Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 82212
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 6 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 82.212 (Registro de Sala número 22.724), caratulada: “Greco, Julio Antonio s/ recurso de casación” y acumulada número 82.806 (Registro de Sala número 22.727) caratulada: "Godoy, Gabriel Bernardo s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI-CARRAL.
En lo que interesa destacar el Tribunal en lo Criminal número 1 de San Martín, previo juicio por jurados que dictó veredicto de culpabilidad (por unanimidad), condenó, luego de la cesura de juicio, a Julio Antonio Greco y a Gabriel Bernardo Godoy a prisión perpetua, accesorias legales y costas, para cada uno, como coautores responsables del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.
Contra dicho pronunciamiento la Defensora Oficial, por Greco, interpuso recurso de casación (fs.63/76) denunciando errónea incorporación por lectura de la declaración de los imputados en violación de los incisos 6 y 7 del párrafo primero del artículo 342 bis del Código Procesal Penal y afectación al principio “iura novit curia” por omisión de instrucción por delitos menores.
Solicita la nulidad del fallo, se absuelva a Greco y subsidiariamente se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Concedido el mismo (fs.77) se radica en Sala con trámite común y noticia a las partes (fs.80 y vta.).
A fs. 89 se acumula a la presente la causa número 82.806 caratulada “Godoy, Gabriel Bernardo s/recurso de casación”.
En la misma, el defensor particular por Godoy (fs.59/68 y vta.), denuncia arbitrariedad de la sentencia y violación directa e indiscutible de numerosas garantías y derechos constitucionales.
Afirma que los integrantes del jurado al momento de evaluar y valorar las pruebas violaron la objetividad requerida y notificada en las “Instrucciones”, apartándose de los elementos probatorios desarrollados en debate.
Sostiene que la fiscal no produjo prueba para afirmar un accionar premeditado o acordado con otras personas.
El Defensor (por Greco) desiste de informar oralmente y presenta memorial sustitutivo (fs.90/98) por medio del cual mantiene los motivos de la presentación originaria y solicita se declare la nulidad de las instrucciones impartidas, el veredicto y sentencia, por afectación al debido proceso y la garantía de defensa en juicio, debido a la falta de grabación o filmación de la audiencia celebrada en los términos del artículo 371 bis del Código Procesal Penal.
La Fiscal acudió a igual vía (fs.107/123) y propuso el rechazo de la impugnación.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Resultan procedentes los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero . He adherido en lo sustancial en el precedente “Mazzón, Marcos Ezequiel”, causa número 72.016, de la Sala I de este Tribunal, del 27 de octubre de 2015, al voto del doctor Daniel Carral en la primer sentencia producto del procedimiento instaurado a partir de la reforma que concretó la reglamentación del juicio por jurados populares, donde se ha dicho y vuelvo a decir lo siguiente:“Su trascendencia no se agota en la satisfacción que genera entre nosotros el cumplimiento de una vieja y sostenida manda constitucional, triplemente invocada en nuestra Carta Magna nacional y de expresa receptación también en la Carta fundamental de derechos de esta provincia de Buenos Aires, sino que importa, para el servicio de administración de justicia, la profundización de los principios rectores que hacen al sistema adversarial, reforzando la garantía de imparcialidad, incorporando, al mismo tiempo, la participación directa del pueblo en decisiones que hacen al desarrollo de nuestra vida institucional. En este sentido, la concreción por parte del Poder Legislativo provincial de la instauración del juicio por jurados en casos criminales, no puede tener vuelta atrás desde que, cumplido el cometido que manda la constitución, se erige entonces como una garantía más de orden jerárquico superior que no podrá ser soslayada sin graves consecuencias para nuestro sistema republicano. Celebramos entonces que el juicio por jurados haya llegado a estas latitudes para transformarse en la puerta de ingreso a un siglo XXI, destinado a dejar definitivamente de lado los resabios inquisitivos que predominaran durante más de un siglo de nuestra historia reciente.
Así como el precedente Herrera Ulloa contra Costa Rica emanado de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y su reflejo a nivel nacional a partir de “Casal”, pronunciado por nuestra Corte Federal, significaron entre nosotros un nuevo estándar en materia de revisión de veredictos de culpabilidad, es de esperar que las reglas que rigen el juicio por jurados coadyuven a una mejor intelección y rendimiento de las normas que rigen los procesos sustanciados por ante jueces técnicos, de modo que las conquistas en materia de modelo adversarial puedan guiar todos los casos sometidos a proceso penal en el ámbito de nuestra provincia”.
