Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 85611
En la ciudad de La Plata a los 9 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 85.611 de este Tribunal, caratulada “O., G. A. s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por la Sra. Abogada Particular, Dra. María Florencia Alaniz, a favor de G.A. O., contra la sentencia dictada en el marco del juicio por jurados que condenara a su defendido a la pena de ocho (8) años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente.
II. En primer lugar entiende la defensa que las estipulaciones probatorias formuladas han vulnerado el principio de no autoincriminación, por darse por probadas ciertas circunstancias que no hicieron más que complicar la situación procesal del encartado y dar por acreditados hechos que podrían haber sido rebatidos en el debate oral.
En segundo término se queja de la errónea valoración de la prueba reunida en autos, y de la absurda interpretación de la misma por parte del cuerpo de jurados, produciéndose una evidente orfandad de la prueba de cargo.
Asimismo cuestiona el concepto de “duda razonable”, por considerar que la prueba de autos no logra despejarla como para arribar a un veredicto condenatorio.
III. Concedido el recurso por el “a quo” a fs. 38, radicado en Sala a fs. 41, notificadas las partes y al encontrarse las presentes actuaciones en estado de resolver, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Entiendo que el recurso es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirigen a cuestionar una sentencia definitiva del Juez Técnico en un Juicio por Jurados que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Comenzaré mi sufragio diciendo que el recurso de casación presentados en esta Sede, está planteado contra el veredicto de culpabilidad al que arribara el Jurado, y más allá de sostener que lo que se impugna es la conclusión en sí misma, la recurrente entiende que existió una violación al régimen legal probatorio, errónea y absurda valoración de la prueba reunida en autos por parte del jurado popular, en cuanto la forma de interpretar los hechos y la participación del imputado en los mismos.
Asimismo cuestiona el concepto de “duda razonable”, por considerar que la prueba de autos no logra despejarla como para arribar a un veredicto condenatorio.
Así también se queja la defensa respecto de las estipulaciones probatorias formuladas (a las cuales no ha efectuado oposición alguna la defensa en el proceso), por considerar que han vulnerado el principio de no autoincriminación, al darse por probadas ciertas circunstancias que no hicieron más que complicar la situación procesal del encartado y dar por acreditados hechos que podrían haber sido rebatidos en el debate oral.
Conforme lo establecido en el art. 371 quáter, inc. 7°: “ El veredicto del jurado es irrecurrible. ” Completa dicho concepto el art. 375 bis, segundo párrafo: “ Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible .” En el articulado transcripto queda plasmado que solamente el sentenciante puede cuestionar o poner en tela de juicio el veredicto de culpabilidad del jurado.
En su caso, siguiendo con el análisis del código de forma, el art. 448 bis, al fijar los motivos por los que procederá el recurso de casación, hace referencia específicamente a la condena y no al veredicto; sin perjuicio de ello, en el inc. d), se fija como motivo especial: “ Cuando la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate. ”
En el caso de marras el Juez Técnico, no ha observado irregularidad alguna en el veredicto al que arribara el jurado, por lo que procedió a dictar sentencia condenatoria ajustada a derecho.
Es decir, cuando el juez -como en el presente- no considerare que el veredicto se contrapone o es contrario a la prueba producida (y por ende, no lo anula) y procede al dictado de una sentencia condenatoria, y la defensa se agravia pues entiende que existió esa circunstancia, es recién allí cuando procede el Recurso de Casación.
De lo afirmado, se desprende claramente que –salvo el Juez en la referida circunstancia- nadie, excepto el revisor en el recurso, con las limitaciones impuestas por la ley, puede modificar válidamente el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado.
En concordancia con lo manifestado por la Ley 14.543, los jurados no se encuentran obligados a dar razones escritas de su voto, éstos decidirán el veredicto según su íntima convicción y de acuerdo a su leal saber y entender.
Un jurado no proporciona las razones de su veredicto.
La motivación surgirá en forma indirecta, a través de las instrucciones que debe impartir el Juez previa deliberación, y tal como lo establece el art. 106 del C.P.P., las instrucciones del Juez al Jurado y su consecuente decisión, constituirán plena y suficiente motivación del veredicto.
