Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 83440
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación deducido en favor de RENÉ INOCENCIO DÍAZ, con costas en esta Sede.
II. Tener presente la reserva del caso federal.
III. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Carla Rivert –t. XII, f. 34, C.A.S.N.- en un veinte por ciento (20%) de lo fijado en la instancia, en atención a la labor desarrollada en este Tribunal y el resultado obtenido.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 421, 433, 448, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 531, 534 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 14 ley 48; 9, 16 y 31 ley 8.904.
"Registrado bajo el Nro. 1016 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el tres de noviembre de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa Nº 83.440 caratulada “DÍAZ, René Inocencio s/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA.
I. El Tribunal de Jurado se pronunció con fecha 24 de febrero de 2017 dictando veredicto de culpabilidad por mayoría de diez de sus miembros, tras lo cual, y celebrada la audiencia de cesura de juicio el 13 de marzo de 2017, la Sra. Jueza Dra. Laura Mercedes Fernández, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, condenó a RENÉ INOCENCIO DÍAZ a la pena de dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber aprovechado la situación de convivencia preexistente en los términos del art. 119, 3° y 4° párrs., inc. f) del Código Penal.
II. Contra dicha sentencia deduce recurso de casación la defensa particular del nombrado denunciando la vulneración de garantías constitucionales de su defendido al negarse una nueva declaración de la menor víctima para que aclare sus dichos desincrminatorios vertidos en la carta ofrecida por esa parte y dirigida al incusado, la existencia de al menos tres personas con las que pudo haber tenido relaciones sexuales, datos sobre los cuales no se pudo interrogar a la testigo en desmedro del derecho de defensa en juicio.
Como segundo motivo de agravio, sostiene la casacionista que se le prohibió a esa parte el ejercicio de la confrontación de los testigos de cargo Marilina Carbonaro, Melisa Palleres y Roxana Valdatta con sus declaraciones previas, lo que torna nulo el juicio, dado que sólo se permitió repreguntar sobre los puntos introducidos en el debate según la teoría del caso fiscal.
En tercer lugar, se agravia la defensora respecto de la calificación jurídica del hecho enjuiciado por cuanto no se decidió en el marco de la cesura de juicio, sino por el jurado, dándose por acreditadas circunstancias agravantes por la cuales no existió actividad probatoria alguna.
Por último, cuestiona la mensuración de la pena por cuanto no se ponderaron pautas severizantes pero sí atenuantes, con lo cual, el quantum fijado resulta desproporcionado.
Hace expresa reserva del caso federal.
III. Adjudicados que fueron los autos a esta Sala I, se notificó a las partes y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Tal como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes arriba detallados, el primero de los agravios denunciados por la parte recurrente es la violación de la garantía de defensa al negarse una nueva declaración de la menor víctima en la audiencia de debate lo cual –señala- menoscabó el derecho del imputado a confrontar al testigo de cargo, máxime cuando existió la necesidad de interrogar a la misma respecto de una versión desincriminatoria de quien llega a esta Sede condenado, que ella misma habría expresado e insertado en una misiva.
La cuestión sometida a este Tribunal de Casación, en atención a la entidad del agravio denunciado, merece un detenido tratamiento considerando siempre la especial modalidad de enjuiciamiento penal que supone el juicio por jurados vigente en nuestro territorio provincial con la sanción de la ley 14.543.
En este orden de cosas, resulta que la parte agraviada requirió en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia del art. 338 del ritual, “ la declaración de la víctima de autos, y en su defecto la instrucción suplementaria una nueva declaración en sede de cámara gesel, agrega, que en su defecto si no se hace lugar a ninguna de las dos anteriores, solicita como instrucción suplementaria una pericia caligráfica sobre una carta obrante a fs. 185, aportada por la defensa, que fuera oportunamente ofrecida, a tal fin ofrece su realización con escritura de la menor, no con realización de una plana manuscrita ” (v. f. 139 vta. de este incidente impugnativo).
