Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86734
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa, con costas.
II. ENCOMENDAR al señor juez de la instancia, en el sentido indicado en el apartado I de la presente.
Rigen los arts. 18, 75 inc. 22 y 118, de la Constitución Nacional; 8.1, 8.2.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 40, 41, 41 bis , 42, 44, 45 y 79, del Código Penal; 20 inc. 3, 47, 338 bis y quater , 342 bis , 371, 371 bis , ter y quater , 375, 375 bis , 448, 448 bis , 451, 454, 530 y 531, del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro.264 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 17 de Abril de dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86734 caratulada “NAJURIETA CARLOS ALBERTO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA .
I. El Tribunal de Jurados se pronunció, con fecha 29 de agosto de 2017, dictando veredicto de culpabilidad por mayoría de once (11) de sus miembros, respecto del acusado Carlos Alberto Najurieta, por el delito de homicidio con arma de fuego en grado de tentativa (fs. 16).
Tras lo cual, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores condenó a Carlos Alberto Najurieta a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, y a la pena única de seis (6) años de prisión, comprensiva de la dictada en esta causa, y la impuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 2 departamental (fs. 31/45).
II. La defensa oficial interpuso recurso de casación contra el veredicto y la sentencia condenatoria pronunciada (fs. 69/75).
Como primer motivo de agravio planteó la violación al principio de juez natural, y la inobservancia de las reglas referidas a la constitución y recusación del Jurado. Invocó los arts. 448 inc. 1, 448 bis inc. “a”, y 449 inc. 1 del ordenamiento adjetivo, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 18 de la Constitución Nacional.
Explica que durante la audiencia de selección del jurado, frente a la pregunta del juez técnico hacia los postulantes sobre la existencia de motivos que les impidieran actuar en el juicio, uno de ellos dijo “ no tener cursada la escuela primaria ”, frente a lo cual el magistrado expresó que esa circunstancia no le impedía desempeñar el rol de Jurado.
Sostiene la impugnante que al compulsar los formularios completados por los postulantes, advirtió que la persona mencionada en el párrafo anterior, identificada como jurado nro. 72, había consignado en la planilla respectiva que no sabía leer ni escribir.
Señala que el art. 338 bis, inc. 3 apartado l), contempla como una causal de impedimento para ser miembro del jurado, no saber leer y escribir en el idioma nacional.
Alega que el impedimento mencionado “ atenta contra la capacidad para ejercer el rol para el cual había sido convocado, transformándolo en una de las nulidades generales enunciadas por el art. 202 inc. 1) en cuanto refiere a la capacidad del Juez o Tribunal ”.
Agrega que se vio afectada la garantía constitucional del debido proceso, “… por la falta de capacidad legal del Juez que le asignó responsabilidad penal en el hecho por el cual fuera juzgado mediante la modalidad de Juicio por Jurados …”.
Afirma que la circunstancia invocada fue conocida por la parte “… al momento de efectuar el fotocopiado de todas las actuaciones pertinentes para cumplir con la legalidad del presente recurso; dado que las planillas con la identidad de los candidatos a Jurado se mantuvo oculta para las partes ”.
Por último, plantea que en caso de duda sobre la incapacidad del miembro del Jurado mencionado, se abra a prueba el recurso y se lo convoque a testificar sobre el extremo en cuestión.
Como segundo motivo de agravio, cuestiona el monto de la pena impuesta, por entender que se apartó del mínimo legal previsto por la norma aplicable, sin esgrimir fundamentos que respalden la decisión. En ese orden de ideas, destacó que el sentenciante tuvo en consideración circunstancias atenuantes de la sanción, y no valoró agravantes, con lo cual –en su criterio- el fallo resulta contrario a las reglas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
III. Radicado el recurso ante esta Sala Primera, se notificó a las partes (fs. 85/vta.).
El Sr. Defensor Oficial ante esta instancia mantuvo la impugnación deducida, remitiéndose en un todo a los fundamentos desarrollados en el escrito de interposición (fs. 86/vta).
La Sra. Fiscal ante esta Sede postuló el rechazo del recurso deducido por la contraparte (fs. 87/88).
Sostuvo que la crítica referida a la constitución del Jurado resulta extemporánea, puesto que la parte no impugnó al candidato durante la audiencia de selección, pese a que durante la misma fue interrogado por el representante del Ministerio Público Fiscal sobre su nivel de instrucción. Concluye en que la defensa tuvo la real posibilidad de examinar al candidato, y en su caso plantear la recusación, con lo cual el planteo en esta instancia resulta intempestivo y debe ser desechado.
En punto al monto de la pena impuesta, advierte que el juez fundamentó su decisión al tratar la cuestión quinta del fallo, descartando entonces la arbitrariedad denunciada.
