Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 59617
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 7 de mayo de dos mil diecinueve reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky, Daniel Carral y Florencia Budiño , con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa N° 59.617 y acum. 59.622 caratulada “De Nardis Natalio, Ponti Mauro, Acuña Luis, Steingruber y Brandan Leonardo s/ Recurso de Casación interpuesto por Fiscal” , conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – CARRAL - BUDIÑO
I. El Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, con fecha 6 de mayo de 2009 dictó veredicto absolutorio respecto de los imputados de autos, en relación al delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Gastón Duffau.
II. Contra dicho pronunciamiento interpusieron recursos de casación los Agentes Fiscales.
III. El 24 de agosto de 2010 la Sala II de este Tribunal de Casación dictó resolución en la causa que nos ocupa, declarando admisible el recurso interpuesto, anulando la sentencia absolutoria y reenviando los autos a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la Matanza a efectos de que un nuevo Tribunal lleve a cabo un nuevo juicio.
IV. El 21 de mayo de 2013, luego de la celebración de un nuevo juicio, el Tribunal en lo Criminal N° 4 del mencionado Departamento Judicial, dictó veredicto absolutorio.
V. Contra dicho fallo interpusieron nuevamente Recurso de Casación los Agentes Fiscales.
VI. La Sala VI del Tribunal de Casación, con fecha 14 de julio de 2016, declaró admisible la impugnación deducida, hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto y condenó a Mauro Ponti, Luis Acuña y Rubén Steingruber, como coautores penalmente responsables del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Gastón Duffau, imponiéndoles la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Condenó también a Natalio De Nardis y a Luis Brandan, como partícipes necesarios responsables del delito de tortura seguida de muerte, en perjuicio de Gastón Duffau, imponiéndoles la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas.
VII. Contra dicha sentencia los defensores de los encartados interpusieron sendos recursos extraordinarios.
VIII. Con fecha 23 de marzo de 2017, la Sala VI de este Tribunal –en concordancia con la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, aplicando lo resuelto en causa P. 108.199 (res. del 26/6/2015 “Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de Casación”, resolvió remitir los autos a la Presidencia de este Tribunal para que desinsacule nuevos jueces hábiles a fin de que lleven a cabo la revisión integral de la sentencia cuestionada.
Previo a ello, otorgó nuevas vistas a las partes para que readecuen las impugnaciones interpuestas.
IX. En ese marco el defensor particular de los encartados Steingruber y Ponti expuso entre los motivos de agravio, la arbitrariedad del fallo por falta de adecuada fundamentación, y arbitraria valoración de la prueba. Se quejó además de la calificación impuesta. Expuso que se incurrió en la violación de las garantías constitucionales tales como el “ ne bis in idem” así como la de ser juzgado en un tiempo razonable. También denunció afectación al principio de congruencia, consecuentemente al derecho de defensa en juicio. Peticionó la absolución de sus asistidos en el marco de lo dispuesto por el artículo 1° del Código Procesal Penal –v. fs. 516/550-.
También interpuso recurso el defensor del imputado Brandan, denunciando absurda valoración de la prueba en orden a la materialidad ilícita y consecuente intervención atribuida a su asistido. En lo que respecta a este último punto se quejó del rol de partícipe necesario que se le atribuyó a Brandan. Peticionó la absolución de su asistido en los términos de lo dispuesto en el artículo 1° del Código Procesal Penal. Expuso como otro motivo de agravio la violación de la garantía “ne bis in ídem” –v. fs. 551/579-
La Defensora Adjunta ante esta Sede, doctora Susana De Seta, a cargo de la asistencia técnica de los encartados Acuña y De Nardis también recurrió la sentencia y denunció la arbitrariedad del fallo. Sostuvo que se aplicaron erróneamente las disposiciones de los artículos 144, ter, inciso 1, 2, y 3 del Código Penal y que se inobservó el principio “in dubio pro reo” por apartamiento de las constancias de la causa. Indicó que la decisión tan solo brindó una fundamentación aparente. Respecto al encartado De Nardis sostuvo la errónea atribución de intervención en carácter de partícipe necesario. También se quejó de la falta de fundamento en lo que respecta a la coautoría atribuida a Acuña. Reclamó también la inobservancia de las garantías del “ne bis in ídem” y la de revisión amplia de cuestiones de hecho y de derecho. Por último señala que se afectó la garantía procesal del “plazo razonable” -v. fs. 483/491, 506/508 y 682/692-.
