Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 90940
"Registrado bajo el Nro. 398 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 16 de abril de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 90940 caratulada “MENDOZA ASTRID MARCELA S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY.
I. El Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2018 (en la causa n° 4867 de su registro, IPP N° 06-00-29908-15-), condenó a Astrid Marcela Mendoza a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autora del delito de homicidio agravado por haber provocado la muerte de una persona con la que había mantenido una relación de pareja (art. 80 inc. 1, Cód. Penal) –fs. 11/21-.
II. La defensa de la acusada interpuso recurso de casación (fs. 25/50).
Sostiene que el órgano juzgador incurrió en arbitrariedad y absurdo valorativo, pues la sentencia contiene una tergiversación de los elementos de prueba rendidos en el debate, además de la omisión de ponderar prueba esencial de descargo.
En esa dirección, comenzó por referirse al testimonio de Dionisio Sennes Meza, afirmando que el tribunal sólo tuvo en consideración una parte de su declaración, omitiendo valorar el tramo de su exposición en el que contó que Marcela Mendoza –la acusada- le pidió que la protegiera porque Eduardo Gómez –luego fallecido- la quería matar.
Afirma que también fue omitida la mención que hizo el testigo Sennes Meza a las quemaduras que vio en la mano de Marcela Mendoza, cuando esta última se encontraba en la dependencia preventora.
Agrega que la misma deficiencia valorativa se presentó con los testimonios de la funcionaria policial Adriana Anahí Barragán, y la médica doctora María de los Ángeles Llanos, pues el Tribunal ponderó una parte de sus declaraciones, dejando afuera de su evaluación las manifestaciones que –en la visión del impugnante- favorecían la situación de la acusada.
Concluye afirmando que “ los dos únicos testigos presentes momentos después del hecho (Sennes Meza y Llanos), desmintieron parcialmente sus declaraciones escritas justamente en lo vinculado a la acusada, y la agente Anahí Barragán aportó información jurídica relevante en el debate que omitió aportar en la investigación penal preparatoria, y que el a quo a tono con la investigación, desechó ”.
Por otro lado, plantea la ausencia de toda información vinculada con el producto o líquido inflamable con el que se inició el incendio del automóvil en el que se trasladaban la víctima y la acusada, desconociéndose quién lo adquirió, quién lo subió al rodado, y quién lo utilizó para generar el fuego.
En este andarivel, hace hincapié en el que los jueces del debate no explicaron cuál habría sido la conexión entre el producto mencionado y la acusada, y contrariamente a ello, “ la razonable conexión del producto hidrocarburo con el occiso se da en tanto era poseedor de un vehículo automotor, manejaba su propio vehículo, y se desempeñaba laboralmente en la planta industrial de la empresa Lácteos Vacalín S.A, que resulta público y notorio, utiliza productos químicos e hidrocarburos en su proceso de producción y limpieza ”.
Agrega que en el supuesto caso de que el elemento combustible utilizado haya sido nafta –extremo que entiende no se demostró cabalmente-, mayor razón lleva la acusada en su invocada inocencia, pues “ no se explica por qué en un pueblo donde sólo hay dos estaciones de servicio –una de ellas muy pequeña-, no se hayan recabado testimonios de los trabajadores del lugar que hayan observado a la acusada adquiriendo nafta ”.
Seguidamente, critica la valoración que hicieron los jueces del debate, como indicio de cargo, del desinterés que habría exhibido la acusada durante el hecho.
En ese orden de ideas, destaca por un lado, que el testigo Meza expresó en el juicio que él nunca dijo que la acusada se mostraba tranquila y desinteresada, desmintiendo lo consignado en el acta de su declaración ante la dependencia policial.
Por otro lado, aun dando por cierto que ése haya sido el estado de ánimo de Marcela Mendoza, argumenta el letrado que tal circunstancia no resulta un indicio de cargo relevante para sostener un pronunciamiento condenatorio.
Seguidamente, el impugnante cuestiona la investigación realizada durante la etapa preparatoria. Hace hincapié en que si los hechos hubieran ocurrido según lo relatado en el acta de procedimiento, no se explica por qué motivo no fue requerida una orden de allanamiento del domicilio de la acusada. Entiende que ello no se hizo porque los investigadores sabían de la inocencia de la imputada.