Con un veredicto que es inmotivado, así ya en causa N° 75.197 (“Castillo”, sent. 11/08/2016, reg. N° 674), tengo dicho que el casacionista puede optar por el test del “jurado razonable”.
La función primordial de una Corte de apelación –en nuestro caso del Tribunal de Casación- será, si se echara mano al test de Yebes, ir más allá de establecer si hay pruebas o no como para fundamentar una condena, y expedirse –teniendo en consideración la totalidad de las pruebas arrimadas- si el veredicto del jurado se asimila más a aquel que podría razonablemente haber rendido un jurado debidamente instruido y actuando conforme a derecho (Conf. Test del “jurado razonable” o test de Yebes/Biniaris, in re “R. vs. Yebes (1987) 2 SCR 168, Suprema Corte de Justicia de Canadá.).
A esos efectos, el Tribunal de Casación no deberá sustituir su juicio por el del jurado, sino que, con los límites lógicos de la desventaja de transitar una instancia recursiva, deberá re-examinar, sopesar y considerar el efecto de la evidencia.
Con posterioridad la misma Corte canadiense complementó el test de Yebes, y estableció métodos de revisión distintos ya sea que se trate del juicio “motivado” de un juez profesional o del veredicto “inmotivado” de un jurado.
En ese fallo la Jueza Louise Arbour estableció que, cuando el juicio sea por Jurados y el acusado impugne la condena por ser contraria a la prueba, la corte revisora seguirá un test de valoración objetivo-subjetivo, con la revisión total de toda la evidencia producida en el debate, para establecer si se superó o no el estándar de duda razonable.
Una duda “acechante” o alguna “vaga disconformidad” no es justificación suficiente para tachar de arbitrarias las conclusiones alcanzadas por un jurado, aunque puedan desencadenar un mayor escrutinio en apelación (en rigor: casación).
En el caso concreto, si el Jurado dictó veredicto de culpabilidad, lógico ocurre pensar que la sujeción de dicha conclusión a la prueba rendida superó el estándar probatorio mínimo de la culpabilidad, más allá de toda duda razonable, deviniendo consecuentemente incuestionable su conclusión, atento que el atravesar el mencionado estándar es requisito y condición “sine qua non” del veredicto de culpabilidad.
Cabe afirmar aquí en este caso particular, que el veredicto de culpabilidad al que arribara el Jurado no se aparta -en lo esencial- de los parámetros de razonabilidad, y fue dictado superando dicho estándar probatorio, más allá de toda duda razonable.
Por ende no resultaría viable la alegación defensista de la violación al principio “in dubio pro reo”, pues ese estado subjetivo y particular evidentemente no se ha dado en el fuero íntimo del jurado en función de su íntima convicción (art. 210 última parte del C.P.P.), y no puede ser reemplazado por la “duda razonable” que alegan los recurrentes o que pudo haberse dado en su “propia esfera de convicción”.
Por lo demás, entiendo que corresponde dejar en claro, que las instrucciones dadas por el magistrado que presidió el debate, han expresado claramente el estado de presunción de inocencia del que goza el imputado y de cuál es el alcance de la duda razonable, encontrándose el jurado debidamente informado respecto de la prueba que debía valorar.
Ha cuestionado la defensa en el libelo recursivo son las estipulaciones probatorias que en su momento pactaron las partes , entendiendo en esta instancia la recurrente, que las mismas han vulnerado el principio de no autoincriminación, como así también arguye violación al régimen penal probatorio al haberse valorado erróneamente la prueba reunida en autos por parte del cuerpo de jurado, el cual no ha despejado la “duda razonable” que permite arribar a un veredicto condenatorio incuestionable.