Por su parte el Ministerio Público Fiscal presentó memorial peticionando que se confirme en un todo la sentencia dictada –v. fs. 595/604-.
Celebrada la audiencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal, la Defensora Adjunta indicó que se expide en parejos términos a los expuestos al expresar los agravios y por su parte el Fiscal ante esta Casación se remitió al memorial presentado –v. fs. 681.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se plantean y votan las siguientes,
Primera : ¿Son procedentes los recursos?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:
I. Inicio el análisis de autos señalando que La Sala VI de este Tribunal de Casación tuvo por probada la existencia del hecho en crisis conforme fue descripta por el acusador público, con la corrección del horario consignada por el particular damnificado, respecto al ingreso al establecimiento asistencial (v. fs. 353).
Conforme ello, la materialidad ilícita probada reza que el 23 de febrero de 2008, seis efectivos policiales en funciones –uno fallecido- pertenecientes a la seccional distrital noroeste II, ubicada en Avenida de Mayo al 500, de la localidad de Ramos Mejía, procedieron a efectuar el traslado en el móvil identificable como 11011; estacionado frente a la sede policial, de un masculino con vida, el que se encontraba legítimamente privado de libertad, colocándolo en la parte posterior, más específicamente en la caja del vehículo oficial. Ubicaron a la víctima de autos –teniendo el poder de hecho sobre la misma- boca abajo, brazos hacia arriba, atados con dos juegos de esposas en sus muñecas, e inmovilizaron sus piernas a la altura de los tobillos con un cinturón color negro. Partiendo del frente de dicha Seccional a las 22.14; en su trayecto aquellos funcionarios policiales aplicaron tortura a la víctima, mediante el empleo de golpes múltiples, lesiones fracturarias traumáticas y a consecuencia de éstas provocaron su deceso por traumatismos graves asociados a la asfixia mecánica por un mecanismo combinado de comprensión extrínseca del cuello y de la región toraco abdominal. Seguidamente, arribó al Hospital Interzonal General de Agudos, Profesor Doctor Luis Güemes, de la localidad de Haedo, Partido de Morón, a las 22.20, con la víctima fallecida (v. fs. 64/65 legajo 59.617). Ingresando al nosocomio de mención a las 22.25 horas –conforme agregado formulado por el representante del Particular –v. fs. 58 vta-
II. Por cuestiones que atañen a un mejor orden expositivo, corresponde dar tratamiento primeramente a los agravios de índole constitucional.
Afectación al principio “nen bis in ideam”.
Si bien ya ha sido objeto de tratamiento esta cuestión, vale mencionar que es doctrina de Sala que la facultad de recurrir la sentencia condenatoria o absolutoria por el acusador no quebranta la prohibición de doble valoración.
Si bien conforme la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Arce, Jorge D.” Fallos. 320:2145, el derecho al recurso del Ministerio Público Fiscal no es asimilable al del imputado, la facultad de impugnar la sentencia por el acusador no quebranta la prohibición aludida.
Se trata de remedios contra las resoluciones judiciales consideradas injustas por y para alguno de los protagonistas del procedimiento, legitimados para intervenir en él y a quienes la resolución alcanza, bajo la condición básica de que el pronunciamiento les provoque un agravio, esto es, decida en contra de sus intereses expresados en el procedimiento, concediéndoles algo menos de aquello que pretenden.
Frente a una sentencia emanada de un juicio público, tanto el acusador como el acusado tienen, en general, la facultad de impugnarla, cuando ella en su dispositivo perjudica el interés de quien recurre o de aquél en nombre de quien se recurre.
Antes de la muda constitucional de 1994 la CSJN dijo, y es su doctrina, que el derecho al recurso es un derivado del debido proceso.
Tampoco puede sostenerse que afecte la garantía de la doble instancia en atención a la casación con reenvío y la multiplicidad de instancias recursivas existentes en la Provincia.
La defensa habla del doble riesgo, refiriéndose al sistema anclado en el derecho estadounidense, más nada hay en el caso que encuentre sitio en el mismo.
Con palabras prestadas de Tomás Vives Antón (su ponencia ante el Consejo General del Poder Judicial Español) digo que la tendencia en el control de constitucionalidad aproxima el sistema al anglosajón e introduce el double jeopardy que lleva como de la mano a la quinta enmienda de la Constitución de los EEUU de América en cuanto prescribe que nadie debe ser obligado a poner dos veces en peligro su vida o integridad física por la misma ofensa.
