Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 90578
REG: 284
C.90.578
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 25 de abril de dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello (art. 451 del Código Procesal Penal), a los efectos de resolver la Causa N° 90.578, “ LUCERO ENRIQUE FERNANDO S/ RECURSO DE CASACIÓN ”, conforme al siguiente orden de votación: BUDIÑO - NATIELLO.
El día 6 de abril de 2018, el Tribunal de Jurados dictó veredicto de culpabilidad respecto de Enrique Fernando Lucero, por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (art. 80 inc. 11° C.P.). Tras ello, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el Dr. Gustavo R. Abudarham, Juez del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Azul, condenó a Enrique Fernando Lucero a la pena de prisión perpetua, con más las accesorias legales y costas del proceso (arts. 5, 12, 23, 40, 41 y 80 inc. 11, CP; 371, 375, 375 bis, 530 y 531, CPP).
Contra dicho pronunciamiento, la Señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Azul, Dra. María Soledad Kelly, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 34vta./64
Arribadas las actuaciones a esta instancia, cumplimentadas las vistas correspondientes y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, la señora jueza, doctora Budiño , dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra una sentencia condenatoria dictada en juicio por jurados, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14.5, PIDCP; 8.2. h , CADH; 20 inc. 3, 448 bis, 450 párr. 1ro., 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Natiello , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada la señora Jueza, doctora Budiño , dijo:
I. La defensa plantea como agravio principal que ha existido un apartamiento por parte del jurado de la prueba producida en el debate, vinculada con el estado psíquico del imputado Lucero al momento del hecho, configurándose el supuesto establecido en el inc. ‘d’ del art. 448 bis del C.P.P.
En tal sentido, trae a colación las conclusiones desarrolladas por los peritos psicólogos de la Defensa y de Asesoría Pericial, a raíz de las distintas entrevistas mantenidas con Lucero, destacando la presencia de una personalidad psicopática de tinte celotípica que dominó su voluntad al tiempo de los hechos.
Refiere que tanto la perito Navarro como el Licenciado Testoni, concluyeron que el imputado podía comprender la criminalidad de sus actos, pero que en una situación donde se encuentra el centro patológico (celos), aquél tiene menoscabada la posibilidad de comprender (realidad deformada) y dirigir libremente sus acciones, siendo todo regido por la idea fuerza de que Marta Susana Carrizo lo engañaba.
A partir de ello, sostiene que resulta absurdo que el jurado haya arribado a la conclusión de que Lucero era culpable, frente a la acreditada circunstancia de que el nombrado no había podido, al momento de los hechos, comprender la criminalidad de sus actos en virtud del cuadro psicótico que padece el cual hubo distorsionado su visión de la realidad impidiendo dirigir libremente su accionar.
Insiste, con cita de jurisprudencia, que el trastorno psicótico que padece Lucero y que es parte de la estructura de su personalidad, indudablemente le ha impedido comprender la criminalidad de sus actos, al punto tal que no ha registrado el acto lesivo.
Por lo expuesto solicita se case la sentencia atacada y se absuelva al imputado Lucero de los hechos atribuidos por haberse hallado al momento del hecho en un estado de inculpabilidad que lo exime de responsabilidad penal, ordenando su inmediata libertad y la eventual intervención de la justicia civil a los efectos de que adopte las medidas pertinentes.
De manera subsidiaria, la Dra. Kelly plantea la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, por resultar violatoria de elementales principios emanados de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de igual jerarquía. Cita jurisprudencia en apoyo de su argumentación y concluye que la prisión perpetua es sin dudas una pena cruel, inhumana y degradante que no puede tener acogida en nuestro sistema constitucional, haciendo hincapié en la avanzada edad de su asistido (63 años) quien vería naturalmente impedida su posibilidad de acceder a la libertad condicional.
Peticiona, entonces, la reducción de la pena al mínimo de la escala penal establecida para el delito de homicidio simple.
II. El Defensor Adjunto de Casación, Dr. Daniel Aníbal Sureda, se pronuncia por la procedencia del recurso interpuesto por su colega de la instancia y agrega algunas consideraciones en torno a la revisión casatoria del criterio adoptado por el juez de grado quien ha estimado razonable el veredicto dictado por el jurado. En tal sentido, a efectos de garantizar adecuadamente la revisión integral de la sentencia en crisis, entiende que esta Alzada debe adentrarse en el análisis de las grabaciones del juicio.
