Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires · Causa 77660
Causa N° 77.660
“Miranda Lobos, Manuel Alejandro
s/ Recurso de Casación” –
Pedido de Acuerdo Plenario
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Septiembre de 2017, reunidos en Tribunal Pleno los señores jueces del Tribunal de Casación Penal, Dres. Mario Eduardo Kohan, Carlos Angel Natiello, Jorge Hugo Celesia, Fernando Luis María Mancini, Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky, Daniel Carral, Martín Manuel Ordoqui y Ricardo Ramón Maidana, para resolver en la causa N° 77.660 caratulada “Miranda Lobos, Manuel Alejandro s/ Recurso de Casación”.
Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: ORDOQUI (primer término por la posición que resultara mayoritaria surgida del debate) - CARRAL (primer término por la posición que resultara minoritaria surgida del debate) - NATIELLO - KOHAN - CELESIA - BORINSKY - MANCINI - VIOLINI - MAIDANA .
Cumplidos los trámites de rigor, y de acuerdo al Acta de fecha 27 de Agosto de 2013 por mayoría absoluta, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Puede el juez declarar la reincidencia aun cuando no fue incluida en el acuerdo de juicio abreviado?
A la cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Ordoqui, dijo:
A la cuestión planteada a raíz del pedido de Acuerdo Plenario articulado por el Sr. Fiscal ante esta Sede, habré de ceñirme a mis anteriores pronunciamientos dictados en causa Nro. 63.360 caratulada “QUEVEDO, Alejandro Javier s/ Recurso de Casación” entre otras en igual sentido.
En dicha inteligencia, entiendo que el carácter de reincidente es aquel en virtud del que, luego de darse ciertas circunstancias fácticas previstas por el artículo 50 del C.P. en lo concerniente a la reiteración infraccionaria, adquiere el sujeto por el mero imperio de la ley penal.
Valiéndome de un reduccionismo lingüístico, pero conocido y aceptado por la doctrina dominante, se puede afirmar que la reincidencia es un “estado que se adquiere”. Como tal, precede a su declaración formal por parte del órgano jurisdiccional; que, en este punto del decisorio, dicta una resolución meramente declarativa en la que se reconoce dicho estado.
Así las cosas y en la idea que el objeto de la presentación Fiscal se limita a determinar si es viable la declaración de reincidencia en un juicio abreviado aun no habiendo siendo pactado por las partes, ni estado presente en los preparativos del acuerdo entre aquellas, propondré la siguiente solución.
Sentada mi opinión párrafos atrás sobre la naturaleza del estado de reincidencia, completo afirmando que aquel es una creación del legislador nacional y que por imperio del artículo 75 inciso 12 de la Constitución se lo ha integrado al Código Penal de la Nación Argentina; en razón de ello, no creo posible que el mismo pueda ser “reglamentado” o “disuelto” por regímenes procesales locales ni mucho menos.
En mi opinión, la facultad no delegada a la Nación que permite el dictado de normas adjetivas locales -en este caso el CPP-, no posee un alcance tal que habilite a disolver dentro de la esfera adjetiva aquello que es sustantivo para la ley de fondo, doctrina del artículo 121 de la Constitución Nacional.
En otras palabras y a modo de cierre de esta única cuestión, propondré al cuerpo se resuelva tener por válida la declaración de reincidencia en los procesos de “juicio abreviado” aún en aquellos casos en que las partes no lo hubiesen acordado, por resultar una consecuencia directa de una norma de fondo que, por lo demás, atento a los argumentos vertidos su declaración no podría ser obviada en la recta interpretación de los artículos 396, 399 y concordantes del C.P.P.-
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Carral, dijo:
La cuestión a decidir, en cuanto puede resumirse en determinar si existe la posibilidad de que se dicte sentencia -en el marco del procedimiento de “juicio” abreviado- declarando reincidente a la persona respecto de quien ha recaído veredicto condenatorio, sin que previamente esta consecuencia haya integrado requerimiento alguno de la acusación, no es una problemática que se ciña con exclusividad a esa modalidad procedimental y a la interpretación de la regla del art. 399 del rito, aun cuando en estos casos puede reconocer ribetes especiales; sino que, mucho más que eso, la potestad jurisdiccional para ingresar en aspectos que no han sido materia de requerimiento desde la acusación y, en consecuencia, sustraídas al contradictorio, es un dilema que atañe al sistema de enjuiciamiento y a la vigencia del debido proceso desde que se encuentran en juego la imparcialidad y la defensa en juicio.
Lo que está en ciernes son los pilares centrales de un sistema adversarial, acusatorio formal entre nosotros, y así lo sostuve desde mi posición minoritaria allá por el 2009, en tiempos que integraba la Sala III, para luego, esa misma línea de razonamiento transformarse, juntamente con mi colega, doctor Ricardo Maidana, en doctrina de la actual Sala I, (cfr. causas 56.708, 75.249, entre otras).