En el debate el Sr. Fiscal, Titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, Dr. G. Andrés Morey, acusó al imputado de los siguientes hechos: “...que desde el año 2005 y hasta el año 2013 G.A.O. abusó sexualmente en forma reiterada y sostenida de su prima M.A.O. –quien durante ese tiempo contaba con entre 9 años y 16 años de edad- en el interior de la habitación del domicilio sito en […] de esta ciudad. Para ello G.O. aprovechando la situación de convivencia con la menor, -en los primeros años en forma permanente y posteriormente durante los fines de semana-, se acercaba durante las noches a la cama que ocupaba la menor en la misma habitación que compartían y con significación sexual y la finalidad de desahogar su sexualidad, manifestándole: “¿M., vamos a jugar?” abusó sexualmente de M.A., recurriendo para ello a sacarle las prendas que vestía la menor y a realizar tocamientos impúdicos, consistentes en tocar con sus manos la vagina y el ano, frotar su pene en la vagina y el ano de la menor y eyacular sobre ella, como así también besarle la vagina y el ano, al tiempo que le manifestaba que no dijera nada a su abuela porque se podría morir del disgusto. “
Adentrando en el primer motivo de agravio, relacionado a las estipulaciones probatorias, encuentro en autos, que conforme lo establecido en el art. 338 sexto párrafo, inc. 6° del C.P.P., lo que se acordó entre las partes fue: 1- el espacio temporal en que ocurrieron los hechos que se le imputan a O., entre el año 2005 y el año 2013; 2- el lugar en que acontecieron los mismos, el interior del domicilio de calle […] de la ciudad de Tandil; 3- que la víctima se trata de la prima del imputado, quien en el período mencionado contaba con entre 9 y 16 años de edad; 4- que había una convivencia preexistente entre el encartado y la menor, en los primeros años permanente y luego durante los fines de semana.
Debo resaltar que la Sra. Defensora se agravia de una situación que oportunamente en el proceso consintió, esto es prestar conformidad respecto a las estipulaciones probatorias enunciadas en el párrafo que antecede.
Conforme lo establecido en el art. 338: “En el curso de la audiencia se trata lo referido a: inc. 6°, Las estipulaciones o acuerdos probatorios a los que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva. Las estipulaciones podrán ser planteadas incluso durante el transcurso del debate y el juez las autorizará siempre que no impliquen renuncia de los derechos constitucionales. Tales acuerdos hacen que las partes aceptan como probados alguno o algunos de los hechos y sus circunstancias y serán puestos en conocimiento del jurado en la forma que las partes lo estimen conveniente.”
Las estipulaciones probatorias son un asunto exclusivo de las partes que se refiere a los hechos o circunstancias en los que el fiscal y el defensor están de acuerdo en sus teorías del caso. Una vez introducidas en el juicio oral, son irretractables; ya que si se admitiera la retractación unilateral, se rompería el equilibrio entre los adversarios. Por ende, no es viable en especial si el juicio ya terminó, pues la naturaleza de los actos procesales lo impide.
La audiencia es el escenario natural para introducir las estipulaciones, con el fin de que surtan efectos procesales, en tanto hacen parte del acervo probatorio y son valoradas por el juez.
La importancia de las estipulaciones radica en evitar la prolongación innecesaria del debate, lo que contribuye a la celeridad, el ahorro de instancia y la eficacia del sistema, si existe el consentimiento libre y el entendimiento claro del acusador y la defensa.
Al respecto, y analizando el caso concreto, debo compartir lo expresado por el Sr. Fiscal Adjunto ante esta Sede, Dr. Jorge Armando Roldán, quien a fs. 51vta./52, dijo: “En relación al reclamo respecto de las estipulaciones probatorias, estimo aplicable la “doctrina de los actos propios” fundada en el principio de la buena fe, y que impide a un sujeto colocarse en el proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, replanteando derechos abdicados o actos ya consentidos, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.”
Y del análisis del soporte informático como así también, del acta de debate que se encuentra glosada en el presente legajo, no surge que la defensa haya planteado disconformidad alguna a los mencionados acuerdos, rubricando el acta sin pedir, incluso, que se deje constancia de irregularidad alguna, por lo que comparto lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal ante este Tribunal, que el reclamo deviene extemporáneo.
Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que los acuerdos probatorios que concertaran las partes, no violenta el principio de no autoincriminación, no advirtiéndose ni denunciándose en concreto como ha operado la vulneración alegada.
La propia Defensa basa su queja resaltando las palabras: “había” y “habría” (ver fs. 34), como constitutivas de la estipulación autoincriminatoria, más en el uso del modo potencial de dicho verbo, descarta una mención asertiva, dejando entonces al jurado la función de dar por comprobada la hipótesis acusatoria al rango de tesis.