Señala que según el testimonio del agente policial a cargo de la investigación –Iván Catuch-, no se obtuvieron los listados de llamadas telefónicas de los involucrados en el suceso, no se estableció el lugar en el que se habrían reunido el día del hecho, no se obtuvieron fotografías o elementos indicativos de premeditación de un homicidio, en definitiva, “no se investigó absolutamente nada”.
En igual sentido, hace hincapié en que, en los meses anteriores al suceso en cuestión, Marcela Mendoza había radicado dos exposiciones civiles en contra del fallecido, recibidas por la misma agente policial que intervino en el hecho –Anahí Barragán-, y sin embargo no fueron agregadas a la causa, como así tampoco la denuncia por violencia de género que realizó ante el Juzgado de Paz de Magdalena.
Menciona que en el marco del procedimiento previsto en la ley 12.569, se dispuso la prohibición de acercamiento de Eduardo Gómez a Marcela Mendoza, medida que fue transgredida por el primero, según los testimonios de Pía Metrallet y Paola Romero.
Concluye afirmando que la escueta, parcial y defectuosa investigación fue el punto de apoyo fundamental de los jueces que dictaron el veredicto condenatorio.
Respecto de las evidencias vinculadas con la violencia de género denunciada previamente por Marcela Mendoza, cuestiona fuertemente la evaluación de los señores jueces, en tanto no sólo las desconocieron sino que además calificaron la conducta de la acusada como mendaz e interesada.
En ese orden de ideas, argumenta que varias de las preguntas retóricas que plantea el juez preopinante en la sentencia dejan en evidencia la falta de perspectiva de género del sentenciante.
Agrega que fue la testigo Metrallet quien contó que la acusada le manifestó que Eduardo Gómez la citó el día del hecho, insultándola muy fastidiado por una fotografía que ella había publicado en su Facebook.
Señala que la respuesta a otra de las preguntas retóricas planteadas por el juez “ es de manual si se hubiese analizado el caso desde la perspectiva constitucional de la violencia de género o doméstica ”. Argumenta que la razón por la cual la acusada y la víctima realizaron un recorrido en automóvil sin un destino preciso (fueron hasta el hospital de Magdalena e inmediatamente regresaron), era que existía una medida de restricción en contra de Eduardo Gómez, que la acusada había tramitado para mantenerlo lejos de su casa y de sus hijos.
Hace hincapié en que la testigo Paola Romero declaró que fue ella quien le aconsejó a Marcela Mendoza que denuncie a su ex pareja, al manifestarle “… si tanto te molesta, realiza la exposición civil y listo …”.
En igual sentido destaca que la nombrada Romero, al igual que Pía Metrallet, conocía y presenció situaciones de acoso sexual de parte de Rubial Ganzero –testigo de cargo y amigo del damnificado- hacia la acusada.
Por otro lado, hace hincapié en que los familiares y amigos de la víctima que testificaron en el juicio, brindaron excusas inverosímiles para evitar suministrar el nombre de la ex pareja del señor Gómez, con la indudable intención –afirma la defensa- de ocultar la violencia que este último ejerció sobre aquella mujer, todo lo cual demostraría “ la postura corporativa pergeñada en contra de la acusada ”. En este punto, destaca que los testigos de cargo se hicieron presentes en la dependencia policial a prestar declaración en forma espontánea, y en horas sucesivas (11.30, 12.30, 13.30, 14.30).
Con respecto a la forma en la que se inició el incendio del automóvil, señala que existen dos evidencias que respaldan la inocencia de su asistida.
Por un lado, el informe pericial de fs. 103/107 del legajo principal, del que surge que se detectó “ mayor incidencia de llama directa en el asiento del acompañante …”. Por otro lado, el testimonio de la primera persona que llegó al lugar del hecho -Sennes Meza-, quien dijo haber visto mucho fuego en el interior del automóvil sobre el asiento del conductor.
Alega que ambas evidencias son compatibles “… teniendo en cuenta el recorrido comprobado del occiso dentro del vehículo, quien desde (el) asiento del conductor optó por salir por la puerta del acompañante, no caben dudas de que lo hizo transportando el líquido inflamable mientras perseguía a la acusada en una situación de ira. Y por alguna razón desconocida, el combustible quedó en el sector del acompañante generando un aumento de temperatura la oxidación de las superficies metálicas captadas en ese sector ”.
