Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86807
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensora Oficial, Dr. Daniel Alejandro Patricio González Stier.
II. Disponer que la condena a Jonathan Alan Mencia de tres (3) años de prisión sea condicional, con costas, como autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y por la comisión con fractura en grado de tentativa, en concurso real con resistencia a la autoridad.
III. Como consecuencia de lo indicado en el punto anterior, el A-quo deberá fijar las reglas que el condenado tendrá que cumplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 bis del Código Penal.
Rigen los artículos 5, 12, 19, 26, 27 bis 29 inc. 3, 55, 166 inciso 2 “1er. párr.”, 167 inc. 3 y 239 del Código Penal; 106, 399, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP.
"Registrado bajo el Nro. 863 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 11 de octubre de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86807 caratulada “MENCIA JONATHAN ALAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 18 de agosto del año 2017, la doctora Marcela Alejandra Vissio, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, previo acordar en forma conjunta las partes el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Jonathan Alan Mencia a la pena de tres años (3) años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma y por la comisión con fractura en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad (arts. 41, 55, 166 inciso 2 “primer párrafo”, 167 inc. 3ero. y 239 del Código Penal).
Contra dicha resolución, el Defensor Oficial, Dr. Daniel Alejandro Patricio González Stier, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 11/20.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente
Al respecto cabe destacar que al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio entre éste y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por esta razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, caso en que lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (v. arts. 75 inc 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327 , Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
Por todo ello, el recurso resulta admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el impugnante, que no existen pautas expresas tendientes a determinar el mecanismo utilizado para graduar la sanción ni cómo incidieron las circunstancias agravantes y atenuantes, que debe ser revisada la pauta agravante consistente en la pluralidad de sujetos intervinientes por la mayor indefensión pues pierde virtualidad ante la utilización de un arma de manera impropia, lo que importa una doble valoración, que debió haberse aplicado el mínimo legal en 2 años y 6 meses de prisión. Asimismo cuestiona el modo de cumplimiento de la pena, que no se conocen los motivos por los que fijó que sea en forma efectiva, que la finalidad del artículo 26 es evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en los casos de imputados primarios u ocasionales, ante la probada imposibilidad de alcanzar en tan breve plazo el fin de prevención especial positiva.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, por los argumentos que expone a fs. 31/33vta., solicita que el recurso de casación sea rechazado, que en los casos en que el imputado y su defensor prestaron oportuna y expresa conformidad sobre la calificación y el monto de la pena en el contexto de un juicio abreviado, no pueden interponer recurso de casación cuando el A-Quo no se hubiera apartado arbitrariamente de las pautas convenidas por las partes. Que la pluralidad de sujetos activos denota un mayor contenido de injusto derivado del aumento del poder ofensivo y de la mayor indefensión de la víctima, que no existe doble valoración prohibida como reclama el impugnante pues olvida que la agravante fue consentida y el fundamento consiste en la mayor indefensión de la víctima y las mayores posibilidades de éxito de la empresa, que el quantum punitivo resultó razonablemente sustentado en el mayor grado de disvalor objetivo y subjetivo de los hechos. Por último con relación al cumplimiento efectivo de la pena, cita jurisprudencia de las Salas II y III de Casación, para sostener que en el caso no fue violentado el artículo 399 del CPP en cuanto impide modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la pena acordada, pues no se pactó la modalidad de cumplimiento, por lo que se supone de efectivo cumplimiento.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
La Jueza tuvo por acreditado que: “El día 19 de enero de 2017, siendo alrededor de las 09.00 horas, dos sujetos del sexo masculino, uno de ellos menor de dieciocho años de edad, violentaron la puerta de ingreso mediante golpes y rompieron la ventana de la finca sita en calle Colombres número 1297 de la localidad y partido de Florencio Varela, propiedad de Susana Beatriz Franco, accediendo a la misma.
Allí, los individuos intimidaron con un arma blanca tipo cuchillo carnicero, a Franco y a su hijo, intentando apoderarse ilegítimamente de un equipo de música con sus parlantes y de un televisor.
Alertado que fue, personal policial se constituyó en dicho domicilio, siendo que los sujetos se opusieron activamente a la orden que los funcionario les impartieron mediante golpes y forcejeos, logrando ser, finamente reducidos.”
El recurso sólo habrá de prosperar parcialmente.
Liminarmente, no puede soslayarse que la Defensa Oficial y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, " Acevedo Velez Jhonatan y Castaño Yoni Andrés s/ Recurso de Casación ", sent. del 1° de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre muchas otras).
Con ello, no puede dejar de advertirse que, a través de la elección del procedimiento especial de enjuiciamiento, se sustrajo de la consideración de la Jueza parte de las cuestiones que ahora introduce, sin expresar fundamentos novedosos que respalden su pretensión.
No hallándose cuestionada por el impugnante la existencia del hecho en su exteriorización ni la autoría penalmente responsable, los motivos de agravios se reducen al monto y a la modalidad de cumplimiento de la pena escogida.
Con relación al primer reclamo, cuestiona que se haya computado como agravante la pluralidad de sujetos activos y pasivos.
