Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 87721
"Registrado bajo el Nro. 1101 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 27 de Noviembre de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 87721 caratulada “Bertone, Hernán David S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: Maidana - Carral.
El 10 de octubre del año 2017, el doctor Alfredo José Deleonardis, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, previo acordar en forma conjunta las partes el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Hernán David Bertone a la pena de ocho años (8) años de prisión, con accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 5, 12, 29 inciso 3, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal).
Contra dicha resolución, el Defensor Particular, Dr. Eduardo Horacio Carnicero, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 39/48.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente
Al respecto cabe destacar que al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio entre éste y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por esta razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, caso en que lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (v. arts. 75 inc 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327 , Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
Por todo ello, el recurso resulta admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el impugnante que no está suficientemente fundada la responsabilidad penal de su asistido por la inobservancia de las reglas de la sana crítica, del principio de inocencia y de la interpretación de la duda, supletoriamente reclama la morigeración del monto de la pena, solicitando se declare la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de la escala prevista en el artículo 79 del Código Penal. Afirma que el Tribunal incurrió en absurdo en la apreciación de la prueba, que debió absolver a su asistido por la interpretación correcta y armoniosa de los informes periciales de fs. 10/14, 26/28 y 53/56 del incidente de morigeración, realiza consideraciones dogmáticas sobre la culpabilidad, transcribe parte de los informes que invoca para concluir en que se violó el artículo 399 del C.P.P. por tratarse de la situación prevista en el 34 inciso 1 del Código Penal.
En forma subsidiaria plantea circunstancias extraordinarias de atenuación, violación del principio de proporcionalidad de la pena e inconstitucionalidad del mínimo previsto por el artículo 79, que la individualización judicial de la pena no puede desentender de la culpabilidad del agente, que una amplia corriente doctrinaria avala la posibilidad de aplicación de las penas por debajo del mínimo establecido, que corresponde la disminución de la pena impuesta atento las propias manifestaciones y argumentos de la sentencia impugnada, en la que el Juez, teniendo en consideración dichas circunstancias extraordinarias, aplica una pena aún menor que la pactada. Que la imposición de una pena de cumplimiento efectivo de 8 años implica un claro retroceso en el proceso de rehabilitación y pone en peligro la vida misma del imputado, de acuerdo al informe acompañado, por lo que solicita se reduzca la pena a 4 años de prisión.
Asimismo señala que en la sentencia se omitió expedir sobre el pedido de Bertone en relación a la continuidad del tratamiento al que se encuentra sometido, indicando que se inobservó el artículo 168 de la Constitución de Buenos Aires, que se agrava por el informe agregado en la audiencia de fs. 69/vta. en el que, por su condición de enfermo, se indica la conveniencia de continuar el tratamiento en la institución. Concluye solicitando que se case la sentencia y se absuelva a Hernán David Bertone, por errónea aplicación de la ley sustantiva y la violación de principios de raigambre constitucional, en subsidio pide que se adecue la pena al grado de culpabilidad, que se declare la inconstitucionalidad del tope mínimo previsto en el artículo 79 y se la disminuya, haciendo reserva del caso federal.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, solicita a fs. 55/58, que se rechace el recurso, que las pericias psiquiátricas, cuyas conclusiones en parte transcribe, fueron claras respecto a la imputabilidad de Bertone, que los agravios de la defensa deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo para demostrar error, que el A-Quo expresó las razones que lo llevaron a decidir del modo como lo hiciera, que el planteo de inconstitucionalidad del tope mínimo de la escala penal contenida en el artículo 79 del Código Penal se debe rechazar porque no se violenta principio constitucional alguno, que en la norma entran en juego razones de política criminal por lo que exceden el ámbito del exámen, que tampoco considera que se afecte el principio de proporcionalidad pues la previsión legal no es en sí misma irracional, la continuación del tratamiento terapéutico se encuentra fuera del acuerdo y será materia de competencia del Juez de Ejecución.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Juez tuvo por acreditado que: “En el horario comprendido entre las 18.55 y las 19.25 horas del día 27 de diciembre de 2015, un sujeto de sexo masculino identificado como Hernán David Bertone, ingresó al domicilio de Maximiliano José Ramón Ramallo –quien lo dejó ingresar en tanto lo conocía previamente y mantenía una relación de amistad- sito en calle Gascón 1554, Planta Baja, depto. “D” de esta ciudad, y le efectuó al menos quince puñaladas en la cabeza, cuello, espalda y muslo, de las cuales dos propinadas sobe el cuello causaron su muerte por shock hipovolémico”.