Segundo. La defensa peticiona como cuestión previa la nulidad de las instrucciones impartidas al jurado para su deliberación, y sus consecuencias sobre el veredicto y sentencia, al considerar que debió filmarse o grabarse la audiencia prevista en el artículo 371 bis del Código Procesal Penal, situación que afectó la defensa en juicio y el debido proceso.
A iguales fines, sostiene (en la presentación original) que la sentencia se dictó en violación del procedimiento instaurado ya que fueron incorporadas como prueba las declaraciones de los imputados, medida que la parte objetó.
Por otro lado, alega que en las instrucciones previas o luego al declararse estancado, no se informó al jurado los delitos menores integrantes de la imputación, y que, al configurar el delito, dichas directivas perjudicaron a Greco.
Los agravios no prosperan.
Voy a las razones.
Como surge del acta de debate (ver en lo pertinente fs.16 vta./25), se celebró la audiencia establecida por el artículo 371 bis del Código Procesal Penal, en la que se confeccionaron las instrucciones finales, siendo aceptadas por las partes (el remarcado me pertenece), y se dejó constancia de las objeciones referentes a la definición de coautoría, pues la fiscalía considera que debe instruirse al jurado acerca de que el aporte puede ser material o no, y los defensores consideran que debería informarse que el aporte debe ser esencial y determinante.
Conforme a lo expuesto, ha quedado debidamente documentado que esta fue la única objeción establecida, y que el tribunal instruyó al jurado acerca de los lineamientos de la coautoría (en lenguaje claro y sencillo como lo prevé el artículo 371 ter, punto uno, parte final del Código Procesal Penal) en los términos solicitados por la defensa (ver acta en copia a fs.22 vta./23).
Por ende, si bien como menciona la mejora el artículo 370, parte final, del Código Procesal Penal dice que el juicio por jurados deberá ser íntegramente grabado o filmado; la normativa específica que regula el acuerdo para elaborar las instrucciones (artículo 371 bis del mencionado código), establece que una vez clausurado el debate, el juez invita a los jurados a retirarse de la sala para celebrar una audiencia con los abogados de las partes para que realicen las propuestas para la elaboración de las mismas, y que en dicho acto, las partes plantean sus objeciones recíprocas, decidiéndose en forma definitiva cuáles serán las instrucciones, con constancia de sus disidencias, oposiciones y la exposición de motivos, incidencias que constarán en acta o registros taquigráficos (el remarcado me pertenece) o de audio y video, bajo pena de nulidad.
En este contexto, el análisis exegético que trae la defensa en su discurso, en busca de una nulidad que no es tal, encuentra un valladar en la propia norma que rige la puesta en común, y en la que expresamente se determina que basta las constancias en el acta de las oposiciones o disidencias de las partes, para que un eventual examen recursivo sea eficaz.
No debemos perder de vista que la exigencia que la parte dice incumplida, es relevante al sólo fin de efectuar un control posterior, la forma en la que se condujo el debate, las exclusiones probatorias y sus admisiones, las instrucciones al jurado (en el caso, correctamente plasmadas en debate y grabadas) y de la satisfacción de los estándares de prueba válidos para una condena, mas queda la deliberación del jurado dentro de un ámbito constitucionalmente reservado.
Como lo he dicho en anteriores precedentes, acompañando al doctor Carral, el error en las instrucciones impartidas, debe ser observado por esta revisión, cuando estos defectos constituyan un claro condicionamiento a la decisión del jurado y derive en un grave perjuicio para el imputado.
Ninguno de estos supuestos se presenta en el caso.
En primer lugar, la defensa no puede traer una crítica sobre las instrucciones que su misma actividad contribuyó a establecer, y mucho menos cuando se invoca una nulidad que se dice absoluta, recién en la pieza recursiva tras el veredicto de culpabilidad.
En segundo término, coincido con la fiscal en punto a que la defensa suscribió el acta sin decir nada, absolutamente nada, de lo que ahora reclama, y menos aún si se tiene en cuenta que en el acta de debate se ha dejado debida constancia de que las partes sólo efectuaron objeciones en torno a la coautoría, sin realizar ninguna salvedad luego de efectuada la pertinente instrucción, conformándose la parte con lo actuado al suscribir dicho instrumento.
