Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 82006
"Registrado bajo el Nro. 672 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 1° de agosto de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa Nº 82.006 caratulada “A., A. N. s/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA
I. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Matanza con fecha 7 de diciembre de 2016, en el marco de la causa n° 1812/2015 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, dictó, en trámite de juicio abreviado, auto de responsabilidad respecto de A. N. A. y le impuso la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso como coautor del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en los términos de los arts. 41 bis y 79 del Código Penal, por el hecho ocurrido el 8 de diciembre de 2013 en la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, en perjuicio de Nahuel Andrés Gamboa.
En la misma sentencia se dispuso “[m] antener la medida de arresto domiciliario que cumple A. en la Comunidad Terapéutica ‘Casa del Sur’ hasta tanto adquiera firmeza este pronunciamiento, revocándose todos los permisos de salida de que goza actualmente (art. 371 último párrafo C.P.P. y 42 inciso ‘f’ ley 13634) ” y que, “[u] na vez firme, ordenar la inmediata detención del nombrado, disponiendo su alojamiento en una dependencia policial a la espera de cupo en una Unidad Carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense a fin de ejecutar la condena, donde se le brinde tratamiento por su adicción a sustancias psicoactivas en caso de ser necesario, previa evaluación ” (v. fs. 31 vta./32 de este incidente impugnativo).
II. Contra dicha decisión deduce recurso de casación la Defensa Oficial del nombrado denunciando, en primer término, que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil sentenciante incurrió en una errónea aplicación del art. 4 de la ley 22278 al desconocer los principios rectores de la administración de la justicia especializada, tornando arbitrario el fallo. Refiere la impugnante que se violentaron los principios de ultima ratio y excepcionalidad previstos en el art. 37.B de la Convención de los Derechos del Niño al aplicar una pena sólo con base en la gravedad del hecho o peligrosidad del joven infractor sin considerar alternativas al encierro. Aduna en este aspecto que su ahijado procesal se entregó voluntariamente a proceso y cumplió satisfactoriamente con todas las medidas que se le impusieron.
Indica la casacionista que el a quo confunde gravedad del delito con necesidad de la sanción, siendo que de los informes colectados en autos no resulta imprescindible su imposición y que no se ha tenido en cuenta que A. no fue quien disparara contra la víctima.
En subsidio, estima erróneamente aplicado el mínimo legal y la mensuración de las agravantes. En este sentido, manifiesta la parte que al postular la aplicación de la pena, el representante del Ministerio Fiscal expresó no oponerse a que se efectuara la reducción prevista por el art. 4 de la ley 22278. Así, teniendo en consideración que su pretensión originaria fue que se imponga a A. la pena de diez años y ocho meses de prisión, conforme con la norma citada, la disminución se fijaría en cinco años y cuatro meses de prisión y no la finalmente dispuesta, lo que se alza contra la norma del art. 399 del Código Procesal Penal que establece que “[n] o se podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal ” y contra la jurisprudencia plenaria de este Cuerpo en la causa n° 6.467. Expresa que tal circunstancia importa una lesión al principio de igualdad puesto que carecerían de iguales derechos que los adultos.
En tercer lugar, critica la recurrente la decisión del judicante de revocar las salidas que goza el joven A. en su arresto domiciliario, ya que con ello se atenta contra los principios de resocialización, autonomía progresiva, progresividad, proporcionalidad y carácter socioeductivo de las medidas impuestas a jóvenes por sus conductas penalmente reprochables. Refiere que su defendido ha cumplido acabadamente con tales salidas encontrándose, actualmente, en la etapa de reinserción al medio familiar y social.
Como cuarto y último motivo de agravio cuestiona la sentencia al disponer que se ordene la detención del joven en una dependencia policial a la espera de su alojamiento en un establecimiento perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense para el cumplimiento de la pena, lo cual importa que el lugar de detención no es especializado y en ninguna unidad carcelaria de la órbita del S.P.B. se desarrolla un programa similar al que A. lleva a cabo en la Comunidad Terapéutica Casa del Sur. Así, lo que se propugna es un retroceso en la medida socioeducativa del art. 33 de la ley 13634 en lo que no se ha tenido en consideración la manda del art. 3 CDN.
