Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 83853
"Registrado bajo el Nro. 655 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 14 de Agosto de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 83853 caratulada “VALANT RUBEN EUGENIO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: .
El 13 de marzo del año 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a Rubén Eugenio Valant a la pena de doce años (12) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado porque, por su duración, configuró un sometimiento gravemente ultrajante, por el vínculo y por el aprovechamiento de una situación de convivencia preexistente, en concurso real con tentativa de abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado en dos oportunidades, hecho ocurrido en fechas y horarios diversos e indeterminados comprendidos entre los años 2012 y 2014 en la localidad de Lanús, partido homónimo, en perjuicio de Ruth Rebecca Valant (arts. 1, 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 45, 55, 119, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo (inciso "b" y "f") del Código Penal y artículos 210, 273, 375, 530 y 531 del C.P.P.).
Contra dicha resolución, la Defensora Oficial, Dra. Miriam Edith Adriana Ayala, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 50/59vta.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene la Defensora Oficial en el recurso de casación que la sentencia es arbitraria al realizar una errónea valoración de la prueba sobre la materialidad ilícita. Luego de transcribir el hecho que tuviera por comprobado, indica que cuestionó algunas circunstancias que no fueron respondidas en la resolución, que el Tribunal utilizó la declaración testimonial de Liliana del Valle Rosales pese a que algunas de sus afirmaciones difieren con los elementos que indica en la presentación, como, entre otros, los informes del Centro Educativo nro. 10, de la escuela primaria nro. 35 de Villa Caraza, Partido de Lanús y la Cámara Gesell. Que las amenazas telefónicas no están probadas y las películas pornográficas que el padre hacía mirar a la menor no fueron encontradas en la computadora. Objeta también el hallazgo de las fotos en el celular de Ruth, pues se produjeron cuando el padre había sido excluído y fueron borradas. Realiza consideraciones contrarias a las efectuadas por el Tribunal sobre la Cámara Gesell y el testimonio del licenciado Daniel Ramón González, introduciendo interrogantes por no dar la menor un relato completo y claro. Cuestiona asimismo la valoración de los dichos de la tía de la víctima, que no se tuviera en cuenta el informe de la Unidad Sanitaria Mirana Norgreen de Villa Caraza ni las entrevistas del grupo familiar en el expediente de familia.
Que se incurrió en arbitrariedad en la sentencia por no fundamentar en la cuestión segunda la autoría penalmente responsable del imputado. Que el tribunal sólo se remitió a la transcripción de las declaraciones testimoniales de la cuestión primera, por lo que la participación de su asistido no se encuentra justificada.
Que hubo errónea aplicación del artículo 119 "párrafo segundo" y del "tercer párrafo" del Código Penal, al no hallarse configurado lo gravemente ultrajante ni estar probada la tentativa de acceso carnal.
Que falta fundamentación en la tarea de determinación de la pena impuesta, invocando los artículos 40 y 41 del Código Penal, pues excede el mínimo de la escala penal, valorando circunstancias agravantes que forman parte del tipo penal.
Por todo ello concluye reclamando la absolución de su defendido y, subsidiariamente, el cambio de calificación legal, haciendo reserva de recurrir ante la SCJBA.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, a fs. 81/83, sostiene que el fallo es arbitrario en la afirmación de la materialidad infraccionaría y la participación de Valant, en desmedro de las reglas de la sana crítica y el in dubio pro reo; que existe errónea aplicación del artículo 119 del CP, es infundada la acreditación de los hechos de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, que el relato de Ruth es insuficiente, al decir que su padre había intentado penetrarla, que si bien dijo saber el significado de penetración existe una duda razonable sobre su comprensión, que no existe descripción ni prueba de la modalidad del abuso sino solo conjeturas; por último que, con relación a la errónea aplicación de los artículos 40 y 41 del CP, ratifica los argumentos de la impugnante sobre que la valoración de agravantes en el caso ha implicado la infracción a la prohibición de una misma circunstancia, por lo que concluye reclamando que se haga lugar al recurso y se case la sentencia.
