Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 87210
"Registrado bajo el Nro. 184 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 15 de marzo de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa Nº 87.210 caratulada “C., J. M. A. s/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA
I. El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, en la causa n° 333 (1871/2015) de su registro –I.P.P. n° 14-00-003809-15-, con fecha 2 de junio de 2017, dictó pronunciamiento definitivo en la misma condenando a J. M. A. C. a la pena de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas del proceso como autor del delito de robo agravado por el empleo de arma, dos hechos en concurso real, en los términos de los arts. 55 y 166 inc. 2° del Código Penal, por los hechos cometidos los días 6 de junio de 2015 en la localidad y partido de Tigre.
En el mismo decisorio se rechazó el pedido de morigeración de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, reclamado por la Defensa Oficial.
II. Contra dicha sentencia deduce recurso de casación la Defensa Oficial del Fuero especializado denunciando, en lo fundamental, que la pena que le fuera impuesta al joven J. M. C. resulta opuesta a las finalidades del sistema de responsabilidad penal juvenil, agregando que no se ha fundado acabadamente la necesidad de la pena fijada “ sino que sólo [se] hizo una referencia generalizada de los informes agregados, sin adentrarse en el análisis de alternativas menos gravosas para que C. pueda reinsertarse a la sociedad con éxito… ” (f. 80).
Critica la letrada defensora el mérito que le ha otorgado el sentenciante al abandono del período de tratamiento mediante su fuga, desatendiendo el contenido de los informes favorables actuales. Agrega que no es posible fundar el rechazo de la modalidad ejecutiva de la pena en el “ estado embrionario ” (f. 81 vta.) del tratamiento resocializador cuando los dictámenes psicológicos aconsejan lo contrario.
Señala, además, que la sanción impuesta es desproporcionada y que “ no debió ser impuesta o en su defecto tenerse por cumplida atento al tiempo transcurrido y a la respuesta positiva del joven al tratamiento que viene cumpliendo privado de su libertad ” (f. 83), violándose el principio de mínima intervención penal. Por último, denuncia la fundamentación aparente del decisorio.
Solicita se absuelva de pena a su defendido, y en subsidio, se dicte una pena de ejecución condicional o en modalidad de arresto domiciliario. Hace expresa reserva del caso federal.
III. Notificadas las partes, la Defensa Oficial ante este Tribunal de Casación acompañó la pretensión de la Sra. Defensora de la instancia originaria (f. 99), mientras que la representante del Ministerio Fiscal, en su presentación (fs. 100/103) solicita se haga lugar al recurso de casación y, con amplios fundamentos, demuestra la arbitrariedad del decisorio impugnado.
Realizada la audiencia de los arts. 12 C.D.N. y 60 de la ley 13.634 (fs. 108/108 vta.) y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adelanto que habré de hacer lugar a la pretensión defensista.
Como ha explicado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “ Maldonado, Daniel E. y otro ” ( Fallos 328:4343, consid. 22°) y “ Marteau, Alejandro A .” ( Fallos 332:512, consid. 7°), “ la ‘necesidad de la pena’ a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a ‘gravedad del hecho’ o a ‘peligrosidad’… Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a ‘la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40, inc. 1°) ”. La decisión acampa en elementos objetivos y concretos sobre los cuales se soporta la necesidad de imponer una sanción punitiva, medidas socioeducativas transitadas por el joven y los correspondientes informes técnicos se encuentran detalladamente reseñados a fs. 1/21 de este incidente impugnativo.
Entonces, y a pesar de lo señalado por la casacionista, no resulta posible sostener que el decisorio en lo que atañe a la “necesidad de la pena” resulte infundado, aun cuando el fundamento no resulta suficiente. El mérito que de algunas de las circunstancias cabe efectuar permiten llevar el derrotero hacia un lugar distinto al que arriba el sentenciante, como seguidamente pondremos de manifiesto.
Ello así por cuanto el análisis debe transitar no sólo por la verificación que en concreto el joven incusado merece ser sancionado penalmente, sino por la determinación de la pena más adecuada a su interés superior (art. 3 C.D.N.). Y es aquí donde la sentencia adolece de un déficit que debe repararse en esta Sede.
Tal como expresara en la causa n° 82.006, “ Acosta, Agustín N. ”, del registro de esta Sala casatoria, “ la prisión, como medida cautelar o como pena, es excepcional en el régimen imperante en el sistema de responsabilidad penal juvenil. El art. 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 31 y 75 inc. 22° C.N.), establece que ‘la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda’. De igual modo, el art. 36 inc. 4° de la ley 13.634 reconoce el derecho del joven a ‘que la privación de la libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible…’, tal como lo hace la regla 19.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing-, aplicable en virtud del art. 10 de la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 10 (2007), ‘Los derechos del niño en la justicia de menores’, párr. 28 ”.
“ Cuando se decide privar de la libertad a un joven en el marco de un proceso penal que se sustanció en su contra, deberán agotarse previamente todas las medidas que permitan arribar al cumplimiento de las finalidades precautorias o de reintegración social que se pretenden (art. 40.1 y 4 C.D.N.) sin necesidad de su encarcelamiento. En casos excepcionales y sólo cuando resulte imposible el empleo de una medida alternativa al internamiento en una institución de encierro, como último recurso, puede el Magistrado del fuero especializado disponer este tipo de medidas restrictivas por el tiempo más breve posible (art. 37.b) C.D.N.; reglas 13 y 17 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores), como ya se ha puesto de resalto ”.
En este orden de ideas, resulta arbitraria la decisión del Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil que sienta las bases de la misma en este tópico, en una mera cita jurisprudencial y la mera alusión a los distintos elementos de mérito, pero sin dar una acabada razón de los motivos que lo determinaron a concluir, más allá de la determinación de que resultaba necesaria la imposición de una pena, que la misma fuera de efectivo cumplimiento y en una institución de detención de modalidad cerrada.
No puedo pasar por alto, que según resulta de las constancias de autos, la condena a la pena de dos años y ocho meses de prisión dictada y que es motivo del recurso de casación, es la primera impuesta a J. M. A. C., haciendo aplicable la modalidad ejecutiva del art. 26 del Código Penal. Sin embargo, esta posibilidad de ejecución se ha descartado sin una rigurosa valoración de sus exigencias legales ni de las circunstancias concretas del caso sub lite , máxime cuando en materia de responsabilidad penal juvenil es prioritario que la sanción penal, por su carácter resocializador y educativo, no implique la pérdida de la libertad.
No debe soslayarse " que si bien surge del citado art. 26 de la ley de fondo el mandato expreso de fundamentar la condenación condicional, no por ello el magistrado deberá dejar de lado el mandato implícito que lo obliga -con el fin de asegurar una debida defensa en juicio- a dictar sus fallos en términos de una derivación razonada del derecho vigente conforme con las constancias de la causa para resolver sobre una pena a cumplir en prisión " (C.S.J.N., " Squilario, Adrián y otro ", Fallos 329:3006, consid. 9°, y causa n° 76.617, “ Molina, Facundo M. ” del registro de esta Sala). Todo lo cual se redimensiona en materia de niñez y adolescencia donde la decisión jurisdiccional debe considerar de manera primordial el interés superior del niño o niña en conflicto con la ley penal (art. 3 C.D.N.), definiéndolo en forma individual “ con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales ” específicas en cada caso (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 (2013), “ Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) ”, párr. 32).
En este aspecto, la resolución atacada por la Sra. Defensora Oficial nada aporta puesto que no se han explicitado con precisión cuáles son las razones por las cuales, en pos del interés superior de J. M. C., resulta más adecuado el cumplimiento efectivo de la sanción penal y no una modalidad ejecutiva alternativa al encierro.
No puedo dejar de señalar que la fuga de un imputado, en principio, evidencia su voluntad de no someterse a las decisiones de la Justicia, lo que puede considerar el juez al momento de decidir la modalidad de ejecución de la pena -" su actitud posterior al delito ", art. 26 C.P.-; pero ello resulta desechable en autos en virtud de los indicios que destaca la Sra. Fiscal Adjunta de Casación Dra. Daniela Bersi en su memorial.
