Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 91638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso interpuesto.
Rigen los artículos 18 y 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, 12, 29 inciso tercero, 40, 41, 42 y 80 inciso primero del Código Penal; 210, 342 bis, 371, 371 bis, 371 quáter, 375 bis, 448, 448 bis, 451, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 9 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 91.638 (Registro de Sala número 24.827), caratulada: “Schamberger, Miguel Ángel s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.
En lo que interesa destacar el Tribunal en lo Criminal número 3 de Bahía Blanca, previo juicio por jurados que dictó veredicto de culpabilidad, condenó, luego de la cesura de juicio, a Miguel Ángel Schamberger a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.
Contra dicho pronunciamiento el Defensor Oficial interpuso recurso de casación (fs. 58/69) denunciando que el jurado se apartó de la prueba producida en el debate sin superar la duda razonable y en consecuencia, el veredicto es nulo.
Destaca la ausencia de elementos de cargo vinculados a la pretendida intención homicida de Schamberger y cita extractos de testificales producidas durante el debate.
Sostiene, a su vez, que el veredicto es nulo en tanto el Fiscal actuó de manera impropia, ya que informó al jurado de los dichos autoincriminatorios expresados, presuntamente, por su asistido en sede policial.
Finalmente, tacha de arbitraria la sentencia por cuanto efectuó una errónea ponderación de las circunstancias extraordinarias de atenuación, resultando desproporcionada la pena impuesta.
Concedido el recurso (fs. 71), se radica en Sala con noticia a las partes (fs. 80).
El Defensor ante la instancia desiste de informar oralmente y presenta memorial sustitutivo (fs. 81), manteniendo los motivos de la presentación originaria.
La Fiscal, a su turno, propuso el rechazo de la impugnación (fs. 82/86).
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero . He adherido en lo sustancial en el precedente “Mazzon, Marcos Ezequiel”, causa número 72.016, de la Sala I de este Tribunal, del 27 de octubre de 2015, al voto del doctor Daniel Carral en la primer sentencia producto del procedimiento instaurado a partir de la reforma que concretó la reglamentación del juicio por jurados populares, donde se ha dicho y vuelvo a decir lo siguiente: “Su trascendencia no se agota en la satisfacción que genera entre nosotros el cumplimiento de una vieja y sostenida manda constitucional, triplemente invocada en nuestra Carta Magna nacional y de expresa receptación también en la Carta fundamental de derechos de esta provincia de Buenos Aires, sino que importa, para el servicio de administración de justicia, la profundización de los principios rectores que hacen al sistema adversarial, reforzando la garantía de imparcialidad, incorporando, al mismo tiempo, la participación directa del pueblo en decisiones que hacen al desarrollo de nuestra vida institucional.
En este sentido, la concreción por parte del Poder Legislativo provincial de la instauración del juicio por jurados en casos criminales, no puede tener vuelta atrás desde que, cumplido el cometido que manda la constitución, se erige entonces como una garantía más de orden jerárquico superior que no podrá ser soslayada sin graves consecuencias para nuestro sistema republicano.
Celebramos entonces que el juicio por jurados haya llegado a estas latitudes para transformarse en la puerta de ingreso a un siglo XXI, destinado a dejar definitivamente de lado los resabios inquisitivos que predominaran durante más de un siglo de nuestra historia reciente.
Así como el precedente Herrera Ulloa contra Costa Rica emanado de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y su reflejo a nivel nacional a partir de “Casal”, pronunciado por nuestra Corte Federal, significaron entre nosotros un nuevo estándar en materia de revisión de veredictos de culpabilidad, es de esperar que las reglas que rigen el juicio por jurados coadyuven a una mejor intelección y rendimiento de las normas que rigen los procesos sustanciados por ante jueces técnicos, de modo que las conquistas en materia de modelo adversarial puedan guiar todos los casos sometidos a proceso penal en el ámbito de nuestra provincia”.
Segundo. El Fiscal consideró probado y el jurado tuvo por acreditado que el 2 de julio de 2017, en horas del mediodía aproximadamente, en el interior de la vivienda ubicada en la calle San Pablo entre José Hernández y San Martín de la localidad de Bordenave, partido de Púan, Miguel Ángel Schamberger intentó dar muerte por asfixia a su pareja Fátima Soledad Luckman, tomándola del cuello, levantándola del suelo, no haciendo pie la víctima.
