Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 92400
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación deducido en favor de MANUEL GUSTAVO VILLALBA, sin costas en esta Sede.
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 14 ley 48.
"Registrado bajo el Nro. 153 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 21 de febrero de dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa Nº 92.400 caratulada “VILLALBA, MANUEL GUSTAVO s/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con integración unipersonal, con fecha 11 de julio de 2018, en el marco de la causa n° 5973/4 de su registro –IPP n° 07-00-033466-14, condenó a MANUEL GUSTAVO VILLALBA a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso como coautor del delito de coacciones agravadas por cometerse con el propósito de compeler a una persona a hacer abandono de su trabajo en concurso real con lesiones leves, en los términos de los arts. 45, 55, 89 y 149 ter, inc. 2° del Código Penal, cometido el 21 de junio de 2014 en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en perjuicio de Cintia Carro, Dalila Salomé Díaz, Johana Alejandra Zamudio y Tamara Vanesa Zamudio.
II. Contra dicha sentencia dedujo recurso de casación la Defensa Oficial del nombrado agraviándose –en lo fundamental- de la manera en que se ha valorado el plexo probatorio para acreditar la coautoría, dado que sólo la testigo Dalila Salomé Díaz sostuvo que su ahijado procesal le habría pegado, sin ningún otro elemento que lo confirme. Indica que lo resultante del informe médico de Díaz no se corresponde con lo afirmado testimonialmente por la mencionada. Postula la absolución de Villalba en virtud de la norma del art. 1 CPP.
En subsidio, se agravia en la errónea aplicación del art. 149 ter, inc. 2°, ap. b), del Código Penal, puesto que la amenaza reclamada por el tipo tiene como finalidad que el sujeto pasivo se aleje definitivamente o por un tiempo prolongado del ámbito donde trabaja, lo que no sucedió dado que retornaron las víctimas al lugar. Peticiona la absolución.
En último término ataca por infundada la detención de su defendido por estimar que no se cumplieron los recaudos del art. 371 CPP. Solicita el cese de la coerción personal o que se mantenga la detención domiciliaria que venía cumpliendo.
Hace expresa reserva del caso federal.
III. Notificadas las partes, presentaron sus respectivos memoriales desistiendo de la realización de la audiencia de informes (art. 458 CPP).
Puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. A los fines de otorgar una adecuada respuesta a los planteos de la parte recurrente, debe tenerse en consideración que el Tribunal en lo Criminal N° 4 ha tenido por debidamente acreditado que “ el día 21 de junio de 2014, siendo alrededor de las 2,30 horas, en la intersección de las calles Rivera Sur y la vía de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, un grupo aproximado de veinte personas de sexo masculino, coactuando al efecto, amenazaron con lesionar la integridad física de Cintia Carro, Johana Zamudio, Dalila Díaz y Tamara Vanesa Zamudio, con la finalidad de que abandonen sus puestos de venta callejera en el lugar, diciéndoles que las iban a matar a su familia y que les iban a quitar los puestos, logrando atemorizarlas, para luego propinarles golpes de puño en su cuerpo, ocasionándole a Díaz un hematoma en región malar izquierda y otro en muslo izquierdo, a Carro hematomas múltiples, a Vanesa Zamudio hematoma en región malar derecha, escoriaciones en mano derecha, cara posterior de muslo derecho, en brazo izquierdo, ambos muslos, entre otras lesiones, todas desde el punto de vista médico legal leves, y asimismo los señalados, junto con otras personas, se apoderaron ilegítimamente de las estructuras metálicas de Marcela Díaz y su familia, tirándolas al río, rompiéndolas, ejerciendo violencia con golpes ya descriptos ” (v. primera cuestión del veredicto a fs. 13/13 vta. de este incidente impugnativo).
Como puede apreciarse del tenor de la presentación que tengo en estudio, los embates defensistas no ponen en cuestión la materialidad infraccionaría descripta, la que accede firme a estos estrados (art. 111 CPP). La crítica transita por el modo en que se ha acreditado la coautoría del hecho juzgado.
No abrigo duda alguna, con soporte en las probanzas producidas en el juicio oral, respecto de la intervención de Manuel Gustavo Villalba en el suceso delictivo enjuiciado.
Cintia Yanel Carro así lo puso de manifiesto y, agregó, que lo reconoció al cruzarse al “árabe” –como lo conoce a Villalba- antes de ingresar a la sala de audiencia (f. 19 vta.). De igual modo se pronunció Dalila Salomé Díaz al sindicar al incusado como el ejecutor de las lesiones sufridas, agregando que “ al ‘árabe’ lo ví acá ” (f. 19 vta.).
Johana Alejandra Zamudio también reconoció al imputado de autos en el escenario de los hechos, atribuyéndole la dirección de los restantes participantes (f. 20); y a su turno también lo hizo Tamara Vanesa Samanta Zamudio, a quien Villalba la arrojó “contra un auto” (f. 20). Por último, indirectamente por no haber presenciado los hechos, concluyen en la actuación de Villalba Marcela Alejandra Díaz y Julia Esther Acevedo (fs. 20/20 vta.).