Por lo que rechazo este primer motivo de agravio.
II. En segundo término se queja de la errónea valoración de la prueba reunida en autos, y de la absurda interpretación de la misma por parte del cuerpo de jurados, produciéndose una evidente orfandad de la prueba de cargo.
Asimismo cuestiona el concepto de “duda razonable”, por considerar que la prueba de autos no logra despejarla como para arribar a un veredicto condenatorio.
Entre el plexo probatorio que fundamentó el veredicto se encuentran las piezas documentales que fueron incorporadas por su lectura al debate y cuya copia fue entregada al jurado (inspección ocular, croquis ilustrativo, pericias psicológicas y psiquiátricas, declaración prestada por el imputado en los términos del art. 308 del C.P.P., CD y fotografías acompañadas por la defensa, historia clínica de M.A.O.); testimonios de M. P., V. P., M. R. R. Mo., D. V. C., F. A. Q., M.A.O., R. H. K., Y. P. O., M. G. O., J. P. O., M. D. R., E. M. S., M. R. E., R. A. O., G. J. E., N. J. Z. P., O. R. G., S. M. E., J. C. E., J. D. G. S. O. D. y A. M. M..
El caso, así construido por la acusación, abastece el tamiz del test de jurado razonable al que antes me refiriera.
Considero que la calidad de autor penalmente responsable, que se les atribuyó al encartado, ha sido la correctamente sopesada, en atención a la prueba presentada en el debate.
No puedo dejar de mencionar, mi postura respecto a esta clase de delitos de índole sexual, los que se consuman en un ámbito de privacidad, por lo general ausente de testigos o tratando de evitar de quedar en evidencia, lo que hace que el juzgador deba atenerse a las declaraciones de las víctimas, de las personas que tomaron conocimiento de lo acontecido a través de los dichos de las mismas, y de las pericias que se produzcan.
Son ilícitos que se cometen en las sombras o en ámbitos donde campea la intimidad y resulta prácticamente imposible establecer con precisión el modo, forma y tiempo en que duraron las conductas reprimidas.
Igualmente en esta parcela de mi sufragio, debo reiterar que, el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular, tuvo como motivación las instrucciones brindadas por el Juez Técnico, las cuales en este proceso han sido claras, concisas y correctamente explicadas. Y es que en el caso concreto, el resultado “culpable”, surge del convencimiento de los miembros de ese jurado, que ante la prueba producida ha dejado atrás la “duda razonable” que se le explicara al comienzo del juicio, expresando su decisión sin duda alguna y sin cuestionamiento a las instrucciones dadas por el Juez.
Por todo lo expuesto, el agravio referido a la errónea valoración de la prueba por parte del jurado, debe ser rechazado.
Voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello por sus fundamentos. Solo deseo agregar que, en este punto, se imponen diversas consideraciones previo al abordaje específico de la cuestión. No resulta sencilla la tarea para los Jueces de este Tribunal de Casación lo concerniente a la revisión de la sentencia de condena emanada de un veredicto de culpabilidad emitido en un juicio por jurados, por cuanto debemos encontrar un equilibrio entre las distintas normas que regulan el enjuiciamiento debido y el derecho del imputado a recurrir un pronunciamiento adverso.
Sabido es que la decisión del jurado resulta fruto de su íntima convicción y en el que no se expresan los fundamentos o motivos en los que reposa su conclusión. También es obligación de los Jueces técnicos (como lo somos quienes integramos este Tribunal) fundar sus temperamentos, entendido ello como que el decisorio debe contener “…según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo penal” (conf. Navarro, Guillermo R. - Daray, Roberto, “Código Procesal Penal de la Nación” , pág. 286; D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación” , comentario al art. 123, págs. 135 y 136) . En consecuencia, el camino que escojamos en este punto debe ser respetuoso de la premisa de fundar pero no puede llegar al extremo de exponer razonamientos que lisa y llanamente importen “sustituir” al jurado popular, desde que la naturaleza del instituto no busca que los Tribunales revisores avasallen las funciones propias de los primeros.
La esencia del jurado, por su propia definición, resulta ser “… la participación del pueblo en una func
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