El recurso no habrá de prosperar.
Liminarmente, no puede soslayarse que el Agente Fiscal, el Defensor Particular y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, " Acevedo Velez Jhonatan y Castaño Yoni Andrés s/ Recurso de Casación ", sent. del 1° de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre muchas otras).
Con ello, no puede dejar de advertirse que, a través de la elección del procedimiento especial de enjuiciamiento, el Defensor sustrajo de la consideración del Juez las cuestiones que ahora introduce, sin expresar fundamentos novedosos que respalden su pretensión.
No hallándose cuestionada por el impugnante la existencia del hecho en su exteriorización ni la autoría, habrá de examinarse el cuestionamiento que realiza de la responsabilidad de su defendido.
Entre los presupuestos de la responsabilidad jurídicopenal se encuentra la culpabilidad.
La imputabilidad reclama evaluar en un primer peldaño un estado o diagnóstico psicopatológico y, una vez que se ha constatado, se ha de decidir en un segundo la imputabilidad, si es capaz de comprender el injusto o de actuar conforme a esa comprensión.
Se trata de un método psicológico-normativo (art. 34 inc. 1 del C.P.) en el que debe probarse no sólo la existencia de los estados biopsíquicos que señala la ley sino el efecto de ellos, en cuanto impidan al sujeto la comprensión de lo criminal de los actos o la dirección de sus acciones.
No puede excluirse la posibilidad de cualquier trastorno de la actividad intelectual así como de la vida volitiva, afectiva o instintiva que menoscaban las representaciones y sentimientos existentes en una persona normal y mentalmente madura.
Se impone la realización de un juicio sobre si y, en su caso, hasta qué punto el sujeto era asequible a la norma en el momento del hecho, en el que todo depende de la capacidad de control que es consecuencia de la falta de capacidad de comprensión pero también de otras circunstancias.
En el caso, el A-Quo , afirmó con acierto que no se han planteado ni surgen acreditadas circunstancias que supriman la capacidad de reacción normativa del imputado ni la facultad de conducirse que de ella se deriva, con relación al hecho reprochado.
En efecto, el procedimiento abreviado escogido permite observar que ningún planteo hizo al respecto el Defensor Particular en la instancia, de modo tal que determine alguna respuesta del Juez y, a esta altura, lograr su revisión.
Sin perjuicio de ello, en la sentencia se hizo mención a las evaluaciones psiquiátricas existentes en el incidente de morigeración.
Las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas por los peritos oficiales dictaminaron que el imputado tuvo capacidad para delinquir, sin perjuicio de situarlo posiblemente en un estado de conciencia crepuscular con un estrechamiento del campo vivencial, en el que está implícito una dificultad de la dirección del acto por una falta de desinhibición conductual agresiva.
Por ello el Juez afirma que no descartaba que haya existido un estrechamiento en su ámbito de autodeterminación partiendo de las características de personalidad del imputado, expuestas por los peritos en los dictámenes, en los que se describe una tendencia a la impulsividad, un consumo abusivo de sustancias psicoactivas (marihuana y cocaína) que derivaría en conductas desadaptadas, una perturbación en el pensamiento que lo lleva a no tomar el camino adecuado para la resolución de los problemas, presentando un alto grado de ansiedad, que le genera dificultades a la hora de planificar la tarea, con bajo nivel de tolerancia a la frustración, evidenciando un equilibrio precario que podría tornarle más dificultosos responder adecuadamente a los conflictos.
Concluye en que estas características de su personalidad sólo pueden proyectar incidencia sobre las circunstancias atenuantes.
El comportamiento inmediatamente anterior y posterior del imputado corrobora la conclusión.
En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad existentes en inmediaciones a la entrada del edificio de Gascón 1554, se constató la presencia a las 18 y 55 hs de un sujeto robusto que se dirige caminando hacia la puerta del edificio de la víctima y a las 19 y 23 hs sale y comienza a correr con un casco puesto (fs. 25vta); al ser detenido Bertone se le secuestraron las sandalias y prendas de vestir que, pese a haber sido lavadas, presentaban manchas hemáticas (fs. 25vta.).
Las circunstancias plasmadas en el veredicto, siguiendo las reglas de la experiencia, permiten concluir que Hernán David Bertone dominaba sus acciones y comprendía que su conducta era contraria a derecho.
En efecto, dirigirse caminando hacia el domicilio de la víctima para, luego del hecho, salir corriendo con el casco puesto y lavar las prendas de vestir, con la evidente intención de ocultar los rastros, ponen de manifiesto la capacidad de control del encausado en dichas circunstancias concomitantes al hecho.
Ello así, no obstante no haber sido establecido ningún estado o diagnóstico psicopatológico, de acuerdo al examen de las pericias invocadas.
Las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas valoradas por el Juez desvirtúan la existencia de algún estado o diagnóstico psicopatológico y el comportamiento anterior y posterior al hecho permite desplazar cualquier idea relacionada a una supuesta incomprensión de los actos criminales.
Por ello deviene improcedente la invocación del principio de inocencia y de la duda en la interpretación, pues los elementos de convicción colectados, conforme los apreciara el juzgador, se exhiben coherentes y contundentes, habiendo efectuado una correcta evaluación de la totalidad del plexo probatorio; todo lo cual, conlleva a confirmar lo resuelto sobre dicha base, sin que del análisis formulado exista resquicio para la procedencia del principio in dubio pro reo , por cuanto la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada- no sólo no surge de los fundamentos que el magistrado expusiera sino tampoco del planteo formalizado por la defensa (v. TCP, de esta Sala, c. n° 77.026, “ Sáez Cofre Guillermo Eduardo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 08 de noviembre de 2016, reg. 953/16; Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabinoó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Rec. de casación”, sent. del 30 de mayo de 2013, reg. 186/13, entre muchos otros).
Con relación al planteo hecho en forma subsidiaria, sobre la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación, violación del principio de proporcionalidad de la pena e inconstitucionalidad del mínimo previsto por el artículo 79; tampoco habrá de ser acogido.
Constituye un presupuesto de procedencia del recurso de casación que habiendo el interesado advertido antes de su aplicación que el mínimo de la escala penal establecido en la ley era –a su entender– inconstitucional, haya solicitado a los órganos jurisdiccionales de instancia que así lo declaren y se abstengan de ponerla en práctica en el caso en concreto, fundando el gravamen que su observancia le irrogaría, más allá que las circunstancias de atenuación invocadas están previstas en el párrafo final del artículo 80 del CP, para la figura de homicidio calificado, diferente y sustancialmente más grave que la acordada en el juicio abreviado, por lo que la pretensión carece de sustento legal.
Contrariamente, el aquí recurrente en su rol de defensor, junto con su representado, fue quien propició la aplicación de la regla que luego pide sea declarada inconstitucional, entrando en pugna con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que el sometimiento voluntario y sin reservas expresas a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional (Fallos: 320:1985 y sus citas), pues nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos: 323:3765 y sus citas).
Dicho comportamiento procesal es suficiente para obturar la pretensión, pero existen otras razones que conducen al mismo desenlace.
El análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y debe estimárselo como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a él sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:153, 286:76; 288:325; 300:241, entre otros).
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac. 29-XII-2004).
Para ello se requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597).
En este sentido, el recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, pese al esfuerzo argumental que realiza.
En efecto, sin perjuicio de no haber individualizado ninguna norma constitucional ni convencional que le sirva de fundamento al planteo, el reclamo que hace con relación a la escala penal prevista en el artículo 79 del Código Penal, carece de la suficiente fundamentación.
Si de un lado consiente la calificación y la pena –la que no sólo es respetada por el A-Quo , sino que incluso la reduce en 2 meses-, del otro reclama que se reduzca por debajo del mínimo legal invocando circunstancias extraordinarias de atenuación, solicitando que se declare la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad en este caso en concreto del tope mínimo establecido en el art. 79 del CP, revela un comportamiento contradictorio e incompatible.
Con ello, el reclamo deviene dogmático y carente de sustento,
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