Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86065
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación efectuada por la Defensora Oficial Dra. Julia Inés Martínez.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 30/33 en favor de Cristián Emanuel Sabbag, con costas.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 14, ley 48; 45, 55, 80 inc. 7mo, 166 inc. 2°, segundo párrafo, 167, inc. 2° y 239 CP; 20 inc. 1, 106, 202, 205, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 454, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
"Registrado bajo el Nro.116 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 1° de MARZO de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86.065 caratulada "SABBAG CRISTIAN EMANUEL S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL.
El 1° de junio de 2017, el Tribunal en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial de La Plata, condenó a Cristián Emanuel Sabbag a la pena de catorce (14) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo doblemente calificado por su perpetración en poblado y en banda y uso de arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio calificado por haber sido
intentado para consumar otro delito y resistencia a la autoridad (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 45, 55, 80 inc. 7mo, 166 inc. 2°, segundo párrafo, 167, inc. 2° y 239 CP).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. Julia Inés Martínez, interpuso el recurso de casación agregado a fs. 30/33.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 15/11/2017 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
La impugnante alega violación de las reglas procesales y sustanciales en relación a la afirmación de la autoría imputada a Sabbag en el hecho número “1”. Cuestiona la utilización de los libros de “modus operandi” y su convalidación posterior a través de un reconocimiento en rueda efectivizado por el mismo sujeto. Señala que el artículo 261 del C.P.P. remite a las reglas del reconocimiento en rueda de personas y, por lo tanto, debió notificarse a la defensa del ausente, aún no identificado, para garantizar la legalidad y validez de las actuaciones. Considera que debe desestimarse dicha diligencia y todos los otros medios de prueba que se sustenten en forma directa y exclusiva en aquella, con referencia al reconocimiento en rueda de persona realizado con posterioridad. Solicita se case la sentencia y se absuelva a su defendido.
A fs. 40/vta., el Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández propicia la procedencia del recurso.
La Fiscal Adjunto de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, propicia el rechazo del recurso presentado, conforme los argumentos que desarrolla a fojas 41/42vta.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado que, Hecho 1: “ el día 2 de Septiembre de 2014 siendo aproximadamente las 16:50 horas, tres sujetos del sexo masculino interceptaron en su marcha a María Beatriz Recalde en calles 9 y 81 de la ciudad de La Plata –inmediaciones del Colegio Cristo Rey-, quien circulaba a bordo de su motovehículo marca Honda modelo Wave dominio colocado 232-GZB y en tales circunstancias uno de los sujetos, luego de bajar del ciclomotor, extrajo de sus ropas un arma de fuego e intimidando a la nombrada la desapoderó de su motovehículo. En la ocasión la víctima pidió auxilio y en su ayuda salió Sergio Navarrete tratando de impedir la sustracción –quien se encontraba a pocos metros de la víctima- situación que motivó al sujeto armado a dispararle en el abdomen ocasionándole lesiones que pusieron en riesgo su vida, logrando de este modo concretar el desapoderamiento y darse a la fuga; el sujeto armado en el vehículo sustraído y el resto del grupo en el ciclomotor con el que llegaron al lugar” y que, Hecho 2: “ el día 3 de septiembre de 2014, siendo aproximadamente las 15:30 horas el personal policial comisionado en la búsqueda de los autores del ilícito antes descripto, individualizaron a un sujeto por las inmediaciones de las calles 14 entre 82 y 83 de la Ciudad de La Plata que presentaba similares características fisonómicas y de vestimenta de aquellas descriptas por las víctimas del hecho armado. Así las cosas el personal policial dio voz de alto para poder identificarlo, medida a la que se resistió y se dio a la fuga siendo finalmente aprendido en las cercanías del lugar” (fs. 15vta./16).
El recurso no habrá de prosperar.
Como punto de partida, debe resaltarse que el cuestionamiento se limita a confrontar la acreditación de la autoría penalmente responsable de Sabbag, únicamente respecto al primer hecho, sin efectuar objeciones a la valoración del juez sobre el mérito de la prueba para tener por comprobado los restantes extremos de los eventos.
Sentado ello, a los efectos de sustentar la autoría de Sabbag en el primer hecho bajo juzgamiento, el A Quo ponderó la declaración testimonial de Sergio Gustavo Navarrete, una de las víctimas del hecho, quien brindó una descripción fisonómica y de vestimentas del sujeto que efectuó el disparo, y luego al serle exhibidas, durante el debate, las fotografías de la indumentaria secuestrada al momento de aprehensión de Sabbag, las identificó como las que usaba el individuo que portaba el arma.
Manifestó haber reconocido claramente y sin lugar a dudas a dicho sujeto en las fotografías que le mostraron en el hospital, y haber realizado un reconocimiento en rueda de personas, en el cual identificó al condenado como quien efectuó el disparo.
