Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 94431
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar FORMALENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial Pergamino en causa n° 336.
Arts. 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 3º 465 inc. 2º del C.P.P.
II. Rechazar el recurso de casación deducido a favor de Raúl Ricardo Arias y Ricardo Fabián Correa, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 106, 210, 373, 395, 399, 448, 530 y ccdtes. del C.P.P., 119 y 125 del C.P.
C-94431
En la ciudad de La Plata a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luís María Mancini, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, para resolver el recurso de casación que tramita bajo el número 94.431 caratulado “ARIAS RAÚL RICARDO Y CORREA RICARDO FABIÁN S/ RECURSO DE CASACIÓN”; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO - MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial Pergamino dictó sentencia en la causa n° 336 de esa sede, en el marco de un juicio abreviado, condenando a Raúl Ricardo Arias a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y a Ricardo Fabián Correa a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de trece años de edad.
Contra dicho decisorio el Defensor Oficial Dr. Lisandro Gargulinski interpuso el recurso de casación que obra a fs. 66/77 del presente legajo.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Siendo legítimo el interés en la correcta aplicación del derecho y la expectativa de que la sentencia mejore la situación del imputado, más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme los normado en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 401, 421, 396, 397 y 399 del Código Procesal Penal.
El recurrente se encuentra legitimado para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, primer párrafo del mentado cuerpo normativo y, por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 454, primer párrafo, 464, inciso primero y 465 del Código Procesal Penal).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. a) Como primer motivo de agravio, cuestiona la valoración probatoria llevada a cabo para tener por acreditada la materialidad ilícita.
Dice que no se puede alcanzar certeza suficiente con el plexo probatorio tenido en cuenta por el a quo y denuncia como violados los arts. 1, 3, 210, 367 y 373 del C.P.P.
Sostiene que la declaración solitaria de la víctima no basta para tener por acreditado el delito. Destaca que la madre de la menor no advirtió la ocurrencia de los hechos, ni tampoco se apreciaron cambios en el rendimiento escolar de la menor o cualquier otra circunstancia que denotara la gravedad de la situación que denuncia haber vivido.
Hace hincapié en la falta de pericias psicológicas que permitan establecer la existencia de manifestaciones o síntomas propios del padecimiento de los abusos denunciados. Recalca que tampoco se verificó en sus asistidos la existencia de rasgos de personalidad indicativos del tipo de comportamiento que se les achaca.
b) Como segundo motivo de agravio denuncia la errónea aplicación del art. 125 del CP. sostiene que no se verificó en modo alguno el dolo propio del delito en trato de torcer prematuramente el instinto sexual de la víctima.
Hace reserva de la cuestión federal.
II. Al tomar intervención la Sra. Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal Dra. Susana De Seta mantuvo el recurso deducido.
III. Por su parte, la Sra. Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propició el rechazo del recurso, entiende que el fallo se encuentra ajustado a derecho y que la calificación legal resultó la acordada por las partes.
IV. Adelanto que el recurso no ha de prosperar.
a) Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, advierto que Tribunal realizó una integral valoración de los elementos de prueba por los cuales tuvo por acreditados los hechos materia de acusación y la autoría de Arias y Correa, razonamiento sobre el cual no advierto yerro alguno, observándose una unidad probatoria coherente, conteste y compacta.
Los embates del Defensor no logran conmover el razonamiento del Tribunal que aparece desarrollado a partir de una sucesión de claras premisas que, además de no haber sido rebatidas en la impugnación, aportan datos de validez a la conclusión convictiva a la que se arribó.
Así las críticas desarrolladas por la defensa, resultan ser una interpretación distinta del plexo probatorio, pero aparecen desvinculadas del valor convictivo que la sentencia de manera conjunta posee.
Así, en breve síntesis conforme las pautas establecidas por el artículo 465 inciso 3º CPP para los casos de trámite abreviado ante esta instancia, surge del pronunciamiento puesto en crisis, que el Tribunal tuvo por acreditado en lo que aquí interesa que Ricardo Raúl Arias, manoseó las partes íntimas de la menor R. N y le introdujo sus dedos en la vagina; y que Ricardo Fabián Correa le ofreció y regaló a la menor R.N. pulseritas, collares, gaseosa y panchos a cambio de que la menor le tocase su pene, la manoseó y la accedió carnalmente.
Para ello tuvo en cuenta la denuncia de María Mercedes Magoia, directora de la escuela a la que concurría la menor. En ella relata que Daniela Beldrame, docente de la institución a su cargo, la puso en conocimiento de la situación de abuso a la que era sometida la menor R.N.
En correspondencia con la denuncia tuvo en cuenta la carta obrante a fs. 2 escrita por la menor víctima y que entregara a su maestra Eliana Dicundo dando cuenta de los abusos sexuales padecidos.
Valoró los dichos de Eliana Dicundo, obrante a fs. 7/8 quien manifestó que la niña le dijo que Roberto Caballe le tocaba los senos y la vagina, que mantenía relaciones sexuales con su madre delante de ella. Refirió que la menor le dijo que entre los hombres que la han tocado había algunos amigos de su madre. La docente le preguntó si alguno de ellos la había penetrado y que la niña bajó la mirada, hizo señas como que no pero sin mirarla. Al día siguiente pidió hablar con ella nuevamente y le contó que la habían penetrado, que la tocaban con el pene, que lo hacía un amigo de su madre. Refirió que la niña no había contado anteriormente nada respecto de los abusos, pero sí les había referido a las chicas de servicio local que quería irse de la casa.
En consonancia con lo denunciado tuvo en cuenta el examen médico realizado a la niña obrante a fs. 11/12vta en la que el médico de policía Dr. Norberto Pagella concluyó “menor desflorada”.
Valoró la declaración de la niña prestada de acuerdo con las prescripciones del art. 102 bis del CPP. Allí la menor dijo que tuvo problemas con los amigos de su madre y un tío. Que en total fueron ocho hombres, Guerrero la manoseaba y tocaba todo su cuerpo por debajo de la ropa. Respecto del inculpado Correa dijo que “… siempre le decía de hacer cosas…cuando quedaba a solas con el mismo, me regaló cosas para que yo me deje hacer las cosas esas, pero yo no quería, me compraba panchos y gaseosas…” contó distintos abusos, en los que Correa la manoseaba y pasaba el pene por su vagina apoyándolo hasta eyacular “… Una vez en mi casa fue para la pieza y cerró la puerta y me metió el pene, le dije a mi mamá y no me creyó…”. Respecto de Caballe contó que quiso penetrarla pero no pudo porque alguien llegó al domicilio y que también la manoseaba. En relación al “Negro” Arias dijo que este le metía los dedos en la vagina y que en una oportunidad “me dejó un chupón…” y finalmente en relación “al Colo” quien vive a la vuelta de su casa este la encerraba, la manoseaba y le decía que “…quería hacer lo mismo que hacía mi mama y le dije que no…”.
Sumado a ello, tuvo en cuenta el informe de la psicóloga Patricia Karina Di Battista quien refirió que la capacidad de razonamiento de la menor víctima “… le permite una trama adecuada, coherente del discurso sin indicio de fabulaciones o alternaciones del principio de realidad… la menor en su relato contextualiza en tiempo y espacio los hechos, también identifica por medio de la descripción física aportando nombres y apodos a quienes ubica como sus agresores. Concluye diciendo que no surgen indicadores que afecten la credibilidad ni factibilidad de su testimonio…”.
Los dichos de Camila Retta también fueron valorados y corroboran el contexto en el que se llevaban a cabo los abusos, de acuerdo a lo narrado por la menor víctima. Retta quien es vecina del domicilio y refirió que “… entraba a la casa el negro Arias, se ha quedado a dormir en la casa a veces dormía siesta ahí…” Que varios hombres entraban a la casa y escuchó en una oportunidad a la niña gritar que la querían besar. También afirmó que R.N se quedaba sola a veces y alguno de estos hombres la mandaban a hacer mandados.
