Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 83665
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Dra. María Soledad Kelly.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 27/51vta. en favor de Jonathan Emmanuel Illescas, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 27 (Art. 14 Ley 48).
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, ley 48; 5, 12, 19, 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 162, 189 bis, inciso segundo, cuarto párrafo del Código Penal, Ley Nacional de Armas y Explosivos nro. 20429/73 y art. 4 del Decreto 395/75; 106, 399, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP.
"Registrado bajo el Nro. 48 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 14 de FEBRERO de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 83665 caratulada “ILLECAS JONATHAN EMMANUEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 27 de marzo del año 2017, el Juez doctor Joaquín Duba, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Azul, previo acordar en forma conjunta la Fiscal, el imputado y su Defensora el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Jonathan Emmanuel Illescas a la pena de tres años (3) años y siete (7) meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra sin la debida autorización y coautor del de hurto simple agravado por la participación de un menor de edad (arts. 5, 12, 19, 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 162, 189 bis, inciso segundo, cuarto párrafo del Código Penal, Ley Nacional de Armas y Explosivos nro. 20429/73 y art. 4 del Decreto 395/75).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. María Soledad Kelly, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 27/51vta..
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente
Al respecto cabe destacar que al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio entre éste y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por esta razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, caso en que lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (v. arts. 75 inc 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327 , Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, el recurso resulta admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene la impugnante, luego de transcribir la resolución y realizar consideraciones sobre la procedencia formal, que es inconstitucional la escala penal establecida para el delito de portación de arma de guerra, cita normas de la Constitución Nacional, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para indicar que es desproporcionada, tornándose en una pena cruel, inhumana y degradante. Que el mínimo de tres años y seis meses de prisión es violatorio de lo establecido en los artículos 18, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional, de los que se derivan los principios de proporcionalidad de las penas y lesividad, invoca la supremacía constitucional.
Previo citar jurisprudencia de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul con relación al delito de abigeato agravado, señala que una escala penal que castiga tan severamente solo un peligro potencial y que reviste carácter anticipatorio, carece de lógica. Que no puede aceptarse constitucionalmente que el simple hecho de portar un arma, sin haber lesionado a nadie, tenga mas pena que las lesiones graves, las lesiones gravísimas, el homicidio en riña, que el abandono de personas seguido de lesiones graves o gravísimas, que la reducción a la servidumbre, que el robo calificado por el uso de armas cuya aptitud para el disparo no ha podido ser demostrado, entre otros delitos, tornando en desproporcionada y por lo tanto cruel e inhumana la pena establecida.
Cita la causa “Martínez José” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa “Sorensen, Carlos Alberto s/ homicidio” del Tribunal Criminal nro. 1 de Necochea, del que transcribe partes e invoca a Beccaria. Añade que las circunstancias por las que resulta imputado Jonathan Emmanuel Illescas hacen evidente la inconstitucionalidad por ser irrazonable en el caso una pena tan excesiva. Concluye que existe un doble motivo de inconstitucionalidad del delito de portación de arma de guerra, por la desproporción de la pena conminada con relación a otros delitos mucho mas severos y por la situación que rodea al caso concreto, donde el imputado fue víctima de un abuso funcional, recibió múltiples disparos de arma de fuego por el personal policial sin justificación, por lo que reclama que se case la sentencia, se declare la inconstitucionalidad del delito de portación de arma de guerra y se aplique, eventualmente, la figura de la tenencia simple, imponiéndose la pena de ese delito en concurso real con hurto simple, hace reserva del caso federal.
La Fiscal Adjunto de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, por los argumentos que expone a fs. 59/60vta., solicita se rechace el remedio casatorio. Entiende que en el pronunciamiento dictado en un juicio abreviado no pueden ser objeto del cuestionamiento las infracciones legales que denuncia, la sentencia no se apartó de la pena y la calificación acordadas, habiéndose rebajado en un mes y absuelto por el delito de encubrimiento, por lo que no existe agravio. Añade que deben rechazarse por improcedentes todos los motivos de agravio, que se aplicó una pena menor a la acordada por lo que no es desproporcionada, que el tipo es de peligro concreto y no abstracto que, además de vulnerar la seguridad pública, es mas grave porque importa un peligro concreto portar arma en un lugar público o de acceso público, idónea para efectuar disparos y cargada, no puede aceptarse la infracción a los artículos 28 y 31 de la CN porque es atribución exclusiva del Congreso Nacional la determinación de los intereses que deben ser protegidos y en qué medida, que si bien las imprecisiones sistemáticas son atendibles no alcanzan para fundar un pedido de inconstitucionalidad, pues fue habitual en las sucesivas reformas el Código Penal y fueron legitimadas por los órganos de gobierno, en el caso concreto no refleja desproporción con el principio de culpabilidad, invoca jurisprudencia de Sala III y V del Tribunal de Casación y concluye afirmando que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que sólo opera cuando la repugnancia de una norma con la CN sea manifiesta, clara e indudable, lo contrario desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes.
