Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 85601
“Registrado bajo el Nro.102 Año 2018”
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 22 de Febrero de dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo R. Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal) bajo la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa nro. 85.601, caratulada “ LESCANO MARIANO IVAN S/ RECURSO DE CASACIÓN ”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 31 de marzo de 2016, el Juez Dr. Néstor Salas titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado y su defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del C.P.P., declaró a Mariano Iván Lescano coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta conforme el art. 166, inciso segundo, párrafo segundo (fs. 1/5).
Asimismo, en dicho pronunciamiento se declaró la cesura de juicio, postergándose el juicio de punición hasta tanto se efectúe el cumplimiento del año de tratamiento tutelar y el menor cumpla los dieciocho (18) años de edad, conforme lo establecido en el art. 4 de la Ley 22.278.
Posteriormente, el 12 de junio de 2017, el mentado Magistrado condenó a Mariano Iván Lescano a la pena de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta. (Arts. 68 a 77, Ley 13.634; 4 de la ley 22.278; y 40, 41 y 166, inciso segundo, párrafo segundo, fs. 18/23).
Contra este último pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. María Fernanda Saumell, interpuso recurso de casación, el que figura a fojas 29/52.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 18 de septiembre de 2017, realizada la audiencia de visu , y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Tras una lectura de la resolución impugnada y del recurso en tratamiento, entiendo que el Tribunal de Casación es el Órgano jurisdiccional encargado de resolver este tipo de cuestiones.
A mayor abundamiento, recientemente y mediante la resolución número P-129540-CC del 27-09-2017 (entre otras similares de igual fecha), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió la cuestión que generaba el juego de los artículos 26, 27 y 61 de la ley 13634 -que regula el fuero penal del niño- con su nueva redacción (según ley 14765), entendiendo que el criterio determinante para saber a qué organismo corresponde revisar las sentencias definitivas, o equiparables, recaídas en el ámbito del Fuero Penal Juvenil, está fijado en razón de la materia correccional o criminal del delito en trato, independientemente del órgano jurisdiccional del cual emanó el fallo.
El Tribunal de Casación, entonces, entenderá en la revisión de sentencias definitivas, o equiparables, en materia criminal, ya sea que la dicte el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o el Juzgado de Garantías del Joven, mientras que las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de todo departamento judicial tendrán competencia para revisar los mismos fallos en materia correccional -de conformidad con el art. 26 y 450 del C.P.P-.
En el caso particular, Mariano Iván Lescano fue condenado la pena de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego, como fuera reseñado (arts. 45 y 166, inciso segundo, párrafo segundo, del CP; fs. 1/5 y 18/23).
A partir de lo expuesto y en concordancia con lo dispuesto en los arts. 22, 24 y 26 del CPP, queda claro que, en el caso, se trata de materia criminal, lo que justifica la competencia revisora de esta sede.
Asimismo, tratándose la impugnada de una sentencia definitiva y ajustándose la vía utilizada a la competencia asignada a este cuerpo por los artículos 20 inc. 1, 401, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1 y c.c. del C.P.P., el recurso resulta admisible por lo que resta establecer la amplitud que corresponde otorgarle.
Al respecto, cabe destacar que al haberse escogido en autos el procedimiento de juicio abreviado (art. 395 c.c. y s.s. del C.P.P.), la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio en éste y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las que falló el primero, y que constan instrumentalmente en el expediente, son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por tal razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución que refieren a los motivos de agravio (434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, pues lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (arts. 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena, que ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales -particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamiento de la Corte IDH-, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 CN, 8.2.h CADH; 14.5 del PIDCyP; 20 inc. 1, 22, 24, 26, 401, 421, 450, 451, y 454 inc. 1 del C.P.P.; 4, Ley 22.278; 18, 58, 61, y ccs., Ley 13.634; 14, 15, 19, 32 y cctes., Ley 13.298).