En definitiva, el a quo ha explicado cuales fueron los motivos que lo llevaron a adquirir certeza respecto de la totalidad de los extremos que se tuvieron por acreditados en el fallo, y en tal tarea no ha hecho otra cosa que ejercer legítimamente la facultad que la ley otorga a los jueces del juicio para establecer el mérito de las pruebas con la única limitación de la razonabilidad en que funden su decisión. El recurrente no ha demostrado contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano.
Los dichos de la madre de la víctima, no logran modificar la credibilidad de lo denunciado en modo alguno. La misma afirmó que su hija duerme con ella y que cuando concurren sus amigos al domicilio ella está presente, esto fue contrastado no solamente por los dichos de la menor, sino por los de Camila Retta. Además, coincido con el descarte de este testimonio teniendo en cuenta que la progenitora afirmó haber observado a su tío encerrarse en la habitación junto a su pequeña hija e inmediatamente lo vio con el pantalón y calzoncillo bajo, si bien en esa oportunidad se fue con la niña, luego asumió que siguió yendo a visitar a su tío sin efectuar denuncia alguna (fs. 9/10 del presente legajo).
En relación a las pericias practicadas a los inculpados, entiendo que lo plasmado en ellas en modo alguno permite descartar la ocurrencia de los hechos. De hecho, la pericia practicada a Correa, obrante a fs. 7/8 del presente legajo, destaca un relato desafectivizado y sin correspondencia afectiva al hecho que se le imputa, y cierta “…laxitud en la evaluación de sus actos…”. Mientras que la pericia practicada a Arias, obrante a fs. 5/6 del presente legajo, destaca que el nombrado se muestra lábil emocionalmente, con tendencias a dejar paso a impulsos no regulados por las prohibiciones estructurantes y que “…estas características de su personalidad podrían condicionar conductas desajustadas a nuestras pautas culturales…”.
El deber de fundamentación del fallo se satisface adecuadamente cuando el tribunal expone las razones que lo llevaron a resolver todos los extremos que atañen a la acusación, y ello se ve verificado en autos.
Los medios de prueba señalados resultan suficientes para tener por acreditado los delitos contra la integridad sexual si, adicionalmente, tomamos en consideración la intimidad que usualmente rodea a esta clase de hechos, circunstancias todas que a la vez que dificultan la prueba de su existencia, determinan la clase del elemento cargoso que predomina, la del testigo único víctima.
Si bien este tipo de casos obliga a redoblar las naturales precauciones con que cabe apreciar ese tipo de prueba, puede ser suficiente para arribar a la certeza que requiere todo pronunciamiento condenatorio pues, por un lado el principio de libertad probatoria según art. 209, habilita la comprobación de los hechos por cualquier medio siempre que no se vulneren garantías constitucionales, y por otro, el sistema de valoración de la prueba regulado en los arts. 210 y 373 del ritual, de la sana crítica racional, faculta a los Jueces a merituar libremente las probanzas de acuerdo a su sincera convicción y a las reglas de la lógica, la experiencia, y el sentido común, por lo que resulta inviable toda alegación que se sustente en la existencia de límites preestablecidos, como la imposibilidad de arribar a la certeza con un solo testimonio.
Sin perjuicio de ello, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, entiendo que los dichos de la víctima se encontraron corroborados con el testimonio de la docente Dicundo, el del Dr. Norberto Pagella que constató los signos de penetración en la menor y el testimonio de Camila Retta que corroboró la presencia de hombres en el domicilio junto con la niña.
En cuanto a la aplicación del artículo 1º del C.P.P., he de destacar que los juzgadores no se han planteado situación de duda alguna, sino que, por el contrario, consideraron plenamente probados los presupuestos fácticos de la condena, y el impugnante no ha sabido demostrar la existencia de aquella situación, ni la misma surge de la consideración objetiva de la prueba efectuada en esta instancia, razón por la cual el intento padece de insuficiencia.
