Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 82435
"Registrado bajo el Nro. 119 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 1° de Marzo de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 82435, caratulada: " ACUÑA MIGUEL EDUARDO Y GOMEZ ANDRES RENE S/ RECURSO DE CASACIÓN " y su acumulada N° 82437, caratulada: “ TOMBOLINI HUGO GERARDO S/ RECURSO DE CASACIÓN ”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL.
El 27 de setiembre de 2016, el Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial San Martín, condenó a Miguel Eduardo Acuña a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, todos en concurso real; a Andrés Rene Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, y autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real, declarándolo reincidente; y a Hugo Gerardo Tombolini a la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión, multa de mil pesos ($1000,00.-), accesorias legales y costas, como autor de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, en concurso real y, en definitiva, a la pena única de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la pena dictada en esta causa y la de tres (3) años de prisión en suspenso y reglas de conducta impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 50, 55, 58, 79, 80 inc. 7, 166 inc. 2 párrafo primero y 189 bis inciso segundo párrafos primero, segundo y tercero del CP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial de Miguel Eduardo Acuña y Andrés Rene Gómez, Dr. Osiris Albarracín, y el Defensor Particular de Hugo Gerardo Tombolini, Dr. Martin Andrés Giandomenico, interpusieron los respectivos recursos de casación obrantes a fs. 59/82 (c. 82435) y 57/64 (c. 82437).
Ingresados los legajos a la Sala I de este Tribunal con fecha 23/03/2017 y 08/05/2017, dispuesta su acumulación con fecha 15/05/2017, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuestos los recursos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El Defensor Oficial de Miguel Eduardo Acuña y Andrés Rene Gómez sostiene que el pronunciamiento atacado resulta arbitrario e inmotivado, denotando absurdo en la valoración de le prueba e inobservancia del principio in dubio pro reo , de modo tal que de no haber incurrido en tales vicios habría concluido con la libre absolución de sus defendidos. En particular, señala con relación al homicidio de Genez que su autoría no puede atribuirse a Acuña ya que no se sabe quién de todos los que dispararon contra la víctima dirigió el único proyectil que culminó con su vida. En otro orden, postula la absolución de Gómez respecto del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, con base en la irregular actuación del personal policial, que logró sin orden judicial ni motivos que lo justifiquen, requisar y aprehender al nombrado al requerirle a su hermano Carlos, como a su hermana Carla Eva, en ocasión de allanamientos en donde se incautaron fotografías que no formaban parte de la orden pertinente, información respecto de su identificación y paradero, con violación de lo dispuesto por los artículos 234, 225 y 294 inc. 5 del CPP y 18 de la CN, lo que acarrea la nulidad de los actos involucrados y la exclusión de la prueba obtenida con vulneración de garantías constitucionales (art. 211, CPP).
Denuncia también falta de fundamentación, insuficiencia y absurda valoración probatoria en cuanto a la autoría que se le atribuye a Acuña y Gómez en el hecho que desembocara en la muerte de Ávila. Expresa que no hay testigos directos que los incriminen, que no puede tomarse en contra de los encausados los dichos no reproducidos en el juicio oral -reclamando en el caso de Carlos Enrique Sánchez la aplicación de la doctrina de la CSJN in re “Benítez”-, que a lo sumo puede tenerse por acreditado que los aludidos estuvieron por el lugar tres horas antes del hecho, concluyendo que no puede arribarse a un pronunciamiento de condena mediante indicios, dadas las características endebles de estos, ya que la botella de cerveza secuestrada no presentaba huellas incriminatorias, ni era la que se le vendiera a los inculpados -según declaró el propio kiosquero en la audiencia-, la herida que tenía Gómez en la pierna no se pudo determinar que fuera de arma de fuego y su data se estimó en un semana previa a la aprehensión cuando el hecho había sucedido solo cuatro días antes; además, el personal policial solo pudo señalar que llegó a los inculpados en función de lo aportado por “buches”, es decir por “chusmerío de barrio”, con el aditamento que hasta hubo contradicciones e imprecisiones en cuanto a los supuestos apodos (Chicho, Perro) que se le adjudican a sus defendidos.
En subsidio, objeta la calificación legal ya que la herida en una pierna refleja la falta de dolo homicida, propiciando -a todo evento- la figura del artículo 165 del CP, porque de las circunstancias fácticas recreadas por el sentenciante surge evidente la ausencia del plus subjetivo especial del tipo legal acuñado por el artículo 80 inc. 7 del CP. Finalmente, plantea la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua toda vez que en el caso concreto iría en contra del fin resocializador que por imperativo constitucional deben observar las sanciones privativas de libertad y, al margen de ello, esgrime que el resolutorio impugnado no logra evidenciar un razonamiento lógico en el proceso de formación de la pena, haciendo hincapié en la errónea evaluación como agravante en contra de Gómez de sus antecedentes penales, ya que ello importa violar el principio de culpabilidad, y en el cómputo de la “nocturnidad” como severizante, sin haberse acreditado de qué manera en el singular denota mayor peligrosidad de los ejecutores y facilitara la consumación del delito como la impunidad de aquellos.