Encontrándose la causa en condiciones de ser resuelta en forma definitiva se plantean y votan las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez doctor Carral dijo :
I. Comenzaré por examinar el agravio vinculado con la alegada inobservancia de las reglas referidas a la constitución y recusación del Jurado, y a la capacidad de uno de sus miembros (art. 448 bis, inc. “a”, CPP).
La defensa señala en su presentación recursiva, que las planillas que contienen el cuestionario completado y firmado por los candidatos a integrar el jurado (con la información en la que apoya su planteo), fueron entregadas a las partes luego de dictado el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria (fs. 70vta).
La compulsa del registro audio visual de la audiencia de selección de jurado permite inferir que, efectivamente, el procedimiento se habría llevado a cabo en la forma en que lo relata la defensa. Esa mecánica, según se deduce de las expresiones de las partes y del juez técnico, obedecería a la intención de proteger la identidad de los postulantes.
Entiendo que en términos generales, y más allá de lo que se dirá en el apartado siguiente en torno a las circunstancias concretas del caso, el procedimiento no resulta adecuado.
Ello es así, por cuanto la información obtenida en los cuestionarios tiene vinculación con las causales de excusación y recusación contempladas en el art. 338 quater del ordenamiento adjetivo, y en consecuencia, resultan de importancia para que las partes formulen en la audiencia respectiva, los planteos que estimen pertinentes en pos de conformar un jurado imparcial.
En todo caso, para resguardar la identidad de los postulantes, no parece haber mayores dificultades para que en los formularios sólo conste el número asignado al candidato, quedando en un registro aparte el nombre, apellido y número de documento de esa persona. Por estas razones, propondré encomendar al juez de la instancia anterior la modificación del procedimiento, para futuros procesos de estas características.
II. Ahora bien, dadas las particularidades del planteo concreto de la defensa, el desacierto en la instrumentación de la audiencia no ha tenido la incidencia que pretende el impugnante, por cuanto, como se verá, los datos que se obtuvieron en la audiencia de selección de jurados autorizan a descartar la causal de incapacidad alegada.
En esa dirección, interesa destacar como primera medida, que durante la audiencia de selección de jurados ( voir dire ), en la que las partes plantearon distintos interrogantes a los candidatos, una de las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público Fiscal estuvo vinculada con el nivel de instrucción de todos los postulantes.
Como bien lo señala la Sra. Fiscal ante esta instancia, del registro audiovisual –minuto 10.04:56 en adelante- se desprende que el candidato identificado con el número 72, al ser interrogado por el Fiscal de Juicio por su edad, ocupación y educación, expresó “ primaria incompleta ”, para luego dar cuenta de su ocupación laboral –maestro panadero-.
Una vez finalizado el interrogatorio de la fiscalía, la defensa ejerció su derecho, consultando sobre distintas cuestiones que tenían que ver con el conocimiento del hecho que se iba a ventilar en el juicio, si vivían o conocían la zona en la que tuvo lugar –Ayacucho-, si habían sido víctimas de algún delito, si se encontraban familiarizados con el manejo de armas, si conocían y habían participado en actividades desarrolladas en el campo (fs. 17ta).
Ninguno de los interrogantes tuvo vinculación con la cuestión que ahora se plantea, sobre la capacidad y nivel de instrucción de los candidatos.
Concluida la intervención de las partes, frente a la pregunta general del juez técnico sobre la existencia de causales que obstaculizaran las posibilidades de integrar el Tribunal de Jurados, el candidato en cuestión –nro. 72- reiteró cuál era su nivel de instrucción.
El magistrado hizo saber que esa situación concreta expresada por el postulante no constituía un impedimento, sin que ninguna de las partes formulara objeción o manifestación alguna en el sentido contrario.
III. Sentado lo anterior, corresponde señalar que el supuesto en el que el recurrente sustenta su reclamo, se vincula con la capacidad de uno de los integrantes del Tribunal de Jurados, de leer y escribir en el idioma nacional.
Toda la argumentación de la defensa se apoya en la respuesta consignada en el formulario escrito correspondiente al miembro del Jurado en cuestión, dejando a un lado que el alcance de esa respuesta se vio precisado con los datos que surgieron en la audiencia de selección, durante la cual –en lo que aquí interesa- el postulante expresó que no completó la escuela primaria.
En ese sentido, no puede desconocerse que la pregunta consignada en el cuestionario escrito sólo ofrecía dos respuestas posibles –sí o no-, mientras que la información más amplia obtenida en la audiencia a instancias del órgano acusador, revela la asistencia del candidato al nivel educativo en el que –en sus primeros años- la capacidad de leer y escribir se va adquiriendo en diferentes niveles.
En definitiva, los elementos señalados revelan un grado de instrucción si se quiere mínimo, pero que en modo alguno puede ser considerado como de un grado menor al que se requiere para integrar un Tribunal de Jurados.