Por todo ello, propongo el rechazo de este motivo de agravio.
b) Tampoco ha de prosperar el segundo motivo de agravio por el que el recurrente denuncia la errónea aplicación del artículo 125 del CP.
Respecto de Ricardo Fabián Correa, el a quo subsumió legalmente los hechos tenidos por acreditados -sin incursión en absurdo-, bajo los tipos penales de corrupción de menores agravados por la edad de la víctima en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal.
Entiendo que, a fin de analizar el tipo legal en trato, el término “corrupción” debe correlacionarse con el bien jurídico protegido teniendo en vista la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 19, 34 y cctes.) y en este caso la Convención Belém do Pará (art. 3, 9) a fin de preservar la libertad e integridad sexual de los menores de relaciones de prevalencia por parte de adultos en dicha esfera.
El art. 125 del CP considera reprochable la intromisión ilegítima de un adulto en el libre desarrollo sexual de los menores de edad. De esa forma el legislador busca asegurar el derecho del menor a un desarrollo libre y progresivo de su sexualidad sin interferencias de adultos que se aprovechen de su situación de vulnerabilidad.
El Dr. Yacobucci sostiene en relación a este tipo penal que “… se expresa la búsqueda de cierta intangibilidad frente a los intercambios de contenido sexual que supongan una instrumentalización del sujeto o, de acuerdo a la edad, un condicionamiento ilegítimo de su desenvolvimiento madurativo…”. Yacobucci, G. J (2015) La transformación del derecho penal argentino. En Revista Prudentia Iuris, UCA n° 80.
Sentado aquello, entiendo que el comportamiento del inculpado Correa, quien además de abusar de la niña le ofrecía distintas cosas a cambio de las prácticas sexuales, constituye un acto típico del delito de corrupción de menores. Ello así, toda vez que su comportamiento tiene la potencialidad de interferir en el desarrollo libre de la sexualidad de la menor. La víctima, por ejemplo, podría vincular el intercambio de bienes con su sexualidad, lo que implica claramente una intromisión en la esfera íntima y personal de su desarrollo sexual.
Es sabido que la corrupción de menores es un delito formal de peligro, en el que el ilícito se consuma con la sola realización de los actos objetivamente idóneos para interferir ilegítimamente en el desarrollo de la sexualidad de un menor. De modo que, contrariamente a lo que sostiene la defensa, a los fines de determinar la tipicidad del artículo 125 no importa que el sujeto pasivo no se corrompa. Es suficiente el peligro de que ello suceda (Creus, Carlos – Buompadre, Jorge Eduardo, “Derecho Penal. Parte Especial”, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 227).
Por otra parte, también se encuentra abastecida desde el punto de vista subjetivo la figura del artículo 125 del Código Penal, puesto que requiere la acreditación del conocimiento y la voluntad del autor de provocar el peligro de corrupción en el sujeto pasivo, conociendo o aceptando la posibilidad de ello ocurra con motivo de su accionar.
Por todo ello, propongo al acuerdo el íntegro rechazo del recurso de casación deducido, con costas.
Así lo voto.
Arts. 119 y 125 del CP, 210, 373, 395, 399, 448, 465 inc. 3°, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. DECLARAR FORMALENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial Pergamino en causa n° 336.
Arts. 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 3º 465 inc. 2º del C.P.P.
II. RECHAZAR el recurso de casación deducido a favor de Raúl Ricardo Arias y Ricardo Fabián Correa, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 106, 210, 373, 395, 399, 448, 530 y ccdtes. del C.P.P., 119 y 125 del C.P.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
FDO. MARÍA FLORENCIA BUDIÑO – FERNANDO LUIS MARÍA MANCINI, JUECES. ANTE MÍ: GONZALO SANTILLÁN ITURRES.
Fin de la sentencia