Limitado de tal modo el motivo de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Juez tuvo por acreditado como hecho 1 que, “en Olavarría el día 11 de mayo de 2016 alrededor de las 22:30 horas, Jonathan Emmanuel Illescas acompañado de la menor de edad Estefanía Fernández, en la Avda. Avellaneda intersección con calle Santa Fe circulando en una motocicleta marca ”Brava” modelo Altino tipo enduro, Dominio 069-JSJ, motor nro. 162FMKB2700316, chasis nro. 8DYC51809EV000322, abordaron a la ciudadana Lourdes Santillán Aramburu que en la ocasión guiaba una bicicleta con canasto en la parte frontal y sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas, se apoderaron en forma ilegítima de bienes muebles totalmente ajenos propiedad de la nombrada, que resultaron ser una mochila marca “47 Street” que contenía en su interior efectos personales de la víctima, una planchita de cabello, un llavero con cuatro llaves, ropas varias, una crema, un porta cosméticos, elementos de maquillaje, una billetera, y documentación personal y de Gustavo Raúl Santillán, dándose a la fuga del lugar con el producto del injusto.”
Como hecho 2, tuvo por comprobado que “ese mismo día 11 de mayo de 2016, siendo las 23:20 horas aproximadamente, Jonathan Emmanuel Illescas acompañado por Estefanía Fernández, circulando en la motocicleta descripta en el hecho anterior, pero ahora por el sector de las calles Lavalle y Pérez Esquivel de Olavarría, portó sin la debida autorización legal, en inmediatas condiciones de uso y con aptitud de disparo, un revólver marca “Orbea” calibre 38 “Smith and Wesson Special” con numeración suprimida, cargada con seis proyectiles aptos, calibre 38 S&WSPL, siendo aprehendido por personal policial tras una persecución que finalizó en la zona de calles 10 y Laprida.”
El recurso no ha de prosperar.
Liminarmente, tal como lo pusiera de manifiesto la Fiscal Adjunta de Casación, no puede soslayarse que la Defensora Oficial y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, sin haber planteado la inconstitucionalidad de la escala penal prevista para el delito, prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, " Acevedo Velez Jhonatan y Castaño Yoni Andrés s/ Recurso de Casación ", sent. del 1° de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre muchas otras).
Con ello, no puede dejar de advertirse que, a través de la elección del procedimiento especial de enjuiciamiento, se sustrajo de la consideración del Juez de la instancia la cuestión que ahora introduce, sin expresar fundamentos novedosos que respalden su pretensión.
Cuando el único motivo de agravio es un
planteo de inconstitucionalidad de la ley –en el caso de la escala penal establecida en el artículo 189 bis, inciso 2, cuarto párrafo del Código Penal)– resulta un presupuesto de procedencia del recurso de casación que habiendo el interesado advertido antes de su aplicación que la ley era –a su entender– inconstitucional, haya solicitado a los órganos jurisdiccionales de instancia que así lo declaren y se abstengan de ponerla en práctica en el caso en concreto, fundando el gravamen que su observancia le irrogaría.
Contrariamente, la aquí recurrente en su rol de defensora, junto con su representado, fue quien propició la aplicación de las reglas procesales que luego –ahora– pide sean declaradas inconstitucionales, entrando en pugna con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que el sometimiento voluntario y sin reservas expresas a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional (Fallos: 320:1985 y sus citas), pues nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos: 323:3765 y sus citas).
Dicho comportamiento procesal es suficiente para obturar la pretensión del impugnante, pero existen otras razones que conducen al mismo desenlace.
El análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y debe estimárselo como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a él sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:153, 286:76; 288:325; 300:241, entre otros).
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac. 29-XII-2004).
Para ello se requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597).
En este sentido, la recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, pese al esfuerzo argumental que realiza.
En efecto, mas allá de las normas constitucionales y convencionales cuya conculcación denuncia (arts. 18 de la CN, 1, 11 y 16 de la CCT, 10 del PIDCyP), la afirmación que hace con relación a la escala penal prevista en el artículo 189 bis “4to. Párr.” del Código Penal de desproporcionada, tornándose en cruel, inhumana y degradante, carece de la suficiente fundamentación.
Si de un lado la impugnante consiente la calificación y la pena –la que no sólo es respetada por el A-Quo sino que la disminuye-, del otro reclama la inconstitucionalidad por desproporcionada, cruel, inhumana y degradante, revela un comportamiento contradictorio e incompatible.
Además de ello, la comparación que realiza de las penas previstas para otros delitos, sin efectuar un mayor desarrollo para demostrar que en el caso la pena fijada –que además fuera acordada previamente-, de 3 años y 7 meses de prisión, accesorias legales y costas sea desproporcionada, cruel e ihmumana deviene una afirmación excesiva, dogmática y carece de sustento, sin que tampoco pueda advertirse la inconsistencia pretendida
Por todo ello propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto a fs. 27/51vta. en favor de Jonathan Emmanuel Illescas, con costas (arts. 5, 12, 19, 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 162, 189 bis, inciso segundo, cuarto párrafo del Código Penal, Ley Nacional de Armas y Explosivos nro. 20429/73 y art. 4 del Decreto 395/75; 106, 399, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP). Asimismo, deberá tenerse presente la reserva del caso federal formulada a fs. 29 (art. 14 ley 48).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Dra. María Soledad Kelly.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 27/51vta. en favor de Jonathan Emmanuel Illescas, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 27 (Art. 14 Ley 48).
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, ley 48; 5, 12, 19, 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 162, 189 bis, inciso segundo, cuarto párrafo del Código Penal, Ley Nacional de Armas y Explosivos nro. 20429/73 y art. 4 del Decreto 395/75; 106, 399, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531, CPP.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Tribunal de origen, al que se le encomienda la notificación del causante de este decisorio y que una este legajo a su principal que le sirve de antecedente.
FDO: RICARDO R. MAIDANA - DANIEL CARRAL, JUECES. ANTE MÍ: MARIA VALERIA VOLPONI, PROSECRETARIA.
Fin de la sentencia