En esas circunstancias, advierto de la forma que la parte llevó su petición en la referida audiencia que se concretó la que hiciera en subsidio, la pericia caligráfica la que se dispusiera su realización como prueba suplementaria, concurriendo los peritos a prestar su testimonio a la audiencia de debate. Además de lo señalado, que per se hace vacuo su planteo en esta instancia casatoria (arts. 421 y 451 C.P.P.), cabe apuntar que la menor víctima no prestó su declaración testimonial por existir sendos dictámenes periciales que lo desaconsejaban, primando como es lógico su interés superior, como lo impone el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 31 y 75 inc. 22 C.N.).
A los efectos de contar con una declaración testimonial de una niña víctima de un delito contra la integridad sexual, sea que la misma se lleve adelante en la sala de audiencia de juicios o que se concrete mediante una cámara Gesell (art. 102 bis y Res. 903/12 de la S.C.B.A.) es necesario verificar si la misma se encuentra en condiciones de brindar su testimonio sin afectación a su psiquismo y sin revictimizarla. Es así que se ha regulado la realización evaluaciones que lleva adelante un profesional en psicología, “ toda vez que la diligencia está teleológicamente orientada a que prevalezca el superior interés del niño y su derecho a ser escuchado, si la situación es propicia para ello (art. 2 de la ley 26061; arts. 3 y 5 de la CIDN) ” (v. causas n° 68.078, “ Luna, Walter Hugo ” y n° 71.610, “ Ledesma, Leonardo David o Ledesma, Leandro David ”, del registro de esta Sala).
No debe perderse de vista que resulta de lo decidido que nos hallamos frente a una niña “ en contacto con la ley ” por su calidad de víctima de un delito, de conformidad con la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño, “ Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1°) ” de 2013 (párr. 28), y que su interés superior se tendrá en cuenta en todas las decisiones que sobre ella se tome “ para resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos ” (párr. 33).
Y en este punto debe destacarse que en materia de conflicto entre los derechos del niño y los de otras personas, “ debe resolverse caso por caso, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado… Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño ” (párr. 39).
Concretamente, y en virtud de los informes de la especialista en psicología que desaconsejaron la testifical requerida por la defensa técnica de René Díaz, el decisor dispuso la realización de la experticia caligráfica peticionada subsidiariamente, no menguando el ejercicio pleno y eficaz de las garantías constitucionales del nombrado en busca del aludido equilibrio entre los intereses de todos.
Además, en rigor, la autoría de la carta aportada por la defensa no fue puesta en dudas, incluso fue confirmado por la testifical de Marilina Carbonaro, no obstante que la explicación que respecto de las razones de su confección diera ésta no apoyara la estrategia defensista.
II. En lo que atañe al segundo de los agravios de la parte, estimo de forma coincidente con el Ministerio Fiscal ante este Tribunal casatorio, que el planteo debe ser rechazado, para lo cual he de efectuar algunas consideraciones que resultan pertinentes.
En materia de examen directo del testigo como en su contraexamen, el art. 342 bis, inc. 4°, párr. 6°, del Código Procesal Penal contempla la posibilidad de que el mismo, para refrescar la memoria o para demostrar contradicciones, pueda “ ser confrontado con las declaraciones previas prestadas ”, para lo cual se considera como tal, “ cualquier manifestación dada con anterioridad al juicio ” las que “ nunca podrán ser presentadas en el juicio oral como prueba material ”.
La amplitud de la disposición es fundamental para el litigio oral dado que incluye no sólo los testimonios brindados por los testigos durante la etapa investigativa, sino también versiones o dichos vertidos en declaraciones periodísticas, manifestaciones en redes sociales, cartas, correos electrónicos, dictámenes periciales, informes, documentos públicos o privados sin importar su soporte, etc. (cfme., Harfuch, Andrés, El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Ley provincial 14.543 anotada y comentada. El modelo de jurado clásico , Ad-Hoc, Buenos Aires, 2016, p. 191). No obstante, se tratan de " herramientas de litigación" que no pueden ser ingresadas como material probatorio en el juicio oral -salvo que se tratare de aquellas “pruebas” que las partes ofrecieran para su utilización en el mismo durante la audiencia del art. 338 del ritual- cuya función no es otra que la de someter al testigo y a su testimonio a un verdadero y riguroso test de credibilidad.