Por otra parte, mantiene también, el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua, así como la reserva del caso federal.
Finalmente postula la inconstitucionalidad del art. 451 del C.P.P., en tanto veda la posibilidad de introducir nuevos agravios una vez vencidos los plazos de interposición del recurso.
III. La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del remedio intentado.
Respecto de los planteos introducidos por el Dr. Sureda, señala que la revisión de la sentencia de condena derivada de un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular no puede hacerse en la misma forma y con los mismos estándares que los pronunciamientos emitidos por jueces profesionales, ello en función de que el jurado es soberano en el establecimiento de los hechos.
Sobre el punto, refiere que las garantías consagradas por los arts. 8.2. h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.P hacen alusión a la sentencia y no al veredicto.
Asimismo, en lo atinente a la revisión del proceso de valoración probatoria llevado a cabo por el jurado en sesión secreta y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la recurribilidad del veredicto, expresa que el inc. d del art. 448 bis del C.P.P., se refiere estrictamente a que el impugnante justifique un manifiesto apartamiento de la prueba producida por parte del jurado.
Yendo al caso concreto, la Dra. Bersi destaca que el Jurado ha sido debidamente ilustrado en punto a la teoría del caso de cada una de las partes, ha valorado los testimonios producidos en la audiencia dictando un veredicto de culpabilidad más allá de la duda razonable y por unanimidad; en dicha tarea –agrega- ha valorado la labor de los peritos descartando la inimputabilidad postulada por al defensa.
Finalmente, propicia el rechazo del planteo defensista subsidiario relativo a la inconstitucionalidad de las penas perpetuas.
IV. Preliminarmente, corresponde destacar que tanto el juicio de comprobación de la materialidad ilícita de los hechos materia de acusación, como el relativo a la responsable autoría reprochada a Lucero, no han sido motivo de agravio, por lo que, consentidos, llegan firmes a esta Sede.
Recuérdese que la impugnante, como agravio principal, denunció un apartamiento manifiesto por parte del Jurado de la prueba producida en el debate oral respecto del estado de inimputabilidad de Lucero al momento de los hechos; ello en los términos del art. 448 bis d) del CPP.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
En primer lugar, corresponde efectuar algunas consideraciones en cuanto a la extensión de la capacidad revisora de este Tribunal en relación a un veredicto emanado de un jurado popular.
Para comenzar, lo que debe revisarse en esta instancia es el peso convictivo del cuadro probatorio, y no el contenido del veredicto de un jurado ciudadano, puesto que en rigor éste será siempre irrecurrible al tratarse de un instrumento inmotivado que sólo expresa una declaración de culpabilidad o inculpabilidad basado en un proceso de deliberación regido por el sistema de las íntimas convicciones.
Es que el jurado es llamado a decidir un caso, no a escribir una sentencia. Debido a su carácter de “no profesionales del derecho” y su condición de jueces ocasionales y accidentales es impensable exigirle una motivación jurídica y escrita.
Pero esta falta de motivación no debe confundirse con ausencia de fundamentación ni mucho menos de deliberación, ya que los jurados luego de ser instruídos sobre el modo en que deben valorar la prueba, los principios generales del proceso y las garantías del imputado, se someten a una ardua deliberación en donde confrontan sus apreciaciones sobre la prueba recibida y forman, luego de escuchar las impresiones de todos, su íntima convicción razonada.
Señala Harfuch que el veredicto del jurado es “una toma de decisión colectiva profundamente racional, producto de una deliberación obligatoria sobre la prueba entre doce personas de todas las extracciones”, lo que se explica a partir de que el acto humano de formar una convicción es siempre, inicialmente, de naturaleza subjetiva y estrictamente personal. Como los jurados son doce y están obligados a deliberar para alcanzar la unanimidad o altas mayorías, ese acto en principio subjetivo es luego sometido a un test de confrontación con las otras once opiniones y con toda la prueba producida en el juicio.
Entonces, la tarea revisora se encuentra imposibilitada de cuestionar la logicidad o el absurdo de estos razonamientos que no fueron exteriorizados, quedando limitada a resolver si las instrucciones del juez fueron adecuadas y bien comunicadas a los jurados, y si se cumplió con el estándar probatorio de culpabilidad más allá de toda duda razonable en función de la cantidad y calidad de prueba producida en el debate.