Hace expresa reserva del caso federal.
III. Adjudicados que fueron los autos a esta Sala I, se notificó a las partes quienes desistieron de la audiencia de informes y presentaron sus respectivos memoriales (art. 458 C.P.P.).
La Sra. Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal acompaña in totum el recurso deducido por la defensa de la instancia (f. 56), mientras que el Sr. Fiscal Adjunto ante estos estrados postula su acogimiento parcial en lo referente a la permanencia del joven A. en su actual lugar de alojamiento hasta su ingreso en algún establecimiento dependiente de la Secretaría de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires cercana a su domicilio (fs. 57/71).
Habiéndose ejercido el joven A. N. A. su derecho a ser oído ante este Tribunal de Casación, de conformidad con lo establecido por los arts. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 3 y 60 ley 13.634, en la audiencia llevada a cabo el 27 de junio del corriente año (f. 98), su Defensa Oficial presentó nota acerca de las cuestiones en ella planteadas y requirió la urgente restitución de las salidas terapéuticas como medida previa al dictado de la decisión en autos.
Por lo cual, puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Liminarmente debe destacarse que los planteos de la parte que abren la jurisdicción de este Tribunal de Casación provincial, no ponen en crisis la materialidad infraccionaria ni la autoría del joven A. N. A., todo lo cual arriba firme a estos estrados (arts. 111 y 434 C.P.P.).
Afirmado lo que antecede, advierto que el primero de los agravios denunciados por la Defensa Oficial de A. N. A. se refiere, en concreto, a la necesidad de aplicar una sanción punitiva con encarcelamiento, lo que entiende que el sentenciante ha erróneamente ordenado en contradicción a la norma del art. 4 de la ley 22.278.
En la segunda cuestión de la sentencia, el a quo expresamente da tratamiento a la necesidad de aplicar una pena, mencionando que “[a] ese efecto la ley de fondo establece aspectos que juez debe considerar para formar su convencimiento sobre esa necesidad, a saber: modalidades del hecho, antecedentes del menor, resultado del tratamiento tutelar e impresión directa recogida por el juez (art. 4 ley 22.278)” (f. 24 de este incidente impugnativo). Luego, entiende el sentenciante “ necesaria la aplicación de pena a A., fundamentalmente debido a la gravedad del hecho cometido y a que el tratamiento tutelar que se llevó a cabo de conformidad con las circunstancias pactadas por las partes, no ha sido aún suficiente para afirmar que se han alcanzado de manera acabada los objetivos de resocialización y responsabilización que son la esencia de este fuero que nos ocupa. Como sus operadores en este caso concreto, debemos promover la concreción de esos fines, a través de la profundización de dichos procesos; para ello, estimo necesaria y justa la aplicación de ka sanción penal, y descarto, en consecuencia, el beneficio de la absolución ” (f. 24 vta.).
La recurrente indica, sobre la base de este tramo del decisorio, que se ha operado una confusión entre gravedad del hecho y necesidad de pena, lo que, adelanto, no observo que haya ocurrido en autos.
Como ha explicado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “ Maldonado, Daniel E. y otro ” ( Fallos 328:4343, consid. 22°) y “ Marteau, Alejandro A. ” (Fallos 332:512, consid. 7°), “ la ‘necesidad de la pena’ a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a ‘gravedad del hecho’ o a ‘peligrosidad’… Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a ‘la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40, inc. 1°) ”. Aún cuando diste de lo pretendido por la parte, la decisión acampa en elementos objetivos y concretos sobre los cuales se soporta la necesidad de imponer una sanción punitiva, medidas socioeducativas transitadas por el joven y los correspondientes informes técnicos se encuentran detalladamente reseñados a fs. 24 vta./30, de lo que no se hace cargo la recurrente. De allí que sobre ello el Tribunal concluya en que A. “ no se ha apropiado de un verdadero proceso de responsabilización por el grave hecho cometido. Al contrario, parece haberse erigido en portador de un discurso de un cambio no internalizado; ello implica, consecuentemente, que durante toda la sustanciación del proceso A. no ha alcanzado los objetivos de reintegración social que son el norte de este fuero y que fundamentan la aplicación de la pena (arts. 6 y 33 ley 13.634) ”.