Tampoco procede el reclamo de la defensa en cuanto alega la falta de explicación del “aporte esencial y determinante” como elemento de la coautoría, pues el tribunal (en lenguaje claro y sencillo, tal como lo dicta la norma) indicó al jurado que su tarea era determinar si ambos imputados eran coautores del hecho, y que autor es quien tiene la decisión y posibilidad de realizar el hecho y/o interrumpirlo ; que cuando en el mismo interviene más de una persona, se habla de coautoría; que los intervinientes se dividen y distribuyen roles a desarrollar; que no es necesario que todos realicen la misma acción, sino que aquella que desarrollen, signifique efectuar un aporte para llevar adelante el delito (los remarcados me pertenecen), instrucciones que resultan suficientes para configurar lo que la defensa dice no ver.
El alegado déficit en el desarrollo de lo que significa “realizar un aporte para llevar adelante el delito” se resume en un juicio crítico acerca de la capacidad de entendimiento de los integrantes del jurado, de cuya selección formó parte la propia defensa.
Por otro lado, nada objetó, al desarrollarse las instrucciones acerca del “concurso premeditado de dos o más personas”, que hoy trae en consideración; extremo que fue explicado correctamente al jurado (ver acta en copia fs.22 y vta.), al determinar el tribunal los elementos que deberían ser analizados para tenerlo por probado o no; tales como la puesta en común previa o acuerdo previo entre Greco, Godoy y al menos otro más, para matar a Saraiba (determinado como punto 2); como así también, que ambos imputados actuaron con intención de causar la muerte de Saraiba (punto 3); que dicha acción fue ejecutada por más de tres personas; que se dirigieron a su domicilio y que se efectuó mediante disparos con arma de fuego (punto 4).
Por tanto, más allá de no advertir un error en las instrucciones con capacidad para condicionar la decisión del jurado (pues como dije líneas arriba, en los términos solicitados por la defensa, fueron suficientemente explicados los presupuestos de la coautoría y los elementos fácticos que configuran el acuerdo premeditado de dos o más personas), los perjuicios alegados (afectación al derecho de defensa y debido proceso legal) no son tales.
En atención a ello la falta de soporte fílmico de la puesta en acuerdo de las instrucciones no impidió su control, y mucho menos cuando lo actuado ha quedado plasmado en el acta de la audiencia suscripta por la parte que reclama.
Y si esto fuera poco (de ningún modo lo es) como hemos dicho al resolver la causa número 72.016 “Mazzon, Marcos Ezequiel s/recurso de casación” en un planteo similar, que si bien es cierto que en la actualidad la posibilidad de registrar una audiencia mediante mecanismos audiovisuales no requiere ninguna complejidad de medios tecnológicos, no es menos cierto que la ley ha contemplado diversas opciones de registro obligatorio para este acto de audiencia privada entre el juez y las partes.
Las opciones se presentan como alternativas, vale decir, pueden constar tanto en actas como en registros, taquigráficos o, en su caso, de audio o video. Cualquiera de estos medios son válidos para instrumentar un registro de lo acontecido en la audiencia a la que hacemos referencia, de modo que, en la medida que se haya dado cumplimiento a la obligación de asentar lo acaecido, cualquiera de las diversas variantes resultan suficiente cumplimiento de las formalidades exigidas.
Respecto a la carencia de instrucciones acerca de las figuras alternativas u omisión de instrucción por delitos menores, convengo con la fiscal que la defensa no elaboró una propuesta en torno a una significación jurídica distinta a la que fue materia de acusación, ni objetó la propuesta por el fiscal.
Aquí vuelvo a traer en consideración lo que hemos establecido en anteriores precedentes, pues la parte no puede invocar en el recurso, después del veredicto de culpabilidad, una nulidad basada en una crítica sobre las instrucciones que su misma actividad contribuyó a establecer.
Si bien nuestra tarea nos permite abordar de oficio un grave y manifiesto error en las instrucciones impartidas cuando perjudica al imputado, o lo que es lo mismo, cuando ese defecto condicione la decisión del jurado, dicha circunstancia no se advierte en el caso, pues no existió un error que condicione tal actividad decisoria.
Asimismo, la asistencia técnica tuvo concreto conocimiento de cómo iba a establecer el tribunal la/s instrucción/nes criticada/s, sin introducir lo que dice faltante para su evaluación.
Bajo iguales fundamentos, corresponde rechazar el reclamo que ataca las instrucciones impartidas en la configuración del hecho al considerar que las mismas influenciaron al jurado en contra de Greco, pues la defensa no demuestra de qué modo incidieron o condicionaron su decisión ni la entidad del perjuicio.
