de la prueba rendida durante el debate, que se aparta de los hechos fácticos acreditados y torna arbitrario el pronunciamiento.
En tal sentido, apunta que las pruebas producidas en el marco del juicio, en particular, el testimonio de los peritos que intervinieron en el caso y se expidieron sobre la dirección del disparo, evidencian que su pupilo no obró motivado por la intención homicida pretendida.
Desde esa óptica, alega que su ahijado procesal no tuvo intención de dar muerte a la víctima sino sólo de defenderse de una agresión cierta, concreta y efectiva, por parte de Michelangelo, tratándose de un homicidio preterintencional.
En un orden distinto pero complementario de ideas, refiere que el pronunciamiento carece de una “verdadera y auténtica motivación” , y revela la ausencia de “una mínima meditación sobre el material fáctico rendido en el juicio oral” (fs. 56 vta.).
Por último, cuestiona la medida de la pena discernida, estimándola excesiva a la luz de las probanzas forjadas en la audiencia de cesura.
En esa tónica, impugna la valoración de “la pérdida de la vida con la utilización de arma de fuego” (fs. 55 vta.) alegando que se encuentra contemplada en el tipo penal endilgado.
A la par, objeta la “banalidad de los motivos” que ocasionaron el hecho, estimada con cariz agravante, por considerar que se construye sobre meras opiniones del magistrado y no de extremos acreditados en el debate.
Concluye que la ausencia de antecedentes penales de su defendido, su buen concepto, su “adecuada vida familiar” y su pedido de disculpas previo al cierre del debate, tornan excesiva y arbitraria la condena a 15 años de prisión, siendo De Angelis alguien tan joven.
Finalmente, formula reserva de ampliar sus argumentos en la respectiva audiencia.
3. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite ordinario y noticia a las partes (fs. 71/73), el nuevo defensor del encausado, doctor Gabriel Pablo Caldentey, presentó escrito (fs. 75/89 vta.) por medio del cual se pronunció expresamente sobre la necesidad de celebrar de la audiencia del artículo 458 del ritual, amplió los fundamentos del recurso de casación, e introdujo novedosos agravios.
Fijada la audiencia en fecha 24 de agosto del corriente, y convocadas las partes para su celebración (fs. 81/82), el interesado desistió tácitamente de su realización y acompañó memorial sustitutivo en mejora del recurso (fs.83/ 91).
Por su parte, en la fecha indicada, la Fiscal Adjunta ante esta instancia hizo lo propio y presentó memorial sustitutivo, postulando el rechazo de la impugnación incoada en todos sus términos (fs. 92/97 vta.).
4. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.
Los representantes del Ministerio Público consideraron probado y el Jurado tuvo por acreditado que el día 23 de agosto de 2014, Jonatan Alexis De Angelis, con intenciones de matar y empleando un arma de fuego, efectuó un mínimo de tres disparos contra el cuerpo de Joaquín Elisandro Michelangelo, hiriéndolo de gravedad toda vez que uno de los proyectiles, con orificio de entrada en zona lumbar derecha inferior, seccionó la arteria aorta abdominal y quedó alojada en el intestino delgado, provocando de ese modo un shock hipovolémico por hemorragia abdominal masiva que culminó con la muerte de la víctima, momentos después, en el hospital municipal.
En virtud del análisis efectuado, el Jurado calificó el hecho, por mayoría de once votos, como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, excluyendo el encuadre propuesto por la Defensa, en los términos del artículo 81 inciso b) del Código Penal, como homicidio preterintencional.
II.
Razones de estricto cariz metodológico imponen reestructurar el orden de análisis de los agravios vertidos por la Defensa en sus escritos recursivos, principiando el examen de la impugnación a partir del denunciado quebrantamiento de los preceptos legales y constitucionales que exigen la debida motivación del pronunciamiento, por cuanto se alega que ello imposibilita una adecuada revisión del decisorio.
En el camino trazado, y en las antípodas de la exposición, encuentro oportuno destacar que el paradigma de revisión que prevalece en los supuestos de condenas dictadas en juicios por jurados presenta notas diferenciales que lo alejan del modelo tradicional de impugnación, aplicable a las sentencias dictadas por jueces técnicos, y que tales distinciones hallan sustento, precisamente, en la esencia del instituto regulado por la ley 14.543, en las características que le son propias y, en especial, en el modo en que el derecho al recurso ha sido estructurado por el legislador en razón de los extremos señalados.
Una de las características diferenciales del instituto es precisamente, que las deliberaciones del Jurado son secretas y sus integrantes no pueden brindar las razones de su decisión, limitándose la actuación del órgano a dictar el pertinente veredicto “de culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, los que no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración ” (texto según artículo 371 quáter del Código Procesal Penal, con énfasis personal).
Ahora bien, a contramano de lo pretendido por el impugnante, lo expuesto no denota que el pronunciamiento dictado en el marco de un juicio por jurados carezca de motivación, pues el propio legislador encargado de practicar la reforma que estableció la regulación y el funcionamiento del instituto, ha especificado que en las sentencias dictadas con base en el veredicto emitido por un Jurado popular, las instrucciones impartidas por el Juez técnico de la causa constituyen “plena y suficiente motivación del veredicto” (artículo 106, parte final, del Código Procesal Penal, según ley 14.543).
Vale decir, que en casos como el presente, el legislador ha suplido la eximición del Jurado de fundar sus pronunciamientos, con la obligación del juez técnico de elaborar e impartir las instrucciones pertinentes, aleccionando al órgano popular sobre los principios y garantías constitucionales imperantes, las normas que rigen la deliberación y valoración de la prueba, y el derecho aplicable al caso, siendo ello suficiente motivación del veredicto.
Por consiguiente, acreditado que el pronunciamiento no se encuentra exento de motivación, sino debidamente fundado con base en las mentadas instrucciones, que integran el pronunciamiento y resultan fácilmente revisables a esta instancia de control, no se advierte coartada o vulnerada la garantía invocada; por lo que el agravio en ese sentido debe ser rechazado (artículos 106, 371 bis, 371 ter , 448, 448 bis , 450, 454 inciso 1° y 459 del ritual).
A un lado ello, la lectura del pliego recursivo revela un claro cuestionamiento anexo respecto de la suficiencia de las mentadas instrucciones, que será analizado a renglón seguido.
En efecto, aunque con una técnica recursiva imprecisa, el recurrente se agravia del contenido de las instrucciones finales impartidas, esgrimiendo que fueron extremadamente breves y reducidas en su extensión para delimitar con la claridad requerida, la diferencia entre la figura del homicidio simple y la del homicidio preterintencional.
No obstante, no es posible soslayar que ha sido el propio Defensor del encausado, en ejercicio de su ministerio, quien ha acordado con el Juez y el representante de la vindicta pública el contenido de esas instrucciones, que recién ahora su sustituto objeta.
Ello es, en definitiva, lo que emerge de la lectura del acta de debate, que reza: “ Las partes y SS consensúan las instrucciones finales para la deliberación, en documento que es rubricado por los antes mencionados y se adjunta al expediente, no obstante lo cual se transcribe en la presente acta a continuación(…)” (fs. 7 vta.).
En su virtud, si en el libre ejercicio de su ministerio, el entonces defensor optó por brindar su asentimiento con las instrucciones finales propuestas, sin cuestionarlas ni dejar expresa constancia de su disidencia u oposición para el supuesto de una eventual impugnación de la sentencia –como exige el artículo 371 bis del código adjetivo-, mal puede ahora su substituto agraviarse de las mismas.
Es que, el artículo 448 bis inciso “c” del ritual, que establece la regla procesal que ampara la potestad recursiva en materia de instrucciones al jurado, condiciona expresamente su procedencia al cumplimiento de dos recaudos; uno de ellos, precisamente, que se hubieran cuestionado las instrucciones.
Consecuentemente, acreditado en el caso que la Defensa aceptó lisa y llanamente las instrucciones finales, sin objetar su contenido en el momento oportuno, la carga procesal denunciada se evidencia incumplida, por lo que no haría falta más para sellar la suerte adversa del reclamo.
Sin perjuicio de lo expuesto, y a todo evento, cabe destacar que el argumento bosquejado por la Defensa no alcanza a conmover la corrección y suficiencia de las instrucciones impartidas en relación a la ley aplicable al caso, pues considero que no lleva razón cuando alega que la extensión de la explicación condiciona o determina su acierto.
En rigor de verdad, una instrucción puede ser extremadamente extensa y no por ello, necesariamente más clara que otra más concisa.
Yendo al caso que nos ocupa, y examinado puntualmente el tramo de las instrucciones objetado, observo que el magistrado ha sido preciso al explicar la distinción entre la figura materia de acusación –homicidio doloso- y la figura cuya aplicación fue requerida por la defensa –homicidio preterintencional-, destacando rotundamente que el último tipo delictivo castiga a quien con el propósito de causar un daño en el cuerpo o salud, produjere la muerte de una persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionarla.
En esa tónica, el Juez ilustró nítida y escrupulosamente los elementos típicos de cada figura, y explicó minuciosamente los extremos que el Jurado debía considerar probados para poder subsumir el hecho investigado en uno u otro supuesto; sin que su exposición evidencie la errónea interpretación de los preceptos legales examinados que la Defensa dice ver (artículos 371 bis, 371 ter , 448, 448 bis , 450, 454 inciso 1° y 459 del Código Procesal Penal).
Continuando con el análisis de los agravios vertidos en el líbelo impugnativo y sus mejoras, observo que el planteo medular afinca en la valoración de los elementos producidos en el marco del juicio –pericias y testimonios- que determinaron el veredicto del Jurado.
Por ese derrotero, evocando las reglas de la sana crítica, y haciendo eco de los conceptos de arbitrariedad y duda razonable, el recurrente controvierte el veredicto de culpabilidad dictado, y reclama una revisión amplia de la sentencia, argumentando su manifiesto apartamiento de la prueba.
Así estructurado el cuestionamiento, y a modo de introito, lo primero que hay que señalar es que el artículo 371 quáter del código ritual, en su séptimo inciso, instituye como regla general la irrecurribilidad del veredicto dictado por el Jurado; máxima que encuentra respaldo en las prescripciones del artículo 375 bis del mismo cuerpo legal, en tanto reconoce, como corolario lógico de lo anterior, la facultad exclusiva –e irrecurrible también- del juez técnico, de decretar la nulidad del veredicto cuando estimare que resulta manifiestamente contrario a la prueba producida.
Pongo de resalto esta circunstancia, pues en el caso que nos ocupa el magistrado no observó el vicio que el recurrente insiste en reclamar. Muy por el contrario, el sentenciante entendió que el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, por mayoría de once de sus miembros, era acorde a la prueba producida, por lo que procedió a dictar sentencia condenatoria ajustada a derecho.
La circunstancia fáctica referenciada, emerge entonces como un dato de claro matiz indiciario pues, como dije y repito, no puede perderse de vista que si el veredicto de culpabilidad hubiese sido manifiestamente contrario a la prueba producida, como alega el recurrente, el juez técnico debería haber decretado su nulidad, y sin embargo no lo hizo.
Lo segundo que hay que destacar es que el artículo 448 bis del rito recepta los motivos especiales de procedencia del recurso de casación en supuesto de condenas en el marco de juicios por jurado, y en su inciso “d” refiere expresamente a la sentencia condenatoria cuando se derive de un veredicto de culpabilidad que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate, supuesto en el cual, cabe recordar, la Defensa encuadra su reclamo.
Ahora bien, partiendo de tal premisa, y considerando que el Jurado es soberano en el establecimiento de los hechos, concluyo que la revisión de la sentencia de condena que se deriva de un veredicto de culpabilidad dictado por Jurados no puede realizarse con el mismo estándar o bajo los mismos parámetros que la revisión en los pronunciamientos emanados de jueces técnicos. Y quien con la debida asistencia jurídica de su defensor, ejerce del derecho de opción concedido por el artículo 22 bis del código ritual, y brinda, en forma libre y voluntaria, su conformidad para ser enjuiciado por un Tribunal de Jurados, consiente que el recurso contra una eventual sentencia de condena tendrá otros alcances, sin que ello pueda reputarse violatorio de garantía constitucional ni convencional alguna.
En base a ello, y a las limitaciones que se derivan del esquema recursivo receptado por la manda ritual –el cual, subrayo, no ha sido objetado- la tarea de revisión de la sentencia emanada de un veredicto de culpabilidad del Jurado debe orientarse a verificar si el mismo se aparta “manifiestamente” de la prueba presentada al cuerpo; o lo que es lo mismo, si la conclusión de culpabilidad es absolutamente inconciliable con la prueba de autos.