La Fiscal Adjunto de Casación, Dra. María Laura E. D'Gregorio, por los argumentos que desarrolla a fs. 84/88vta., solicita se rechace el recurso interpuesto. Con relación al absurdo valorativo reclamado, afirma que sólo procura mejorar la situación procesal de su asistido, que la niña es contundente en la sindicación del imputado, corroborado por su madre, Lilian del Valle Rosales, la documentación aportada por la Escuela de Educación Secundaria nro. 18 de Villa Caraza, la testimonial de los hermanos Daiana y Brian Valant, la tía Flavia Rosales y el Licenciado Daniel Ramón González; con respecto a la calificación legal indica que la duración de los abusos sexuales configuró un sometimiento gravemente ultrajante, agregando que sus actos han tenido una desproporción con el propio tipo básico. Con relación a la falta de fundamentación de la pena, afirma que en la sentencia se cumplió con el principio de razón suficiente y se encuentra debidamente motivada, que advierte que la valoración de las pautas agravantes por la presencia de los restantes hijos del imputado y la extensión del daño causado fueron elementos que permiten establecer que el quantum impuesto se encuentra ajustado a derecho.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal Oral en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, tuvo por acreditado que: "En fechas y horarios diversos e indeterminados comprendidos entre los años 2012 y 2014, en el interior de un dormitorio de la planta alta de un inmueble sito en la calle Colón 4392 de la ciudad de Lanús; una persona de sexo masculino, mayor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con su hija Ruth Rebecca Valant, abusó sexualmente, de manera reiterada, y desde los 9 hasta los 12 años de la misma, efectuándole tocamientos (tanto por encima como por debajo de la ropa) en sus pechos y vagina, y exhibiéndole, en algunas oportunidades y a través de una computadora, videos con contenido pornográfico.
Asimismo, las diligencias de prueba mencionadas acreditan certeramente que cuando la niña tenía 11 años, en el marco de las aludidas circunstancias de tiempo y lugar, la persona de sexo masculino referida intentó (al menos en dos oportunidades) acceder carnalmente vía vaginal a Ruth Rebecca Valant no logrando su cometido por la resistencia que le opuso la niña.
En razón de su duración, las conductas ilícitas descriptas implicaron un sometimiento gravemente ultrajante para la infante."
El recurso ha de prosperar sólo parcialmente.
Con relación al reclamo por arbitrariedad en la valoración de la prueba sobre la materialidad ilícita, en contra de lo afirmado, al tratar la existencia de los hechos en su exteriorización, el Juez que se pronunciara en primer término, transcribe en lo sustancial, los relatos prestados y las constancias que fueron exhibidas en el juicio, respondiendo de tal forma las cuestiones planteadas por la Defensora Oficial en su alegato.
No se advierte el déficit señalado en el recurso por la impugnante respecto a la valoración del testimonio de Liliana del Valle Rosales -madre de la víctima-, pues dio cuenta circunstanciada de su empleo, efectuando un desarrollo suficiente de las razones para ello.
En efecto, afirmó que el imputado tenía un trato diferente con su hija Ruth que con sus otros hijos, la víctima le reconoció que tenía en su celular fotos del padre, que venía siendo abusada desde los 9 años, edad en la que se empezó a orinar en la cama, que en una ocasión la encontró durmiendo en la cama matrimonial, que su otra hija Daiana le mostró parte de material pornográfico de la computadora del imputado, que el mismo le efectuó llamados telefónicos amenazantes.
De igual forma invoca el Juez que votara en primer término, los dichos prestados en el debate por Daiana Balant -hermana mayor de Ruth Rebecca Valant-, quien corrobora en parte el relato de su madre Liliana del Valle Rosales, al señalar la forma en que accidentalmente pudo ver junto a su hermano Brian las fotos pornográficas que se hallaban en el celular de la víctima, que Ruth le contó que el acusado la tocaba desde chica, reiterando lo relatado por su madre sobre el trato privilegiado que le daba a su hermana respecto de los demás.
Asimismo utiliza el testimonio de Brian Valant -hermano de Ruth- quien, validando los relatos anteriores, refirió haber encontrado fotos con contenido sexual en el teléfono de la niña abusada, el que mostró a su hermana Daiana, que por ello su madre se reunió con Ruth, quien explicó los ultrajes que venía padeciendo, que se enteró que su progenitor se masturbaba mientras su hermana dormía, que le mostraba videos pornográficos a la que le decía "tomá aprendé" y la manoseaba, que la computadora era utilizada por el acusado y Ruth , que cuando accedió a ella vio múltiples búsquedas de videos pornográficos y tenía grabados videos. Señaló, además, que su padre y Ruth se encerraban en la habitación matrimonial cuando por algún motivo no había clases y los fines de semana que su padre no trabajaba.