Es correcto el señalamiento de la representante del Ministerio Fiscal: los informes institucionales dan cuenta de la favorable evolución del joven C., de su posicionamiento frente a la infracción penal, de su arrepentimiento por los hechos cometidos y de un proyecto de vida constructivo, acorde con lo dispuesto por los arts. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 31 y 75 inc. 22° C.N.) y 33 de la ley 13.634. Aun cuando incipiente el período de tratamiento, las conclusiones de los informes no pueden ser desoídos, pero tampoco es posible fijar un lapso de tiempo determinado para que se produzcan los cambios favorables en el joven a los que tiende la mencionada etapa.
Si bien el art. 4 de la ley 22.278 dispone que, para la imposición de pena a un joven por la comisión de un delito cometido siendo menor de edad, es imprescindible, entre uno de sus recaudos, “ que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un (1) año, prorrogable en caso de que sea necesario hasta la mayoría de edad ” (inc. 3°), nada obsta que el mismo resulte menor a lo estipulado. Varias razones me llevan a sostener ello:
En primer lugar, es menester considerar que la referida ley 22.278 es el fruto de un sistema ya vetusto, el paradigma tutelar, inconciliable con los postulados del vigente paradigma de la protección integral de derechos del niño, como correctamente ha hecho notar nuestra Corte Nacional en el famoso precedente “Maldonado, Daniel E. y otro” (Fallos 328:4343) ya citado.
Así, el Juez de Responsabilidad Penal Juvenil en el dictado de las medidas educativas debe hacer hincapié en el bienestar del joven y brindar siempre una respuesta proporcionada en consideración al ilícito cometido y a la persona de su ejecutor (regla 5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores y 70 ley 13.634). Como afirmamos desde esta Sede casatoria en la causa n° 82.006, “ Acosta, Agustín N. ”, la labor del juez tiene siempre la guía impuesta por el interés superior del niño (art. 3 C.D.N.; Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007), “Los derechos del niño en la justicia de menores”, párr.10) y ello importa justamente que en su función de control sobre la evolución de las medidas socioeducativas ordenadas y encargado de la ejecución de la pena (arts. 30 y 71 ley 13.634 y 52 sexies ley 5.827 Orgánica del Poder Judicial), evalúe periódicamente su evolución adaptándolas a los fines que tales medidas poseen en este contexto especializado.
Para el eficaz cumplimiento de esta manda, el Juez debe ejercer un control regular, profundo y periódico del modo de cumplimiento de cada medida, del ámbito en el que se lleva a cabo, de la situación del niño o niña que la padece y de las consecuencias que en él o ella refleja la medida y la forma en que se desarrolla. Analizar cuidadosamente la observancia de sus objetivos, su viabilidad concreta y su proyección en la vida de su destinatario. Tal es lo que resulta de una interpretación sistemática de todo el elenco normativo regulatorio de los derechos de los niños, y en especial, de lo establecido por el art. 84 de la ley 13.634: “ Las medidas impuestas a los niños cesarán por el cumplimiento de su término, de sus objetivos o por la imposición de otra ”. Si la medida debe concluirse cuando se arriba a los objetivos impuestos, ningún sentido tendría continuarlo hasta alcanzar el plazo fijado por la ley 22.278.
Por lo demás, coincido una vez más con la Sra. Fiscal Adjunta de Casación: al insistir el judicante que C. no aprovechó las herramientas que el sistema de responsabilidad penal juvenil había puesto a su disposición al abandonar su tratamiento en un régimen semiabierto, soslaya que surge acreditado en autos que el joven no reincidió en la comisión de delitos, y que ha construido una familia junto a su pareja y dos pequeños hijos –de uno y tres años de edad-, a los que sostiene con lo percibido por su trabajo en un supermercado (v. f. 108). Tampoco tuvo en cuenta el Magistrado de la instancia que dichos informes también acusaban la necesidad de que C. acceda a una medida menos gravosa que la padecida y nada expresó respecto de las razones por las cuales los expertos debían ser desoídos.
En especial, debe considerarse especialmente los informes favorables de la trabajadora social Verónica Rotondaro, la psicóloga Paula Arista, el institucional del Centro de Recepción “Malvinas Argentinas”, de la trabajadora social Marina Bogarín y la entrevista a Lorena Gudiño, pareja de C.