En dichas circunstancias los hijos menores de la pareja, quienes presenciaron los acontecimientos, salieron a pedir auxilio para su madre, la que finalmente fue hallada inconsciente por agentes policiales y reanimada camino al hospital por personal médico.
Tercero. Sostiene la defensa que el veredicto del jurado no superó en el caso el estándar probatorio de la duda razonable.
Entiende que el jurado se apartó manifiestamente de la prueba rendida en debate, dirigida a demostrar que el acusado no actuó con dolo homicida.
En esa línea, trae a colación los dichos de la agente policial Andrea Cannes, quién manifestó que tenía trato habitual con el imputado y nunca tuvo problemas con él.
Lo mismo en relación al testigo Rodrigo Pereyra, quién aportó un buen concepto general de Schamberger.
A su vez, indica que conforme surge de las declaraciones del agente policial Garaglia, de Omar Montangier y de la propia víctima, el acusado no era una persona violenta pero ese día estaba muy nervioso.
Señala que de las testificales valoradas surge que el acusado vivía frente a la comisaría, que no era una persona violenta, que las puertas del hogar se hallaban sin llave al momento de ocurrir el hecho y que fue a plena luz del día, remarcando que ni los medios, ni el tiempo ni, el lugar, eran demostrativos de la intención de matar.
Adelanto que los planteos no progresan.
En primer lugar, debo destacar que, conforme surge de los argumentos vertidos por el recurrente, éste afinca su reclamo en la valoración de los elementos probatorios desarrollados en el juicio, los que determinaron la decisión del jurado; sin cuestionar las instrucciones dadas por el juez.
En otras palabras, al introducir el principio de la duda, hace referencia a los elementos de prueba colectados y valorados con los que el jurado llega al veredicto de culpabilidad, por lo que la diatriba de la defensa es sobre el camino lógico seguido por ese cuerpo.
Partiendo de dicha premisa, a este control sólo le corresponde evaluar la vinculación entre decisión y duda razonable, o lo que es lo mismo, que la declaración de culpabilidad se encuentre acreditada más allá de ella, pues de lo contrario estaríamos introduciéndonos en facultades legales y constitucionalmente atinentes al jurado, como lo que ocurre en el acto de deliberación final (en el que se analiza las cuestiones de hecho vinculadas a la acreditación de la materialidad ilícita y la intervención que le cupo al imputado) para la toma de decisión.
En otras palabras, debemos analizar la exigencia normativa del juicio en la valoración del jurado, esto es, si fue correcto el pronunciamiento de culpabilidad, más allá de una duda razonable, siendo el derecho que dota su contenido.
Como dije y repito, la defensa no denunció arbitrariedad o inobservancia en las instrucciones particulares o generales, pues nada condicionó su decisión; sino que reclamó algo mucho más complejo.
En base a sus argumentaciones, el recurrente señala que el veredicto recaló en una decisión que no respondió a las pruebas presentadas en el debate, en armonía con la exigencia de que la culpabilidad debe ser establecida “más allá de una duda razonable”, pues justamente apunta a la falta de certeza en la comprobación del hecho conforme los lineamientos de la acusación (existencia de dolo homicida), debido a una absurda valoración de la prueba.
Es respecto a la fórmula “más allá de una duda razonable” sobre la que debe dirigirse el análisis, para establecer si el jurado se ha apartado de la misma en los términos establecidos para recurrir y verificar con ese norte, si el veredicto de culpabilidad se dictó conforme a la prueba colectada y a la luz de las instrucciones, en torno a esa premisa.
Así las cosas, el jurado, a partir de la prueba producida en debate, declaró culpable a Miguel Ángel Schamberger del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, desterrando la posibilidad de que haya actuado bajo emoción violenta.
Es menester destacar que el jurado recibió las instrucciones pertinentes, las que por otra parte no fueron cuestionadas por la defensa, incluyendo, como bien señala la Fiscal, los conceptos medulares y propios de la temática específica, puntualizando los elementos que deben concurrir para afirmar que existe “emoción violenta”: un nivel psíquico emocional de tal magnitud que lleve a la persona a un estado en el que se hace casi imposible controlar los impulsos y que este particular estado psíquico sea excusable.
