Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 91331
"Registrado bajo el Nro. 1141 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 11 de Diciembre de 2018 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 91331 caratulada “ANDINO SANTIAGO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 15 de mayo de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás, condenó a Santiago Andino a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima y promoción de la corrupción de menores agravada, en concurso ideal –Hecho I, víctima F.G.R.-, y promoción de la corrupción de menores agravada, en concurso real –Hecho II, víctima F.C.- (arts. 12, 40, 41, 45, 50, 54, 119 párrafos 1º y 2º en relación al 4º inc. a), y 125 último párrafo).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular Dr. Hugo P. Lima, interpuso el recurso de casación que figura a fojas 62/75vta.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 13 de julio de 2017 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Expresa el impugnante que tanto la sentencia como el debate son nulos, por no haber cumplido con las exigencias legales, lo que importó una violación al derecho de defensa en juicio. Sostiene que las nulidades absolutas no precluyen ni se convalidan, debiendo el juez declararlas de oficio conforme el art. 203 del CPP. Aduna que la exigencia de una acusación completa tiene consagración constitucional. Cita doctrina y jurisprudencia. Manifiesta que la descripción del Hecho I constituye el delito de lesiones leves mientras que aquella del Hecho II no satisface la exigencia legal pues no precisa lugar y tiempo del evento impidiendo saber qué ocurrió concretamente, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Explica que la relación del hecho en el acto de elevación a juicio tampoco es preciso.
Solicita se declare la nulidad absoluta del debate y de la sentencia. Indica que la sentencia también es nula por haber incurrido en una inobservancia a lo dispuesto en el art. 371 del CPP. Afirma que la ley exige que el fallo se integre con el hecho que el Tribunal ha encontrado acreditado en el debate. Considera que en el decisorio se invocan tres episodios que se encuentran sustentados únicamente con los testimonios de los menores en la primera Cámara Gesell, base de lo expuesto por los peritos, quienes no pudieron exponer nada más que sus opiniones. Agrega que haber efectuado dos Cámaras Gesell más evidencia una irregularidad en el proceso. Entiende que los discursos de los menores fueron influenciados por sus madres, pues surgen ampliados, siendo que lo natural es que se olviden de los hechos y no que recuerden cada vez más.
Cita doctrina y jurisprudencia. Expresa que del examen paragenital surge que no se observó dilatación de ano, y que la cuestión se hace dudosa si los psicólogos y psiquiatras intervinientes presumieron la existencia de abuso en base a datos insuficientes. Manifiesta que el Tribunal ha incurrido en una incongruencia y arbitrariedad al no darle valor a los testimonios de todos los maestros que sostuvieron que los niños no iban solos al baño y que ninguna persona vio al acusado junto a los menores en dicho lugar. Asimismo, cuestiona la calificación del Hecho I pues entiende que la conducta es delictiva y mucho menos constituye un abuso sexual gravemente ultrajante. Con respecto al Hecho II, niega que pueda calificarse como facilitamiento y promoción de la corrupción de menores agravada puesto que dicho delito requiere que haya habido un acto corruptor que sea frecuente y cotidiano.
Solicita se case la sentencia. Hace reserva del caso federal.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 103/115.
Con independencia de la garantía procesal que condice a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El A Quo tuvo por acreditado: “HECHO I: Entre los años 2008 y 2010, Santiago Andino, quien se desempeñaba como portero en el jardín de infantes del Colegio Normal de San Nicolás, en el baño del mencionado establecimiento, mediante engaños –simulando un juego-, abusó sexualmente del alumno F.G.R., cuanto éste contaba con entre 3 y 5 años de edad, dándole pellizcos en los glúteos, introduciendo un dedo en su ano y requiriéndole que le succionara el pene; dichos actos –por las circunstancias de su realización- configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante; y, por prematuros, resultaron idóneos para desviar el normal desarrollo de la víctima.
HECHO II: Entre los años 2008 y 2010, Santiago Andino, quien prestaba servicios como portero del jardín de infantes del Colegio Normal de San Nicolás, mediante engaño, simulando un juego en el baño del establecimiento, indujo al alumno F.C., quien contaba con entre tres y cinco años de edad, a practicarle a un compañero fellatio in ore, conductas sexuales que por la corta edad de éste resultó idónea para desviar el normal desarrollo del mismo” (fs. 25vta./26).
De la simple lectura de la impugnación traída, surge que los planteos efectuados son –en su mayoría- solamente una reedición de aquellos realizados en la instancia pero desechados con acabados fundamentos, sin que ahora logren contrarrestar con su crítica lo afirmado al respecto por el A Quo .
De todo lo dicho, se colige que la mayor parte de los puntos requeridos por la defensa ya fueron objeto de tratamiento por el A Quo , quien evaluó sus pretensiones y contestó todas sus inquietudes (cfr. fs. fs. 45vta./56), insistiendo el interesado ante esta sede pero sin lograr rebatir lo ya expuesto (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene inidóneo para torcer la decisión que aquella contiene.
Iniciaré el análisis con la solicitud de nulidad del requerimiento fiscal, adelantando que éste no puede prosperar.
Primeramente, corresponde reiterar que tengo dicho que por definición y conforme nuestro régimen procesal, los actos procesales serán nulos solamente cuando no se hubieren observado las disposiciones taxativamente prescriptas bajo pena de nulidad. Sin embargo, la doctrina también coincide en que todos los planteos de nulidad deben examinarse con criterio restrictivo y que existen, además, algunos supuestos de meras irregularidades procesales, es decir, cuando falta alguno de los elementos del acto que no lo privan de su esencia y las formas que ostenta son suficientes para cubrir las exigencias mínimas de su entidad como figura procesal autónoma.