En este contexto, el Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil al disponer la prisión de efectivo cumplimiento de C. por el breve tiempo de la condena –dos años y ocho meses-, desoye las advertencias que sobre el punto ha realizado desde siempre el Comité de los Derechos del Niño, principalmente en su Observación General N° 10 de 2007, “ Los derechos del niño en la justicia de menores ”: “… El recurso a la privación de la libertad tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso del niño y dificulta gravemente su reintegración en la sociedad. A este respecto, el apartado b) del artículo 37 [de la Convención sobre los Derechos del Niños] estipula expresamente que la privación de libertad, incluidas la detención, el encarcelamiento o la prisión, se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda, a fin de garantizar y respetar plenamente el derecho del niño al desarrollo …” (párr. 11). Concretamente no se advierte en el decisorio en estudio una explicación fundada y racional de por qué en el caso concreto, y en consideración con el interés superior del joven condenado (art. 3 C.D.N.) resulta imprescindible y más favorable recurrir a una privación de la libertad como sanción penal por breve tiempo, máxime cuando una persona adulta en similares condiciones habría sido beneficiada por una pena de ejecución condicional.
Con suma claridad expositiva, se ha señalado que “[l] a gran dificultad de nuestro sistema penal juvenil radica en ser un sistema que parece abocado solamente a la persecución y el castigo, desatendiendo otros objetivos que deben ser tenidos en especial consideración cuando se trabaja con menores que han infringido la ley penal, concretamente, el aspecto preventivo y el objetivo de ver la posibilidad de sustituir el castigo de la privación de la libertad por medidas que tiendan a la rehabilitación y a la reinserción del menor delincuente. Sólo de esta manera se estará cumpliendo con la finalidad de atender al interés superior del niño, principio rector de todo el sistema de protección de niños ” (Trucco, Marcelo F., “Estándares internacionales en la justicia penal juvenil. El caso ‘Mendoza’”, LL 2013-E-497).
Siendo una tarea de este Tribunal de Casación Penal, como parte integrante de un Poder del Estado provincial, dar efectivo cumplimiento de las mandas de los arts. 3.1 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en atención a las consideraciones antes expuestas, estimo pertinente y adecuado variar la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena impuesta a J. M. A. C. por la prevista en el art. 26 del Código Penal. Ello así por tratarse de la primera condena que recae contra el nombrado; la pena fijada es menor a tres años de prisión, ha cumplido adecuadamente las medidas oportunamente impuestas (arts. 4 inc. 3° ley 22.278 y 84 ley 13.634) y existen comprobados elementos que demuestran que el joven ha asumido una etapa constructiva de su vida acorde con lo postulado por el art. 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño, confirmado por la favorable impresión directa recogida en la audiencia de los arts. 12 C.D.N. y 60 ley 13.634 (art. 4 ley 22.278), y teniendo además en cuenta lo expresado por la Sra. Fiscal Adjunta de Casación en esta última oportunidad, quien como titular del ejercicio de la acción penal pública (arts. 31 ley 13.634, 6 C.P.P., 1, 26, 27 y 29 inc. 1° ley 14.442), ha apuntado expresamente “ que C. ha hecho un gran trabajo de reinserción ” (f. 108 vta.).
En lo que atañe a las reglas de conducta del art. 27 bis del Código Penal, y habiendo variado las circunstancias tenidas en consideración al momento del dictado de la decisión impugnada, como surge incluso del acta de fs. 108/108 vta., estimo necesaria la implementación del procedimiento regulado por el art. 372 del Código Procesal Penal para su fijación en la instancia de origen y así no vedar la posibilidad del justiciable de su derecho al recurso.
En tal inteligencia, y con los alcances indicados en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral, VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde 1°) CASAR la sentencia impugnada en cuanto ha sido motivo de agravio e IMPONER a J. M. A. C. a la pena de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso como autor del delito de robo agravado por el empleo de arma, dos hechos en concurso real, en los términos de los arts. 55 y 166 inc. 2° del Código Penal, por los hechos cometidos los días 6 de junio de 2015 en la localidad y partido de Tigre, manteniendo intactas las restantes decla
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