En este sentido, la teoría de la defensa respecto a que Schamberger actuó bajo un estado de emoción violenta y que no tuvo intenciones de matar, se basa exclusivamente en algunos fragmentos de testificales de vecinos y conocidos del imputado que se expidieron sobre el buen concepto que tenían del mismo, intentando instalar, como apunta la Fiscal, que se trataría de una situación excepcional que atravesó su asistido.
Más con ello, no logra justificar el pretendido apartamiento manifiesto de la prueba producida o la “emoción violenta” aludida; pues no surge del escrito recursivo un examen integral de los elementos probatorios colectados; que evidencien que la conclusión de culpabilidad del jurado sea inconciliable con la misma; desentendiéndose el recurrente, entre otras cosas, de la declaración de la víctima.
Manifestó Fátima Soledad Luckman que el día del hecho habían terminado de almorzar y sorpresivamente, Schamberger la tomó del cuello, la levantó en el aire, diciéndole “si nos sos para mí, no sos para nadie”.
Explicó que su hijo intentó salir a pedir ayuda por la puerta del frente y en ese momento su pareja la soltó, para detener al niño; para luego, ella ya en el suelo, ser atacada nuevamente por el acusado, el que se posicionó sobre ella y la asió nuevamente del cuello.
Además, el recurrente parece desconocer que, luego de producido el hecho, Schamberger señaló a distintos testigos –Garaglia, Dukart, Iparraguirre- “ya está, la maté” o “me tenían loco los cuernos”.
Por otra parte, es dable recordar que no es posible confundir el peculiar estado de ánimo requerido por el tipo; con la emoción propia y ordinaria de todo ser humano que atraviesa una emoción conmocionante o conmovedora; en la emoción violenta hay un verdadero desajuste: se procede sin tino, al margen de la plena voluntad.
Frente a ello, y si bien es cierto que la figura no tiene por fin proteger a los agresivos, no resultan atinadas las afirmaciones del impugnante que pretende justificar la existencia de la emoción en el momento del hecho, a partir de determinadas características de la personalidad del imputado, como su falta de agresividad o los rumores vinculados a infidelidades cometidas por la víctima, cuando el estallido puede provocarse en cualquier persona si se dan las circunstancias.
Además, el raconto efectuado por la víctima permite descartar el elemento subjetivo de la figura, ya que fueron dos las veces en el Schamberger intentó asfixiarla –renovando así el dolo homicida-, mediando en el interín la intervención de su hijo en pos de ayudarla, resultando dicha conducta incompatible con la espontaneidad del estallido emocional que la atenuante requiere.
En el precedente mencionado al inicio, he acompañado al doctor Carral en cuanto que, calificada doctrina sostiene que nuestra tarea en estos casos pasa por articular una base objetiva para la decisión del recurso sobre un veredicto del jurado que es inmotivado, corroborando la corrección de las instrucciones, verificando que no se encuentre afectado el debido proceso y examinando los elementos probatorios para establecer que el veredicto haya superado el test de la duda razonable.
Convengo entonces, que la entidad de la prueba desarrollada, permitió al jurado concluir, más allá de una duda razonable la inexistencia de los presupuestos necesarios y bastamente explicados por el Tribunal para que proceda la “emoción violenta” invocada, contrario a ello, probaron que el acusado intentó asfixiar a su pareja Lockart, no logrando su cometido por razones ajenas a él, comprendiendo la criminalidad de lo que hizo y sabiendo el resultado de su acto; no obstante consentir su producción.
Tampoco procede la pretensión de la defensa de declarar la nulidad del veredicto del jurado, atento el Fiscal desarrolló una conducta impropia, al hacer referencia en el marco del debate y frente al jurado a los dichos autoincriminatorios expresados por el acusado, en sede policial.
Para fundar su solicitud, transcribe una parte de la declaración de la agente policial Cannes, cuando refiere que se acercó al calabozo y se dirigió al imputado diciéndole “tal vez se salve, está en el hospital”, a lo que aquél respondió “ojalá que no se salve”.
Misma situación, plantea el recurrente, ocurrió al momento de los alegatos cuando el representante del Ministerio Público señaló que "el imputado dijo claramente lo que quería hacer, se lo dijo a cuatro policías…”.
En primer lugar, como bien señala el Ministerio Público, la ley no prevé sanción de nulidad para el supuesto mencionado.
Además, es materia del juez competente controlar que el desarrollo del debate sea en estricto cumplimiento de la ley.