Por otras palabras, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
No hacía falta ir tan lejos, el Código Procesal Penal dice exactamente eso, nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
¿Acaso que el fiscal disconforme reclame mayor pena lo es? De ninguna manera, el proceso es el mismo, está abierto a una instancia superior por su recurso.
El fundamento de la cláusula norteamericana no se halla en las exigencias generales de seguridad jurídica inherentes al sistema de enjuiciar, que exigen una, y solamente una, resolución definitiva, sino en las particulares de libertad y seguridad (tanto jurídica cuanto material) del individuo que cuando recurre la sentencia le da al acusador la oportunidad para que la misma se retuerza en perjuicio del primero siempre que la solicite y que, para evitar que el temor a una "venganza" del Tribunal pueda hacer desistir del derecho al recurso, las razones de la agravación se hagan constar expresamente (vid., v.g., North Carolina v. Pearce -1969-).
El pilar fundamental que anima la cláusula del doble riesgo es que el Estado no debe tener atribuciones para oprimir a los individuos a través del abuso del proceso penal.
Empero no existe un principio que permita verificar cuando un nuevo procesamiento resulta opresivo en los términos de la cláusula, debiéndose hacer un balance entre los intereses opuestos de individuos y comunidad.
La Suprema Corte de los Estados Unidos considera tradicionalmente que la cláusula resguarda tres intereses del acusado: verse libre de ulteriores procesamientos, obtener una sentencia definitiva y que todo el juicio se desarrolle ante el primer tribunal.
Por supuesto que el más importante de tales intereses es el de estar libre de procesamientos sucesivos, en razón que los múltiples intentos del Estado de demostrar la culpabilidad desorganizan la vida personal del acusado durante el juicio y por lo tanto constituyen un instrumento por el cual puede verse acosado gravemente; y los procesamientos reiterados aumentan el riesgo de condenar injustamente a un acusado inocente ya que lo desgastan psicológicamente, al paso que brindan al Estado nuevas oportunidades para aprender de sus errores anteriores y rectificar estrategias procesales.
Desde la mira del interés comunitario los del acusado no son absolutos y deben ser contrapesados con los que tiene el Estado para aplicar sus leyes penales, y esa necesidad social se satisface garantizando a la comunidad el derecho a contar con una oportunidad para demostrar la culpabilidad del acusado, mediante un proceso único, completo e inmaculado, garantizando al acusado que no será procesado nuevamente cuando se haya completado un proceso libre de vicios, pero, cuando estos últimos privan a la sociedad de su derecho a intentar demostrar la culpa, se aplican ciertas reglas bien arraigadas del double jeopardy conforme a las cuales casi siempre se puede reiterar el proceso.
Pero el caso no tiene nada que ver con eso ya que el proceso no es continuado por otro ni es demostrativo de un escandaloso y deplorable abuso de poder para reclamar la protección que suministra el doublé jeopardy ( cfr., en detalle Rick A. Bierschbach “One bite at theaple. Reversals of conviction stainted by prosecutorial mis conduct and thebanon doublé jeopardy”, en Michigan Law Review, volumen 94, número 5, marzo de 1996, página 1346 , reproducido por la Publicación de la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la CSJN 1(1997)páginas 55 a 59 ).
Además de lo dicho, corresponde indicar que en principio la operatividad de la garantía se encuentra supeditada a la existencia de una sentencia firme, circunstancia que no es justamente la del caso.
b.- En otro de los agravios se sostiene que se encuentra afectado el derecho ser juzgado en un plazo razonable -artículo 2° del Código Procesal Penal- , argumentación adicional en procura del objetivo de lograr la anulación del fallo.
Sobre el punto tan solo habré de referir que la recurrente no expuso en su reclamo la afectación de ninguno de los requisitos que deben concurrir para la procedencia de un planteo de esta índole.
Sabido es que el plazo razonable de duración del proceso no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso. Nuestro ordenamiento jurídico no contiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación" (causas P. 99.030, sent. de 27-II-2008; P. 108.306, sent. de 15-X-2014; P. 120.155, sent. de 7-IX-2016 y P. 126.777, sent. de 26-X-2016.).
Ahora bien, para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta los siguientes elementos (Acuerdo Plenario en C. 5627), a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del proceso implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido. Ni uno de estos tópicos ha sido abordados por el recurrente respecto al concreto caso de autos, por lo que el agravio se presenta insuficiente.
c. En cuanto a la afectación a la garantía de revisión amplia, no se logra visualizar con claridad el punto de reclamo de la misma. Ello así, en tanto no se explicitó de qué modo la misma resultó afectada. Entiendo que la decisión recurrida cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales, en tanto abordó y se expidió sin cortapisas formales sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
En el caso la Sala VI de este Tribunal de Casación fue quien en el marco de sus amplias atribuciones de revisión resolvió revocar el veredicto absolutorio pronunciado en la primera instancia y condenó a los asistidos de las recurrentes.
Ahora bien, si el agravio está vinculado con el trámite aplicado en autos, sin perjuicio que eventualmente se revela prematuro, vale señalar que el mismo no busca más que salvaguardar la garantía que se invoca como estropeada. El fin del mismo no es otro que el de garantizar la mayor plenitud al derecho del recurso emergente de los arts. 8.2. h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P., buscando proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral del fallo, con el único fin de amparar así la garantía que se denuncia como menoscabada.
En razón de lo dicho este agravio también resulta improcedente.
d.- En relación a la afectación al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio denunciados, sostiene la recurrente que el Tribunal acreditó la materialidad ilícita realizando una extensión en orden al lapso de ocurrencia del mismo, por fuera de la imputación.
No asiste razón a la parte. Véase que tal como surge del fallo, el lapso respecto al que se agravia la recurrente responde al señalamiento realizado por el particular damnificado al momento de alegar donde expresa que el ingreso de la víctima al nosocomio fue a las 10:25. Dicha mención no altera para nada la base fáctica de la imputación.
Repárese que durante toda la investigación el hecho imputado fue el mismo, lo que se reflejó en la requisitoria de elevación a juicio, en la apertura del debate, y en los alegatos finales (arts. 334, 336, 354, 357, 367, y 368 sgtes y conc. del rito)
De tal forma, no hay vulneración del derecho de defensa pues no existe sorpresa alguna para los imputados quienes en todo momento tuvieron la posibilidad de ejercer todas las facultades que por su calidad le son conferidas: controlar la prueba a producir, solicitar nuevas medidas de prueba y, finalmente, alegar.
Es que debe tenerse en cuenta que la requisitoria es una formulación caracterizada por su carácter provisorio y su base en los medios de investigación llevados a cabo durante la Investigación Penal Preparatoria. Nótese que la requisitoria carece de una solicitud concreta de pena pues es en el juicio donde se producirán los medios de prueba sobre los que luego acusará. Por lo tanto, durante el juicio donde debe haber exacta correlación entre acusación y sentencia. Es decir, entre lo que fue objeto del juicio y el pronunciamiento jurisdiccional sobre él.
Sin perjuicio de lo dicho, entiendo aquí oportuno recordar que dentro de los derechos y facultades del particular damnificado se encuentra la de intervenir en la etapa de juicios (artículos 79, 367, 368 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal), por los que sus aportes deben también tener un adecuado tratamiento por parte del juzgador.
En consecuencia, el agravio tampoco resulta procedente.
II. Ahora bien, ya ingresando al análisis del hecho, cabe señalar que si bien asiste razón a los recurrentes en varios de los argumentos presentados para fundar sus agravios, ellos en lo esencial no alcanzan para modificar el fallo dictado por la Sala VI del Tribunal de Casación.
Surge del estudio de autos que no hay dudas acerca de que la muerte de Gastón Duffau se produjo en circunstancias en la que era trasladado desde la Seccional Distrital Noroeste II de Ramos Mejía al Hospital “Dr. Luis Güemes” de Haedo, más precisamente en la caja de la camioneta policial N° 11011 y en momentos que estaba “reducido”, de pies y manos, bajo el control y custodia de una comisión conformada por el personal policial Natalio De Nardis, Leonardo Brandán, Mauro Ponti, Luis Acuña y Rubén Steingruber. Este segmento fáctico fue admitido sin objeciones.
El principal punto de objeción radica en la determinación de si las lesiones que presentó Duffau –las que definieron su muerte- fueron ocasionadas por el personal policial en custodia.
Adelanto que el Tribunal no incurrió en una absurda y arbitraria valoración de la prueba, en contrario de lo que indican las recurrentes, entiendo que su análisis fue integral.
Me explico: en su labor la Sala VI tuvo principalmente en cuenta la circunstancia probada
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