Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 87583
"Registrado bajo el Nro. 262 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 14 de marzo de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 87583 caratulada “LUNA JONATAN O LUNA YONATAN OMAR S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 19 de octubre 2017 el Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, condenó a Jonatan o Yonatan Omar Luna a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 50, 55, 80 incs. 2, 7 y 11, 131 y 164, CP.).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Sebastián Cuevas, interpuso recurso de casación que figura a fojas 751/778.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 8 de febrero de 2018 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El impugnante solicita la nulidad de la sentencia por cuanto incurre en defectuosa fundamentación y en omisión de tratamiento de las cuestiones planteadas, lo que vulnera el derecho de defensa. Considera que no se encuentra acreditado el elemento subjetivo del delito de grooming, toda vez que no se demostró que el contacto por medio de las redes sociales haya tenido la finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual. Critica que se hayan valorado comunicaciones que su defendido tuvo con otras menores de edad. Señala que Luna tiene una edad mental menor a la edad cronológica, así no se relacionaba con pares, sino que sus amigos tenían entre 14 y 16 años de edad. Hace hincapié en las constancias provenientes del Poder Judicial de Río Negro y en la pericia psiquiátrica de fs. 2906/2907, donde se vislumbra que el modus operandi del imputado consistía en llevar a las víctimas al descampado para robarles.
Afirma que no puede sostenerse que su defendido haya tenido la intención de cometer un delito contra la integridad sexual por faltarle la remera a la víctima, pues, la misma, no solo se encontraba con el resto de las prendas puestas –inclusive el corpiño- sino que la referida prenda fue utilizada para comprimirle el cuello y, así, quitarle la vida. Aclara que la pericia de fs. 2696/2712 arrojó resultado negativo en la búsqueda de espermatozoides y PSA y determinó que la defloración que presentaba la víctima era de antigua data. Agrega que el informe de autopsia de fs. 2748/2758 dio cuenta de la ausencia de lesiones en los miembros inferiores como en las zonas genital y anal, y que la pericia de ADN de fs. 3035/3040 descartó la presencia de ADN del imputado en las uñas de la víctima.
Alega que el A Quo ha aseverado que no se pudo demostrar un comienzo de ejecución de abuso sexual, pero le endilgó a Luna el delito de grooming. Por otro lado, cuestiona la calificación de femicidio afirmando que no se encuentra acreditado la existencia de una relación previa. Considera que no se ha demostrado que el motivo de la agresión esté relacionado con el género de la víctima. Entiende que resulta contradictorio, al mismo tiempo, aseverar que la mató para lograr la impunidad de otro delito. Señala que las circunstancias de hecho de los precedentes “Góngora” y “Mangeri” citados por el A Quo son diversas al presente caso, no habiéndose brindado explicación suficiente que justifique su aplicación.
Entiende que la signficación jurídica que corresponde es la constitutiva de homicidio en ocasión de robo. Arguye que no se encuentra probada la conexión psicológica entre el delito de robo y el homicidio. Sostiene que la intención de Luna al contactarse con la víctima fue la de robarle el celular. Resalta la estructura psíquica que tiene Luna. Señala que en la pericia psicológica realizada por el licenciado Emiliano de Prada se deja constancia que presenta deficiencias en la capacidad de mantener una adecuada tolerancia a la frustración lo cual pone de manifiesto continuos desbordes pulsionales –conductas inesperadas-. Aduna a ello lo declarado por Daiana Romero. Plantea que la decisión de matar se trató de una reacción simultánea e impulsiva ante la circunstancia de haber recibido un golpe por parte de la víctima quien se defendió del intento de robo perpetrado por su defendido, ocasionándole lesiones.
Considera que resulta una contradicción afirmar que la víctima se defendió y luego sostener que existió alevosía. Agrega que la atadura de pies y manos de la damnificada se realizó una vez fallecida la menor. Resalta que la edad de la víctima y el hecho de haberse cometido en un lugar descampado no permiten tener satisfechos los requisitos de la alevosía. Plantea la declaración de inconstitucionalidad de la reincidencia por implicar en el caso una pena perpetua al no poder gozar el imputado de ningún beneficio establecido por la ley, lo que entra en contradicción con el fin preventivo especial de la ejecución de la pena y el principio de humanidad de las penas. Asimismo, considera que el instituto de la reincidencia conculca los principios de culpabilidad, prohibición de persecución penal múltiple e igualdad ante la ley.
Subsidiariamente, alega omisión de tratamiento de circunstancias atenuantes de la pena tales como la condición social familiar de su defendido, su formación educacional y su estructura de personalidad, propiciando la aplicación de una pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo en los términos del art. 165 del CP. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene en su totalidad los motivos de agravio introducidos por su colega de la instancia, en los términos expuestos en su presentación (fojas 796/vta.)
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 797/808.
Con independencia de la garantía procesal que condice a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El A Quo tuvo por acreditado que: “ un sujeto masculino, mayor de edad, desde el mes de febrero de 2016, comenzó a comunicarse con M. A. O., de doce años de edad, a través del sistema de mensajes de la red social Facebook, utilizando para ello una cuenta de usuario de nombre ‘La Rochi de River’ simulando ser una persona de sexo femenino, con la clara intención de abusar de la integridad sexual de la menor, quien usaba la cuenta ‘Kamilita Cid’. Que este modus operandi era practicado por el encartado con frecuentes comunicaciones electrónicas con múltiples mujeres menores de edad, haciéndolo por varias cuentas de Facebook, en ocasiones como un varón y en otras como una mujer, La Rochi de River.
Que entre las 20,30 hs del día 22 de abril de 2016 y las 03,20 hs del día 23 de abril de 2016, utilizando las mismas cuentas, el imputado y M. A. O. mantuvieron diversas conversaciones en las cuales el encartado aprovechó la intención de la niña de irse de su domicilio a raíz de conflictos de convivencia mantenidos con la progenitora, ofreciéndole a M. O. alojarla en su domicilio que falsamente indicara como ubicado en el barrio de Villa Rosas de la ciudad de Bahía Blanca, con el claro objetivo de abusar sexualmente de la niña. De allí que con el fin de lograr el consentimiento de M., quien desconocía como llegar hasta el Barrio antes mencionado, la Rochi de River le propuso que un primo suyo pasaría a buscarla para llevarla hasta su domicilio, lo que finalmente M. aceptó, conviniendo encontrarse a las nueve de la mañana en la vereda del colegio al que asistía la niña, sito en calle Bolivia Nro 550 de esta ciudad, desde donde sería guiada a pie por el supuesto primo de ‘La Rochi de River’, hasta la vivienda de esta última.
El día 23 de abril de 2016, alrededor de las 09,00 horas, un sujeto masculino, simulando ser el primo de La Rochi de River, fue en búsqueda de M. O. en el lugar previamente acordado, y desde allí con el propósito de abusar sexualmente de la niña, la condujo a pie durante un largo trayecto, saliendo de las zonas pobladas de la ciudad hasta el kilómetro 702 de la Ruta Nacional Nro 3, para luego ir hacia la derecha por la vías férreas, hasta aproximadamente el cruce con el arroyo Saladillo o Dulce, desde donde se dirigieron también hacia el sector derecho, a unos cincuenta metros desde las vías. En dicho lugar, despoblado y de difícil acceso, donde la niña no podía procurarse ningún auxilio, este sujeto masculino aprovechándose de la situación de indefensión en la que había colocado a la menor, así como su superioridad física, intentó concretar su objetivo sexual, y ante el rechazo de la menor, ante la imposibilidad de concretar su deseo sexual –lo que se evidencia con el hallazgo del cuerpo sin las ropas del sector del torso y con los breteles bajos del corpiño- de forma sorpresiva y con el fin de procurarse la impunidad de las acciones precedentemente descriptas y evitar que M. lo denuncie e identifique, agredió físicamente a la víctima, teniendo en cuenta su condición de género y edad, en el contexto de una desigual relación de poder establecida respecto de la menor, provocándole importantes traumatismo encefalocraneanos que le ocasionaron hemorragia intracraneal con el compromiso irreversible de centros nerviosos vitales superiores (lesiones compatible con las ocasionadas por golpe o choque con o contra un superficie dura, de gran masa y animada de gran violencia) y concomitantemente aplicó a la víctima compresión cervical externa, utilizando una remera blanca anudada fuertemente al cuello, ocasionándole infiltración hemorrágica de músculos cervicales anteriores remanentes y congestión de mucosa laríngea y fractura de huesos hioides, provocándole asfixia mecánica (síndrome asfíctico), lo que condujo al deceso de la víctima, a quien había contactado como parte de modus operandi de engaños, de identidad falsa, que explotaron la vulnerabilidad en la que la se encontraba la niña, aprovechando la situación de subordinación y sometimiento en que finalmente la colocó, y aprovechó la oportunidad para desapoderarla del teléfono celular marca LG color blanco, IMEI nro 3578450539937, una plancha para cabello marca Gamma Titanium 661 y una campera” (fs. 689/vta.).
II. Sentada las posiciones de las partes, evidencio que, en primer término, la defensa critica la valoración probatoria razonada por el tribunal en orden a la acreditación del hecho juzgado y la autoría responsable que se le asignó a Luna.
En segundo lugar, se agravia de los encuadres jurídicos asignados a los eventos por el Tribunal de la instancia anterior.
Encuentro que el veredicto, recrea las declaraciones testificales que se produjeron durante el curso de la audiencia de debate, como así las constancias que ingresaron por su lectura y/o exhibición al juicio. A esa prolija presentación de la prueba disponible se sumó luego un análisis que con parejo detalle estructuró secuencialmente y a modo de recreación histórica lo acontecido.
Inicialmente, estimo que el pronunciamiento presenta una buena técnica expositiva; asimismo, aborda de manera clara y precisa las cuestiones planteadas por la defensa en su alegato.