Sobreabundando, la garantía que prohíbe la autoincriminación sólo opera en aquellos casos en que el acusado ha sido obligado de un modo directo –coacción- o indirecto –engaño- a declararse culpable; lo que no ha incurrido en el caso pues Schamberger no fue obligado o engañado por Cannes, con la que mantuvo una charla espontánea y voluntaria mientras estaba detenido, al igual que con el resto de los testigos que menciona el recurrente.
Finalmente, la defensa solicitó, en la audiencia de cesura, se tengan en cuenta, al momento de imponerse la pena, circunstancias extraordinarias de atenuación, conforme lo dispuesto en el artículo 80 último párrafo del Código Penal, porque según considera, surgen de la prueba producida.
El reeditado planteo no progresa.
Al respecto, corresponde señalar que, conforme reseñó el juez de origen, dicha cuestión debió ser sometida al Jurado, pues se trata de hechos y su prueba, resorte soberano del órgano que dictó el veredicto.
Además, la alternativa que intenta introducir la defensa no está prevista en la ley procesal, que sólo contempla la posibilidad –artículo 375 bis del Código Procesal Penal- que el juez se encuentre con que el veredicto de culpabilidad resulte manifiestamente contrario a la prueba producido y decrete la nulidad del mismo; lo que no ha sucedido en el caso.
Entiendo, a diferencia de la defensa, que lo pretendido importaría alterar la materialidad ilícita que el jurado tuvo por comprobada, pues a pesar que corresponde al juez resolver sobre la calificación legal, la misma debe limitarse a lo decidido en el veredicto.
En el caso, el jurado decidió sobre hechos que entendió acreditados, encuadrando los mismos en una de las tres opciones que tuvo para decidir: homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa –las otras dos eran lesiones graves agravadas por el vínculo en estado de emoción violenta y homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en estado de emoción violenta-.
En este andarivel, la defensa se aparta del procedimiento legal previsto al intentar introducir en la audiencia de cesura una cuarta opción: homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, pues no sólo es una figura legal distinta, sino que los elementos que la componen y la hacen procedente son diferentes a los de la “emoción violenta”, que de todos modos tampoco se tuvo por probada.
Al respecto tengo dicho que en la “emoción violenta” las “circunstancias” tienen que hacer excusable la emoción, en tanto que en las circunstancias a las que alude el artículo 80 parte final del código de fondo, no se toma en cuenta el carácter, la intemperancia o el desorden anímico del sujeto activo, sino hechos en cuya virtud el vínculo carece de significación y que pasan a constituir la causa determinante que impulsa a ejecutar la determinación de matar (Sala III, P. 27.107, 23/02/2010).
En virtud de lo expuesto, los motivos del recurso lucen insuficientes para demostrar las violaciones normativas denunciadas, permitiendo arribar al veredicto de culpabilidad sin menoscabo de la presunción de inocencia (artículos 18 y 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 42 y 80 inciso primero del Código Penal; 210, 342 bis, 371, 371 bis, 371 quáter, 375 bis, 448 y 448 bis del Código Procesal Penal).
Cuarto . Fijada la pena en el mínimo legal posible, conforme la invariable doctrina seguida por la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires y esta Sala, resulta ocioso pronunciarse sobre baremos de individualización de la misma.
Congruo con lo explayado, corresponde –y así lo postulo al Acuerdo- rechazar el recurso, con costas (artículos 18 y 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, 12, 29 inciso tercero, 40, 41, 42 y 80 inciso primero del Código Penal; 210, 342 bis, 371, 371 bis, 371 quáter, 375 bis, 448, 448 bis, 451, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
En consecuencia, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky y a esta cuestión me pronuncio POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso, con costas (artículos 18 y 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, 12, 29 inciso tercero, 40, 41, 42 y 80 inciso primero del Código Penal; 210, 342 bis, 371, 371 bis, 371 quáter, 375 bis, 448, 448 bis, 451, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Borinsky.
Con lo que no siendo para más se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
RECHAZAR, con costas, el recurso interpuesto.
Rigen los artículos 18 y 75, inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, 12, 29 inciso tercero, 40, 41, 42 y 80 inciso primero del Código Penal; 210, 342 bis, 371, 371 bis, 371 quáter, 375 bis, 448, 448 bis, 451, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a origen.
FDO.: RICARDO BORINSKY - VICTOR HORACIO VIOLINI
ANTE MI: ECHENIQUE. SECRETARIA.
REG. 383.
Fin de la sentencia