Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 91221
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto.
II. Regular los honorarios de la doctora María Fernando Petersen, por su labor ante esta sede, en un veinticinco por ciento (25%) de los fijados en origen - 5 unidades jus-.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 12, 19, 29 inciso 3º, 40, 41, 55, 119, segundo párrafo en función del cuarto, inciso b), y último párrafo -en su remisión al primero-, también inciso b) del Código Penal; 448, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 31, primer párrafo, de la ley 14.967.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 7 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario, los señores jueces doctores, Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 24.287 (Registro de Presidencia número 91.221), caratulada: “López Pablo Martín s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY-VIOLINI
El Tribunal en lo Criminal número 3 de Bahía Blanca, mediante juicio abreviado, condenó a Pablo Martín López a diez años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor de abuso sexual simple agravado por el vínculo y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por un ascendiente.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la defensora de confianza (fs. 9/13 y vta.), denunciando errónea aplicación de la ley.
Concedido el recurso (fs. 14 y vta.), radicado con noticia de las partes (fs. 25), la Fiscal postuló su rechazo (fs. 26/28).
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se trataron y votaron las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
-I-
El tribunal tuvo probados los siguientes hechos:
1. Sin fecha determinada, pero a la hora de la siesta en el mes de agosto de 2012, cuando la víctima L.B.L. contaba con once años de edad, fue abusada sexualmente por su padre, en circunstancias en que estaba de visita en su casa.
Los actos consistieron en manosearle sus partes íntimas por debajo de su ropa y en obligarla a que le tocara el pene.
2. Entre agosto y el 17 de septiembre de 2012, en momentos en que la niña L.B.L. estaba jugando, se cayó y quedó en manos de su padre, quien aprovechó para subirse encima de ella y mientras le sujetaba las manos, la besó a tal extremo que la niña casi no podía respirar.
Dicha conducta, por las circunstancias de realización, por la edad de la víctima y el sometimiento a partir de la relación que los unía, constituyó un sometimiento gravemente ultrajante para la niña.
-II-
La defensa refiere que se ha incurrido en una errónea interpretación del principio de congruencia.
Que de la investigación surge la ausencia de evidencia física que motivó al Fiscal al archivo de la causa, situación que se mantuvo por tres años sin mediar elemento probatorio alguno.
Asimismo, expone que el Juez de garantías oportunamente denegó la detención, discrepando con la calificación propiciada por la Fiscalía y valorando el tiempo transcurrido desde la denuncia, adunando que tal postura fue ratificada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.
En ese sentido, refiere que la calificación asignada resulta incorrecta, puesto que la supuesta reiteración de un hecho no puede constituirlo como gravemente ultrajante.
Tras citar jurisprudencia al efecto, refiere que el veredicto ha incurrido en afirmaciones dogmáticas, por lo que no constituye derivación razonada del derecho vigente.
En otro orden de ideas, relata que el acusado no desconocía el alcance de la imputación, pero resulta necesario que tanto la Fiscalía como el resto de las partes, garanticen las bases de derechos y garantías constitucionales, es decir que se le lean e imputen hechos, por lo cual las figuras legales no tienen por qué ser conocidas por éste, ni tampoco debe entender cuáles son los extremos objetivos ni subjetivos para su configuración jurídica.
Finalmente, luego de mencionar distintas posiciones doctrinarias relacionadas con el principio de congruencia, solicita que se revoque la sentencia de origen y para el caso de que se considere que existen elementos probatorios, se condene a su defendido por abuso sexual simple con la aplicación del mínimo legal posible de pena.
-III-
El acusado, debidamente asistido por su defensora, acuerda con el Ministerio Público Fiscal someterse al trámite de juicio abreviado, homologándolo luego el Tribunal, respetando la calificación y pena acordada.
Desde luego tal acuerdo no implica en nuestra provincia reconocimiento de culpabilidad del encartado, ni mucho menos, renunciar a la revisión del veredicto.
Pero, no puedo dejar de resaltar que era en el debate donde la defensa debió plantear todos los interrogantes aquí formulados, especialmente interrogando a los familiares de la niña y a los profesionales que intervinieron a lo largo del proceso, puesto que el sometimiento al instituto de juicio abreviado, trae aparejado la resolución del caso con lo plasmado por escrito en la investigación penal preparatoria.
En realidad, aquí se trata de una cuestión de calificación, toda vez que la incuestionada base fáctica encuentra apoyo en la prueba enumerada en el veredicto, esto es: Denuncia de la madre que da cuenta de que la convocaron de la escuela a la que concurría su hija, para anoticiarla de que la nombrada había hablado con una docente de la “casa del niño”, relatando los padecimientos sufridos, aclarando que luego de ello, habló con la damnificada y ésta le reprodujo los mismos hechos.
Examen médico protocolar de fs. 13 en el que la nombrara repite el discurso.
Informe de fs. 13, elaborado por el Área de Psicología del Hospital Carhue que da cuenta del estado de angustia y temor de la víctima.
Dictamen de la licenciada Galassi-fs. 71/72-, que destaca la fiabilidad del relato de la víctima.
Los propios dichos de la víctima, quien en “cámara gesell”, pudo narrar todo lo que padeció, evocando lo que sufrió por no poder contárselo a su madre, y la manera en la que fue acudiendo a amigas y maestras de la escuela.
Ahora bien, aquí no se trata de enumerar diversos fallos ni doctrina relacionada al tópico, sino de asumir los efectos del acuerdo arribado, puesto que el veredicto no hizo más que respetarlo.