Asimismo, el Tribunal de grado valoró la declaración de Mirta Beatriz Recalde, la otra víctima del primer evento, quien efectuó una descripción física y de la ropa utilizaba por el sujeto armado, que resultó coincidente con la brindada por el testigo Navarrete.
Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del sentenciante respecto de la autoría penalmente responsable de Sabbag se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por la Defensa logren evidenciar falencias en lo decidido.
La Defensora cuestiona la falta de contralor de una Defensoría Oficial al momento de desarrollarse el reconocimiento fotográfico, solicitando la nulidad de lo actuado y sus actos consecuentes.
En este punto, debe señalarse que la parte no demuestra con suficiencia los fundamentos que conllevarían, aún de prosperar los cuestionamientos al reconocimiento fotográfico, a fulminar el reconocimiento posterior efectuado bajo el estricto cumplimiento de las reglamentaciones que regulan este tipo de actos, y en consecuencia, la concurrencia de un perjuicio concreto para la parte, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la norma (conf. doctrina de Fallos: 295:961; 298:312, entre otros), en tanto resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554).
Con respecto a la solicitud de nulidad, resulta necesario reiterar que por definición y conforme nuestro régimen procesal los actos procesales serán nulos solamente cuando no se hubieren observado las disposiciones taxativamente prescriptas bajo pena de nulidad. Sin embargo, la doctrina también coincide en que todos los planteos de nulidad deben examinarse con criterio restrictivo y que existen, además, algunos supuestos de meras irregularidades procesales, es decir, cuando falta alguno de los elementos del acto que no lo privan de su esencia y las formas que ostenta son suficientes para cubrir las exigencias mínimas de su entidad como figura procesal autónoma.
Así, las nulidades de los actos procesales, además de ser de declaración restrictiva y constituir un remedio extremo, únicamente proceden cuando la violación de las formalidades que las conforman deriva en un perjuicio real y concreto para la parte que las invoca, pero no cuando se solicitan por exigencias puramente formales desprovistas de interés práctico. Es decir, que la nulidad debe ser declarada cuando las inobservancias rituales perjudican derechos fundamentales.
En el caso, los planteos de la defensa se desentienden de la oportunidad procesal para efectuar la solicitud correspondiente (art. 205 inc. 1, CPP), y la mera alegación genérica y dogmática de garantías constitucionales no resulta suficiente para demostrar que, en autos, se configure uno de los supuestos atrapados por el art. 203 del rito, que permita a esta altura acompañar la petición.
Por lo demás, la diligencia llevada a cabo por la víctima Navarrete a fin de obtener una aproximación de su atacante, consistente en la observación de un álbum fotográfico preexistente, se erige –en el contexto de autos y atento lo sucedido luego- en una medida atinente a encauzar la investigación, de allí que, si luego se practicó un reconocimiento en rueda de personas con las formalidades de ley, no se observa que la Defensa haya fundado cuál sería el perjuicio concreto generado por la omisión de notificarle la realización de aquella primigenia diligencia, como tampoco se expone en el recurso cuáles habrían sido aquellas las defensas o excusas que frente a la indicada omisión se haya visto impedido de interponer o ejercer, de modo que no encuentro afectado el derecho constitucional aludido.
Además, más allá del valor probatorio del reconocimiento, sobre el cual no existe óbice para su contemplación, debe resaltarse que el A Quo valoró prueba que, con independencia de la cuestionada, permite sustentar la conclusión a la que arribara, a saber: 1°) la concordancia entre la descripción física y de vestimentas brindadas por las víctimas Navarrete y Recalde; 2°) el reconocimiento que Navarrete hiciera de las prendas secuestradas al momento de la aprehensión de Sabbag; y 3°) el reconocimiento posterior que efectuara la víctima referida, ahora sí, con previo anoticiamiento y brindando la posibilidad de control a la Defensoría Oficial.
En tal sentido, las probanzas valoradas por el juzgador, además de legítimas, lucen suficientes para abastecer los extremos de la imputación respecto del inculpado y el hecho que se le adjudica, habiendo el A Quo emprendido aquella tarea con apego al sistema de las libres convicciones razonadas y lo prescripto legalmente (arts. 210 y 373, CPP).
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 45 y 166 inc. 2°, del CP; 106, 209, 210 y 373, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabinoó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación” , reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
Por lo tanto, propongo rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 30/33 en favor de Cristián Emanuel Sabbag, con costas (Arts. 45, 55, 80 inc. 7mo, 166 inc. 2°, segundo párrafo, 167, inc. 2° y 239 CP; 20 inc. 1, 106, 202, 205, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 454, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación efectuada por la Defensora Oficial Dra. Julia Inés Martínez.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 30/33 en favor de Cristián Emanuel Sabbag, con costas.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 14, ley 48; 45, 55, 80 inc. 7mo, 166 inc. 2°, segundo párrafo, 167, inc. 2° y 239 CP; 20 inc. 1, 106, 202, 205, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 454, 530, 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FDO. RICARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL (JUECES) ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia