Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 93313
En la ciudad de La Plata a los 2 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 93.313 de este Tribunal, caratulada "ROJAS, Alberto Alfredo s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial La Plata condenó con fecha 10 de agosto de 2018 a Alberto Alfredo Rojas a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por haber sido encontrado coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma impropia en concurso ideal con robo calificado en poblado y en banda.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el señor Defensor Particular, doctor Pablo César Miqueleiz.
III. El recurrente denuncia como primer motivo de agravio, la absurda valoración de la prueba en relación a la acreditación de la autoría de su defendido en el injusto.
Refiere que de las declaraciones brindadas por los testigos y víctimas, tanto en la etapa de investigación como en el debate, en ningún momento surge la descripción de su defendido de manera fehaciente.
Asimismo, sostiene que los damnificados omitieron en sus primigenias declaraciones hacer referencia a los tatuajes que tiene su asistido en ambos brazos, los cuales resultan significativos y visibles.
Solicita por lo tanto la absolución de su defendido.
En segundo lugar, considera que se ha efectuado una absurda valoración de la prueba para acreditar la agravante de banda.
Sostiene que existe una duda insuperable en cuanto a la participación en el hecho de una tercera persona.
En este punto, la defensa refiere que no se ha podido demostrar con la certeza necesaria que esta etapa requiere, que en el auto que se fueran los autores del hecho estuviera al volante una mujer.
Por ello, requiere se oblitere la agravante y se reduzca proporcionalmente la pena impuesta.
En tercer lugar, entiende que la utilización del arma de modo impropio debe descartarse toda vez que la misma solo se ha acreditado por los dichos de la víctima sin existir un informe médico que revele sobre la agresión que sufriera por parte de los imputados.
En virtud de ello, solicita se descarte de dicho encuadre legal, quedando vigente, si así se lo considera, en la de robo con armas cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada.
Por último, cuestiona que el procedimiento policial llevado a cabo en la vivienda, fue más allá de lo que la manda judicial solicitaba, toda vez que fue requisado el departamento de abajo de donde se tenía que hacer y el del padre de su asistido que se encuentra en el fondo. Ello convierte al acto en nulo, por lo que la incautación del cuerpo del delito -la tarjeta de crédito- fue fruto de un procedimiento ilegítimo.
Formula reserva del caso Federal (artículo 14 de la Ley 48).
IV. Concedido el recurso por el “a quo” -fs. 51/52-, las partes fueron notificadas de la radicación de la causa por ante esta Sala -fs. 58.
A fs. 66, el señor Defensor Particular, doctor Pablo Miqueleiz, presentó un escrito en el cual manifestó que desistía de la audiencia peticionada.
Por su parte, el señor Fiscal Adjunto ante este Tribunal, doctor Jorge Armando Roldán, desistió también de la celebración de audiencia y solicitó en el memorial acompañado el rechazo íntegro de las pretensiones articuladas, fs. 67/70.
Cumplidos los trámites de rigor el presente recurso pasó a estudio sin más trámite.
V. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El presente recurso fue interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el cual se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el artículo 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, el impugnante se encuentra subjetivamente legitimado para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en la presente causa.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h" y 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 450, 451, 454 inc. 1º, 456, 457, 458 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. El planteo de nulidad del procedimiento de allanamiento en el domicilio de Rojas, y de todos los actos que son su consecuencia, no puede prosperar.
Al respecto, es dable destacar que los agravios esgrimidos por el impugnante ante esta instancia, resultan ser una reedición de aquellos que fueran deducidos en el devenir del juicio, siendo rechazados fundadamente por el sentenciante, sin que la defensa logre conmover con su argumentación lo allí decidido.
Ahora bien, comparto los argumentos expuestos por el órgano “a quo” para desechar el planteo de nulidad. Entendiendo que los mismos son adecuados.
Primeramente y como bien lo señaló el sentenciante, cabe señalar que el procedimiento de allanamiento en la vivienda del encartado ubicada en la calle Yapeyú Nro. 1050 se trató de una medida llevada a cabo en cumplimiento de una orden legítima dispuesta por un órgano compentente -Juzgado de Garantías 5 Departamental-, con lo cual no se ha violentado garantía constitucional alguna.
Dicho ello, no puede como intenta el recurrente, aludirse a un exceso en la inspección de inmuebles que no estaban descriptos en la manda judicial y que igual fueron requisados, desde que y conforme se ilustra en la imagen de fs. 63, se trata de una única construcción dividida en varios ambientes, no surgiendo en ningún lado de forma clara y precisa la existencia de departamentos o viviendas separadas, con ingresos o entradas independientes.
Así del acta de procedimiento, surge que al ingresar los funcionarios policiales, con el fin de cumplir con la orden judicial, indicaron que se trataba de una vivienda de dos plantas, ingresando primeramente a la planta baja para luego acceder a la planta alta.
El oficial de policia Juan Antonio Cardassa, quien participó de la diligencia en cuestión describió el domicilio allanado indicando que era una vivienda de dos plantas con una construcción atrás.
Por su parte, el testigo de actuación Diego Ibarra, confirmó los dichos del funcionario al indicar que se trataba de una casa con una planta alta y otra baja con una construcción detrás.
Indicó asimismo que vio el momento en el que los oficiales encontraron la tarjeta de crédito dentro de un ropero y aclaró que cada vez que éstos iban a requisar un lugar lo llamaban, siendo que además estaba presente el dueño de la casa y los acompañaba por los distintos ambientes.
Por lo tanto entiendo al igual que lo hiciera el Tribunal de la intancia, que el domicilio ubicado en la calle Yapeyú N° 1050 de Paso del Rey, se trataba de la vivienda de Rojas, la cual habitaba junto a su familia al momento de cometer el hecho y de practicarse el allanamiento.
En razón de lo expuesto, no advierto que haya existido en la presente causa la presencia de irregularidad alguna que permita invalidar el procedimiento cuestionado, como tampoco la existencia de una efectiva violación de garantías constitucionales que ocasionen un perjuicio concreto para los intereses del recurrente, por lo que este primer motivo de agravio debe quedar definitivamente desechado.
II. Por último, considero que el agravio invocado por el recurrente, a través del cual discrepa con la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de juicio, no puede prosperar.
Como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Pero, para que el tribunal revisor pueda abarcar dichas cuestiones, ello dependerá de la actividad misma de la parte interesada. A tal efecto resulta necesario que el recurrente sea preciso al momento de denunciar este tipo de agravios, puesto que resulta imprescindible acotar el trabajo de revisión judicial exclusivamente a las partes esenciales de las sentencias impugnadas.
En este sentido es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál es la afirmación del tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo habrá de refutarse dicha aseveración. Los agravios deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo, del mismo modo que la prueba ofrecida debe ser pertinente y suficiente para demostrar el error en el que han incurrido los jueces, y dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación.
Sentado ello, y frente a lo que sostiene la impugnante, el "a quo" expresó las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias al tener por acreditada la reconstrucción histórica de los hechos en los términos propuestos en cabeza del acusado, como quedara plasmado en la sentencia puesta en crisis.
Con el fin de probar los extremos legales mencionados y la coautoría penalmente responsable de Rojas en el evento reseñado, el Tribunal realizó un pormenorizado análisis de las distintas piezas probatorias, que lo llevó a no dudar de colocar ese extremo en cabeza del encausado, no evidenciándose vicios lógicos o defecto alguno que importe una vulneración a las reglas consagradas en los artículos 210 y 373 del ordenamiento ritual.
Para ello valoró los distintos testimonios que tuvieron lugar durante la audiencia de debate, como así también las distintas constancias que fueron incorporadas por lectura al juicio, sin oposición de las partes.
El “a quo” formó convicción en los testimonios brindados durante la audiencia de debate por las propias víctimas, Juan Ignacio Rossi y Marianela Salvo, quienes sindicaron al aquí inculpado como autor del mismo.
En efecto, el damnificado en primer término recreó las circunstancias de tiempo modo y lugar en el que se desarrolló el ilícito.
Así, contó en el juicio, que el día del hecho, mientras lavaba el auto dentro de su casa, ingresaron dos sujetos por el portón, con armas de fuego, los que al grito de: “gordo estas puesto” lo inmovilizaron, atándolo de pies y manos con cinta de embalar. Aclaró que los delincuentes se comportaron de forma violenta, siendo que uno de ellos “le tiró un revolvazo”, golpeándolo en la cabeza. También lo amenazó de muerte.