Es que resulta necesario, para satisfacer las exigencias de la regla procesal que ampara la potestad recursiva en materia de instrucciones al jurado [art.448 bis inc. c) del CP], una doble condición; un primer presupuesto, que está condicionado a que se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y, en segundo lugar, la acreditación de que esa instrucción puesta en crisis ha condicionado la decisión del jurado. Para ello es necesario que la defensa no sólo haya cuestionado la instrucción, sino además que hubiese brindado una explicación respecto de qué incidencia y entidad tendría la misma para condicionar una decisión del jurado.
Ninguna de estas circunstancias puede encontrarse en el marco de las instrucciones puestas en crisis.
En consecuencia, no pudiendo encuadrar a las instrucciones cuestionadas en el terreno de un grave error de procedimiento que haya condicionado perjudicialmente la actividad decisoria del jurado, cobra relevancia la tarea enarbolada por la asistencia técnica del acusado, que tuvo concreto conocimiento tanto de las explicaciones sobre las reglas que rigen la deliberación, la ley aplicable al caso y las instrucciones particulares, no formulando objeción alguna que pueda evaluarse, sellando con ello la suerte adversa de los motivos de agravio.
Por último, no resulta ocioso recordar que las sanciones de nulidad no son trampas tendidas a la buena fe del juez, del ministerio público y de las partes, ni se juega a ellas como a la gallinita ciega; y el juez que esté por incurrir en nulidad, puede inmediatamente remediarlo (ver el sistema del artículo 203 del Código Procesal Penal) sin que nadie pueda reclamar un derecho adquirido al perfeccionamiento de las mismas (cfr. Vincenzo Manzini, “Tratado de Derecho Procesal Penal”. editorial El Foro. Buenos Aires. 1996. Tomo III páginas 102 y 103, evidente surtidor de la doctrina de la Corte Suprema correspondiente al caso “Tiboldi”).
Sin más sobre el tema.
Tercero . Corresponde rechazar el motivo que ataca las incorporaciones por lectura de las declaraciones de los imputados.
La defensa de Greco sostiene que la incorporación abrió las compuertas para la condena, pues nada en el debate indicaba la autoría (debió decir coautoría) de su pupilo, y que dicho instrumento fue utilizado en contra de los intereses del acusado.
Por ese camino, solicita la nulidad de lo actuado.
En primer término no debemos perder de vista que la declaración del imputado es un acto material de defensa, y que en ese punto no rige la normativa aplicable a la testificales, tanto en su valoración como su ingreso como prueba.
Como lo menciona la fiscal, lo que se encuentra vedado al jurado es la ponderación de prueba incorporada al debate que no contó con el contralor de la defensa y que la misma sea dirimente o única para la condena, en otras palabras, que el veredicto descanse sólo en el elemento cuestionado.
Acompaño a las estimaciones esgrimidas por la titular de la vindicta pública, pues en el caso las declaraciones cuestionadas (actos de defensa con reglas propias que lo diferencian de las testimoniales) resultan manifestaciones que parten de los propios imputados, quienes contaron con el debido asesoramiento legal para hacerlo, y que la evidencia rendida y sopesada por el jurado para condenar se erigió en forma independiente a lo que dijeron, situación que contrarresta las transgresiones que se denuncian.
Dicho lo anterior, el descargo vertido por el imputado en su defensa de ningún modo puede estar en colisión directa con sus propios derechos, y menos aún si Greco y Godoy desarrollaron versiones exculpatorias que descartan cualquier tipo de confesión.
Vuelvo a repetir, aquí no hablamos de incorporar testificales que se produjeron sin control del defensor, sino un propio acto de defensa desplegado por quienes tienen derecho a hacerlo, con el cumplimiento de las garantías necesarias.
Asimismo, es dable advertir que el tribunal no solo puso en conocimiento al jurado del principio de inocencia y el derecho a no declarar, sino también que los instruyó acerca del tema, haciéndole saber que los acusados no están obligados a declarar, que no lo hacen bajo juramento, y que lo que digan en sus defensas puede ser verdadero o no, sin que ello implique la comisión de un delito (ver acta en copia a fs.18/19 y vta.).
En cuanto a la cláusula establecida en el artículo 342 bis, inciso séptimo del Código Procesal Penal, que prohíbe el conocimiento de las constancias de la investigación penal preparatoria, la misma se vincula a la regla y la posibilidad de confrontar la prueba de cargo frente al jurado que debe resolver, situación ajena a la declaración del imputado, pues como dije líneas arriba es un acto de defensa material de naturaleza diversa a la prueba que debe ser indefectiblemente sometida al contralor de las partes.
Conforme lo expuesto, el agravio decae (artículos 18 18 y 75, inciso 22°, de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.