De la sola lectura de la resolución en crisis resulta palmario que el a quo no ha confundido la gravedad del hecho con la necesidad de aplicar una pena, la que finca en lo resultante del mentado tratamiento socioeducativo. Es más, incluso en lo que atañe a la “ modalidad del hecho ”, el Tribunal se remite “ al veredicto dictado precedentemente ” y agrega que “ conjugado con lo dicho en el párrafo precedente ” -es decir, la valoración de las medidas ordenadas- “ forma [la] convicción acerca de la necesidad de la aplicación de la sanción penal, cuya finalidad no es otra que la de ‘promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40.1 CDN) ” (f. 30 vta).
Sentado lo anterior, entiendo que debe analizarse otra cuestión muy diferente a la necesidad de sanción penal que, como ya expresé, ha fundado adecuadamente el sentenciante con base en las pruebas comprobadas del proceso (art. 4 ley 22.278), como es la no consideración de alternativas a la prisión en un establecimiento carcelario dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense como se ordenó en la sentencia atacada previo paso por una seccional policial(v. fs. 31/32 vta.), lo que también funda el agravio de la casacionista.
En primer lugar, se advierte una flagrante violación a la prohibición de alojamiento de niños, niñas y adolescentes en seccionales policiales que no puede ser soslayada. Es dable recordar que esta misma Sala I, en su primigenia integración, en el marco de la causa n° 52.327, “ NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ Habeas Corpus Colectivo ”, en el punto VI de su resolutorio, “[r] ecord [ó] a Jueces y Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense la vigencia de las Resoluciones Nº 1623/04 y 1634/04 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y del Acuerdo Nº 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que prohíben terminantemente el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ”, lo que aún no se ha modificado como bien lo señala el Sr. Defensor de Casación en su presentación de fs. 99/105.
Además, debe recordarse que la prisión, como medida cautelar o como pena, es excepcional en el régimen imperante en el sistema de responsabilidad penal juvenil. El art. 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 31 y 75 inc. 22° C.N.), establece que “ la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda ”. De igual modo, el art. 36 inc. 4° de la ley 13.634 reconoce el derecho del joven a “ que la privación de la libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible… ”, tal como lo hace la regla 19.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing-, aplicable en virtud del art. 10 de la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, párr. 28.
Cuando se decide privar de la libertad a un joven en el marco de un proceso penal que se sustanció en su contra, deberán agotarse previamente todas las medidas que permitan arribar al cumplimiento de las finalidades precautorias o de reintegración social que se pretenden (art. 40.1 y 4 C.D.N.) sin necesidad de su encarcelamiento. En casos excepcionales y sólo cuando resulte imposible el empleo de una medida alternativa al internamiento en un institución de encierro, como último recurso, puede el Magistrado del fuero especializado disponer este tipo de medidas restrictivas por el tiempo más breve posible (art. 37.b) C.D.N.; reglas 13 y 17 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores), como ya se ha puesto de resalto. Para el eficaz cumplimiento de esta manda, el Juez debe ejercer un control regular, profundo y periódico del modo de cumplimiento de cada medida privativa de la libertad, del ámbito en el que se lleva a cabo, de la situación del niño o niña que la padece y de las consecuencias que en él o ella refleja la medida y la forma en que se desarrolla. Ello así, puesto que el sistema de justicia juvenil, debe hacer hincapié en el bienestar de los jóvenes y brindar siempre una respuesta proporcionada en consideración al ilícito cometido y a la persona de su ejecutor (regla 5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores). La labor del juez tiene siempre la guía impuesta por el interés superior del niño (art. 3 C.D.N.; Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, párr.10) y ello no debe ser inobservado siquiera cuando la sanción se impone una vez que el joven ha cumplido la mayoría de edad (art. 25 C.C.yC.) puesto que los principios y fundamentos de la ley especializada se extienden a ellos (regla 3.3 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores y doctrina jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia in re “ Ruiz, Brian ”, Fallos 339:1208).
Con el norte así trazado, observo las coincidencias manifestadas por los representantes del Ministerio Público, tanto el Fiscal como el de la Defensa, sobre este punto al peticionar que A. N. A. no sea derivado a un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense para el cumplimiento de la pena que le fuera impuesta.
Como ya se aludió más arriba, cuando el joven condenado ha cometido su delito mientras era menor de edad y, por tal motivo, intervino la Justicia minoril, se impone la conclusión de que el proceso se rige por la ley 13.634 y la normativa provincial, nacional e internacional específica. Conforme con la ley 13.634, la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia de la provincia de Buenos Aires es su autoridad de aplicación y posee a su cargo los establecimientos cerrados, semiabiertos o abiertos para el cumplimiento de medidas restrictivas de la libertad de jóvenes condenados o cautelados.
Sobre la cuestión, correctamente recuerda el Sr. Fiscal Adjunto de Casación en su memorial (v. f. 69) que la Secretaria de la Niñez y de la Adolescencia provincial en el Centro Cerrado de Virrey del Pino, por ejemplo, lleva adelante un programa en el cual sólo se reciben jóvenes que ya han cumplido los dieciocho años de edad bajo el régimen legal de la ley 13.634. Siendo ello así, nada obsta a que A. sea remitido a una institución de la órbita de este organismo y no a uno de la del Servicio Penitenciario.
Advierto que esta circunstancia no ha sido evaluada en la sentencia y, por ello, es que previo a su tratamiento no debe trasladarse al joven A. A. del lugar de alojamiento y menos aún interrumpir la medida tratamental que viene llevando adelante con sumo provecho, como resulta de los informes correspondientes.
Por ello es que a los efectos de garantizar “ el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño ” (Observación General N° 14 (2013) “El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)”, párr. 4), resulta necesario en este caso particular, devolver los autos a la instancia de origen para que, por donde corresponda, se evalúe y determine la posibilidad o no de aplicar una medida sustitutiva o alternativa al encarcelamiento del joven A. N. A. y, en caso de no considerarlo posible, se disponga lo necesario para que el nombrado continúe alojado en la Comunidad Terapéutica Casa del Sur y cumpla con su tratamiento hasta tanto se le otorgue cupo en un establecimiento de detención en la modalidad que se estime pertinente perteneciente a la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Ello así, no solo por la inmediatez que posee el Tribunal que ha tenido el control sobre la evolución de las medidas socioeducativas ordenadas respecto del nombrado y que es el encargado de la ejecución de la pena (arts. 30 ley 13.634 y 52 sexies ley 5.827 Orgánica del Poder Judicial), sino también porque resulta imprescindible dar una respuesta en este tópico sin restringir el acceso a esta Alzada casatoria de la parte que resulte agraviada (arts. 18, 31 y 75 inc. 22 C.N.; 37 inc. d) y 40.2.v) C.D.N.; 8.2.h) C.A.D.H.; 61 ley 13.634).
II. Como planteo subsidiario, la Defensa Oficial especializada denuncia que el monto punitivo finalmente impuesto a su pupilo procesal no se corresponde con el reclamado por el representante del Ministerio Público Fiscal quien no se opuso a la reducción de la pena pretendida originariamente de conformidad con la norma del art. 4 de la ley 22.278.
Entiendo que no le asiste razón a la casacionista puesto que del acta de fs. 555/557 del principal no surge que el agente fiscal interviniente hubiera variado su pretensión punitiva originaria, sino que lo dejó librado al parecer del Tribunal. Según el acta de mención que instrumenta la audiencia multipropósito (arts. 2 y 36 inc. 7° ley 13.634) originariamente dispuesta en los términos de los arts. 398 C.P.P. y 40 y 41 C.P., “[e] l Sr. Agente Fiscal manifiesta que en el marco del ejercicio de la acción entiende que resultaría incongruente no estarse a lo ya plasmado en el acuerdo pactado,…, dejando a criterio del Excmo. Tribunal la posibilidad de reducción de la pena ya pactada, conforme lo establecido en el art. 4, segundo párrafo de la ley 22.278,
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