Fue especialmente valorado como elemento de prueba la audiencia celebrada en la Cámara Gesell, exhibida en el juicio, en la que la menor manifestó que a los 9 años su padre le exhibió videos de una mujer que se estaba tocando, que le dijo que era una niña de 15 años y ella le contestó que tenía más edad, que también le dijo que los padres tenían que sacar un líquido a los hijos pero que no tenía que decirle nada a su madre. La menor señaló: "… El me tocó me empezó a tocar la cara y después bajó la mano y me tocó los pechos… después me empezó a tocar los pechos por debajo de la ropa… a los 10 años y después me empezó a tocar abajo en la vagina… a los doce años ya me tocaba abajo de la ropa… Cuando me quiso penetrar yo le dije que no y él me dijo que ya va ya va, yo cuando me estaba por penetrar me puse a llorar y lo empujé con las piernas… ya la tercera vez que lo quiso hacer me preguntó y yo le dije que no…".
También el Juez del primer voto hizo mención en la sentencia de la declaración del licenciado González quien aseveró que Ruth fue abusada sexualmente mediante tocamientos y exhibiciones de intenso contenido sexual entre los 9 y los 12 años, lo que ocurrió siempre en el cuarto de una casa donde vivía con sus hermanos y sus padres, que lo que mas credibilidad le dio fueron las expresiones verbales que se autoatribuyó la niña y las que puso en boca de su victimario, que las referencias a eventuales compras de anillos son manifestaciones no comunes, lo que no puede ser dicho por una niña que no haya vivenciado esa situación, que la niña no tenía capacidad de fabular y que se desenvolvía en un clima de enorme tensión, que la niña abusada no puede simular y/o fabular un conflicto emocional violento y, por las características de la niña, si no se hubiera descubierto la foto del celular seguramente no hubiera dicho nada.
Valoró el testimonio de Flavia Rosales -tía materna-, a quien la menor le efectuó un relato similar a los ya transcriptos, que su padre la manoseaba y miraban pornografía.
Con ello, en contra de la arbitrariedad interpretativa señalada por la Defensora Oficial de Rubén Eugenio Valant, el A-Quo hizo una valorización pormenorizada del plexo probatorio que lo llevó a acreditar que el imputado abusó sexualmente de Ruth Rebecca Valant, respondiendo los planteamientos sustanciales hechos por la impugnante.
El análisis de la entrevista efectuada en la Cámara Gesell, en parte transcripta, tiene correlato con los demás elementos, circunstancia que permiten asignarle credibilidad.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación.
Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario.
En muchas ocasiones -como en autos-, no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional ("entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados" conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 - Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación," sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Todo esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Por ello, corresponde mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por esta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A-Quo reconstruya los hechos imputados con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 "Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación" del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 "Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación" del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Ello debido a que se entiende que la palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal, más aún en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta en circunstancias de convivencia y ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección.
La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima pueden surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la víctima abusada -quien lo fuera desde los 9 a los 12 años de edad-, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
De tal forma, las observaciones que efectúa la Defensora Oficial en el recurso carecen de la entidad que pretende.
Con relación a la declaración testimonial de Lilian del Valle Rosales, más allá de no ser un testigo directo de los hechos y sólo permite validar el testimonio que la menor prestara en la Cámara Gesell, coincide sustancialmente con las exposiciones de Daiana Valant, Brian Valant y Flavia Rosales.
Las amenazas telefónicas que el imputado le efectuara sólo fueron percibidas por ella y así lo relató y, si bien el material pornográfico no fue hallado en la computadora, los nombrados Daiana y Brian Valant, afirmaron haberlo visto también, además de la víctima, realizando el Juez del primer voto consideraciones sobre la precariedad del trabajo policial.
Las objeciones que efectúa sobre el testimonio de la víctima en la Cámara Gesell constituyen una simple discrepancia con la valoración que el Tribunal efectuara y desatiende al correlato que posee con el resto de las pruebas valoradas.
Lo propio cabe decir de la declaración del licenciado González, pues la impugnante se limita a formul
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