Puesto que, basta repasar lo manifestado por la creíble víctima a la madre, para descartar de raíz los agravios traídos: cuando estaba de vacaciones en casa del acusado, la tocó, besó, se le tiró encima, y mientras le sujetaba las manos para besarla en la boca, lanzar una frase por demás reveladora y denigrante -máxime cuando hablamos de una niña y su padre- “se me paró”.
Además no estamos hablando de tocamientos superficiales sino por debajo de la bombacha de la damnificada, lo cual desplaza la figura básica hacia la correcta calificación asignada en origen.
Lo degradante del abuso que califica el tipo básico es una consecuencia del derecho al reconocimiento de la dignidad humana, por producir sufrimientos y humillaciones, menoscabando de manera grave la integridad de la víctima, tanto por la intensidad como por la duración temporal o repetición.
Degradar significa rebajado a grado o rango inferior en el plano de la estimación, reputación o dignidad.
Dar un trato degradante es humillar, deshonrar o despreciar a una persona, afectando su dignidad humana.
Desde el tratamiento parlamentario de la Ley 25.087 se evidencia la intención de los legisladores de agravar progresivamente tales infracciones penales, no sólo por el tipo de abuso sino también por el rol desempeñado por el sujeto activo: “…Con la fórmula propuesta se logra establecer tres gradaciones de abusos sexuales. Se trata de una figura progresiva […] Existen situaciones que no son contempladas por la legislación vigente. Situaciones de ultraje grave que no llegan a la penetración […] La fórmula incorporada pretende retribuir suficientemente vejámenes que no lo están en el marco del Código Penal vigente, mediante una expresión que agrava de modo progresivo conductas que son altamente dañosas para la víctima […] Cuando se menciona que las conductas previstas por este tipo penal se agravan cuando… por ejemplo …se aprovecha de la situación de convivencia, se ha querido proteger al menor del abuso de una situación de cercanía. Con esta agravante quedarían incluidos casos en los que, por ejemplo, el conviviente de la madre viola a la hija…” (cfr. Antecedentes Parlamentarios, L.L, T. 1999-B, intervención del Diputado Cafferata Nores, págs. 1.614/5); “…Es positivo que en el abuso deshonesto se incorpore también la modalidad a través del abuso coactivo e intimidatorio de quien utiliza una relación de dependencia como mucho más lo es, a nuestro juicio, que se establezcan figuras agravadas del abuso deshonesto que no existían, por ejemplo cuando hay un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima. Además, se establece una pena muy elevada para el abuso deshonesto agravado, de 8 a 20 años […] cuando fuera cometido por un ascendiente […] o por todas estas figuras que pueden utilizar una fuerte gravitación psicológica sobre la víctima. Esta es una excelente novedad que también está tomada de legislaciones bastante más avanzadas que la nuestra en este tema…” (cfr. op. citada, intervención del Senador Genoud, págs. 1.626/7).
La modificación introducida a partir de la descripción escalonada de las conductas susceptibles de afectar la integridad sexual, pretendió no dejar librado a la interpretación judicial situaciones no regladas en la anterior legislación y permitió a los magistrados un amplio margen para mensurar la pena en los casos de agravantes concurrentes.
En relación a la violación al principio de congruencia, coincido con la Fiscal de Casación en que la defensora se limita a transcribir diversas citas doctrinarias sin exponer, en definitiva, cuál sería el incumplimiento a dicho postulado, cabiendo repetir, que la sentencia mantuvo el acuerdo sujeto a homologación del Tribunal, y la imputación que se le formula a López se mantuvo incólume desde el inicio la causa.
Congruo con lo explayado, no habiéndose valorado agravantes ni atenuantes, estimando justa la sanción, que encuentra sustento, entre otras consideraciones, en la pluralidad de hechos cometidos, propongo al Acuerdo, RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto, y REGULAR los honorarios de la doctora María Fernando Petersen, por su labor ante esta sede, en un veinticinco por ciento (25%) de los fijados en origen - 5 unidades jus- (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 12, 19, 29 inciso 3º, 40, 41, 55, 119, segundo párrafo en función del cuarto, inciso b), y último párrafo -en su remisión al primero-, también inciso b) del Código Penal; 448, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 31, primer párrafo, de la ley 14.967).
En su mérito, a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos al voto del doctor Borinsky.
Voto entonces, también POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto, y REGULAR los honorarios de la doctora María Fernando Petersen, por su labor ante esta sede, en un veinticinco por ciento (25%) de los fijados en origen - 5 unidades jus- (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 12, 19, 29 inciso 3º, 40, 41, 55, 119, segundo párrafo en función del cuarto, inciso b), y último párrafo -en su remisión al primero-, también inciso b) del Código Penal; 448, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 31, primer párrafo, de la ley 14.967). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Violini expresó:
Que vota en igual sentido que el doctor Borinsky.
No siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, decidiendo la Sala dictar la siguiente
I. RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto.
II. REGULAR los honorarios de la doctora María Fernando Petersen, por su labor ante esta sede, en un veinticinco por ciento (25%) de los fijados en origen - 5 unidades jus-.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 12, 19, 29 inciso 3º, 40, 41, 55, 119, segundo párrafo en función del cuarto, inciso b), y último párrafo -en su remisión al primero-, también inciso b) del Código Penal; 448, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 31, primer párrafo, de la ley 14.967.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente remítase a origen.
FDO.: RICARDO BORINSKY – VICTOR HORACIO VIOLINI
ANTE MI: CARLOS DURAN
REG: 157
Fin de la sentencia