En lo que aquí interesa destacar, dado el reclamo sometido a revisión de esta Sede, en primer lugar el tribunal ponderó de manera conjunta la prueba que sirvió de sustento a los hechos atribuidos al acusado y la autoría responsable en los mismos.
Observo que los magistrados de la instancia anterior, con criterio respondieron de manera exhaustiva los cuestionamientos invocados por la parte.
En lo que respecta a la queja vinculada a la alegada falta de acreditación del elemento subjetivo requerido por el delito previsto en el art. 131, CP; como punto de partida, estimo de interés señalar que la expresión grooming “ hace referencia a una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él ” (Arocena, Gustavo y Balcarce, Fabián; “ CHILD GROOMING. Contacto tecnológico con menor para fines sexuales ”; Ed. Lerner; Córdoba; Año 2014; Pág. 63).
Sabido es que, a partir de la sanción de la ley 26.904 -B.O. 11/12/13-, se incorporó dentro de la nómina de “Delitos contra la integridad sexual” contenida en el Libro II, Título III, del CP, el delito de “ grooming” . En ese sentido, el art. 131 del CP prevé que: “ Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
El análisis de la norma permite sostener que para tener por configurado el tipo penal se requiere: a) la existencia de un contacto –comunicación y recepción-; b) que el contacto lo sea por medio de tecnologías de transmisión de datos; c) que el sujeto pasivo sea un menor de edad; y d) que la finalidad de la comunicación sea la comisión de alguno de los delitos contra la integridad sexual que prevé el ordenamiento penal.
Y el verbo típico de la figura penal constituye el establecer contacto o comunicación con una persona menor de edad -sujeto pasivo especial-.
Sobre el punto, debe aclararse que “ la acción típica no se concreta únicamente con la mera comunicación ‘sin contacto’, esto es, sin la recepción por parte de la víctima, sino que requiere la realización de una segunda conducta a cargo de ésta, esto es, receptar la comunicación, vale decir que la primera acción (a cargo del sujeto activo) necesita indefectiblemente de la segunda (a cargo del sujeto pasivo); una necesita de la otra, como las dos caras de la misma medalla, lo cual permite inferir que la conducta se configura como una acción de doble tramo, de doble paso, ‘comunicación/recepción’, debiéndose dar ambas para que el delito se consume .” (Boumpadre, Jorge Eduardo; Violencia de género en la era digital , ed. Astrea, Buenos Aires, 2016, pág. 198/199).
Por otro lado, dicha comunicación con el menor de edad debe efectuarse por medio de “ cualquier tecnología de transmisión de datos” entendiéndose por ello al “ conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de conocimiento científico relativo a la conducción a través de las cuales pasan las vibraciones, como intermediarias, para hacer llegar a otro cualquier tipo información” ( Arocena, Gustavo y Balcarce, Fabián; Ob. Cit.; pág. 75).
En el caso sometido a revisión, considero de interés aclarar que no se encuentra discutido que medió contacto entre el acusado y la víctima, por medio de la red social “Facebook” , sino el propósito de las comunicaciones. En tal sentido, la defensa postula que el contacto tuvo por objeto cometer un delito contra la propiedad -robo- y no dirigido a vulnerar la “integridad sexual de la menor”.
Fijada la materia de agravio, es dable señalar que “ El delito de grooming sólo admite el dolo directo, cuyo alcance debe abarcar los elementos del tipo objetivo, pero… la norma demanda la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo (como elemento adicional al dolo) consistente en el propósito o finalidad de cometer, ulteriormente, un delito sexual en perjuicio del menor de edad ” (Buompadre, Jorge Eduardo, Ob. Cit., Págs. 212/213).
La exigencia respecto de la comprobación del propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la víctima –como elemento subjetivo distinto al dolo-, permite caracterizar al delito de “ grooming” como un acto preparatorio de otro delito contra la integridad sexual al cual el legislador, realizando un anticipo de punibilidad, lo ha dotado de protección penal autónoma.
En esta inteligencia, resultando el tipo penal en trato un delito de peligro abstracto, claro es que para su configuración no se requiere la puesta en ejecución del delito sexual tenido como propósito del contacto.
Así, el hecho delictivo se consuma cuando se entabla la comunicación con el menor con la finalidad exigida, esto es, la comisión de cualquier delito contra la integridad sexual de la víctima menor de edad, no requiriendo -a diferencia de otras legislaciones que expresamente, así, lo prevén-, el comienzo de ejecución del ilícito tenido en miras por el autor (Cfr. Arocena, Gustavo y Balcarce, Fabián; Ob. Cit.; pág. 83).
Conforme se desprende del pronunciamiento, el A Quo tuvo por comprobado el requisito típico en trato, a partir de la valoración del informe confeccionado por la División de Criminalística de la Policía Científica de Mar del Plata en el Análisis integrador de fs. 3455/3473 –incorporado por su lectura al juicio- en el cual se detalló que, teniendo en cuenta el lugar elegido para propiciar el ataque, las condiciones del hallazgo del cadáver, las características físicas de la víctima y el predominio físico y madurativo del acusado, el motivo que desencadenó el desenlace fatal, responde a una s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.