Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 84982
"Registrado bajo el Nro. 462 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 27 de junio de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 84982 caratulada "Cabrera Héctor Ramón s/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora condenó a Héctor Ramón Cabrera a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor del delito de Privación ilegal de la libertad agravada por cometerse con violencia y amenazas en concurso ideal con coacción calificada por el empleo de arma, en los términos de los artículos 5, 12, 29 inc. 3ro., 40, 41, 45, 54, 142 inciso primero y 149 ter -inciso primero- en relación al 149 bis segundo párrafo del Código Penal (fs. 13/40).
Contra ese fallo interpuso recurso de casación la defensa de Héctor Ramón Cabrera, quien –luego de señalar los antecedentes del caso- se agravia por considerar que se valoró de manera arbitraria y absurda la prueba disponible, violentándose el principio de congruencia e incurriéndose en una errónea aplicación de un precepto legal (fs. 48/57).
Alega que se inobservó las reglas de la sana critica racional en la valoración de la prueba, toda vez que –asegura- no sólo los elementos reunidos en el presente proceso impiden arribar al grado de certeza que requiere un veredicto condenatorio, sino que además existe prueba suficiente que demuestra que su asistido no realizó la conducta reprochada.
Cuestiona que la piedra angular del veredicto condenatorio sea la declaración testimonial de Carlos Daniel Andreoli, la cual no pudo ser controlada por la defensa, toda vez que se incorporó por lectura sin su consentimiento.
Reproduce parte del sufragio del magistrado que se expresó en primer término, como así también la versión aportada por Cabrera, la cual –a su criterio- se encuentra corroborada por el testigo Cortasa.
Alude a los testimonios de Anchaba y Mansilla; señala que la declaración de Andreioli es contradictoria con la expuesta por los testigos que comparecieron al debate.
Sostiene que Cabrera se encontraba habilitado –por su condición de Secretario General de la UOCRA de Lomas de Zamora- a fiscalizar las obras que se encuentran en marcha dentro de su jurisdicción.
Menciona que la situación se desvirtúo de su causa normal en función de la intervención que desplegó quien ejercía de manera ilegítima la función de delegado.
Niega que los obreros estuvieran retenidos, ya que en todo momento tuvieron la posibilidad de retirarse de la obra; explica el propósito que tenía la firma de papeles en blanco –solicitudes de afiliación para el logro de beneficios- y asegura que ninguno de los empleados fue compelido a abandonar su puesto de trabajo.
Sostiene que Cabrera y sus acompañantes no estaban en poder de armas de fuego, y quien sí detentaba este tipo de artefactos –el cual utilizó- era Figueredo.
Indica que al arribar la policía no existía un focoígneo que impidiera ingresar a la obra, y que el personal policial no advirtió anomalías que permitan sospechar acerca de la materialización de una situación ilícita.
Menciona a la preparación de “un asado” como indicador de un trato afable dentro del predio en el que se desarrollaron los acontecimientos.
Hace hincapié en que la conducta de Cabrera se encontró limitada a la defensa de los derechos del trabajador y amparada por lo dispuesto en los convenios de trabajo.
Denuncia que no se explicitaron las razones que se tuvieron en cuenta a la hora de imponer la pena, circunstancia que le impide cuestionarla plenamente. Sin perjuicio de ello, plantea que la sanción –de acuerdo a las aspectos atenuantes existentes- es elevada.
Explicita su pretensión.
Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 68).
La defensa mejora el recurso con la presentación de un memorial (fs. 71/73).
La fiscalía postula el rechazo de la impugnación (fs. 75/80).
Asegura que el impugnante pasa por alto la existencia de contundentes elementos de cargo que no admiten otra solución que la adoptada por los jueces de grado; lo cual pone en evidencia la irrelevancia de las consideraciones traídas a esta sede.
Reproduce parte de los testimonios disponibles en el proceso.
Estima que es acertado el juicio de determinación judicial de la pena efectuado por los magistrados.
El tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?.
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I-Los jueces que integran el Tribunal en lo Criminal n° 10 e Lomas de Zamora tuvieron por acreditada la siguiente materialidad ilícita:
“…el día 27 de enero de 2012, en horas de la mañana, en el predio de la calle Larroque al 2300 de Banfield, Héctor Ramón Cabrera, en representación de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, dirigiendo a decenas de personas que actuaban en conjunto, privó ilegalmente de la libertad a los trabajadores de dicho predio. Entre las víctimas estaban el capataz Carlos Daniel Andreioli, el ingeniero Roberto Alejandro Cortasa y los empleados Elbio Anchaba y Leonardo Javier mansilla, a quienes no dejaron salir del lugar, mediante violencia, amenazas, consistente en la utilización de cercos de fuego, palos y barras de hierro. A su vez, mediante dichas amenazas tuvieron como propósito obligar al personal de la Unión Transitoria de Empresas que estaba encargada de la obra, a realizar actos contra la voluntad, entre ellos, impedir que continuaran la obra, cambiar al delegado gremial, Daniel Eduardo Figueredo, a obtener remuneraciones por encima de las pautas de convenios nacionales, a firmar documentos en blanco para lograr afiliaciones, a obtener viáticos y a obligar una reunión en la sede de UOCRA con el prófugo Leguizamón para llegar a un acuerdo con la sede regional del sindicato” (fs. 14/ 14/vta.).