Calificada doctrina ilustra que el test dominante del jurado razonable -también llamado test de Yebes/Binaris, en homenaje a dos célebres precedentes de la Corte canadiense que prácticamente agotaron la cuestión con gran aceptación en la órbita del common law- consiste en que para decidir si un veredicto es arbitrario o no, los jueces del recurso deben preguntarse a sí mismos si ante la cuestión planteada y con la prueba disponible, un jurado razonable de doce miembros, actuando conforme a derecho y debidamente instruido, hubiese rendido el mismo veredicto.
Entonces, la tarea de revisión de los veredictos emanados de jurados populares pasa por articular una base objetiva para la decisión del recurso sobre un veredicto del jurado que es inmotivado. La construcción de esta base se integra con los aportes de las partes en la audiencia recursiva, con las instrucciones del juez y con el registro íntegro del juicio (Conf. Harfuch, Andrés; El juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, 1° edición, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, págs. 350-354).
En ese camino debe asumirse el rol del órgano revisor, verificando la sujeción normativa de las instrucciones impartidas por el juez al jurado y, habiendo tomado contacto con la integridad de la prueba producida en el juicio –favorecido por el registro audiovisual obligatorio-, colocarse en un correcto lugar para la estimación de la cantidad y calidad de la prueba a fin de verificar que el veredicto haya superado el test de duda razonable, o lo que es lo mismo, que la prueba tomada en consideración permita llegar a un convencimiento sobre la culpabilidad del imputado, sin que permanezca en el ánimo de los jurados una duda razonable a su respecto, entendiéndose por tal a aquella que proviene de un razonamiento lógico sometido al sentido común.
En los supuestos previstos por el art. 448 inc d) del C.P.P, en donde lo que se discute es la sentencia condenatoria por resultar el veredicto de culpabilidad manifiestamente arbitrario por apartamiento de la prueba producida, la defensa del imputado deberá indicar qué es lo que a su criterio condujo al apartamiento del plexo probatorio producido en el juicio. De allí que sea necesario que en el juicio las partes indiquen las pruebas que dieron base a la teoría del caso presentada al jurado, a fin de que este Tribunal de Casación decida si el veredicto emitido es aquel que un jurado, debidamente instruido y actuando conforme a derecho, podría razonablemente haber rendido, más allá de una duda razonable, en consonancia con el “test del jurado razonable” o “test de Yebel”.
Habiendo tenido acceso al registro audiovisual de todo lo acontecido durante la audiencia de debate y al material que fuera exhibido, esta Sala se encuentra en condiciones de efectuar una ponderación sobre las evidencias y su capacidad de rendimiento.
El sistema probatorio consagrado por nuestro ordenamiento procesal (arts. 210 y 373 CPP), no prevé formas sacramentales para acreditar un determinado ilícito y su autoría, precisamente porque procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso mediante la libertad probatoria (art. 209 CPP).
En el singular, el jurado contó con una pluralidad de pruebas de signo acusatorio, cuya entidad permite concluir, tal como lo hicieron los jueces ciudadanos, en una suficiencia probatoria que supera el test de duda razonable y cuya determinación de culpabilidad merece ser confirmada.
Previo a la producción de la prueba testimonial, el Tribunal informó al jurado que las partes habían acordado no producir prueba sobre los distintos extremos de la imputación: “ 1: Que el hecho ocurrió en la cocina del domicilio sito en la calle Avellaneda n° 323 de Urdampilleta, partido de Bolívar, el día 14 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 23,15 hs. 2: Que en el ámbito del domicilio mencionado anteriormente falleció Martha Susana Carrizo, a raíz de heridas punzo cortantes en cara anterior y superior del abdomen, de afuera hacia adentro, involucrando músculo recto anterior del abdomen en su porción derecha, borde inferior de la parrilla costal, cortando diafragma, hígado, perfora estómago, lesiona el páncreas, vasos esplénicos, trans-cavidad de los epiplones, lesiona columna lumbar, perfora pared posterior de la región lumbar izquierda, y asoma cortando la piel en el área del dorso lumbar izquierdo; otra lesión en el hemitórax del lado izquierdo a nivel del séptimo espacio intercostal que corta diafragma e ingresa en las vísceras abdominales y epiplón del hemitórax izquierdo e interesa riñón izquierdo sin llegar a traspasarlo y lesiones punzo cortantes en el tercio superior del brazo derecho en su cara posterior externa y en dedos anular e índice de la mano derecha ocasionándole la muerte por shock hipovolémico secundario a [causa de] las graves heridas producidas. 3. Que las lesiones producidas a la víctima fueron provocadas por la utilización de un arma blanca consistente en una cuchilla con hoja de metal de 21 cm. De largo y mango de metal color gris de 3 cm de largo aproximadamente. 4. Que el autor del hecho fue Enrique Fernando Lucero. ” (cfr. fs. 5 y vta.
Así las cosas, el tema a decidir se centró, en gran parte, en determinar si, al momento de cometer el imputado el acto de apuñalar hasta la muerte a Martha Susana Carrizo, había comprendido o no la criminalidad del acto, en lo cual el jurado fue lo suficientemente ilustrado, conforme a las instrucciones para la deliberación impartidas por el magistrado con acuerdo de las partes.
Luego de las declaraciones vertidas en el juicio por familiares y vecinos del matrimonio, depusieron varios profesionales de la Psicología quienes dieron cuenta de las labores desarrolladas en la presente causa.
En primer término, declaró Andrea Karina Delorenzi -Licenciada en Psicología en el Área de Salud del Hospital de Bolívar- quien tuvo contacto con el imputado la mañana siguiente al día en que se produjo el homicidio de Martha Carrizo. Contó que su intervención en este proceso tuvo su origen a partir de un requerimiento de la Fiscalía de llevar a cabo una entrevista con un sujeto (Lucero) que se encontraba internado en una Unidad de Terapia Intensiva, aclarando que, en razón de dicho particular contexto, el encuentro consistió en una “escucha interdisciplinaria” (conjuntamente con un médico psiquiatra).
En su evaluación pudo advertir que Lucero “... se encontraba vigil, lúcido, coherente, orientado en tiempo y espacio, sabía que su esposa había muerto, que la había matado él y que, de alguna manera, la consecuencia de ese acto era quedar preso o detenido ...”
Respecto del hecho, dijo que Lucero le refirió que había existido una “... discusión por celos, porque él entendía que la esposa estaba manteniendo una relación con una persona con la que trabajaba, una infidelidad ...”
Señaló que tenía conocimiento (en función del contenido del oficio remitido por el Ministerio Público Fiscal) de que Lucero se encontraba internado en terapia intensiva dadas las lesiones producidas por un disparo que el nombrado se habría autoinfligido luego haber dado muerte a su esposa.
A preguntas del Señor Defensor Oficial Dr. Marcelli, la Licenciada Delorenzi explicó al jurado que la celotipia es un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno delirante en el que el sujeto tiene una interpretación de las situaciones o acontecimientos que no siempre se ajusta a la realidad. Sobre este punto dijo que, habida cuenta la falta de profundidad de la evaluación llevada a cabo (por el particular contexto ya descripto), no resultó posible elaborar un diagnóstico más o menos serio de la personalidad de Lucero.
Seguidamente prestó declaración testimonial la Licenciada en Psicología de la Asesoría Pericial de Azul, María Eugenia Navarro, quien mantuvo con Lucero dos entrevistas en las que utilizó técnicas proyectivas y gráficas. La primera –expresó- se desarrolló en septiembre de 2016, unos quince días después del acaecimiento del hecho que motivara su intervención y se llevó a cabo conjuntamente con un perito psiquiatra. En dicha ocasión, pudo observar en el paciente, la presencia de una idea patológica de tinte celotípico, muy rígida, inamovible y resistente a toda lógica relativa a su creencia de la infidelidad recurrente de su esposa. Al respecto dijo que “ fuera de esa temática, en todos los otros temas él podía razonar bien, en ese tema, no...”
Dio cuenta de una “ posición muy egocentrada, con escasa empatía, una tendencia hacia la impulsividad, con mucho grado de ira, rabia y negativismo; sus habilidades sociales son limitadas, aparece como alguien demandante y con escasa tolerancia a la frustración en relación a la respuesta que obtenga del otro ...”
Relató que en sus conclusiones se informó la presencia de una personalidad rudimentaria con características psicopáticas y de agresividad de base. Asimismo, remarcó la existencia de “ ideas celotípas que inciden en la distorsión de ciertas situaciones, cuando esas situaciones están involucrando el núcleo patológico
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