Agrega que el citado informe pericial “ es compatible con la declaración de mi defendida, y es que el Sr. Gómez estaba atacándola (con golpes, insultos y tirones de pelo). Está claro que el fuego lo inició el Sr. Gómez como parte de las agresiones que venía propinándole y que salió del auto por la puerta del acompañante porque su intención era atraparla a ella para concretar su cometido de quemarla viva ”.
Concluye afirmando que la acusada no cometió el hecho que se le atribuye, sino que fue víctima de un ataque por parte de su ex pareja -el señor Gómez- quien intentó matarla prendiéndola fuego, objetivo que “por obra del destino” no se concretó.
Solicita, en consecuencia, que se revoque la sentencia en crisis, y se disponga la libertad de la acusada.
Hace reserva de caso federal.
IV. Radicado el recurso en el Tribunal, se notificó a las partes (fs. 66/68).
Se agregaron presentaciones en favor de la acusada Astrid Marcela Mendoza, por parte de Guido Martín Lorenzino Matta, en su carácter de Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (fs. 74/96), y de Flavia Delmas, Secretaria de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (fs. 115/141), admitiéndose su actuación en el marco del instituto del “Amicus Curiae” (fs. 97/vta., 142/vta.).
En ambas se plantea la necesidad de abordar el análisis de los hechos debatidos en la causa desde una perspectiva de violencia de género, criticando la sentencia condenatoria precisamente por la ausencia de una evaluación de los hechos acorde a esa problemática.
Se realizó la audiencia de informes prevista en el art. 458 del ordenamiento adjetivo, en la cual la defensa mantuvo su pretensión en función de los argumentos que se reflejaron en el acta respectiva (fs. 164/169).
Por su parte la fiscalía postuló el rechazo de la impugnación deducida, por los motivos que se consignaron en el acta mencionada.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. El tribunal de la instancia tuvo por acreditada la siguiente materialidad infraccionaria:
“ Aproximadamente a las 15.30 horas del 9 de agosto de 2015, una mujer prendió fuego a quien fuera su pareja, Rubén Eduardo Gómez, cuando regresaban de Magdalena en dirección a La Plata en un auto Volkswagen Gol patente VIK-246, conducido por este último, que detuvo su marcha sobre la cinta asfáltica de la Ruta 11 a la altura del kilómetro 49 de Bartolomé Bavio, partido de Magdalena en dirección a La Plata ”.
“ Tras la agresión, Gómez ingresó al Hospital San Martín por ambulancia de Magdalena por presentar quemaduras en un 70% con más áreas comprometidas. Quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva en pabellón del quemado de dicho nosocomio con asistencia respiratoria mecánica, en grave estado. Falleció el 12 de agosto a las 20.45 horas por un paro cardio respiratorio traumático secundario a quemaduras graves” –fs. 11vta-.
II. El caudal probatorio valorado por el a quo , en función de lo cual tuvo por comprobada la materialidad infraccionaria descripta en el apartado anterior, se conformó con los siguientes elementos (fs. 11vta/14 y vta.).
En primer término, los testimonios de las primeras personas que arribaron al lugar del hecho: Dionisio Sennes Meza –conductor de una motocicleta que circunstancialmente transitaba por aquella ruta-, Adriana Anahí Barragán y Hugo Lunge –efectivos policiales-; más la declaración de María de los Ángeles Llanos, de profesión médica, que se encontraba en uno de los vehículos detenidos en la ruta como consecuencia del incendio del automóvil de la víctima, siendo convocada en función de su profesión para brindarle la primera atención al damnificado.
Afirmó el testigo que “ el vehículo se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica… ”, que “ el asiento se prendía fuego y que la víctima salió del auto del lado del acompañante, no del conductor, cruzando todo el vehículo para hacerlo ”, agregando que “ vio fuego en la espalda de Gómez ”.
Agregó que “ la parte anterior del tórax estaba muy quemada, y que al momento de llegar la ambulancia ya no sentía dolor, temblaba y estaba con hipotermia ”.
El magistrado preopinante concluyó que las afirmaciones de los testigos citados, “ todas concordantes entre sí, dan cuenta que el incendio se provocó sobre la butaca izquierda, la del conductor, y que debió existir, para que se inicie, una sustancia combustible, lo que corroboran los testimonios de Dora Esther Gómez y Gabriela Karina Gómez que afirmaron haber sentido olor a nafta en la ropa de Eduardo ”.