Recordó que entre los objetos sustraídos se encontraban prendas de vestir, tarjetas de crédito de distintos bancos, entre ellas una de American Express, una pistola registrada a su nombre y dinero en efectivo.
Continuando con su testimonio, indicó que en el ínterin arribó su mujer Marianela, a quien la llevaron por la fuerza hasta la cocina de la casa, enterándose luego que le habían sustraído unas cadenas de oro que llevaba consigo.
Dio cuenta al Tribunal, que el mismo sujeto que lo apuntó con un revólver y registró su automóvil, tenía un tatuaje en su brazo. Al mismo lo reconoció en la diligencia en rueda de personas.
Cabe indicar, que el damnificado individualizó la tarjeta de crédito American Express, que le fuera exhibida en el debate, como de su propiedad.
Por otra parte, y al ser interrogado, señaló que en un primer momento sospecharon del jardinero, ya que no solo sabían que tenía malas juntas, sino que además conocía el movimiento y manejo de dinero en la casa. A partir de allí, y luego de iniciar una búsqueda en la red social Facebook, observaron que los autores del atraco aparecían como amigos del parquero.
Indicó que luego de sucedido el hecho, tomó conocimiento, a través de sus vecinos, que los delincuentes huyeron en un Citroen C3 color bordó y que los mismo se llevaban puestas las camperas que le habían robado. También se enteró que unos sujetos habían estado en el negocio de su madre preguntando por él.
Por su parte, Marianela Salvo, la otra damnificada, contó ante el Tribunal que cuando llegó a su casa vio en la puerta, a metros del portón, un automóvil de color bordó, circunstancia que le llamó la atención toda vez que no se trataba de un vehículo que perteneciera a algún vecino.
Que al ingresar a su vivienda fue recibida por dos personas a quienes no conocía, siendo que uno de ellos se le aproximó con un arma, le arrebató una cadena de oro que llevaba puesta, la golpeó en la mejilla haciéndola caer y una vez en el piso la insultaron y le pegaron patadas.
En cuanto a las características físicas de éstos, pudo señalar que al que más recordaba era al que tuvo frente a frente, que fue quien le manoteó la cadena, y era el que tenía “un tatuaje horrible en el brazo”. Aclaró que la nariz de uno de ellos era tipo “aguileña” alargadita, y presentaba una estatura mediana y robusta, mientras que el otro, el que empuñaba el arma, poseía una dentadura prominente tipo “dientón”, y era delgado.
Asimismo, la víctima contó cómo fue que llegó a dar con los autores, explicando que se había obsesionado por saber la identidad de los mismos, por lo que empezó a buscarlos en la red social Facebook hasta llegar a dar con el perfil de “Beto” Rojas. Refirió que: “encuentro un perfil perteneciente a Beto Rojas y al verlo me doy cuenta que se trataba de la persona que me había robado, Beto de los dos era el que tenía el arma, medio peladito, fibroso, con dentadura prominente”.
Aclaró la damnificada, por preguntas que le formulara la defensa respecto a la investigación que realizara, que estaba próxima a recibirse de abogada y que había efectuado un curso de delitos informáticos en el cual muchas víctimas habían podido encontrar a los autores a través de las redes sociales. Indicó que las fotografías las imprimió, se las mostró a su pareja y éste coincidió en cuanto a que se trataban de las mismas personas que habían ingresado a su domicilio.
La testigo reconoció en el debate la tarjeta de crédito American Express secuestrada en autos.
En lo que respecta al reconocimiento en rueda, manifestó que participó del mismo, que reconoció a Rojas y que cuando pidió si era posible que exhibiera sus brazos para ver los tatuajes, la defensa del incuso se negó.
Finalmente señaló que logró resguardarse en el baño, porque pensó que la iban a matar, hasta que minutos más tarde fue encontrada allí por su marido.
Luis Suarez señaló que vio a dos sujetos salir corriendo de la casa de Rossi y subirse a un Citroen C3, el cual aceleró raudamente y se fue en dirección a la ruta 205. Al acercarse a la vivienda de su vecino, lo
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