Por ello, y más allá de las razones que imponen el rechazo de la pretensión defensista, no resulta correcta la interpretación que hizo la Sra. Jueza a cargo de la dirección del juicio por jurados de la norma del art. 342 bis CPP, al sostener que a la defensa sólo le era permitido emplear en el contraexamen del testigo su declaración realizada en la audiencia con motivo del examen directo de la fiscalía (v. audio de la audiencia del 24/2/2017, hora 12:46:56).
Sentado lo anterior, no puedo más que rechazar el agravio denunciado.
En la videofilmación del juicio oral se observa que en el procedimiento de contraexamen de la testigo Marilina Carbonaro, al ser instada la letrada a reformular su pregunta que había intentado ya sin éxito, optó por desistir de ello cerrando su labor mediante la frase “ no voy a hacer más preguntas ” (día 24/02/2017, hora 12:47:04).
En suma, la decisión de la letrada de abandonar el contraexamen de la testigo que ya había iniciado, es de su exclusiva responsabilidad y no puede fundar agravio alguno ante estos estrados casatorios, según lo tengo dicho en distintos precedentes de esta Sala (v., en ese sentido, causas n° 78.966, “ Burgos, César Gastón ” y 81.318, “ Osorio Carrizo, Cristian Gustavo ”). Como tiene dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, las partes no pueden ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente ( in re “ De Miguel, Alfredo J. ”, Fallos 313:367, “ González, Oscar A. ”, Fallos 329:5424, entre otras).
Tampoco se advierte de la videofilmación del juicio oral y público que la defensa técnica se viera imposibilitada de contraexaminar, preguntar o repreguntar a la testigo Melisa Palleres como se denuncia en el escrito recursivo. Concretamente, la testigo mencionada prestó su testimonio en la audiencia del día 23 de febrero del corriente, y la recurrente no solo tuvo la oportunidad de confrontar sus dichos, sino que efectivamente lo hizo (entre la hora 16:57:45 y 17:00:55), cesando en tal labor por propia decisión. De tal modo, que no se alcanza a vislumbrar el agravio denunciado, con lo que deviene inútil el planteo (arts. 421 y 451 C.P.P.).
Por último, la garantía de examinar y confrontar a los testigos de cargo (art. 8.2.f C.A.D.H.), tampoco sufrió mella en lo que respecta a los dichos que virtiera en la audiencia Rosana Valdatta, puesto que una vez concluido el examen directo del representante del Ministerio Fiscal, la defensa particular desistió voluntaria y expresamente de contraexaminar e interrogar a la nombrada (v. hora 17:26:37). Una vez más, los propios actos sellan la suerte de la pretensión incoada (arts. 421 y 451 C.P.P.).
III. Por último, debo ingresar al tratamiento del tercer y último agravio denunciado por la recurrente relativo a la calificación jurídica del hecho juzgado y que, sostiene, debió haberse decidido en la audiencia de cesura del debate y no por el Tribunal de Jurados, dándose por acreditadas circunstancias agravantes de la pena que no fueron motivo del contradictorio ni sobre las cuales se desarrolló actividad probatoria alguna.
También debo rechazar este planteo, por las razones que seguidamente paso a señalar.
Según resulta del acta de debate, concretamente a fs. 52, “[l] as partes y la Sra. Juez acuerdan las instrucciones finales para la deliberación ”, lo que la agraviodicente reconoce al suscribir el instrumento de mención (v. f. 61), sin haber realizado ningún cuestionamiento de las mismas. Y esto es un obstáculo insalvable puesto que voluntariamente la parte que se dice afectada acordó las instrucciones finales donde se explicó a los jurados el derecho aplicable y así como las distintas alternativas en orden a los hechos sometidos a su conocimiento (art. 371 ter C.P.P.). de modo que no se advierte agravio de orden constitucional que autorice el tratamiento del planteo deducido (arts. 421 y 451 C.P.P.).
El yerro en el que incurre es obviar que cuando se instruye al jurado se lo hace sobre la base de los hechos concretamente sometidos al contradictorio y sobre los cuales se erigió la actividad probatoria, por lo que, al considerar el jurado que los elementos integrantes de un determinado tipo legal –el que no necesariamente debe aparecer en su descripción técnico-jurídica en las citadas instrucciones pero sí en un lenguaje natural que permita la labor de los integrantes del Tribunal- se encuentran probados y dar su veredicto de culpabilidad, están determinando la ley aplicable al caso concreto.
