Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 84033
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Maximiliano de Mira.
II. Hacer lugar parcialmente, el recurso de casación interpuesto a fs. 21/25vta. en favor de Javier Eduardo Beramendi, y reducir la pena impuesta a 3 años y 5 meses de prisión con accesorias legales y costas.
Rigen los artículos 5, 12, 29 inciso 3, 40, 41, 45 y 167 inc. 3ero. CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 448, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
"Registrado bajo el Nro. 44 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 14 de febrero de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 84033 caratulada “BERAMENDI JAVIER EDUARDO S/RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAidana - Carral.
El 5 de abril de 2017, el Juez Dr. Eduardo Alfredo d’Empaire, como integrante unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, condenó a Javier Eduardo Beramendi a la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por efracción (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 167 inc. 3 del CP).
Contra dicha resolución, el Defensor Particular, Dr. Maximiliano De Mira, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 21/25vta..
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana , dijo:
Sostiene el impugnante, luego de relatar los antecedentes, que en la resolución cuestionada se violaron los artículos 373, 209 y 210 del C.P.P., al efectuar una arbitraria interpretación del 167 inc. 3 del Código Penal, pues no se rompió ni se quebrantó la cosa ni se separó las partes de un todo, sólo se ejerció fuerza sobre una reja de caño hueco que se dobló hacia afuera y, aprovechando que la ventana y la persiana se encontraban abiertas, el autor pudo ingresar. Que del dictamen pericial de fs. 7 y las imágenes de fs. 10/11 sólo surge que se dobló la reja no llegando a su fractura. Indica también el Defensor Particular, en forma subsidiaria, que existe arbitrariedad en la pena impuesta, denunciando transgresión a los artículos 40 y 41 del CP y 209, 210, 371 inc. 5 y 373 del C.P.P, pues entre las atenuantes no se valoró la confesión del imputado al considerar que no se mostró sincero, que el fundamento debiera ser sólo el respeto a las normas de convivencia al hacerse cargo de haber infringido los límites y en la facilitación de la tarea del estado en la administración de justicia. De igual forma afirma que es contradictorio haber valorado como agravante la nocturnidad con la circunstancia de tener por acreditado que el hecho se cometió ente la noche del 8 de octubre del 2012 y la madrugada del día siguiente, por lo que, al desconocer el horario exacto, no es posible afirmar que exista oscuridad, que tampoco se ha acreditado que se haya buscado o aprovechado ese momento para cometer el ilícito, por lo que concluye solicitando que se case la sentencia impugnada, se modifique la calificación legal del hecho por la de robo simple y se reduzca la sanción penal.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, solicita el rechazo del recurso presentado, de acuerdo a los argumentos de su memorial de fojas 44/46. Afirma que la constatación de la reja forzada con un hierro tipo barreta en una de las ventanas de la vivienda, comprueba la aplicación de un plus de fuerza sobre un medio de defensa colocado para proteger la propiedad, que agrava la figura básica; añade que la dosificación del monto de pena resulta respetuosa de los principios de legalidad y racionalidad, invocando jurisprudencia de Sala II del Tribunal de Casación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala VI, c. 55.583, “Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación” , sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; c. 55.868, “Benítez, Julio César s/Recurso de casación” , sent. del 12 de julio de 2013, reg. 237/13; c. 56.420, “Díaz Quintela, Víctor Antonio s/ Recurso de Casación” , sent. del 30 de julio de 2013, reg. 283/13, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado –por remisión a la descripción que hiciera el Fiscal- que: “entre la noche del 8 de octubre de 2012 y la madrugada del dia siguiente, cuando un sujeto se hizo presente en el establecimiento rural “La Edu”, sito en un camino vecinal paralelo al camino “La Planchada”, el cual nace a la altura del kilómetro 784 de la Ruta Nacional Nro. 3, distante a unos cinco mil metros de la mencionada ruta, y previo forzar la reja protectora de una ventana ubicada en la parte posterior de la vivienda con un elemento contundente tipo palanca, ingresó al interior y se apoderó de un GPS marca Garmín, dos cuchillos antiguos de grandes dimensiones con vaina de cuero, una carabina calibre .22 con mira telescópica, cuatro cajas de cartucho calibre 16” marca Brene, un DVD marca Duraband, un turbo-ventilador color gris, un caloventor eléctrico marca Coventry, una caja metálica con cuarenta y cinco mil pesos en el interior, un billete de cien pesos, dos celulares marca Nokia modelo 1100, prendas de vestir de hombre y dos mantas tipo polar color azul” (fs. 10vta.).
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Los reclamos hechos por el impugnante sobre el cambio de calificación del ilícito de robo agravado por efracción a robo simple y por la aplicación de la agravante nocturnidad, afirmando que no está acreditada, son sustancialmente una reedición de los planteos expuestos por el Defensor ante el A-Quo .