En definitiva, solicita se case la sentencia y dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la ley, absolviendo a sus asistidos. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Particular de Hugo Gerardo Tombolini ataca el pronunciamiento que concluye con la condena de su defendido, por desconocer las nulidades que planteara ante el sentenciante, resultar arbitrario, carente de motivación suficiente y exhibir absurdo en la valoración probatoria. Refiere al respecto, que el A Quo soslayó meritar adecuadamente las probanzas producidas durante el juicio y considerar así, primeramente, que no había motivos que ameritaran legalmente proceder al allanamiento del domicilio de su asistido; asimismo, que los testigos de tal procedimiento dieron cuenta que ingresaron al inmueble luego que el personal policial y que no observaron el momento ni el lugar en que se encontraron las armas secuestradas, aclarando que solo las vieron apoyadas sobre una mesa. Agrega que únicamente el efectivo Franicevich afirmó que se encontraban dentro de un bolso en la habitación de Tombolini, de donde las tomó sin que hubieran incautaciones en distinto lugar, no pudiendo ningún otro policía de los que participaron de la diligencia corroborarlo, además que el mencionado firmó el acta que deja constancia que se encontraron también balas y municiones en otros espacios de la casa. Añade que, sin perjuicio de ello, tampoco pudo acreditarse ni se fundamenta en el fallo, la existencia de un nexo de causalidad entre dicho supuesto hallazgo y el encausado, toda vez que las armas podían ser de otra persona o haber sido puestas allí por un tercero. En definitiva, solicita se revoque la sentencia dictada en perjuicio de Tombolini y disponga su absolución. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, adhiere en un todo al recurso interpuesto por su colega de la instancia, agregando como argumento en favor de la aplicación del artículo 165 del CP, que dirigido que fue el disparo a la zona de la rodilla de la víctima la modalidad directa de dolo exigida por el artículo 80 inc. 7 del CP no puede tenerse por satisfecha en el caso (fs. 95/96).
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, propicia el rechazo de los recursos presentados, conforme los argumentos de su memorial de fojas 97/106.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por legalmente acreditados los sucesos que paso a transcribir.
“HECHO 1. Que el día 11 de febrero de 2012, siendo aproximadamente la hora 1:15, en inmediaciones de las calles Estomba, Sánchez de Loria y Dardo Rocha de localidad de Los Polvorines, el causante Miguel Eduardo Acuña juntamente con al menos otras cuatro personas de sexo masculino, interceptaron a Rafael Daniel Genez –cuando caminaba en compañía de su hermano Enzo Nahel Genez-, a quien golpearon para luego Acuña con un arma de fuego le efectuó varios disparos y al menos uno de ellos impactó en la anotada víctima, amputando primeramente la falange distal de un dedo meñique derecho siendo que el proyectil lanzado continuó luego su recorrida e ingresó en la boca fracturando los incisivos superior central izquierdo y superior lateral derecho; continuó perforando lengua, laringe y faringe; luego ingresó a la altura del disco entre la tercera y cuarta vértebra cervical, siguió al canal medular y culminó su trayectoria en la sexta vértebra donde quedó alojado, lacerando a su paso la médula espinal, provocando así un shock neurogénico inmediato que determinó el deceso de Genez” (fs. 16).
“ HECHO 2: Que el día 30 de marzo de 2014, siendo aproximadamente las 2:45, en momentos que Juan José Ávila, quien resulta ser personal de la comisaría de Los Polvorines, se detuvo con su automóvil marca Volkswagen Gol dominio MRZ-929 en la Av. Sesquicentenario, a unos diez metros de la calle Copayo de la localidad de Pablo Nogues, Partido de Malvinas Argentinas, fue sorprendido por dos sujetos que resultaron ser Andrés René Gómez y Miguel Eduardo Acuña, quienes lo intimidaron con armas de fuego para sustraer sus pertenencias –las llaves de su rodado en el que se encontraba, un teléfono Nextel radio 550*1409 y la billetera con documentación-, accionar que fue resistido por la víctima y alcanzó a efectuar un disparo que hirió a Gómez en el muslo de su pierna derecha, tras lo cual le dieron muerte a la víctima, para facilitar, consumar y asegurar el resultado o procurar su impunidad, efectuando al menos un disparo contra Ávila hiriéndolo en la pierna derecha, lo cual le ocasionó su deceso veintitrés días después” (fs. 16vta.).
“ HECHO 3: Que el día 4 de abril de 2014, siendo las 6:20, cuando Gómez se encontraba en la calle Guatemala, frente al número 3169 de la localidad de Pablo Nogues, Partido de Malvinas Argentinas, fue aprehendido por personal policial, secuestrándose en su poder, sin la debida autorización legal, un revolver calibre 22 marca Doberman nro. 08531Q con siete cartuchos intactos del mismo calibre en su tambor” (fs. 16vta.).
