Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 92358
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto.
II. Rechazar por improcedente el mismo, de conformidad con lo expuesto en la segunda cuestión sometida al acuerdo; sin costas.
Arts. 18 de la C.N.; 2, 76 bis, 262 y 263 del C.P., 450, 454, inciso 4º, 460, 464, 465, 530 y 531 del C.P.P.
REG: 279
C. 92.358
En la ciudad de La Plata a los 25 días del mes de abril de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces designados para integrar la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, con el objeto de resolver en la presente causa nº 92.358 caratulada “POZO FERNÁNDEZ ILSIA ESTHER S/ RECURSO DE CASACION” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO-NATIELLO.
Con fecha 11 de junio de 2018 la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y revocar el auto dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 departamental que había concedido la suspensión de juicio a prueba a la imputada Pozo.
Contra aquella decisión jurisdiccional la defensa técnica del nombrado, representada por el Señor defensor oficial del Departamento Judicial Bahía Blanca, Dr. Pablo A. Radivoy, interpuso el presente recurso de casación obrante a fs. 124/130 de este legajo.
Encontrándose la presente causa en condiciones de ser resuelta, el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación articulado por el señor defensor oficial?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada , la Señora Jueza doctora Budiño , dijo:
I. Sostiene el impugnante que la cuestión traída a revisión es materialmente admisible en virtud de producir gravamen irreparable, equiparando la resolución en crisis a una sentencia definitiva.
En tal sentido refiere que la imposibilidad de reparación ulterior emana del hipotético el caso de que, con posterioridad, recaiga una sentencia condenatoria y recién allí se advierta que el instituto de la suspensión de juicio a prueba resultaba viable.
Por último, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como el fallo plenario dictado por esta Alzada en el marco de la causa 52.274, en pos de la viabilidad del recurso casatorio impetrado.
II. El recurso de casación deducido es admisible.
En primer lugar, me remitiré al pronunciamiento dado por este Tribunal de Casación, en el acuerdo plenario de fecha nueve de septiembre del año 2013, dictado en la causa n° 52.274, en donde se determinó que la resolución que deniega la suspensión de juicio a prueba prevista en el artículo 76 bis del Código Penal es equiparable a sentencia definitiva y en consecuencia impugnable mediante Recurso de Casación.
Asimismo, la defensa se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454 inc. 4 del ritual y, por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 433, 448, 450, 454, inciso 4º, 464 y 465 del Código Procesal Penal).
Finalmente, cabe destacar que la decisión de la Cámara ha sido revocatoria de suspensión de juicio a prueba ordenada en la instancia de grado, por lo que claramente se abastece la causal de impugnabilidad objetiva prevista en el art. 450 segundo párrafo del ceremonial, extremo este que habilita a un tribunal intermedio para revisar la resolución, materializándose así el derecho del justiciable a la llamada “doble conformidad”.
En consecuencia, voto por la afirmativa .
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello , dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la Señora Jueza doctora Budiño , dijo:
I. En primer lugar, la defensa señala que el pronunciamiento recurrido resulta arbitrario e infundado, en función de que sólo se ha limitado a sostener que el fallo plenario dictado por este Tribunal en relación con el instituto de la suspensión de juicio a prueba, así como cierta jurisprudencia de Tribunales de grado, no se hallan vigentes, aplicando una doctrina jurisprudencial posterior a la fecha de la supuesta comisión de los hechos investigados en franca violación de los principios de legalidad y pro homine .
Sobre este último punto, refiere que si su asistida hubiese sido juzgada en tiempo oportuno (la causa data del año 2008), ya habría podido acceder al instituto en cuestión.
Alega que la seguridad jurídica se ve profundamente afectada cuando un cambio jurisprudencial da lugar, como efecto material, a la aplicación de la ley de una forma más gravosa. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al presente caso, incluido el citado Fallo Plenario dictado por este Tribunal el día 9 de septiembre de 2013 en la causa n° 52.274 y su acumulada n° 52.462.
Asimismo, considera que el fallo de la Suprema Corte provincial al que se acudiera para revocar el instituto concedido en primera instancia a Pozo, no ha cerrado la discusión toda vez que los fallos “Norverto” y “Acosta” de la Corte Suprema de la Nación habilita la procedencia del mismo en los casos en que el delito achacado tiene prevista pena de inhabilitación.
Por otro lado, cuestiona la nueva vista que se confiriera al Ministerio Público Fiscal que previamente –a través del Sr. Agente Fiscal Dr. Zaratiegui- había prestado su conformidad para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba solicitada, para luego, a raíz del nuevo traslado, -sin que se incorporaran nuevos elementos de prueba- estimar su improcedencia. Al respecto, hace alusión al principio de unidad del Ministerio Público Fiscal (art. 3 de la ley 14.442), así como a la equivalente jerarquía de los fiscales que adoptaron disímiles criterios.
Plantea que el control de legalidad y razonabilidad de la oposición fiscal desarrollado por el a quo no ha sido adecuado, en tanto dicha postura no pudo explicar cuál era la importancia de obtener una condena para el caso de su defendida cuya causa lleva más de nueve años sin haber sido aquélla nunca sometida a proceso penal.
Finalmente solicita la revocación del fallo atacado y la concesión del instituto de la suspensión de juicio a prueba a la imputada Pozo, formulando expresa reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
II. A su turno, el Señor Defensor Adjunto de Casación, Dr. Daniel Aníbal Sureda, acompañó las argumentaciones esgrimidas por su par de la instancia, manteniendo la reserva del caso federal formulada oportunamente.
III. Por su parte, la Señora Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, postuló la improcedencia del recurso casatorio impetrado por entender que el pronunciamiento cuya revisión se pretende no presenta fisuras lógicas ni jurídicas en su construcción, que ameriten su descalificación en esta instancia extraordinaria.
Sostuvo que la oposición fiscal fundada en que el delito investigado tiene prevista pena de inhabilitación, no ha importado una mera negativa a la procedencia del instituto de marras, sino un reflejo de lo que expresamente establece el art. 76 bis del C.P.
Por otra parte, compartió los argumentos esgrimidos por la Cámara departamental respecto de que no cabe efectuar una interpretación analógica del art. 2 del C.P. que se encuentra expresamente prevista para la fuente legislativa, sin poder extender sus alcances a la fuente jurisprudencial; por lo que resulta aplicable la doctrina emanada del fallo “De Vicente” de la S.C.B.A.
IV. El recurso de casación deducido por el Dr. Radivoy no puede prosperar.
a) La Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca decidió revocar lo decidido por el Señor Juez integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2 departamental, Dr. Hugo Adrián De Rosa, en cuanto había concedido la suspensión de juicio a prueba a Ilsia Esther Fernández Pozo.
La Alzada consideró que no podía homologarse el temperamento adoptado por su a quo en tanto se había sustentado en una particular interpretación de los alcances de los principios de legalidad y de ley penal más benigna que dieran lugar a lo que el magistrado calificó –basado en cierta doctrina- como “principio de la interpretación judicial más benigna”, concluyendo que resultaba de aplicación al caso de autos la doctrina plenaria de este Tribunal de Casación (Causa nro. 52.274/52.462) según la cual el hecho de que el delito imputado tuviera prevista la pena de inhabilitación no importaba una obstáculo para la procedencia de la suspensión de juicio a prueba.
Primeramente, en cuanto al tramo del recurso relativo a que la expresión de dos voluntades contrapuestas por personas que ejercen en el mismo plano jerárquico la función Fiscal, viola el principio de unidad de ese Ministerio Público, estimo que no puede tener éxito, porque en el propio transcurrir del proceso hasta un mismo Fiscal puede cambiar fundadamente de parecer sin que ello importe un acto violatorio del sentido de unidad o de racionalidad en la tarea del Ministerio Público. A su vez, tampoco si un representante fuese reemplazado por otro pero no por cuestiones ideológicas, como el caso del art. 344 inc. 4 del C.P.P., y el último adoptase decisiones contrarias a las propugnadas por el anterior, se vería afectado el principio de unidad del Ministerio Público, antes bien, por hallarse organizado con una estructura vertical, sólo podría admitirse la violación al mentado principio en cuestiones ideológicas cuando un representante desobedezca una directiva general o especial emanada de otro de grado superior.
En este caso, el Señor Agente Fiscal de la UFIJ n° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca, Dr. Rodolfo De Lucía, mantuvo su postura contraria a la viabilidad de la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de Pozo, criterio que fue mantenido expresamente por el Dr. Fiscal General Adjunto departamental, Dr. Julián Martínez Sebastián (cfr. fs. 79/81); por lo que entiendo que este proceder –como adelantara- no merece reparo alguno, debiendo descartarse este primer motivo de agravio.
En segundo término, ya adentrándome en el meollo de la cuestión traída a revisión, debo decir que coincido plenamente con el temperamento adoptado por los Sres. camaristas, respecto de que el Juez de grado –para descartar la aplicación de la jurisprudencia actualmente vigente de la S.C.J.B.A. relativa a la inviabilidad de la suspensión de juicio a prueba en los casos de delitos que tengan prevista pena de inhabilitación- ha incurrido en una irrazonable e infundada extensión de los alcances que los artículos 18 de la Constitución Nacional y 2 del Código Penal asignan al término “ley”, para así incluir en la previsión a la fuente jurisprudencial.
Entiendo, al igual que el a quo , que el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna no rige para el caso de la jurisprudencia, por no constituir ley reguladora de incriminación sino mera interpretación de la misma.
Sobre este tema Roxin ha dicho: “ Respecto de la jurisprudencia no rige la prohibición de retroactividad. Por lo tanto, si el tribunal interpreta una norma de modo más desfavorable para el acusado que como lo había hecho la jurisprudencia anterior, éste tiene que soportarlo, pues, conforme a su sentido, la nueva interpretación no es una punición o agravación retroactiva, sino la realización de una voluntad de la ley, que ya existía desde siempre, pero que sólo ahora ha sido correctamente reconocida .” En el mismo sentido, ha criticado la postura doctrinaria opuesta (minoritaria) fundada en que el ciudadano confía en una jurisprudencia firme de la misma manera que lo hace en la ley, ello “... por ser contraria a la idea básica del principio de legalidad, ya que equipararía legislación y jurisprudencia ...” (Roxin,Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Ed.Civitas, traducción de la 2da. Edición; págs. 165/166).
En definitiva, considero que la excepción al principio general en materia de aplicación temporal de la ley penal establecido por el art. 2° del Código Penal que expresamente alude a la fuente legal, no debe extenderse analógicamente a la jurisprudencia que, además de ser eminentemente mutable y no guardar los mismos parámetros de perdurabilidad que una ley en sentido estricto, no puede pretenderse conocida por la ciudadanía en general.
Aclarado este punto y bajo dicha hermenéutica, en primer lugar debo poner de resalto lo resuelto por este Tribunal en el marco del Acuerdo Plenario de fecha nueve de septiembre del año, en la causa nº 52.274, donde se estableció, por mayoría, que “ La aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba es procedente en los casos de delitos que tienen prevista pena de inhabilitación ya sea principal, conjunta o alternativa ”.
Ahora bien, con posterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió -en el marco de la causa P. 125.430- hacer lugar a un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Señor Fiscal de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, y revocar el pronunciamiento dictado por la Sala VI de esta Tribunal (Causa 65.899; Reg. Sent. 787/14) en el que, teniendo en cuenta lo decidido en el mencionado Acuerdo Plenario de este Tribunal, se había dado andamiento a la suspensión del juicio a prueba en un caso en el que el delito imputado tenía prevista la pena de inhabilitación.
El Supremo Tribunal de esta provincia estableció allí el alcance que corresponde asignar al último apartado del art. 76 bis del Código Penal (según texto anterior al párrafo incorporado por ley 26.735; B.O., 28/XII/2011). Al respecto, el voto del magistrado que lideró el acuerdo, señaló que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y, teniendo en cuenta que el texto de la norma en cuestión es claro -no requiriendo integración con otras disposiciones-, “… no parece razonable diferenciar por vía interpretativa los delitos según que la sanción de inhabilitación que prevén sea única, conjunta o alternativa para establecer que sólo los primeros quedasen alcanzados por la prescripción legal ”.
Luego, en aras de desentrañar el sentido histórico de la interpretación de la norma, concluyó que “… la voluntad del legislador se compadece con el sentido literal del texto en cuanto consagra la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba para los casos que, como el delito culposo, prevé junto con la de prisión, la pena de inhabilitación especial ”.
Pues bien, las razones allí expuestas merecen compartirse y, teniendo en cuenta que el delito imputado a Pozo, (depositaria infiel, art. 263 del C.P., en función del art. 261 del C.P.) tiene prevista –entre otras- la pena de inhabilitación, propongo a mi colega de Sala rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por el Dr. Radivoy, de conformidad con lo expuesto en la segunda cuestión sometida al acuerdo; sin costas.
Arts. 18 de la C.N.; 2, 76 bis, 261 y 263 del C.P.; 530 y 531 del C.P.P.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello , dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, por unanimidad:
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto.
II. RECHAZAR por improcedente el mismo, de conformidad con lo expuesto en la segunda cuestión sometida al acuerdo; sin costas.
Arts. 18 de la C.N.; 2, 76 bis, 262 y 263 del C.P., 450, 454, inciso 4º, 460, 464, 465, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
FDO. FLORENCIA BUDIÑO - CARLOS NATIELLO. JUECES. ANTE MÍ: MARÍA ESPADA.
Fin de la sentencia