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La impugnante centra su embate en la necesidad de imposición de pena en el caso, y la ausencia de justificación suficiente en la decisión arribada para apartarse de los principios de ultima ratio y subsidiariedad del ejercicio del poder punitivo. Expresa que la sentencia resulta arbitraria, dotada de afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes, y sustentada en una absurda valoración de la prueba que trastocó garantías constitucionales, dejando de lado los principios rectores del fuero penal juvenil relacionados con las condiciones materiales que deben configurarse para imponer un castigo. Alega que durante el tratamiento tutelar ha quedado acreditado que el joven se insertó en el mercado laboral, recibió acompañamiento familiar, no resultó condenado en otros procesos y no padeció de problemas de adicciones. Cuestiona la utilización de motivos de reflexión, arrepentimiento o indicadores subjetivos como fundamento de la imposición de la pena. Entiende que la modalidad del hecho no reviste entidad significativa que amerite la sanción penal impuesta. Critica los informes del Cuerpo Técnico Auxiliar que refieren a transgresiones de su defendido, como a la falta de reflexión y arrepentimiento, por sustentarse en una única breve entrevista y contener datos falaces, resaltando las conclusiones del Perito Psiquiatra Dr. Beltrami, quien se expresa en sentido contrario, evidenciando un progreso en los aspectos de la personalidad que muestran sentimiento de arrepentimiento y culpa por lo sucedido y empatía con las persona que resultan víctimas de hechos delictivos. Considera que no puede valorarse la conducta imputada en otro proceso en trámite sin conculcar el principio de inocencia. Resalta que el Juez de grado no ha ponderado el impacto negativo que la pena acarreará a su defendido. Señala que la carga horaria del trabajo le impidió cumplir debidamente con la participación en un espacio educativo y la asistencia al Centro de Referencia. Afirma que si el resultado del abordaje tutelar no ha sido negativo, como bien lo ha señalado el Juez de grado, entonces, corresponde que el Estado no aplique sanción punitiva alguna a Lescano. Destaca el acompañamiento familiar que recibe actualmente el joven de su tío y padre. Solicita se haga lugar al recurso de casación interpuesto eximiendo de pena a su representado. Hace reserva del Caso Federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith de Seta, mantiene el recurso y postula la procedencia del remedio incoado (fojas 58/vta.).
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, solicita el rechazo del recurso de conformidad a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 59/60.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El órgano sentenciante ha tenido por acreditado que: “ El día 8 de febrero de 2015, siendo aproximadamente las 20:30 horas mientras la Sra. Blanca Azucena Granier se encontraba caminando junto a su esposo, Sr. Ricardo Alberto Rivas por calle Uruguay n° 1239 de este medio, fueron interceptados por dos sujetos de sexo masculino quienes circulaban a bordo de una moto marca Honda modelo Titan negra dominio 094-GOI de 150 cc; exhibiéndole el acompañante quien descendió del rodado, un revólver calibre 22 largo, marca Brenta serie n° 16408 con cuatro cartuchos intactos en su interior del mismo calibre –secuestrados en autos- logrando de esta manera apoderarse ilegítimamente de una cartera negra pequeña que contenía un manojo de llaves, medicamentos, un abanico y un celular marca Nokia modelo 1616 2B, quienes se dieron a la fuga por calle Uruguay en dirección a 25 de mayo, recuperándose posteriormente solo el celular y su funda ” (fs. 1/vta.).
No puede soslayarse que la impugnante acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP., limitándose el letrado a prestar conformidad con la materialidad ilícita, la autoría responsable, la calificación legal y la pena solicitadas, consintiendo así en el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de las facultades propias del debate (v. TCPBA, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Vélez y otro s/ Recurso de Casación", sent. del 1 de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre otras).
En tal marco, se acordó imponer a Lescano la pena de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión por resultar coautor del delito de robo con arma de fuego, monto que representa el mínimo de la escala penal prevista para el delito en cuestión con la reducción prevista en el art. 4 de la ley 22.278.
Los términos acordados fueron respetados por el A Quo, por lo que el agravio, circunscripto a la individualización de la sanción penal, se limita, únicamente, a la necesidad de imponer pena en el caso, y no, así, al monto de la misma.
En tal marco, procederé al análisis de los fundamentos expuestos en el decisorio impugnado para determinar la aplicación de la pena impuesta, considerando que, frente a las circunstancias de la causa, tampoco puede ignorarse que versa sobre un delito cometido por una persona menor de edad que se ha convertido en adulta, conforme las disposiciones legales. Es por ello, que considero pertinente efectuar algunas consideraciones previas.
Tengo dicho que nuestro ordenamiento positivo ha consagrado un esquema relativo, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un límite que refleja el valor proporcional de la norma dentro del sistema y en el cual el juez debe fijar cuál es la sanción adecuada al caso que se le presenta.
Este marco configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el sentenciante debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena , Ad-hoc, 1999, p. 37).
Esta operación intelectual, por supuesto, no se encuentra exenta de dificultades y aunque estrecha considerablemente el espacio para la discrecionalidad, a través de la evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no nos permite arribar a un monto con precisión matemática.
Cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Frente a lo expuesto, es posible afirmar que resulta imposible sistematizar la determinación de la pena y, por lo tanto, deviene necesario que el juez intente acceder a la individualidad de quien se encuentre sujeto a un proceso penal, tal como lo permite la formulación del art. 41 del C.P. (Ziffer, P., 1999. Lineamientos de la Determinación de la Pena. Buenos Aires: Ad-Hoc.).
En el caso, tratándose de un proceso de menores, el juicio valorativo en la determinación de la pena requiere, asimismo, la contemplación sobre la necesidad de la aplicación de pena, la que se halla sujeta al evalúo de explícitas pautas contempladas en el art. 4 de la ley 22.278.
Pero esta evaluación no debe efectuarse aislada de los principios mencionados, por lo que resulta imperioso que la justificación de la pena impuesta esté lo más erradicada posible de elementos irracionales, es decir, que sea explícita y controlable en sus argumentos.
Por ello, es necesario que la decisión del juez esté expresamente fundada, pues la pena como privación de libertad es la injerencia máxima que el Estado puede tener sobre un individuo. Es aquí en donde entra en juego todo lo dicho anteriormente, a través de la valoración de cada elemento particular a la causa.
Pero del mismo modo, la determinación de la pena no puede ser ajena a su finalidad resocializadora, establecida explícitamente en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que también deberá analizarse a la luz de las características del caso.
Teniendo en cuenta el principio de igualdad, la protección especial que requieren los niños y el fin resocializador de la pena, es que la citada Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus artículos 37 y 40 que los niños en conflicto con la ley tienen derecho a recibir un trato que fomente su sentido de la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su edad y que aspire a su reintegración en la sociedad. A la vez que establece que el ingreso de jóvenes en conflicto con la ley a un centro de reclusión -o cualquier otra institución cerrada-, debe ser una medida de último recurso, que ha de evitarse siempre que sea posible y, de no ser posible, que ha de establecerse durante el período más breve que proceda (Comité sobre Derechos del Niño, OG 10, 2007 “ Los derechos del niño en la justicia de menores, ” CRC/C/GC/10).
Tal es la protección que otorga la Convención a los menores en conflicto con la ley y en contextos de encierro que su Comité establece, lógicamente, la separación de los niños y los adultos, pero a la vez estipula que el hecho de alcanzar la mayoría de edad, es decir cumplir los 18 años de edad, no significa que automáticamente el joven deba ser trasladado a una institución para adultos. Por el contrario, el Comité establece que la persona “debería poder permanecer en el centro de menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta con el interés superior de los niños menores de edad internados en el centro” (Conforme en tal sentido Comité sobre Derechos del Niño, OG 10, 2007 “ Los derechos del niño en la justicia de menores ,” CRC/C/GC/10, pág. 24 párr. 86).
Toda esta normativa encuentra su fundamentación en los posibles efectos nocivos que pueda tener la privación de libertad –especialmente en los niños, niñas y adolescentes-, por lo que ampara la regla de la libertad y de la privación como su excepción.
A la luz de todo lo dicho, no es posible afirmar que el decisorio impugnado sea arbitrario y contrario a los presupuestos que dicta la normativa internacional. Por el contrario, el sentenciante ha fundamentado acabadamente las razones que lo llevaron a imponer la pena mencionada.
De la simple lectura de la sentencia se visualiza la detallada valoración realizada de la normativa nacional e internacional vigente, así como de las circunstancias particulares del caso, es decir, la modalidad del hecho , los antecedentes personales, el análisis del tratamiento tutelar, –informes del Centro de Referencia, del Centro Cerrado, de la Licenciada María Daniela Camerucci, Perito Asistente Social del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, las pericias de la Dra. Claudia Bertarini, Perito Psicóloga, y del Dr. Beltrami-, y la impresión personal que tuviera el sentenciante (fs. 22vta.) .
En tal marco valorativo, el A Quo concluyó que el tratamiento tutelar no arrojó los resultados esperados, no observándose avances significativos, con los caracteres de firmeza y regularidad, que permitan afirmar que Mariano Iván Lescano se haya reinsertado positivamente en la sociedad.
En tal sentido, el juez de grado al referirse a la modalidad del hecho se remitió a los fundamentos expuesto en el auto de responsabilidad, señalando, al contrario de lo expresado por la Defensa, lo “ inconcebible e inexcusable ” que resulta la circunstancia de que un menor deambule por la vida armado. En este punto, cabe resaltar que –contrariamente a lo solicitado por la Defensa- el hecho atribuido a Lescano se encuentra en el grupo de los delitos más graves contra la propiedad (art. 166 inc. 2° pá
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