Cuando el art. 372 del ceremonial dispone que el juez profesional, en el marco de la cesura de juicio, “ determinará la calificación jurídica ” no implica desconocer que es el jurado el que establece la norma penal que capta el suceso juzgado: si no, como se interroga Harfuch “ ¿para qué le explicaría el juez al jurado el derecho aplicable si no es para que el jurado lo decida? ” (ob. cit., p. 123). La recurrente, cuando sostiene que sólo el juez profesional puede “ determinar la calificación legal ” omitiendo para ello su propia labor en la confección de las instrucciones para la deliberación del jurado antes aludida, no hace más que cercenar la norma al descartar que la frase completa es “ determinará la calificación legal y las consecuencias de dicho veredicto ”, con lo que se remite directamente y sin duda alguna a la tarea previamente desarrollada por el Tribunal de Jurados a la que el magistrado se encuentra ligado salvo que hubiera hecho empleo de la facultad de anular el juicio que regula el art. 375 bis, 2° párr., que no es el caso del sub lite .
Por lo demás, tampoco ensayó la impugnante el agravio que ello le habría causado y que autorizaría a sortear lo indicado supra . En este punto vale destacar que el art. 448 bis, inc. c), del C.P.P. establece como motivo específico del recurso de casación “ cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieran condicionar su decisión ”, requisitoséstos que no se observan en autos.
Y tal detalle no es menor dado que la impugnante se presenta ante este Tribunal agraviándose también de las severizantes de la pena aplicadas y de la calificante del art. 119, párr. 4°, inc. f) C.P., señalando que, a su parecer, “ luego de la actividad probatoria desarrollada en el debate, debieron quitarse de las instrucciones finales, las opciones relativas a todos los delitos menores incluidos que contemplen la agravante de ‘aprovechamiento de la situación de convivencia previa’, y asimismo debieron quitarse de las opciones del formulario de veredicto todas las que incluyeran esta agravante de la cual no hubo actividad probatoria, INCLUIDA LA OPCIÓN A) QUE FUE CON LA CUAL SE CONDENÓ A DÍAZ ” (v. f. 31 vta.).
Insisto: las partes no pueden ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente, desconociendo que intervino en la confección de las instrucciones para la deliberación del jurado sin cuestionar de ningún modo las mismas, constando que la multiplicidad de actos abusivos y el aprovechamiento de la convivencia previa del autor con su víctima, eran algunas de las circunstancias que tuvieron por acreditadas para dar su veredicto de culpabilidad respecto de la opción A del formulario respectivo (f. 11).
La sentencia debe confirmarse.
En tal inteligencia, y con los alcances indicados en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde 1°) RECHAZAR el recurso de casación deducido en favor de RENÉ INOCENCIO DÍAZ, con costas en esta Sede (arts. 18 y 75 inc. 22° C.N.; 8.2.h) C.A.D.H.; 20, 421, 433, 448, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 531 y ccdtes. C.P.P.); 2°) TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14 ley 48); 3°) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Carla Rivert –t. XII, f. 34, C.A.S.N.- en un veinte por ciento (20%) de lo fijado en la instancia, en atención a la labor desarrollada en este Tribunal y el resultado obtenido (arts. 534 C.P.P.; 9, 16 y 31 ley 8.904). ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASÍ LO VOTO .
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. RECHAZAR el recurso de casación deducido en favor de RENÉ INOCENCIO DÍAZ, con costas en esta Sede.
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
III. REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Carla Rivert –t. XII, f. 34, C.A.S.N.- en un veinte por ciento (20%) de lo fijado en la instancia, en atención a la labor desarrollada en este Tribunal y el resultado obtenido.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 421, 433, 448, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 531, 534 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 14 ley 48; 9, 16 y 31 ley 8.904.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO.: DANIEL CARRAL – RICARDO MAIDANA
ANTE MI: JORGE ALVAREZ
REG. 1016
Fin de la sentencia