Como fundamentación de la calificación legal escogida, el Juez indicó que se acreditó que se ejerció fuerza sobre la barra inferior de la reja que protege la vivienda, doblándola hacia afuera, de las fotografías obtenidas, la declaración de la damnificada y del dictamen técnico en el que se concluyó que la violencia se ejerció “a modo de palanca con un elementos contundente”, que al forzarse la reja de la ventana, media en el caso la fractura que exige el tipo del inciso 3 del artículo 167 del Código Penal.
El agravamiento que se produce del robo por fractura –en el caso de la ventana-, supone el quebrantamiento, corte, separación, que implica destrucción, con daño de características especiales. Significa que la fuerza que se emplea no es la que se utiliza habitualmente para abrir, es decir es rota o separada con violencia que contiene un plus de aquélla.
Para configurarse la agravante de
efracción, la fuerza debe ejercerse sobre los objetos que
forman y dotan de seguridad y solidez al conjunto de las defensas –es decir, de los techos, paredes, cercos, ventanas, etc.- y no sobre los elementos que, aisladamente, las compongan ( Causa nro. 58.360 del 28/2/14, “Acuña Pabla Andrea s/ recurso de casación”, Sala VI).
Encuentro decisivo en el caso que según surge de las fotografías, la declaración de la víctima y el dictamen técnico –elementos individualizados por el Juez en la sentencia-, que la fuerza recayó sobre la reja de la ventana, es decir un elemento puesto como defensa material del inmueble, al que dotaba de verdadera seguridad, y cuya natural solidez realmente permite oponerse al apoderamiento; por lo que al no limitarse la fuerza despegada a la separación de los barrotes sino que se dobló o arqueó, alcanzando incluso a destruir la mampostería (fotografías de fs. 2/3), es posible concluir del modo como lo hiciera el Juez, por lo que habrá de confirmarse la calificación de robo agravado escogida.
Con relación al reclamo que sea valorada como atenuante la confesión del imputado, debe tenerse en cuenta que dicho comportamiento constituye una circunstancia procesal que, indudablemente representa un acatamiento a las consecuencias jurídicas–penales del hecho que contribuye a la reparación a la lesión jurídica, aun cuando no se realice antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él.
Como consecuencia de ello, habida cuenta que el conflicto no se agota en el momento de la realización de la acción típica ni en el de la producción del resultado, no puede dejar de ser relevante la conducta posterior del imputado que no sólo contribuye efectivamente a conocer el hecho sino que de algún modo tenga carácter composicional –aun cuando no constituya una reparación pecuniaria-.
En el caso se trata de una conducta valiosa que debe atenderse.
La exigencia de que se exteriorice arrepentimiento en el acto es incompatible con la pretensión de un estado de derecho que actúa sobre los comportamientos sin ingresar en el ámbito interno de las personas, propio de la vida privada que están al margen del ordenamiento jurídico, extensamente protegido en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, que ampara la autonomía individual.
Como consecuencia de lo expuesto, al no advertirse otra fundamentación que la expuesta, con independencia de las citas jurisprudenciales que hiciera, la exigencia impuesta resulta arbitra, por lo que habrá de ser acogido el reclamo y valorar como atenuante la declaración del imputado, en la que admitiera su intervención en el hecho.
Por último, con relación al cuestionamiento hecho en el recurso de la consideración como agravante de la nocturnidad, no puede soslayarse que se trata de un dato que disminuye las defensas del bien al permitir actuar con mayor impunidad.
El contenido del injusto aumenta en razón de la desprotección del bien jurídico no imputable a su titular.
En el caso, dicha circunstancia facilitó el apoderamiento, tal como lo reconoció el propio imputado en su declaración al señalar que “se había hecho de noche” para explicar seguidamente su comportamiento ilícito, lo que claramente pone de manifiesto que aprovechó dicha oportunidad para cometer el hecho.
Con ello, es incuestionable que las circunstancias temporales reconocidas por el propio imputado – noche-, realizan la condición.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que el fallo se ajusta a derecho en la calificación legal escogida, aplicó correctamente la agravante de nocturnidad y habrá de hacerse lugar al reclamo de que se valore como atenuante la confesión del imptuado, por lo que se habrá de reducir la pena a 3 años y 5 meses de prisión accesorias legales y costas.
(Arts. 40, 41, 45 y 167 inc. 3, CP; 106, 209, 210, 373, 448, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
Así lo voto .
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Maximiliano de Mira.
II. Hacer lugar parcialmente, el recurso de casación interpuesto a fs. 21/25vta. en favor de Javier Eduardo B
(arts. 40, 41, 45 y 167 inc. 3, CP; 106, 209, 210, 373, 448, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
Así lo voto .
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Maximiliano de Mira.
II. Hacer lugar parcialmente, el recurso de casación interpuesto a fs. 21/25vta. en favor de Javier Eduardo Beramendi, y reducir la pena impuesta a 3 años y 5 meses de prisión con accesorias legales y costas.
Rigen los artículos 5, 12, 29 inciso 3, 40, 41, 45 y 167 inc. 3ero. CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 448, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen, al que se le encomienda la notificación del causante de este decisorio y que una este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FDO: RICARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL, JUECES. ANTE Mí: MARIA VALERIA VOLPONI (PROSECRETARIA).
Fin de la sentencia