“ HECHO 4: Que el día 4 de abril de 2014 a las 6:00, en momentos que se desarrolló un allanamiento en la finca sita en Márquez 5827 de la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas a fin de secuestrar elementos inherentes a la investigación por el hecho de que resultó víctima Ávila, se incautó en poder de Hugo Gerardo Tombolini sin la debida autorización legal: una pistola Smith & Wesson calibre 9mm con numeración suprimida con cargador colocado con 16 cartuchos; una pistola calibre 22 largo marca Bersa modelo 224DA nro. 133258 con cargador conteniendo diez cartuchos en una caja de cartuchos 9mm ‘Megatech’ con 47 cartuchos, 62 cartuchos cal. 22 largo intactos, 24 cartuchos intactos calibre 22 corto, 50 cartuchos intactos cal. 22 largo, 35 cartuchos intactos calibre 22 largo, un cargador calibre 9mm color negro vacío, 50 cartuchos 22 magnum, un cartucho calibre 32 marca Orbea, un cartucho calibre 3,57” (fs. 16vta.).
Los recursos no han de prosperar.
El sistema probatorio consagrado por nuestro ordenamiento procesal (arts. 210 y 373 CPP), no prevé formas sacramentales para acreditar un determinado ilícito, precisamente porque procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso mediante la libertad probatoria (art. 209 CPP).
Desde esta perspectiva, se advierte que la autoría de Acuña respecto del homicidio de Rafael Genez (Hecho 1) surge incuestionable a partir del testimonio directo del propio hermano del ofendido, Enzo Genez, toda vez que este estuvo presente en el momento y lugar del hecho, y pudo relatar todas sus circunstancias, reconociéndolo y sindicándolo como uno de los sujetos que, junto a otros, todos armados, efectuaba disparos desde una corta distancia contra la víctima, lo que puso en evidencia el propósito de darle muerte que embargaba al grupo agresor en su conjunto y así el referido Acuña, que fue quien primero accionó el arma de fuego y más cerca se ubicaba del damnificado, y ello mediante un relato que a la luz de la inmediación el sentenciante encontró espontáneo y carente de todo atisbo de mendacidad (cfr. fs. 17/18 y 22).
La inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que se diera cuenta circunstanciada de su empleo, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
Además, el material incriminatorio aludido encontró sólida corroboración en otros elementos de prueba, por ejemplo en la declaración conteste prestada por Paulo Farias, también testigo presencial del luctuoso suceso, que como probanza coadyuvante que confluye en la acreditación del extremo de la imputación en cuestión, resulta irrefutablemente válida y eficaz, ya que fue incorporada por su lectura en los términos del artículo 366 del CPP con expresa anuencia de la defensa (cfr. Acta de Debate, ver específicamente fs. 8vta. donde claramente hay un error material al consignarse “Arias” en lugar de “Farias”), lo que obsta la objeción que pretende introducir de modo originario en esta Sede el impugnante –lo mismo y por igual razón vale respecto de las otras testimoniales que así se incorporaron (entre ellos, Carlos Enrique Sánchez)-, con invocación del precedente Benítez de la CSJN.
Finalmente, el cuadro probatorio lo completó el A Quo con lo emergente de las manifestaciones de Rafael Genez –padre de la víctima- (fs. 18 y 22vta.) y lo expresado por el médico legista Pedro Durán, que hiciera la operación de autopsia, describiendo la trayectoria que desplegara el proyectil que ingresó por la boca del ofendido (cfr. fs. 22vta.).
Por otro lado, el modo de acometimiento relatado por el Tribunal de grado le permitió contestar a la defensa que resultaba irrelevante establecer si, la específica munición que ingresó al cuerpo de Genez desencadenando su muerte, fue una de los emitidas por la pistola que portaba Acuña (cfr. fs. 23), de modo tal que la reiteración del planteo en esta instancia sin rebatir el argumento dado en el pronunciamiento atacado obsta su progreso. Pero, además, queda claro a partir de lo expuesto en el veredicto a fs. 21vta., que Acuña junto a otros dispararon contra Rafael Genez, de modo que existiendo coautoría hay recíproca imputación de las distintas contribuciones causales.
No existe pues, elemento alguno que permita sostener la errónea aplicación de los artículos 79 y 41 bis que invoca el impugnante.
Todo lo expuesto permite aseverar que se ha observado sustancialmente el estándar fijado por el legislador en el artículo 210 del CPP para la valoración de las pruebas, lo que posibilita descartar las impugnaciones defensistas en tal sentido, dada la formación convictiva operada en el A Quo frente al cúmulo de pruebas ponderadas.
Tampoco pueden prosperar los embates dirigidos a cuestionar la participación en los términos fijados en el veredicto de Acuña y Gómez con relación al evento que culminara con el fallecimiento del policía Ávila (Hecho 2).
Tal como lo exteriorizó el A Quo (cfr. fs. 43vta.), a su reconstrucción con el alcance indicado arribó vía prueba indirecta, no advirtiéndose la insuficiencia que pregona el recurrente, sino que, por el contrario, existe un cúmulo de elementos de convicción que evaluados de forma conjunta conducen unívocamente a la conclusión establecida en el tópico por el sentenciante.
Así, evaluó el Tribunal de grado las declaraciones del personal policial que actuó ante la emergencia, recibiendo los dichos
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