Como afirma el sentenciante, las lesiones sufridas por las víctimas han sido plenamente probado con los distintos informe médico-legales (f. 22 vta.). Incluso resulta del informe glosado a fs. 3 de este legajo que Dalila Díaz –Zamudio en la documental- fue lesionada por medio de golpes de puño –“puñetazos” se aclara-, más la discordancia indicada por el casacionista entre el resultado de este informe médico y lo narrado por la víctima, no desvirtúa que ésta fuera golpeada, así como no desplaza otro dato comprobado: que las restantes víctimas también fueron lesionadas por Villalba y los restantes individuos no sometidos a este proceso.
Por último, no cabe someter a escrutinio la testifical de Tamara Zamudio con sustento en una declaración prestada en la UFIJ interviniente, dado que la misma no integró el plexo probatorio arrimado por las partes de conformidad con lo preceptuado por los arts. 338 y 366 del ceremonial (v. acta de debate a fs. 4/4vta.).
En síntesis: no advierto quebranto alguno de las reglas que rigen la valoración de las pruebas en el proceso penal (arts. 210 y 373 CPP).
II. En lo que concierne al planteo que en subsidio trae el recurrente, donde se agravia de la errónea aplicación del art. 149 ter, inc. 2°, ap. b), del Código Penal, entiendo que el mismo no puede ser admitido.
La crítica del Sr. Defensor se fundamenta en el tiempo en que las mujeres víctimas estuvieron sin trabajar en el lugar de donde fueran expulsadas por Villalba y el resto de los individuos que actuaron con él, cuando ello no resulta fundamental en tanto la norma no reclama más que un tiempo prolongado de abandono del lugar de trabajo buscado por el accionar del coaccionante, pero sin que ello signifique que deba concretarse en los hechos.
No debe perderse de vista que el tipo penal de coacciones importa hacer “ uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad ” (art. 149 bis, 2° párr., CP), con lo cual, basta su idoneidad, siendo indiferente si se logró el resultado pretendido por el autor, dado que tal finalidad resulta una ultraintención incluida en un delito de mera actividad.
En el caso de las coacciones agravadas por las cuales arriba condenado Manuel Gustavo Villalba, tampoco puede soslayarse que el “ propósito ” específico –de allí el aumento de pena respecto de la figura básica- al que se dirige el empleo de las amenazas, es el de “ compeler a una persona a hacer abandono… de los lugares de… trabajo ”, lo que, si bien exige que el abandono buscado no sea breve, no es un elemento típico que el mismo se hubiera efectivizado. Una vez más, la idoneidad de las amenazas coactivas destinadas a lograr tal objetivo es suficiente para la configuración del delito.
Como puede observarse de la presentación defensista, la idoneidad de las amenazas para tal propósito no ha sido puesta en crisis, así como tampoco que el imputado junto al resto de los sujetos que lo acompañaron en la comisión del delito pretendían que las mujeres abandonaran el lugar donde vendían su mercadería.
III. Por último, en orden al ataque del impugnante a la detención de su defendido ordenada en virtud del art. 371 del Código adjetivo, adelanto que tampoco su planteo habrá de ser favorablemente acogido.
El sentenciante ha colegido de “ la magnitud de la pena que ha de imponérsele en la presente, y en atención al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso por probable fuga, habida cuenta de que el incusado se encuentra actualmente beneficiado con una medida morigeradora de prisión domiciliaria ” (fs. 23/23 vta.), los fundamentos necesarios para el dictado de la medida cautelar.
La “magnitud de la pena” impuesta por el Tribunal que antecede en el proceso, como factor demostrativo del peligro de fuga, es un dato que fuera desde antaño relevado por los organismos internacionales como elemento a ponderar para el dictado de la prisión cautelar del imputado en el proceso contra él sustanciado. En ese sentido, aun cuando no de manera solitaria, la consideran los Informes 12/96, (párr. 86), 2/97 (párr. 28) y 35/2007 (párr. 91) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es más, en el último de los informes citados se da cuenta de la afrenta a la defensa y al principio de inocencia que supone la estimación in abstracto de un quantum punitivo sin un juicio donde la parte imputada pueda resistir la acusación. En autos, por el contrario, el juicio oral ya fue realizado acreditando la existencia del factum delictivo, de sus circunstancias concretas de ejecución e individualizando a sus ejecutores, de modo que es posible extraer objetivamente elementos indicadores para inferir que el encartado, de recuperar su libertad, se sustraería a la acción de la Justicia.
Por lo demás, tampoco puede pasarse por alto que la morigeración aludida por el recurrente fue dictada en el marco de la IPP n° 07-00-0123652-15/00, la que se sigue contra Villalba por delitos similares a los aquí juzgados en la que, de resultar condenado, ameritarían la aplicación del procedimiento del art. 58 del Código Penal, lo que no hace más que adicionar un dato objetivo más para inferir la existencia del mentado peligro de frustración de los fines del proceso por posible fuga del condenado.
En tal inteligencia, y con los alcances indicados en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde 1°) RECHAZAR el recurso de casación deducido en favor de MANUEL GUSTAVO VILLALBA, sin costas en esta Sede (arts. 18 y 75 inc. 22°CN; 8.2.h) CADH; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 530, 532 y ccdtes. del CPP); 2°) TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14 ley 48). ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASÍ LO VOTO
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. RECHAZAR el recurso de casación deducido en favor de MANUEL GUSTAVO VILLALBA, sin costas en esta Sede.
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 421, 433, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 530, 532 y ccdtes. del Código Procesal Penal; 14 ley 48.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
JUECES: RICARDO R. MAIDANA DANIEL CARRAL
Ante Mí: JORGE ANDRES ALVAREZ
Fin de la sentencia