Ello es así, en tanto el candidato firmó el cuestionario respectivo –con la aclaración de su nombre y número de documento- (fs. 49), y luego respondió a las preguntas que le fueron formuladas, que en su caso particular provinieron del Fiscal y del Juez técnico, sin exhibir dificultad alguna en la comprensión de las consignas.
En esas condiciones, entonces, no resulta acertado plantear la incapacidad para ser miembro del Jurado a partir de la información consignada en un formulario, dejando a un lado el resto de los datos que sobre esa misma cuestión aparecieron durante la audiencia de selección.
El examen conjunto de todos los elementos vinculados con el punto en trato, no revela un grado de comprensión y de lecto-escritura en el idioma nacional, inferior al que se estima imprescindible para, integrando un Tribunal de Jurado, brindar una decisión imparcial y acorde a los fines del proceso.
En tal inteligencia, no se advierte de las constancias del legajo, ni la parte ha ofrecido argumentos que autoricen a presumir, fundadamente, que el nivel de alfabetización que el miembro del Jurado comunicó en la audiencia de selección, pueda ser considerado como un elemento habilitante de una recusación con causa, supuesto este último directamente relacionado con la garantía de imparcialidad invocada por el impugnante.
Por lo demás, el planteo formulado por la defensa para que, en caso de dudas sobre el nivel de instrucción del miembro del Jurado en cuestión, se produzca prueba en esta instancia y se lo convoque a testificar, no resulta procedente, por cuanto el extremo invocado no se trata de una cuestión o hecho nuevo que haya surgido con posterioridad al dictado del veredicto de culpabilidad (art. 457, CPP).
En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la cuestión fue abordada en la audiencia de selección de jurados, durante la cual el postulante contestó a las preguntas que se le formularon sobre el grado de educación alcanzado, sin que la defensa hubiere efectuado manifestación o planteo alguno, razón por la cual, el pedido de producción de prueba en esta instancia resulta improcedente y debe ser rechazado.
IV. En punto al agravio vinculado con la magnitud de la pena impuesta a Carlos Alberto Najurieta, es dable señalar que luego de realizada la audiencia de cesura, el sentenciante tuvo en consideración como pauta atenuante de la sanción, el buen comportamiento del imputado a lo largo del proceso, y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la morigeración.
Por otro lado, estimó como circunstancia agravante de la sanción, el hecho de que la víctima era su hermano, con quien mantenía un trato frecuente, elementos que el juez de la instancia anterior consideró comprendidos en el art. 41 del Código Penal, como reveladores de una mayor peligrosidad.
Luego, el sentenciante tuvo en consideración la calificación legal del hecho que motivó el dictado del veredicto condenatorio, tentativa de homicidio con arma de fuego (arts. 41 bis, 42, 44, 45 y 79, Cód. Penal).
Impuso, en definitiva, una pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, que supera en sólo dos meses al mínimo legal previsto por la escala penal aplicable.
En esas condiciones, la entidad de la sanción aparece racionalmente proporcional a la magnitud del injusto endilgado, y las pautas de mensura estimadas, sin que se observen en las constancias del legajo motivos que impongan la modificación de la sentencia en el sentido pretendido por el recurrente.
V. En función de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: rechazar el recurso de casación deducido por la defensa, con costas (arts. 18, 75 inc. 22 y 118, Const. nac.; 8.1, 8.2.h, CADH; 14.1, PIDCP; 40, 41, 41 bis , 42, 44, 45 y 79, Cód. Penal; 20 inc. 3, 47, 338 bis y quater , 342 bis , 371, 371 bis , ter y quater , 375, 375 bis , 448, 448 bis , 451, 454, 530 y 531, CPP). VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo :
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión también VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral dijo:
De conformidad al acuerdo arribado en la cuestión anterior corresponde: Rechazar, con costas, el recursos de casación deducido por la defensa (arts. 18, 75 inc. 22 y 118, Const. nac.; 8.1, 8.2.h, CADH; 14.1, PIDCP; 40, 41, 41 bis , 42, 44, 45 y 79, Cód. Penal; 20 inc. 3, 47, 338 bis y quater , 342 bis , 371, 371 bis , ter y quater , 375, 375 bis , 448, 448 bis , 451, 454, 530 y 531, CPP). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo :
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. ASÍ LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR el recurso de casación deducido por la defensa, con costas.
II. ENCOMENDAR al señor juez de la instancia, en el sentido indicado en el apartado I de la presente.
Rigen los arts. 18, 75 inc. 22 y 118, de la Constitución Nacional; 8.1, 8.2.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 40, 41, 41 bis , 42, 44, 45 y 79, del Código Penal; 20 inc. 3, 47, 338 bis y quater , 342 bis , 371, 371 bis , ter y quater , 375, 375 bis , 448, 448 bis , 451, 454, 530 y 531, del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese, y oportunamente remítase en devolución al órgano de origen a sus efectos.
FDO. RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL. ANTE MI: JORGE ALVAREZ.
Fin de la sentencia