Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86115
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Dra. María G. Belfer.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 33/37vta. en favor de Darío Fabián Carleo, con costas.
Rigen los artículos 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 119 “3er. párr.” del Código Penal; 106, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP.
"Registrado bajo el Nro.75 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 21 de Febrero de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86115 caratulada “CARLEO DARIO FABIAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 4 de julio del año 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial de San Martín, condenó a Darío Fabián Carleo a la pena de ocho años (8) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 119, tercer párrafo del Código Penal).
Contra dicha resolución, la Defensora Oficial, Dra. Mariela G. Belfer, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 32/37vta.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene la impugnante que el Tribunal se ha apartado irrazonablemente de las reglas que rigen la individualización de la pena, que la resolución resulta arbitraria por haberse inaplicado en el fallo el artículo 106 del C.P.P., por violación de los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial y de los arts. 40 y 41 del CP. Afirma que en el alegato sostuvo que para determinar la pena debía considerarse como atenuantes la ausencia de antecedentes, las características psicológicas de su personalidad, la edad y su comportamiento ulterior, lo que fue receptado en la sentencia, excepción hecha de la conducta asumida con posterioridad, la que solicita que sea valorada como atenuante (el imputado llevó a hacer la denuncia, nunca modificó su domicilio, se presentó y permitió la extracción sanguínea cuya muestra se utilizó para el cotejo de ADN y continuó abonando los alimentos de la hija en común).
Señala que reclamó que se descarte la aplicación de las agravantes pedidas por la Fiscalía respecto de la extensión del daño psicológico de la víctima, la circunstancia de no haberse empleado un preservativo al momento de eyacular y la violencia de género, el Tribunal sólo descartó aplicar como agravante la extensión del daño causado, acogió las demás sin brindar explicación respecto a cómo incidían cada una de ellas en el quantum de la pena. Cuestiona que se haya valorado como circunstancias agravantes la violencia de género y el no uso de preservativo, por lo que entiende que debe imponerse una pena menor. Con relación a la primera, indica que el fundamento utilizado permite agravar todos los delitos cometidos contra mujeres, que vulnera la prohibición de doble valoración pues la afectación a la que se hace referencia no es más que la propia de un delito contra la integridad sexual cuyas víctimas mayormente son mujeres, si la víctima fuera un hombre sería menos grave, y con respecto a la segunda afirma que, aun tratándose de una circunstancia agravante, debe tomarse en cuenta el conocimiento del autor, pues habiendo tenido la víctima y victimario relaciones sexuales consentidas sin protección pocos días antes, para el autor es habitual y consentida, aun siendo imprudente.
Concluye reclamando que se aplique una pena sensiblemente menor teniendo en cuenta la ponderación de las atenuantes invocadas y de las agravantes propuestas, si el Tribunal receptó dichas atenuantes y sólo acogió 3 de las agravantes, no se explica cómo llega a la construcción de la sanción, que no es asequible el razonamiento y tampoco resulta la derivación razonada de las constancias reunidas en el juicio, por lo que reclama se case parcialmente el fallo y se fije una pena que no se aleje del mínimo legal, haciendo reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, se remite a fs. 44/vta. a los fundamentos expuestos por la Defensora Oficial, por lo que solicita que se adopten las soluciones reclamadas.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, solicita a fs. 45/48 que se rechacen los cuestionamientos formulados por la defensa, pues no advierte quebrantadas las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Que la falta de protección al momento del acto sexual insume un riesgo de embarazo para la víctima, además el incremento de la posible transmisión de enfermedades sexuales y la agravante de violencia de género no puede ser soslayada, que nuestro país asumió un compromiso tendiente a prevenir, combatir y atender situaciones de violencia de género, cita las Convenciones internacionales suscriptas, la definición de violencia de género establecida en la ley 26.485, descartando la interpretación hecha en el recurso sobre la exigencia en el aspecto subjetivo de una finalidad libidinosa o sexual, que no constituye una doble valoración pues pueden ser víctima del delito el hombre y la mujer, por lo que nada impide que se valore como agravante cuando fue cometido por la condición de mujer de la víctima. Sostiene que las atenuantes no pueden ser computadas pues son situaciones posteriores y ajenas al ilícito, que la pena recaída resultó alejada del máximo legal de 15 años de reclusión o prisión.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como Jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal tuvo por acreditado que: “el 6 de junio de 2014, siendo las 4 horas aproximadamente, Darío Fabián Carleo, ingresó al domicilio en el que habitaba Daniela Ayelén Zarza, sito en la calle Cuyo 3723 de la Localidad de Pablo Nogués, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, y simulando perpetrar un robo, haciéndose pasar por un desconocido, al distorsionar su voz y cubrirse el rostro, manteniendo las luces apagadas de la vivienda, y mediante el uso de la fuerza despertó a la víctima de autos, quien resultaba ser su ex - pareja y se encontraba durmiendo en su habitación, junto a la hija de ambos, menor de edad, y fue así que tras taparle la nariz con un trapo embebido en alcohol y atarle las manos a la víctima por atrás de la espalda con un cable, la trasladó hacia otra habitación, arrojándola a la cama, abusando sexualmente de la misma, al accederla carnalmente, introduciéndole su pene en la cavidad vaginal, hasta eyacular en su interior, luego de lo cual se retiró de la vivienda".
El recurso no ha de prosperar.
Nuestro ordenamiento positivo ha estipulado un sistema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del conjunto y en el cual el Juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta.
Este cuadro configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los supuestos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el Juez debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (ZIFFER, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 37; y cit., c. N° 55.151, “ORQUERA, Hugo Darío s/Recurso de Casación”, sent. del 28 de mayo de 2013, reg. 171/13, entre muchas otras).
