Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 85626
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación articulado por la defensa, sin costas.
II. Casar la decisión impugnada y conceder la suspensión de juicio a prueba en favor de A. A. C., sujeto a las condiciones que oportunamente disponga el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental.
Rigen los artículos 8.2h de la CADH, 14.5 del PIDCyP; 76 bis CP; 106, 404, 450, 460, 530 y 532 del CPP.
"Registrado bajo el Nro. 1148 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 23 de noviembre de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo R. Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 85626 caratulada “C., A. A. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
1. El 29 de junio de 2017 la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores -en causa de su registro n° 19662/ IPP 03-303-12- confirmó el auto dictado por el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil departamental, que rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba incoado por la defensa de A. A. C. (fs. 1/3vta.).
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de casación sus defensores de confianza, Dres. Alfredo J.M. Gascón y Herminio Macchi (fs. 10/18vta.).
Cuestionan la resolución atacada pues a su criterio la Cámara resolvió de modo aparente asumiendo acríticamente la postura de la fiscalía y del juzgado de origen, con el agravante que resuelve la materia en abierto perjuicio del menor imputado sin las explicitaciones debidas.
Señalan que la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba invocando exclusivamente la causal de la "oposición de la fiscalía" sin el debido control de logicidad y fundamentación, es arbitrariamente cercenadora del instituto y desconocedora absoluta del principio pro homine que ampara a su defendido.
Desde esa arista, indican que ambas instancias departamentales han ignorado "la envergadura de la jerarquía axiológica de los principios en juego", que se relacionan con la aplicación al caso concreto de la ley penal juvenil y la posibilidad de sortear el impacto que puede acarrear que se lleve adelante el juicio a través de institutos idóneos, como la suspensión del juicio a prueba con reglas de conducta adecuadas.
A su vez indican que si bien el dictamen fiscal sostuvo la improcedencia del beneficio en los presentes autos, es evidente que el mismo se asienta en una interpretación de derecho común (arts. 76 bis, párr 1°, 2° y 4° CP) y no en la especial del proceso de juzgamiento penal juvenil, que establece que aun declarando la responsabilidad penal, no se aplica una sanción (art. 56 inc. 2 LRPJ) resultando pues incongruente que se impida que a través de un instituto alternativo pueda llegarse a una misma solución del conflicto penal.
Al respecto, enfatizan que se abastecen los presupuestos que permiten la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en el caso examinado, dado que su representado carece de antecedentes penales y en la descartable hipótesis de una condena, la misma sería de cumplimiento condicional, por su condición de primario, destacando que su defendido ha comparecido al proceso y no ha interferido en la investigación.
Por otra parte razonan que el análisis de las circunstancias del caso que debe realizarse para pronosticar una eventual condena condicional (art. 76 bis 4° párrafo CP), debe enmarcarse dentro de la escala penal reducida en la forma prevista para la tentativa estipulada en el artículo 4 de la ley 22278, en virtud del menor grado de culpabilidad o reproche de las personas menores de edad.
Concluyen que el decisorio impugnado carece de fundamentos idóneos y suficientes y desconoce las máximas especiales aplicables al caso de menores y en particular la pertinencia del instituto en examen para estos supuestos, tal como lo reconoce la Convención sobre los derechos del Niño (art. 40.3b) y el fallo "Maldonado" de la CSJN, que han recomendado la vía alternativa en los casos de procesos penales.
Efectúan reserva del caso federal (art. 14, ley 48) y solicitan se case la sentencia impugnada.
2. Asignado por sorteo de Presidencia en el recuso a la Sala I, se notificó a las partes técnicas (fs. 19/vta).
Recepcionada la impugnación en la Sala el día 20 de septiembre de 2017, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible y en su caso procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Carral, dijo:
I. Dejo sentado que la decisión cuestionada admite su revisión en esta instancia casatoria por cuanto los alcances de la misma importan un perjuicio de imposible reparación ulterior, lo que torna a dicho resolutorio equiparable a sentencia definitiva (art. 450 del ritual) a partir de que la parte peticionante no podrá reeditar dicha solicitud de suspensión de juicio a prueba en etapas ulteriores del proceso.
A su vez el tema ha sido resuelto por este Tribunal de Casación en Acuerdo Pleno de causa 52.274 – 52.462 “B. L. E. y otros s/Recurso de Queja (art. 433 CPP)”, de fecha 9/9/2013 (a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad), donde se resolvió que la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba prevista en el artículo 76 bis del CP, es sentencia equiparable a definitiva.
II. Ahora bien, sentado ello, adelanto que el recurso incoado merece prosperar.
Los argumentos del fiscal y la convalidación que de los mismos efectúa la decisión impugnada, por estimarlos fundados, permite constatar que en el caso se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva como consecuencia de una interpretación que ha soslayado la necesidad de someter lo decidido a los principios, derechos y garantías que rigen en los procesos seguidos contra personas que habrían cometido delitos siendo menores de edad.
Cabe reparar que desde un primer momento la fiscalía apuntó a la imposición de una pena de ejecución condicional -estimándola en tres años de prisión en suspenso, sujeta al resultado de un año de tratamiento penal reeducativo-, proponiendo la solución alternativa del conflicto a través del instituto del juicio abreviado, en el marco del proceso que se le sigue a A. A. C. por la presunta comisión de un hecho calificado como lesiones graves.
A su turno la defensa rechazó el planteo y solicitó para su asistido la suspensión del juicio a prueba, ofrecimiento que no fue aceptado por la fiscalía, pues a su entender el caso ingresa dentro de las previsiones del art. 76 bis cuarto párrafo, por lo que resulta necesaria la anuencia fiscal, fundando los motivos de su falta de aquiescencia, en la modalidad del hecho enrostrado, la insuficiencia de la reparación económica ofrecida, y concretando su posición en razones de política criminal.
El razonamiento de las instancias jurisdiccionales anteriores, ofrecen sólo un argumento aparente que hace campamento exclusivamente en la formalidad que se limita a corroborar la existencia de una oposición, sin ingresar en el control mínimo de razonabilidad. En este sentido luce contradictorio que si la parte acusadora entendió viable para el caso un acuerdo de juicio abreviado y estimó la pena eventualmente a recaer individualizándola en tres años, considerando además que dicha condena podría ser de ejecución condicional, sujeta al mentado tratamiento educativo y, acto seguido, decide no prestar su consentimiento para la suspensión del proceso a prueba (conf. fs. 43), tal oposición luce por completo irrazonable, cuando en definitiva sólo acampa en razones de política criminal que no explica.
Es que el control de razonabilidad de la posición asumida por el Ministerio Público Fiscal, sea tanto para prestar su anuencia como para sostener su oposición debe hacer eje en las previsiones de ley.
En este sentido, si la persecución pública individualizó la pretensa sanción a imponer en caso de recaer veredicto condenatorio, en una pena de ejecución en suspenso; esta situación satisface una de las exigencias objetivas que como presupuesto de admisibilidad y procedibilidad ostenta la suspensión de juicio a prueba. Luego también puede verse que se encuentran corroborados el resto de los presupuestos objetivos y subjetivos que dimanan de la regulación del instituto.
Lo propio vale decir respecto del argumento del ministerio público fiscal en cuanto sólo se limita a rechazar la oferta reparatoria por "insuficiente" sin brindar parámetros de mensuración que permiten entender las razones que además expliquen en qué grado el joven no ha agotado, en la medida de lo posible, su esfuerzo de compensación, cuanto más cuando existe una vía alternativa por dónde puede procurarse una indemnización bajo parámetros de responsabilidad del fuero específico.
Asimismo, resulta palmaria la falta de tratamiento de la circunstancia específica de que el imputado habría cometido el hecho siendo menor de edad, dato que necesariamente debió ser considerado para una adecuada interpretación de las normas legales y convencionales encaminadas a hacer efectiva una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes que sean sometidos a procesos de responsabilidad penal juvenil.
En relación a este punto la Convención de los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, establece que la privación de libertad es una medida que sólo puede aplicarse en forma excepcional, toda vez que la "detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño ... se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda" (CDN, art. 37.b).
También las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (conocidas como "Reglas de Beijing") tienden a minimizar la intervención punitiva en esta materia, y a establecer -en forma expresa- que durante la tramitación de la causa "la autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento" (art. 17.4).
En definitiva, en los procesos penales que involucren a menores de edad como imputados, además de las disposiciones mencionadas, también reviste particular importancia la aplicación del principio rector denominado "interés superior del niño", en tanto garantía que procura evitar la imposición de penas privativas de libertad tendiendo -en lo posible- a garantizar el bienestar general del niño mediante la adopción de vías alternativas.
Es decir, en las causas de contenido punitivo que involucren a niños y adolescentes como imputados y en función del deber de atención del "interés superior del niño", se impone como regla la evitación de toda respuesta meramente retributiva y, en consecuencia, debe garantizarse su bienestar integral mediante la adopción de vías alternativas tanto al proceso como a la imposición de penas privativas de derechos.
A resultas de lo dicho la intelección desarrollada por la Cámara que se limita a justificar su rechazo en la oposición fiscal, a la que tuvo por debidamente fundada, omitiendo el tratamiento de temas de ineludible consideración, se vislumbra inaceptable y debe ceder.
En consecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo :
Adhiero a lo expresado por el doctor Carral, por sus fundamentos, y a esta cuestión también VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1) declarar admisible el recurso de casación articulado por la defensa, sin costas; 2) casar la decisión impugnada y conceder la suspensión de juicio a prueba en favor de A. A. C., sujeto a las condiciones que oportunamente disponga el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental (arts. 8.2h de la CADH, 14.5 del PIDCyP; 76 bis CP; 106, 404, 450, 460, 530 y 532 del CPP).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Declarar admisible el recurso de casación articulado por la defensa, sin costas.
II. Casar la decisión impugnada y conceder la suspensión de juicio a prueba en favor de A. A. C., sujeto a las condiciones que oportunamente disponga el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental.
Rigen los artículos 8.2h de la CADH, 14.5 del PIDCyP; 76 bis CP; 106, 404, 450, 460, 530 y 532 del CPP.
Regístrese. Notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO.: DANIEL CARRAL – RICARDO MAIDANA
ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ.
Fin de la sentencia