La Dra. Vissio con sólidos fundamentos desarrolló que dicha circunstancia aumenta el estado de indefensión de las víctimas, acrecienta las posibilidades de consumación del plan delictivo y, en cuanto resulta indicativo de una concertación delictiva, genera una mayor culpabilidad por el hecho y que la pluralidad de personas victimizadas en el desapoderamiento aumenta la magnitud del injusto reprochado.
La crítica introducida por el impugnante más allá de no haber sido planteada oportunamente, desatiende el carácter revisor de la intervención de Casación por medio del recurso correspondiente, pues al acordar la calificación y la pena con el Fiscal, impidió a la Jueza expedirse y, por ende, la posibilidad de controlar su decisión por esta vía.
La valoración como agravante de la pluralidad de sujetos activos y pasivos es independiente de la calificación del apoderamiento por el empleo de arma, en el primer caso aumenta el disvalor del injusto por las mayores posibilidades de éxito en la empresa delictiva, la disminución de posibilidades de protección del bien jurídico y el concierto de voluntades puesto de manifiesto, al igual que la mayor cantidad de víctimas, en el segundo –el empleo de un arma- se trata de una circunstancia que califica el apoderamiento por expresa disposición legal, cuya pena se intensifica por el mayor poder intimidante y el peligro que constituye para el sujeto pasivo la utilización del arma por el autor.
Con ello, puede advertirse con claridad que las reflexiones que constituyen el fundamento del ilícito en su forma calificada nada tienen que ver con las consideraciones tenidas en cuenta –en los términos señalados- al momento de fijar la pena para el hecho concreto, pues ello no implica agravar dos veces por la misma circunstancia: en la calificación legal y en la fijación de la pena.
El sistema general de determinación de la
pena adoptado por el Derecho Penal Argentino - de penas relativas -, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, determina que deba evaluarse que las reglas seguidas cumplan con el deber de fundamentación explícita que permita el control critico - racional del proceso de decisión.
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
"… Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna…"( SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no permite arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, "El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales", en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Con lo señalado, no se advierte una desproporción en el monto de la sanción aplicada, ni ausencia de fundamentación al respecto.
Por ello la circunstancia que la Jueza haya impuesto una pena que excede el mínimo de la escala penal, tal como denuncia el Defensor, se encuentra fundamentada y permite desechar el reclamo efectuado.
No ocurre lo propio, sin embargo, con la modalidad de cumplimiento escogida.
Por un lado, dicha circunstancia no fue objeto del acuerdo y, por el otro, no se advierte algún desarrollo escrito que la fundamente.
El objetivo de la condenación condicional prevista en el art. 26 del CP es evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta 3 años de prisión, aserto que encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar, en tan breve lapso de prisión, el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la CN (CSJN, Fallos 329:3006).
En el caso, se advierte que la Jueza valoró como atenuante la ausencia de antecedentes condenatorios y como agravante la pluralidad de sujetos activos y pasivos, extremos que lo llevaron a ubicar el accionar de Mencia en un punto próximo al inferior del continuo de gravedad. Pero omitió brindar argumentos para respaldar su preferencia por la opción más gravosa.
Con ello, se estaría privando a quien la
sufre la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable. El derecho de defensa en juicio impone que el acusado pueda refutar decisiones basadas en criterios discrecionales de los magistrados que las disponen (Conf. CSJN, 8/8/06 “Squilario”).
Comporta lo decidido el desconocimiento de la doctrina de la exigencia de fundar la decisión por la cual un tribunal impone una pena de efectivo cumplimiento cuando resulta formalmente admisible una condena de ejecución condicional, lo que impone su revocación (Conf. causa TCBA, "Albornoz", Sala VI del 20/12/13).
Por estas razones, entonces, propongo al Acuerdo que se haga lugar parcialmente, sin costas, al recurso articulado por el Defensor Oficial, se fije la pena de tres (3) años de ejecución condicional, a la par que se reenvién los actuados a la instancia, a los efectos de que -previa sustanciación- se decidan las reglas de conducta, en con las estipulaciones del artículo 27 bis del Código Penal.
En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Defensor y reenviar los actuados a la instancia a los efectos de que -previa sustanciación- se decidan las reglas de conducta, conforme la manda del artículo 27 bis del Código Penal (arts. 5, 12, 19, 26, 27 bis 29 inc 3, 26, 40, 41, 42, 55, 166 inciso 2 “1er. párr.”, 167 inc. 3 y 239 C.P.; 106, 209, 210, 373, 375, 399 y ss. 530, 531, c.c. y s.s. del CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensora Oficial, Dr. Daniel Alejandro Patricio González Stier.
II. Disponer que la condena a Jonathan Alan Mencia de tres (3) años de prisión sea condicional, con costas, como autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y por la comisión con fractura en grado de tentativa, en concurso real con resistencia a la autoridad.
III. Como consecuencia de lo indicado en el punto anterior, el A-quo deberá fijar las reglas que el condenado tendrá que cumplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 bis del Código Penal.
Rigen los artículos 5, 12, 19, 26, 27 bis 29 inc. 3, 55, 166 inciso 2 “1er. párr.”, 167 inc. 3 y 239 del Código Penal; 106, 399, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Tribunal de origen, al que se le encomienda la notificación del causante de este decisorio y que una este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FDO. RCIARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ALVAREZ (SECRETARIO).
Ante Mí.
Fin de la sentencia