Ya no caben dudas que el modelo acusatorio es el que ha sido impuesto desde nuestra Carta Fundacional de derechos. Con antelación a que la Corte Federal se expresara en tales términos y ratificara la importancia de la metadiferenciación de las funciones requirentes en relación con las decisorias (C.S.J.N. en "Quiroga, Edgardo Oscar", Causa N° 4302, sentencia del 23/12/2004), en el ámbito de nuestra provincia, el mensaje por el que el Poder Ejecutivo remitiera el anteproyecto de ley de reforma de nuestro sistema de enjuiciamiento, luego sancionado y promulgado bajo el Nro.11.922, señalaba, en torno a las características que inspiraron el novel procedimiento penal, algunas referencias expresas en punto al modelo acusatorio, en los siguientes términos:
“ El sistema acusatorio por su parte, con la adecuación al mismo de las reglas del debate y la investigación a cargo del agente fiscal, coloca a la acusación y a la defensa en paridad de situaciones en el proceso. Este método, tanto en su proyección histórica como en el derecho comparado actual, es el que sin duda más se consustancia con las instituciones democráticas y es el que con mayor eficacia permite obtener la decisión justa del caso penal, privilegiando la función estrictamente jurisdiccional del juzgador y preservando su imparcialidad.
Como plataforma jurídico-cultural del proyecto se ha tomado en cuenta:
a) La adopción franca del sistema acusatorio, en sintonía con la línea político-institucional democrática que marcan las recientes reformas procesales penales de países de notoria influencia en nuestra cultura jurídica, tales como Italia, España, Portugal y Francia; haciéndose notar que estas reformas de una manera u otra se han acercado a los sistemas anglosajones, con claros perfiles de procesos de partes.
b) La línea de códigos que instauraron la oralidad en la Argentina, a partir de 1939, teniendo a la vista muy especialmente reformulaciones actuales de algunos de ellos, como las experimentadas en los códigos de las provincias de Tucumán, Córdoba y Entre Ríos.
c) Las tendencias o directivas que en materia procesal han sido institucionalizadas a través de las recientes reformas constitucionales de 1994 que receptan normas y principios contenidos en tratados internacionales y rescatan el protagonismo del Ministerio Público Fiscal.” (Fundamentos del Poder Ejecutivo provincial dirigidos a la Legislatura, con motivo de la remisión del proyecto de reforma del código procesal penal, La Plata, 30 de mayo de 1996).
Desde este enfoque, cobra vital importancia asumir cuál es el verdadero rol jurisdiccional y la medida de su potestad. Cuando los jueces ingresamos en cuestiones sobre las que no hemos sido llamados a decidir, en especial cuando ello importe el ejercicio del poder punitivo del estado, aun sin quererlo estamos arrogándonos un rol de parte, afectando con ello la imparcialidad, eje del debido proceso.
En este sentido, si la acusación al administrar su actividad requirente nada argumentó respecto de la declaración de reincidencia, la labor jurisdiccional no puede asumir una decisión supliendo tal omisión, dado que ha privado a la contraparte -el imputado y su defensa- de argumentar sobre la prueba de sus presupuesto legales, afectándose así los principios de igualdad de armas e iniciativa probatoria y, a partir de ello, la garantía de defensa en juicio.
La propia Procuración General de la Nación ha sido celosa custodia de estos principios al afirmar " permitir que el órgano encargado de dirimir el pleito se involucre con la función requirente, que exclusivamente se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal, deriva necesariamente en la pérdida de toda posibilidad de garantizar al imputado un proceso juzgado por un órgano imparcial que se encuentre totalmente ajeno a la imputación” (dictamen en causa B.320.XXXVII).
En este sentido, no resulta admisible el argumento según el cual se predica que “Tampoco podría refutarse violado el debido proceso y la defensa en juicio por el sólo hecho de que no haya mediado petición expresa del fiscal, especialmente porque es sabido que los jueces tienen el deber de observar la ley de fondo y esto hace que las partes puedan siempre prever la posible aplicación del artículo 50 del CP, y -así- argumentar todo cuanto crean conveniente a sus intereses” (cfr. fs. 66 del legajo recursivo), por cuanto importaría llegar al extremo de que el imputado tenga que defenderse no sólo de quién lo acusa sino también de quién decide, cuanto más, en este último caso obligándolo a actuar bajo una estrategia meramente conjetural.
Si la obligación de observar la ley de fondo por parte de los jueces, según así se cita en la argumentación reproducida en el párrafo precedente, no estuviera supeditada a determinadas exigencias sustanciales del proceso, carecería de sentido la regla del art. 368 in fine de nuestro sistema de enjuiciamiento provincial, en tanto resulta imperativo la absolución del acusado frente al desistimiento de la acusación.
Aun cuando, a mi modo de ver, es necesario en alguna oportunidad elucidar la conceptualización de “estado” con la que se ha caracterizado a la reincidencia, discusión que excede esta convocatoria, lo cierto es que -en cualquier caso- se trataría de un “nuevo estado” y ello requiere -de mínima- que el pronunciamiento jurisdiccional que lo constituya esté precedido de una sustanciación que asegure el contradictorio.
No obstante ello, he sostenido, y en este punto también acordamos con mi colega de Sala, que cualquiera fuera el procedimiento, el límite a la individualización punitiva del juzgador viene dada por la actividad requirente de la acusación. En ese contexto, esto adquiere mayor fuerza en el marco del “juicio” abreviado a partir de las reglas que limitan la decisión jurisdiccional conforme lo postulado por el art. 399 del digesto de forma.
Es que aquellos “ribetes especiales” a los que hice mención párrafos arriba, están vinculados a que si una propuesta conjunta de juicio abreviado nada dice sobre la declaración de reincidencia, una sentencia condenatoria que -fuera de esos parámetros- así lo declare, resulta un cambio brusco en la situación, por lo que, dada la entidad de sus consecuencias debió haber sido objeto de valoración e información, previo a prestar la conformidad requerida para esta modalidad de procedimiento según prevé la regla del art. 395 y ss. del código procesal penal.
El exceso en la decisión jurisdiccional con relación a la pretensión punitiva del acusador, ha sido materia de censura por parte de la doctrina judicial mayoritaria de nuestros colegas de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
En el sentido indicado se ha señalado: “ Creo que esa es la mejor forma de garantizar el derecho fundamental a la defensa en juicio, ya que al fallar el tribunal como lo hizo, declarando reincidente a O. sin que la fiscalía recabara la aplicación del instituto, privó a aquella parte de presentar sus argumentos, colocando al imputado en una situación más desfavorable; en definitiva, la asistencia técnica resultó sorprendida con la solución adoptada, que excedió la pretensión punitiva del órgano acusador (cf. ver Observación General n° 32 del Comité del Derechos Humanos de Naciones Unidas, n° 21).
Es que si bien es cierto que el órgano jurisdiccional tiene obligación de velar por el cumplimiento, por parte del acusador, del principio de legalidad -verificando que sus postulaciones no sean arbitrarias y estén sujetas a la ley, ya que en caso contrario su requerimiento será nulo-, no puede ir más allá de su demanda, supliendo su actividad por un criterio diferente o por no estar de acuerdo con sus alcances. Y observo que en este caso, en el fallo no se ha efectuado ninguna crítica al alegato de esa parte, en el sentido indicado” .
Finaliza concluyendo en que: “ Por otra parte, al no haber sido materia de debate, se privó al defensor de la posibilidad de hacer valer los argumentos que la doctrina y muchos precedentes han elaborado cuestionando el instituto mencionado.
Es claro, a mi modo de ver, por las razones expuestas, que la declaración de reincidencia en esas condiciones generó un supuesto de extra petita que vulneró claramente el derecho de defensa del imputado ” (Voto del doctor Pablo Jantus, al que adhieren los doctores Luis Niño y Mario Magariños, Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en causa Reg. n° 812/2015, de fecha 23-12-2015)
En consideración a los argumentos expuestos, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Natiello, dijo:
Tengo dicho en numerosos precedentes, tanto de la Primigenia Sala I como de la Sala IV que: “Ni el Tribunal ni las partes pueden soslayar el orden público que dimana de institutos que, como la reincidencia, amén de proteger a la sociedad respecto de la mayor peligrosidad evidenciada por quienes reiteran el desconocimiento de sus reglas, se hallan ligados a pronunciamientos solemnes que públicamente declaran la certeza oficial respecto de las acriminaciones de orden penal y que, además, no pueden dictarse ni en rebeldía ni con desconocimiento del reo y sus defensores” (cf. precedente n° 8885 “Guilledo” Primigenia Sala I; 77.065 “Barros” Sala IV ).
Es por ello que la reincidencia no resulta una de las circunstancias que pueden ser acordadas en el marco de un juicio abreviado. Lo contrario significaría “ hacer prevalecer por sobre el bloque de legalidad federal (art. 31 del Código Penal), del cual forma parte el Código Penal (art. 75, inc. 1ª Constitución Nacional), la voluntad de los particulares... ” (cf. recurso nº 13.848 Primigenia Sala I, “Greco”).
A su vez en el citado precedente se ha sostenido que ”… si se entendiera que el artículo 399 del C. P. P., impondría un límite a considerar la reincidencia -instituto éste privativo de beneficios en función de la iteración en el camino del delito legislado exclusiva y excluyentemente por la ley penal nacional-, la norma sería flagrantemente inconstitucional en ese aspecto; invalidez que esta sede estaría en condiciones de declarar de oficio por imperio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia “in re” B. 1160. XXXVI, "Banco Comercial Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra", sent. del 19/08/2004. Empero, debemos siempre presumir la constitucionalidad de la actividad legislativa y entender que el legislador no ha querido poner tal límite a la aplicación de una ley que anida en un escalón superior de la pirámide jurídica… ”.
A la luz de lo reseñando, considero que, dado que la reincidencia no es una materia que pueda ser motivo de pacto entre las partes en el instituto del juicio abreviado, la misma no constituye una de las denominadas “cuestiones penales” pasibles de ser convenidas entre Fiscal, imputado y Defensor. Por tanto, tal declaración no violenta las disposiciones relativas al procedimiento abreviado, toda vez que es una materia reservada al Juzgador.
Asimismo, estimo que tanto las sentencias como las resoluciones que se les asimilan por sus efectos, deben atender a las circunstancias reinantes al momento de decidir, aunque sean sobrevivientes a la interposición del pedido en tratamiento (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos 310:670; 311:1810; 318:625; 321:1393; 310:2246; 313:584; 314:568; 315:1553; 316;479; 318:625; 319:79; 323:600; 324:448; 325:1345, entre otros).
En fin, la declaración de reincidencia resulta ajustada a la inteligencia sentada en el Plenario nº 10.347 de esta Sede s/revisión del 5/10/06.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Ordoqui pos sus fundamentos. En adición agrego que es mi opinión que existen ciertas cuestiones que son susceptibles de ser acordadas por las partes en el marco del procedimiento abreviado, las cuales dan nuevo marco a la cuestión a resolver por parte de los Jueces, fijando un estrecho marco cognoscitivo al que debe sujetarse el órgano jurisdiccional (v.g. el “quantum” de la pena, el modo de cumplimiento de la misma). Mientras tanto, existen otras circunstancias que, debido a su naturaleza, son ajenas a los acuerdos de las partes. Y precisamente la reincidencia es uno de esos tópicos.
Conviene recordar que la calidad de reincidente constituye un componente negativo del elemento caracterológico de la culpabilidad, cuyo contenido está dado por la experiencia anterior del reproche ético-social recaído sobre un comportamiento disvalioso y, no obstante ello, volver a alzarse contra las normas tuteladoras de valores jurídicos; situación que al darse por segunda vez amerita un ajuste en su tratamiento carcelario (conf. CNCRIM. Sala I (Def.) - Tozzini, Donna, Rivarola- Sent. “D”, Sec. 7.c 35.693, “SULEIMA, Alfredo”, Rta: 23/8/89).
En consecuencia, verificados los extremos del art. 50 del Código Penal, la reincidencia resulta un aditamento que acompaña a la persona que la ha merecido. Así constituye el mero reconocimiento de un estado que se da en la realidad fenoménica, por lo que un sujeto no deja de ser reincidente porque el Juez no lo diga así en la sentencia, bastando que se den los parámetros requeridos por el art. 50 del C.P., por lo que puede ser declarado como tal aún sin expresa petición de parte.
A la luz de todo lo expuesto, considero que, dado que la reincidencia no es una materia que pueda ser motivo de pacto entre las partes en el instituto del juicio abreviado, la misma no constituye una de las denominadas “cuestiones penales” pasibles de ser convenidas entre Fiscal, imputado y Defensor. Por tanto, la declaración de reincidencia no violenta las disposiciones al juicio abreviado, toda vez que es una materia reservada al Juzgador.
Considero que una vez verificada la misma por el órgano jurisdiccional, ésta deber ser declarada. Así lo ha entendido la Excelentísima Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en su fallo Plenario N° 113, “TALARAN, Raúl” del 5/3/90 –Recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por el Fiscal de Cámara Dr. Chichizola, en la causa N° 24.564, de la Sala III. Si bien dicho fallo no posee carácter vinculante para esta jurisdicción, resulta sumamente ilustrativo a la hora de elucidar la cuestión en tratamiento.
Concluyo que si bien es cierto que la circunstancia de que un sujeto no deja de ser reincidente porque no se haya insertado la declaración respectiva en la sentencia, no es menos cierto que la inclusión de tal extremo en el resolutorio redunda en un orden más completo y funciona como una advertencia que hace a la mayor certeza jurídica.
La jurisprudencia de nuestro país acompaña la postura aquí esgrimida. En ese sentido, se ha resuelto que “La reincidencia es una situación de hecho que no requiere para su existencia de un pronunciami
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