Dicha operación intelectual, por supuesto, no se encuentra exenta de dificultades y aunque estrecha considerablemente el espacio para la discrecionalidad, a través de la evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad de los imputados con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no nos permite arribar a un monto con precisión matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Ahora bien, frente a todo lo expuesto, no se advierte una desproporción en el monto de la sanción aplicada, ni ausencia de fundamentación al respecto.
De la lectura de la resolución impugnada, se observa que, los Jueces de grado, valoraron como atenuantes:
La ausencia de antecedentes.
La edad y el infantilismo para sus
reacciones.
Asimismo, como agravantes
computaron:
- La nocturnidad.
- No haber empleado medios de protección
al momento de eyacular en el cuerpo de la víctima.
- La violencia de género.
De acuerdo a lo expuesto, el sistema
general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino - de penas relativas -, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplan con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico – racional del proceso de decisión.
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “… Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna…”( SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
El reclamo hecho por la impugnante que se valore como atenuante el comportamiento posterior del imputado, no puede ser receptado.
No se advierte ni logra ser demostrado la
forma en que las circunstancias enumeradas en el recurso se vinculan con las reglas previstas legalmente para la individualización de la pena, tal como lo indicara el A-Quo (fs. 27).
Lo propio cabe decir respecto de las agravantes computadas.
Con suficiencia se fundamentó la violencia de género como dato que autoriza mayor punibilidad, indicándose en la resolución que el acto fue hecho “sobre la base de la condición de mujer y ha impactado de manera negativa en su bienestar social, físico y psicológico, en consonancia con las previsiones del art. 7° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Para’” (fs. 27vta).
No se afecta la prohibición de doble valoración pues, la expresada en la resolución, no se trata de una circunstancia que forme parte de la descripción típica básica o agravada, no integra el desvalor del injusto, sino que pudiendo ser víctima cualquier persona, en el caso en que sea una mujer, en las condiciones señaladas por el A-Quo, permite particularizar la intensidad de la desvaloración.
Las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina a través de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22), establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de justicia. Dentro de dicha normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979). Esta Convención tiene el objetivo, ni más ni menos, de incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de su texto. Esta incorporación implica no solo la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también la incorporación de medidas o planes de acción que los Estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico. De estos fines normativos, de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas, es de donde surge el concepto de “perspectiva de género.”
Lo propio surge de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), documento que goza de jerarquía constitucional y de cuyo texto se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de género, a raíz del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la violencia contra la mujer todas sus formas.
No es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la violencia de género, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer.
La Corte Interamericana reafirmó la importancia de evitar la impunidad en crímenes de género, pues de este modo se “…envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.” (v. Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, serie C No. 205, párr. 400).
En esta instancia, resulta imperioso poner en evidencia que el recurso de casación aquí analizado revela concepciones estereotipadas que el estado argentino se ha comprometido a erradicar. En consecuencia, la postura adoptada por la Defensora intenta minimizar un episodio de violencia hacia la mujer que no solo fue sobradamente probado en el debate oral y público, sino que edifican el resultado anunciado del acontecimiento criminal que es objeto de este proceso.
En cierta medida, el cuestionamiento delineado sobre la agravante por la recurrente promueven la objetivación del cuerpo de la mujer, desatendiendo todas las exigencias internacionales en la materia, por lo que habrá de desecharse.
Finalmente, con relación al motivo de agravio expuesto en el recurso sobre la falta de uso de preservativo por el imputado, no puede soslayarse que el reclamo es una simple reedición del efectuado ante el Tribunal, sin intentar controvertir la respuesta dada al tratar la cuarta cuestión -fs.27/vta-.
La propia impugnante admite que constituye una circunstancia agravante, sin que la información proporcionada (el conocimiento del autor por haber tenido la víctima y victimario relaciones sexuales consentidas sin protección pocos días antes), permita concluir en que sea habitual y consentida, y con ello imprudente, como pretende en el recurso.
En efecto, habiendo quedado firme la existencia del hecho en su realización externa (fs. 9vta.), la descripción que el Tribunal hiciera descarta de plano la posibilidad que sea consentida, más aun teniendo en cuenta las circunstancias violentas en que se produjera el acceso: simulando perpetrar un robo, haciéndose pasar por un desconocido, distorsionar la voz, cubrirse el rostro, con las luces apagadas, taparle la nariz con un trapo embebido en alcohol y atarle las manos por atrás con un cable.
Por ende, se ajusta a derecho el sentido de la valoración efectuado por el A-Quo como agravante, del hecho comprobado de no haber empleado medios de protección al momento de eyacular en el cuerpo de la víctima, pues la naturaleza del ilícito culpable pone de manifiesto la intensidad de la afectación por el mayor disvalor del comportamiento evidenciado ante la posibilidad de provocar un embarazo no deseado o transmitir enfermedades sexuales, es decir, el mayor grado del injusto.
En consecuencia, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto a fs. 32/37vta. en favor de Darío Fabián Carleo; con costas (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45 y 119, “3er. párr..” del C.P.; 106, 373, 375, 530, 531, cits. y ccs., CPP). Asimismo, deberá tenerse presente la reserva del caso federal formulada a fs. 37vta. (art. 14, ley 48).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Dra. María G. Belfer.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 33/37vta. en favor de Darío Fabián Carleo, con costas.
Rigen los artículos 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 119 “3er. párr.” del Código Penal; 106, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Tribunal de origen, al que se le encomienda la notificación del causante de este decisorio y que una este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FDO. DANIEL CARRAL - RICARDO MAIDANA (JUECES). ANTE MI : JORGE ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia