Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 89606
"Registrado bajo el Nro. 1160 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 13 de diciembre de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 89606 caratulada “LEAL PATRICIA FERNANDA Y LOPEZ ROSENDO RAMON S/ RECURSO D CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial de Pergamino, condenó a Rosendo Ramón López a la pena de once (11) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple y a Patricia Fernanda Leal a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa (arts. 12, 19, 29, 40, 41, 42, 44 y 79, CP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular, Dr. Aquilino José Giacomelli, interpuso el recurso de casación agregado a fs. 20/25.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 12/06/2018 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El impugnante alega que el A Quo ha incurrido en una absurda valoración de la prueba, en clara violación a lo dispuesto en los artículos 1°, 210, 371 y 373 del CP. Resalta que el Tribunal de grado ha tenido en consideración las declaraciones testimoniales de los amigos de la víctima, las cuales se encuentran viciadas de subjetividad y parcialidad. Sostiene que las versiones de sus defendidos no fueron debidamente valorados. Entiende que ante la escasez de elementos probatorios objetivos obrantes no puede establecerse la plena acreditación de la responsabilidad de sus defendidos. Considera que se encuentran acreditadas las circunstancias que hacen aplicable lo dispuesto en el art. 35 del CP, en relación con el art. 34 incisos 7° y 6° “a” y “b”. Agrega que López ha actuado en legítima defensa, frente la agresión de la víctima de autos, quien en primer término ofendió de manera verbal a López y, luego, agredió físicamente a la Sra. Leal. Sostiene que las agresiones revistieron el carácter de “actual”, ya que no se ha comprobado que sus asistidos se hayan retirado del bar. Alega que se acreditaron los supuestos de un exceso en la legítima defensa –en relación a López- y lesiones leves con exceso de legítima defensa –en relación a Leal-. Considera que debe valorarse como circunstancia atenuante que el hecho se produjo durante una discusión acalorada entre dos sujetos. Cuestiona el apartamiento del mínimo legal imponible. Hace reserva del caso federal.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado que “ el día 26 de marzo de 2.016, siendo aproximadamente las 23:30 hs. en circunstancias que Antonio Domingo Retamal se encontraba con Gustavo Rodríguez jugando al truco y tomando vino en el bar sito en calle Bianconi 2.570, entraron al mismo Rosendo Ramón López, su pareja Patricia Fernando Leal y José Amarillo. Así las cosas, luego de Retamal finalizó la partida de truco agredió verbalmente a López diciéndole dos veces ‘matavieja’, reaccionando Leal quien le dijo a Retamal ‘¿vos sos justiciero?’ y se retiraron del lugar. El bufetero, para evitar más problemas se dirigió hacia la puerta para cerrar el lugar, pero cuando se disponía a hacerlo ingresó Leal y detrás de ella López, portando ambos sendos cuchillos. Leal se abalanzó contra Retamal con evidente intención de matarlo, pero Retamal tomó una silla para defenderse, no obstante Leal le asestó una fuerte puñalada que no logró ofender partes vitales (Retamal interpuso entre ellos la silla) traspasándole con el arma blanca el brazo derecho, tras lo cual López le aplicó a la víctima una puñalada que le ingresó en el lado izquierdo del tórax interesándole el corazón, lo que le produjo la muerte instantes después.” (fs. 9/vta.).
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
En primer lugar, la Defensa crítica la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de grado para descartar que la hipótesis de sus defendidos, esto es, que su accionar se encuentre amparado en la causal de legítima defensa, en rigor, el planteo transita por afirmar la existencia de un exceso en la misma –art. 35 CP-.
En ese sentido, para desechar tal causa de justificación, el Órgano de grado se valió de una serie de elementos que han sido analizados de conformidad a las reglas estipuladas por los arts. 210 y 373 del CPP.
Contrariamente al criterio sustentado por la Defensa, la revisión de la plataforma fáctica del fallo me impide sostener que el Tribunal haya incurrido en una valoración arbitraria de la prueba, por cuanto el sentenciante expresó cuáles fueron las razones que, surgidas de las pruebas, determinaron la decisión adoptada, indicando el camino recorrido para llegar a esa conclusión, no logrando el impugnante conmover con sus argumentos la logicidad para rechazar la concurrencia de una causa de justificación y, asimismo, un exceso en la misma.
En tal sentido, el A Quo valoró la declaración de Jesús López -dueño del bar- quien afirmó que luego de que la víctima haya llamado al acusado “matavieja”, los acusados se retiraron del lugar, por lo que el deponente se dirigió a cerrar la puerta, momento en el cual volvieron a entrar ambos, blandiendo cuchillos en sus manos.
A ello se aduna, la ponderación que efectuara el Tribunal de grado de las declaraciones testimoniales de Gustavo Rodríguez y Rodolfo Escudero, el primero quien relató el momento en que López atacó a Retamal, y el segundo, corroborando la existencia de una discusión previa.
Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del sentenciante respecto de la no concurrencia de la causa de justificación de legítima defensa –art. 34, inc. 6° y 7°, CP-, se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por la Defensa logren evidenciar falencias en lo decidido.
En ese sentido, cabe destacar que la agresión ilegítima reposa en la convicción de que esta debe resultar actual; es decir, inmediatamente inminente o que precisamente está teniendo lugar o todavía prosiga. Como el “estar teniendo lugar” está situado entre los extremos temporales de la inminencia y de la prosecución y por lo tanto no puede plantear problemas de delimitación, sólo es preciso interpretar el comienzo y el fin de la actualidad (Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General. T. I, Editorial Civitas, 1997, pág. 618 y cit.; TCPBA, Sala VI, c. N° 55.715, “Martínez, Sebastián Gabriel s/Recurso de Casación”, sent. del 30 de mayo de 2013, reg. 187/13).
Por ende, no cabe dispensar la pena ante una reacción contraria respecto de una agresión antijurídica formal y materialmente consumada. Si el agresor cesó en su ataque, entonces acabó el momento de defensa y no habrá conducta que ampare el comportamiento del agredido que efectúe un posterior contraataque (cfr., obra cit., non sic, pág. 621 y sgts.).
Así, lo descripto por el testigo Jesús López resulta de vital importancia para descartar la aplicación de la causal de justificación pretendida por la Defensa.
En tal sentido, como bien lo ha afirmado el Tribunal de grado, si bien existió una primigenia agresión por parte de la víctima, lo cierto es que la misma cesó en el preciso instante en que ambos acusados se retiraron del bar.
Luego, se inicia otra secuencia, en donde son los acusados quienes munidos de armas blancas, ingresan al bar con la clara intención de atentar contra la vida de Retamal, ocasión en la que López le efectuó a la víctima un certero golpe que terminó con su vida, situación ésta que no responde a un estado necesario de defensa, sino más bien a un “ánimo de ataque”, con aceptación libre y voluntaria de la producción del resultado finalmente acaecido.
Lo cierto es que el permiso legal se configura con la necesidad de defensa derivada de una agresión actual, que constituye un requisito “puente” entre ambas acciones. En efecto, si se exige que se actúe “en defensa de la persona o derechos”, será necesario que ya haya o todavía haya, posibilidad de hacerlo, o lo que es lo mismo, que aún sea posible evitar la lesión del bien jurídico amenazado. El requisito de actualidad de la agresión es lo que distingue la defensa de la venganza (Santiago Mir Puig, “Derecho Penal”, Parte General, 8va. Edición, Editorial BdeF, 2008, pág. 439).
En tal sentido, la agresión inicial por parte de Retamal había culminado cuando los acusados reingresaron al bar, por lo que la posterior conducta adoptada por los imputados, no puede ser considerada sino una agresión ilegítima no amparada por el ordenamiento jurídico.
En definitiva, la estrategia procesal en torno a un accionar desplegado en defensa propia, que descansa en el relato construido por el impugnante, carece del más mínimo asidero a la luz del plexo probatorio que refleja el pronunciamiento, no encontrando respaldo en ningún elemento serio (cfr. TCPBA, Sala VI, causa n° 56.130, “Gutiérrez, Alejandro Marcos y Gutiérrez, Emilio Eduardo s/ Recurso de Casación”, sent. del 31 de octubre de 2013, reg. 525/13).
En efecto, sería contradictorio con el orden social pacífico y con el monopolio estatal de la violencia que se pudiera invocar tan ampliamente la legítima defensa en contextos como el presente caso. Ello, cuando dadas de las características del suceso existían otros cursos de acción menos lesivos o inocuos frente al acometimiento que se desplegaba, y que le eran exigibles en lugar de la conducta típica en cuestión (cfr. TCPBA, Sala VI, c. N° 56.120, “Recalde, Julio César s/Recurso de Casación”, sent. del 17 de diciembre de 2013, reg. 637/13).
Por lo tanto, no estando corroborado ni resultando verosímil que los imputados hayan actuado repeliendo una agresión ilegítima ni creyendo que lo hacían, la eximente pretendida resulta improcedente; y ello, me exime de realizar el estudio correspondiente a la racionalidad del medio empleado por el autor del hecho.
Frente a este estado de cosas, lógicamente, tampoco podrá acogerse favorablemente el pretendido exceso en la causal de justificación en los términos del art. 35 del CP. Esto, por cuanto la ley exige que la conducta que se procura sustraer del reproche penal se hubiese iniciado en el amparo de la ley; en efecto, se entiende que “…nadie puede exceder el límite de un ámbito en el que nunca ha estado…” (Zaffaroni E. R., Alagia A. y Slokar A., Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Ed. Ediar, 2002, p. 492).
Por otro lado, la Defensa centra la crítica en una discrepancia con la valoración que efectuara el Tribunal de grado de las declaraciones brindadas por los testigos.
En este punto, cabe señalar que la sola discrepancia con la forma de apreciar las declaraciones de los testigos, sin acompañar una crítica puntual a los argumentos expuestos por el Tribunal por los cuales sustentó su sincera convicción sobre el extremo discutido en un grupo de testimonios y les restó credibilidad a los dichos de los imputados, aparece infundada y carente de relevancia para promover la pretensión defensista.
El A Quo ha dado debida explicación de las razones por las cuales se apartó de los dichos de los imputados, resaltando la contundencia de los restantes elementos de prueba para sostener los extremos cuestionados, sin que la Defensa ensaye una crítica conducente a demostrar lo opuesto.
Por lo demás, la Defensa alega parcialidad y subjetividad por parte de los deponentes, pero desprovista de fundamentos que la sustenten.
Al respecto, debe señalarse que Jesús López en su deposición resultó conteste con los testimonios de Gustavo Rodríguez y Rodolfo Escudero –por lo menos en los escuetos aspectos que estos últimos detallaron-, no vislumbrándose de las mismas, aspectos que permitan descreer de su veracidad.
Todo lo expuesto, permite aseverar que el juicio propiciado por el Tribunal de grado para desechar la concurrencia de la causal de justificación de legítima defensa y, en consecuencia, un exceso de la misma, evidencia suficiencia motivacional que lo avala y cumple con los parámetros exigidos en los arts. 210 y 373 del CPP.
Por último, debe señalarse que el Tribunal de grado, con buen criterio, sustentó la calificación legal de tentativa de homicidio -descartando la de lesiones leves propiciada por la Defensa-.
En efecto, la circunstancia de que los acusados hayan reingresado al bar munidos de sendas armas blancas para acometer contra la víctima, quien se hallaba en estado de ebriedad y quien, ante el ataque de Leal, solo atinó a defenderse interponiendo una silla, permiten concluir que el temperamento adoptado por los magistrados es ajustado a derecho. En rigor, aquello que la defensa pone en tela de juicio, se construye por el riesgo propio generado en la ocasión por los agentes en el momento del hecho, riesgo que fuera valorado como propio del delito doloso de homicidio, y cuya exigencia subjetiva no pasa más allá del conocimiento cierto de una probabilidad no remota de producción del resultado, sumado –en el análisis del veredicto- a algunas circunstancias que sobredimensionaron ese riesgo.
Agrego que sobre el punto, la Defensa se limita a solicitar el cambio de calificación legal sin esbozar argumentación mínima que contraponga lo decidido, lo que torna inconducente lo peticionado.
Debe resaltarse que, la motivación o expresión de agravios, es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad, y debe, por tanto, ser clara, precisa y específica (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene inidóneo para torcer la decisión que aquélla contiene.
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto descarta la aplicación al caso de las disposiciones relativas a la causa de justificación de la legítima defensa, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 106, 209, 210 y 373, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabinoó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación” , reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
Turno de abordar la queja que se circunscribe al proceso de individualización punitiva.
Así, no sobra recordar que nuestro ordenamiento positivo ha consagrado un sistema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del sistema y dentro del cual el juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta.
Este marco configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el sentenciante debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-hoc, 1999, p. 37).
Esta operación intelectual, por supuesto, no se encuentra exenta de dificultades y aunque estrecha considerablemente el espacio para la discrecionalidad, a través de la evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no nos permite arribar a un monto con precisión matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Ahora bien, frente a todo lo expuesto, no se advierte una desproporción en el monto de la sanción aplicada.
En ese sentido, considero que el monto de la pena debe mantenerse como fuera establecido en la instancia, pues partiendo de la gravedad de los hechos atribuidos y su calificación lega
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