Así, las nulidades de los actos procesales, además de ser de declaración restrictiva y constituir un remedio extremo, únicamente proceden cuando la violación de las formalidades que las conforman derivan en un perjuicio real y concreto para la parte que las invoca, pero no cuando se solicitan por exigencias puramente formales desprovistas de interés práctico. Es decir, que la nulidad debe ser declarada cuando las inobservancias rituales perjudican derechos fundamentales.
Reitero, entonces, que el sistema consagrado por el Código en materia de nulidades -art. 201 del CPP- persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales por lo que, tratándose la nulidad de un remedio de excepción, cede frente al principio de conservación de aquéllos actos, razón por la que, previo anular es menester examinar el destino procesal del acto y separar lo sanable de lo insanable y la posibilidad de la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata a las garantías que son su causa, por lo que no habiéndose acreditado en el caso los extremos que la habilitan, corresponde su desestimación (TCPBA, Sala VI, Causa n° 65.958 “Foti, Alfredo Antonio s/ Recurso de Casación,” sentencia del 1 de junio de 2016).
Habiendo aclarado ello, se impone examinar lo ocurrido en el caso. La defensa reitera el planteo efectuado en la instancia acerca de que la acusación no cumplió con las exigencias legales al contener hechos indeterminados.
Por su parte, el Tribunal rechazó oportunamente la petición, sosteniendo que era extemporánea conforme al artículo 205 inc. 1º y 338 del CPP y aclarando que nada dijo al respecto en su oposición a la elevación a juicio (fs. 45vta.). Asimismo, sostuvo que el Agente Fiscal detalló los años entre los que ocurrieron los hechos y la edad con la que contaban los menores víctimas, agregando que la defensa no individualizó qué prueba de cargo le fue impedida reproducir (fs. 45vta.).
Ahora bien, de las constancias de la causa surge que el Fiscal determinó, en el contexto de las características propias de los hechos, las edades de los menores y el tiempo y lugar en el que aquellos habían ocurrido. Tanto al inicio del debate –lineamientos- como en su alegato final, el representante del Ministerio Público sostuvo de igual manera los datos y circunstancias que caracterizaron a los hechos, no modificando su acusación y permitiendo a la defensa el conocimiento pleno de los delitos endilgados a su asistido (fs. 3vta./4 y 21).
En consecuencia, los hechos atribuidos al encartado se aprecian, tal como lo sostuvieron los sentenciantes, claros y concretos en la configuración efectuada por la fiscalía. Se encuentra descripto precisamente el lugar en dónde la acusación pública afirma que acontecieron, esto es, en el baño del jardín del Colegio Normal de San Nicolás; las fechas entre las cuales se llevaron a cabo los abusos sexuales hacia F.G.R. y F.C. –entre los años 2008 y 2010 para ambos hechos-; y las particularidades específicas de la conducta del imputado contextualizada en un juego, incluso con detalles que incluyen, verbigracia, solicitud de practicarle sexo oral al acusado y a otro compañero, introducción de un dedo en el ano y pellizcos en los glúteos. Ello, salvaguardando la garantía de la defensa en juicio, permitió a Andino, a través de su asistencia letrada, la posibilidad de poder negarlos, refutarlos o explicarlos alegando justificación o exculpación, tal como lo evidencia el tenor del recurso interpuesto.
La extralimitación de los contornos de la garantía aludida, en la que incurre el impugnante al pretender que solo se satisface –en la especie– si la acusación contiene el día específico en que cada hecho juzgado se materializó y la dirección exacta donde se perpetraron –se lo individualiza como el baño del establecimiento educativo al que asistían los menores y del cual era portero el imputado–, no logran poner de manifiesto una afectación del derecho de defensa –ni de otro– de su representado.
Reitero que, todo ello, posibilitó la correcta defensa del imputado, quien tuvo la oportunidad de refutar cada una de las acusaciones, por lo que resulta insostenible alegar la nulidad de la acusación por las razones alegadas.
La misma suerte correrá el segundo motivo de agravio que solicita la nulidad de la sentencia por incumplimiento del art. 371 del CPP, es decir, por ausencia de fundamentación y una incorrecta valoración probatoria para acreditar la materialidad ilícita y autoría responsable de Andino.
Primeramente, corresponde señalar la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
Por otro lado, insisto en que ya he manifestado en reiteradas oportunidades que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario. Se trata de un tipo de delito en el que, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional (“entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados” conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 – Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Todo esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
También resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por ésta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A Quo edifique la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Ello debido a que se entiende que la palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal, sobre todo en casos como el que nos ocupa donde, como es sabido, el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso. La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima puede surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, las declaraciones de las víctimas abusadas –F.G.R. y F.C., ambos de entre 3 y 5 años de edad al momento de los hechos-, no son solamente útiles e imprescindibles en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuyen a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
Frente a ello, veamos que, contrario a la arbitrariedad interpretativa aducida por la defensa de Santiago Andino, el A Quo hizo una valorización pormenorizada del plexo probatorio que lo llevó a acreditar que el imputado abusó sexualmente de F.G.R. y F.C. en los términos establecidos en el fallo en cuestión.
En efecto, surge que los sentenciantes observaron y, en consecuencia, examinaron las declaraciones de los menores víctimas, prestadas en Cámara Gesell e incorporadas al debate en los términos del art. 102 bis del CPP., resultando éstas concluyentes en la reconstrucción de los hechos y determinación de la autoría.
Asimismo, de la simple lectura del decisorio consta que el A Quo consideró que los informes y declaraciones de las peritos del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsa
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