II. Como quedó consignado en los antecedentes de esta pieza judicial, la defensa cuestiona la manera en que los jueces de grado valoraron la prueba disponible, afectando –a su criterio- el principio de congruencia e incurriendo en una errónea aplicación de preceptos legales.
El planteo de la defensa gira en torno a una interpretación de los sucesos distinta a la efectuada por los jueces que condenaron a Héctor Ramón Cabrera.
Con breves palabras, la versión que se intenta hacer prevalecer en esta instancia consiste en que Héctor Ramón Cabrera se encontraba habilitado para fiscalizar las obras en construcción que se estaban realizando en su jurisdicción, el ingreso a la obra y el trato con los responsables de la misma resultó cortés y limitado tanto a asuntos gremiales como así también a las mejoras de las condiciones de trabajo, la situación se desvirtuó a partir de la agresión llevada adelante por parte del que hasta ese momento era el delegado gremial de los trabajadores, en todo momento los obreros tenían la posibilidad de retirarse del lugar –dado que sólo fueron invitados a quedarse para solucionar un conflicto laboral-, no existió compulsión en detrimentos de los obreros para que se afilien al gremio contra su voluntad, tampoco estos fueron compelidos a que hicieran abandono de sus puestos de trabajo, la exhibición de palos por parte de algunos de los acompañantes de Cabrera fue consecuencia de la acción desplegada por Daniel Figueredo, no existía fuego en la puerta del predio –de manera tal que no se pudiera ingresar o egresar del mismo- y, finalmente, el personal policial que se presentó –rápidamente- en el lugar no advirtió anomalías que indicasen que se estaban consumando hechos ilícitos.
Sin embargo, esta postura se enfrenta a una dificultad difícil de sortear: por un lado, no se encuentra corroborada mediante elementos probatorios convincentes; por el otro, resulta refutada a la luz de la prueba que explícitamente se desarrolla en el veredicto atacado.
Veamos, de acuerdo a lo consignado en la pieza judicial que se cuestiona, Leonardo Javier Mansilla manifestó que vio entrar a la obra gente con “fierros y palos” (fs.20vta.).
Ese testimonio, que no fue impugnado por las partes, da por tierra con un aspecto crucial de la versión de la defensa: el ingreso a la obra ubicada en calle Larroque al 2300 por parte de Cabrera y el grupo que lo acompañaba –lejos de ser cordial y ameno- fue violento.
La exhibición de los palos y hierros efectuada por estos existió desde el principio de los acontecimientos, desechándose de esta manera que la presencia de esos objetos contundentes en manos de los integrantes de la UOCRA Lomas de Zamora haya sido consecuencia de la conducta desplegada por Daniel Figueredo.
Dicha circunstancia materializa los modos comisivos exigidos para la figura penal contenida en el inciso primero del artículo 142 del CP.
Con otras palabras, la prueba testimonial a la que se hace referencia en el veredicto dictado por los miembros del Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora (la cual no fue cuestionada por la parte agraviada), conduce al estado de certeza en cuanto a que Cabrera y sus acompañantes ingresaron a la obra ubicada en la calle Larroque al 2300 de la localidad de Banfield, y de manera violenta e intimidante –mediante la exhibición de palos y hierros- privaron de la libertad ambulatoria a las personas que se encontraban en el predio.
Roberto Alejandro Cortasa explicó que el procesado estaba acompañado por alrededor de cincuenta personas, y que estos impedían que los obreros de la construcción abandonasen el lugar hasta tanto sus reclamos fueran satisfechos.
El testigo precisó que el incidente duró desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas; en el trascurso de ese período, las personas que no estaban identificadas como obreros se pudieron marchar paulatinamente, pero en cambio aquellos que tenían puestas sus ropas de trabajo debieron permanecer en el lugar.
Los dichos de Cortasa se encuentran corroborados tanto por el ya mencionado Mansilla, como así también por los señores Jorge Abel Anchaba, Elbio Horacio Anchaba y Osvaldo Félix Bruno.
En el pronunciamiento de los jueces se reprodujo lo expuesto por Mansilla: “No te dejaban salir. Tuve Un Dios aparte porque no te dejaban salir” (fs.20 vta.).
A su vez, los jueces tuvieron en cuenta que Jorge Abel Anchaba dijo que los integrantes de la UOCRA Lomas de Zamora no los dejaban salir del inmueble; según lo reproducido por los magistrados: “…contestó que no lo dejaron salir. Se ponían en la puerta y les decían que no se podían ir hasta que se arreglaran las condiciones” (fs.19 vta./20).
En igual sentido se reflejó el aporte de Elbio Horacio Anchaba: “No los dejaron salir a hacer las compras. Duró hasta las dos de la tarde” (fs. 20).
Finalmente, Osvaldo Félix Bruno contó que la gente se quedó adentro de la obra hasta que terminó el litigio por miedo.
Esta breve reseña de los relatos ofrecidos durante el debate, permite avalar lo afirmado en un párrafo precedente: no cabe duda que durante las 8 de la mañana hasta las 14 horas del día 27 de enero de 2012, Héctor Ramón Cabrera (acompañado por otras personas no identificadas), privaron ilegalmente de la libertad personal –mediante violencias y amenazas- a quienes se encontraban en el interior del inmueble ubicado en la calle Larroque al 2300 de la localidad de Banfield.
Como consecuencia de lo recién consignado, estimo que la significación jurídica adjudicada por los magistrados es incuestionable.
Asimismo, también es cierto que durante el transcurso en el que se consumaba el delito permanente que afecta a la libertad personal, otras acciones también lesionaban ese mismo bien jurídico.
Me refiero a que los obreros que desarrollaban sus actividades en el predio se vieron impedidos de realizar sus tareas con normalidad; como así también, compelidos a suscribir las afiliaciones al gremio de la construcción, cuyos representantes habían irrumpido en la obra ya aludida en reiteradas oportunidades.
Por la naturaleza de la propia situación conflictiva que se generó en el predio, no da lugar a sorpresas afirmar que se afectó el normal desarrollo de las actividades que allí se desplegaban.
La irrupción violenta e intimidante de desconocidos en la obra, la privación de la libertad personal de los presentes, la conducta asumida por Daniel Figueredo, la intervención policial y las reuniones y asambleas que se llevaron a cabo; revisten un carácter excepcional que paraliza la realización de las tareas laborales diarias. Sería impensable que en ese contexto los obreros siguieran con sus actividades como lo harían en cualquier otro día de trabajo.
Sin embargo, en este caso el cese de las actividades no responde a la materialización de un acontecimiento azaroso, sino a la acción concreta de Cabrera y su grupo, quienes impidieron que los empleados trabajasen.
Roberto Alejandro Cortasa contó lo siguiente: “Mientras pasaba esto, no se podía trabajar, Ellos habían ingresado a la obra y no los dejaban trabajar.” (fs. 16).
Osvaldo Félix Bruno dijo: “Básicamente la UOCRA exigía un paro de actividades. Cuando hay este tipo de problemas en las obras, no se puede trabajar. Le piden a la gente que no trabaje” (fs.19).
Jorge Abel Anchaba sostuvo: “Entre la 7:00 y las 14:00 hs. no pudieron trabajar. Les dijeron que no iban a trabajar hasta que no arreglen las condiciones laborales” (fs. 19 vta.).
Elbio Horacio Anchaba manifestó: “…llegaron como doscientas personas de la UOCRA y les dijeron que no podían trabajar…”. (fs.20).
Además, no sólo los sujetos activos -mediante su actuar intimidante- obligaron a otros a dejar de trabajar; sino que también les exigieron a realizar actos contra su voluntad.
Jorge Abel Anchaba expuso que los desconocidos les entregaban papeles en blanco para que firmen. “Les pedían nombre y documento. Algunos no querían hacerlo pero los obligaban” (fs. 19 vta.).
Elbio Horacio Anchaba resultó más contundente: “Los hicieron firmar un papel en blanco. Les tomaron los datos. No quería firmar pero lo obligaron…” (fs.20).
Los dos relatos anteriores se corroboran con lo percibido por Roberto Alejandro Cortasa: “A los empleados, la gente de la UOCRA les dio hojas donde ellos iban firmando…Veía que distintas personas de la UOCRA tenían papeles, se dirigían a los obreros y les decían que tenían que firmar…No fue un modo natural de firmar” (fs.16vta.).
Héctor Ramón Cabrera explicó que esas firmas tenían el propósito de afiliar a los trabajadores al sindicato que él estaba representando, negando que la suscripción se haya realizado de manera obligatoria.
Por mi parte, estimo que mediante el accionar desplegado por Cabrera y sus acompañantes se hizo uso de amenazas con el propósito de obligar a otros tanto a hacer (afiliarse a la UOCRA), como así también a no hacer algo (desarrollar las actividades laborales con normalidad) contra sus voluntades.
De allí que encuentro reunidas las exigencias típicas previstas en la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 149 bis del CP.
En cambio, en virtud del estudio de la pieza judicial recurrida, considero que la prueba reunida en este proceso es insuficiente para lograr un estado de certeza que permita afirmar que las coacciones acreditadas se encuentren agravadas por el empleo de armas (palos hierros y armas blancas).
Debo aclarar que no utilizaré el testimonio de Carlos Daniel Andreioli dado que el mismo resultó –desde mi punto de vista- incorrectamente incorporado por lectura al debate.
De la lectura de las actuaciones acompañadas a esta sede, puede apreciarse que una vez verificado el fallecimiento del testigo, el titular de la acción pública solicitó la incorporación de los testimonios obtenidos durante la etapa de investigación (de acuerdo a las previsiones del artículo 366 del CPP).
Pese a la oposición de la defensa, quien sostuvo no haber tenido la posibilidad de controlar esa prueba durante la instrucción; los magistrados hicieron lugar a lo peticionado bajo el argumento de la imposibilidad de repetir esos testimonios, “sin perjuicio del alcance que se les pueda dar oportunamente” (fs. 5).
Confrontado luego esa decisión de los jueces de grado con el contenido del veredicto, se advierte que estos últimos le han dado un lugar destacado (al menos cinco páginas del fallo consisten en la transcripción de sus declaraciones, ver fs. 21/22) a las declaraciones de un testigo que, por razones obvias, no pudo estar presente en el debate y que por lo tanto no pudo ser controlado por la defensa).
Por mi parte, como fuera expresado en la causa 12.911 caratulada “Eguia Yanina Victoria s/ Recurso de Casación” (radicada en la Sala III de este Tribunal), estimo que en un proceso penal de corte acusatorio como el que la codificación procesal de esta provincia ha instaurado, el derecho a probar y controlar la prueba es uno de los pilares sobre el que descansa el “principio de contradicción”, entendido éste como el marco dentro del cual un ciudadano perseguido penalmente puede oponer resistencia a la imputación que se erige en su contra, o bien, relativizarla o atemperarla, siendo tal una de la implicancias más relevantes de las que derivan del derecho a la defensa en juicio (art. 18 CN).
En igual sentido me pronuncie en el marco de las causas nº 56.034, caratulada “Rocha, Sergio Alberto s/ recurso de casación”, 56.041 caratulada “Pérez, Jorge Martín s/ recurso de casación”, 56.042 caratulada “Piatti Darío Fernando y Puig Ramiro s/ recurso de casación”, y 56.043 caratulada “Lomanto Juan Julio, Valente Nélida Noemí y Bono Ángel Luis s/ recurso de casación”.
En esta ocasión ratifico mi criterio dado que entiendo que desde la vigencia de un “piso mínimo” que se erige desde el contradictorio, puede decirse que las demás características que deben regir la etapa de juicio (oralidad, inmediatez, continuidad, publicidad) asumen así plenamente la función a las que han sido llamadas, esto es resguardar –entre otras cuestiones- la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Por tal motivo, en rigor de verdad, en el caso concreto nos encontramos ante un supuesto de exclusión probatoria al amparo de la regla del artículo 211 del rito, con reenvío a las reglas constitucionales que rigen el debido proceso, en particular las que ofrecen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3.e y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la regla del artículo 8.2.f, instrumentos que han sido incorporados con jerarquía constitucional por imperio del artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.
La interpretación y alcance que debe concederse a la posibilidad de incorporar por su lectura declaraciones testimoniales de cargo viene condicionada por la exégesis que de tales supuestos ha efectuado nuestro máximo intérprete constitucional en el precedente “Benítez”.
A su vez, debo manifestar que, en este tipo de controversias, también se ven involucradas en el asunto cuestiones vinculadas al “principio de publicidad”.
Ello, dado que es el pueblo quien, en definitiva, ha confiado la administración de justicia a un tribunal regularmente constituido, pero eso no exime que –además del tribunal y las partes- sea el soberano quien tiene derecho a presenciar en forma directa las pruebas que serán determinantes para el allego del veredicto.
Está claro entonces, que cuando no es posible ejercer ese contenido mínimo de derechos que garantiza nuestro texto constitucional, se está frente a un supuesto que vulnera la efectiva defensa en juicio y el debido proceso.
Además, existen razones de orden episté
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.