Por consiguiente, el requisito de recurribilidad no se abastece con un criterio meramente discrepante en la apreciación de la prueba, pues lo que se exige es que el recurrente evidencie que el plexo cargoso sometido a análisis del Jurado resulta absolutamente insuficiente para acreditar el hecho y/o la responsabilidad penal del acusado.
Desde esa óptica, cabe reparar en que el impugnante se limita a renovar las hipótesis alternativas bosquejadas durante los alegatos de clausura –vgr. al momento de requerir al Jurado que dictara un veredicto de no culpabilidad, o en su defecto, un veredicto de culpabilidad por homicidio preterintencional-, insistiendo en sus propias razones, y exponiendo una discrepante valoración probatoria que, como correctamente señala la representante del Ministerio Público Fiscal, se ajusta a su pretensión mas sin demostrar que la decisión soberana del Jurado sea irrazonable, o no supere el estándar de la duda razonable vigente.
En efecto, las referencias probatorias enarboladas por el recurrente, sobre las cuales discurre su versión alternativa respecto de los hechos y, en particular la invocada ausencia de intención homicida de su pupilo, no evidencian que la conclusión de culpabilidad por homicidio agravado por el uso de arma de fuego afamada por el Jurado, resulte “inconciliable”.
Así las cosas, las renovadas excusas referidas a que De Angelis habría obrado sin intención de causar la muerte de la víctima y motivado sólo por su deseo de lastimarlo –en lo puntual, quebrarle las piernas- provienen de un razonamiento paralelo al que tuvo el Jurado, que las descartó en tarea incensurable, y que, a todo evento, evidencia notorias falacias lógicas.
Veamos.
La Defensa pretende fundar la supuesta “incompatibilidad” del veredicto alegando que si su defendido hubiera tenido la intención de matar a Michelangelo, hubiese efectuado un sólo disparo a menor distancia y dirigido a una zona vital de su cuerpo, pues con ello habría bastado para lograr su designio.
Adviértase, no obstante, que sus argumentos trasuntan meras elucubraciones dogmáticas sobre el accionar del encartado que no descartan en forma incontrovertible la conclusión del Jurado, pues la prueba que él mismo invoca, ha acreditado fehacientemente que el imputado disparó varias veces y solo cesó en su accionar cuando uno de los proyectiles impactó en la zona lumbar derecha inferior de la víctima, seccionando así la arteria aorta abdominal.
Y lo mismo ocurre con las argumentaciones referidas a la aptitud del arma de fuego para provocar razonablemente la muerte de la víctima, la carencia de representación sobre el resultado mortal, y la pretendida incidencia del accionar médico en el desenlace, que emergen como meros intentos de la Defensa por privilegiar su caso, en tanto no median razones que permitan descartar en forma incontrovertible la conclusión receptada en el veredicto.
En prieta síntesis. El Jurado analizó la prueba producida en el marco del juicio, de conformidad con las instrucciones que le fueron impartidas por el magistrado y consensuadas entre las partes, y concluyó acreditados, más allá de toda duda razonable, los extremos de la acusación, dictando un veredicto de culpabilidad que, a contramano de lo pretendido, guarda armonía con los elementos de convicción originados en el debate.
A la vista de lo hasta aquí desarrollado, convengo que la impugnación estructurada, bosqueja una diferente óptica sobre los hechos, y trasunta un criterio discrepante en la ponderación de la prueba, que no abastece el requisito de recurribilidad contenido en el artículo 448 bis , inciso “d” del Código Procesal Penal.
Lo mismo acontece con la denuncia esquematizada en torno a la hipotética incidencia que los dichos del Fiscal habrían tenido en la decisión del Jurado. Ello así, pues no pasa desapercibido a este control, que el recurrente se limita a construir su agravio en forma meramente dogmática y sin respaldo probatorio, invocando que los calificativos empleados por el representante del Ministerio Público en sus alegatos habrían condicionado la percepción de los integrantes del Jurado popular respecto de los hechos ventilados, pero sin probar dicho extremo, y desconsiderando además que en oportunidad de impartir las instrucciones finales, el propio Juez técnico se encargó de advertir a los miembros del Jurado que los cargos formulados por la fiscalía no
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