Advirtió el juez, que los testimonios en los que apoyó su conclusión no fueron desmentidos por el resultado –negativo- del peritaje realizado para detectar la presencia combustibles líquidos derivados del petróleo y/o acelerantes de combustión, en tanto en el mismo informe se señaló la posibilidad de la evaporación de tales líquidos.
Agregó a su consideración el acta de procedimiento de fs. 1/vta., en la que se dejó constancia de la presencia en el lugar del automóvil Volkswagen Gol patente VIK-246 completamente incinerado, como así también de Rubén Eduardo Gómez y Astrid Marcela Mendoza, el primero de los cuales presentaba quemaduras en su cuerpo, y afirmaba que la nombrada Mendoza las había provocado. El acta también corrobora la presencia en esos primeros instantes, de Sennes Meza y de la doctora María de los Ángeles Llanos.
También fueron valorados el informe de secuestro del vehículo Volkswagen Gol dominio BIK-246 (fs. 3 de la causa principal); las fotografías de ese vehículo y de las prendas de vestir de Eduardo Gómez y Marcela Mendoza (fs. 78/94); el informe de planimetría del lugar del hecho (fs. 95); y el informe labrado a raíz del reconocimiento médico legal de la acusada, que estableció que se encontraba lúcida, ubicada en tiempo y espacio, presentando una escoriación en el codo izquierdo, y una quemadura en la cara dorsal de la mano derecha tipo ab (lesiones leves) –fs. 14/15-. También se dejó constancia en este último informe, que las prendas de vestir de Marcela Mendoza despedían olor a hidrocarburo compatible con nafta, circunstancia que motivó su secuestro (fs. 16).
Seguidamente, el magistrado que lideró el acuerdo detalló la prueba documental vinculada con las lesiones que presentaba Eduardo Gómez y el tratamiento médico que se le suministró hasta el momento de su fallecimiento, el día 12 de agosto de 2015 (orden de prestación del Servicio de Atención Médica Organizada -fs. 28-, copias de la historia clínica del Hospital San Martín de La Plata –fs. 171/178 y 254/261-, y certificado de defunción –fs. 97-).
Fueron valorados también, el acta de necropsia y el informe de autopsia (fs. 164 y 184/188), en el que los médicos intervinientes concluyeron que la muerte de la víctima se produjo a consecuencia de un paro cardio respiratorio traumático secundario a quemaduras graves.
Por último, el magistrado tuvo en consideración el estudio histopatológico de fs. 278/281, que determinó que Eduardo Gómez presentó un cuadro histológico compatible con pulmón de características asfícticas; el informe toxicológico de fs. 288/vta., mediante el cual se constató la presencia de midazolam y lidocaína en las vísceras de la víctima, compatibles con el tratamiento médico recibido; y el resultado negativo del examen químico tendiente a detectar la presencia de alcohol etílico y tóxicos en el contenido gástrico y sangre de la víctima.
III. Ahora bien, existen determinados aspectos de la materialidad infraccionaria descripta, que el tribunal ha tenido razonablemente por comprobados, y que no han sido discutidos por la defensa.
Concretamente, que Eduardo Gómez y Astrid Marcela Mendoza se encontraban en el interior del automóvil que conducía el primero, cuando un incendio provocado por el uso de un combustible le ocasionó al nombrado Gómez quemaduras de tal entidad que provocaron su posterior fallecimiento.
En cambio, la defensa sí discute quién inició el fuego que se expandió por todo el automóvil, y en concreto negó la intervención activa de Mendoza en la provocación del incendio.
En ese orden de ideas, y tal como se expresara en los antecedentes de este pronunciamiento, el impugnante denuncia la arbitrariedad de la conclusión probatoria a la que arribó el órgano juzgador, en cuanto tuvo por demostrado que la acusada “ prendió fuego a quien fuera su pareja, Rubén Eduardo Gómez ”, alegando la defensa el apartamiento de la prueba rendida e incorporada al debate, y la inobservancia de las normas que rigen la materia (arts. 209, 210 y 373, CPP).
IV. En este punto, comienzo por señalar que la tarea de revisión de la sentencia se ve acotada al análisis de las constancias del acta de debate, más las referencias consignadas en el veredicto.
En ese sentido, es dable advertir que no hubo petición de las partes para la grabación del debate en la oportunidad prevista en el art. 370 del ritual, sino que la defensa solicitó el resguardo del registro audiovisual con posterioridad al dictado de la sentencia (ver fs. 23vta de este legajo), habiendo informado el trib
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