Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 95955
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Marcelo Ferrería;
II. Rechazar, por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 11/14 en favor de Noel Ezequiel Arce;
III. Tener presente la reserva del caso federal;
Rigen los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 CN; 20, 106, 210, 404, 421, 433, 448 inc. 1, 450, 460 a contrario sensu, 530, 531, 532 y c.c. del C.P.P.
"Registrado bajo el Nro. 580 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 6 de JUNIO de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 95955 caratulada “ARCE NOEL EZEQUIEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA-CARRAL.
El 21 de diciembre de 2018, la Jueza Dra. Mónica María Carreira, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial San Martín, actuando en forma unipersonal (art. 22 primer párrafo in fine C.P.P.), previo acordar en forma conjunta la Fiscal, el imputado y su defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del C.P.P., condenó a Noel Ezequiel Arce a la pena de tres (3) años y dos (2) meses de prisión, y costas, e inhabilitación especial por seis (6) años y cuatro (4) meses para ser miembro de cualquier fuerza de seguridad por resultar coautor penalmente responsable del delito de tentativa de extorsión (arts. 5, 29 inc. 3°, 40, 41, 42, 45, 168 del C.P. y arts. 371, 375, 399, 530 y 533 inc. 2° del C.P.P).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular, Dr. Marcelo Ferrería, interpuso recurso de casación que figura a fojas 11/14.
Ingresado la causa a la Sala con fecha 16/04/2019 y encontrándose en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva y ajustándose la vía utilizada a la competencia asignada a este cuerpo por los artículos 20 inc. 1, 401, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1 y c.c. del C.P.P., el recurso resulta admisible por lo que resta establecer la amplitud que corresponde otorgarle.
Al respecto, cabe destacar que al haberse escogido en autos el procedimiento de juicio abreviado (art. 395 c.c. y s.s. del C.P.P.), la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio en éste y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las que falló el primero, y que constan instrumentalmente en el expediente, son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por tal razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución que refieren a los motivos de agravio (434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, pues lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
Este es el caso, por ejemplo, de la impresión de los testigos, de lo que los magistrados deben dar cuenta circunstanciada para que pueda ser tenido como elemento fundante válido, conforme a la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión o “máximo esfuerzo revisor,” consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Casal (Fallos, 328:3399).
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (arts. 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena, que ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales -particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamiento de la Corte IDH-, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 CN, 8.2.h CADH; 14.5 del PIDCyP; 20 inc. 1, 401, 421, 450, 451, y 454 inc. 1 del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Expresa el impugnante que el A Quo ha incurrido en un error in iudicando por haber aplicado incorrectamente la disposición penal de fondo del art. 168 del C.P. Considera que el encuadre en dicha norma corresponde a una errónea calificación, ya que los hechos descriptos se encuentran tipificados en los arts. 266 y 267 del C.P., por desempeñarse el imputado, al momento del hecho, como funcionario público. Entiende que la figura propuesta contiene una escala penal menor, y que teniendo en cuenta la graduación estipulada, la pena se reduciría a un año y tres meses. Por todo lo expuesto, peticiona se case la resolución recurrida y se califiquen los hechos dentro de las previsiones de los arts. 266 y 267 del C.P. Hace reserva del caso federal.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 27/29.
Limitados de tal modo los motivos de agravio, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos -art. 434 y cc. Del CPP- (v. de esta Sala, causa nº 55.583 “Mendoza, Fidel Ángel s/ Recurso de Casación,” sent. del 14 de mayo de 2013, reg. 138/13; c. nº 55.868 “Benítez, Julio César s/ Recurso de Casación,” sent. del 12 de julio de 2013, reg. 237/13, y c. nº 56.420 “Díaz Quintela, Víctor Antonio s/ Recurso de Casación,” sent. del 30 de julio de 2013, reg. 283/13, entre otras).
El órgano sentenciante ha tenido acreditado que: “ HECHO : el día 13 de junio de 2017 siendo aproximadamente las 20.00 hs. los aquí imputados Ezequiel Noel Arce, sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, legajo nro. 192.001 y Gonzalo Nicolás Piazza ambos simulando ser funcionarios de la Policía Federal interceptaron a Marcelo Vicente Sandoval en la puerta de su domicilio sito en la calle El Gaucho 9969 de la localidad de Loma Hermosa, partido de tres de Febrero, Pcia de Buenos Aires y mediante intimidación manifestándole que él y su familia estaban involucrados en una investigación por venta de estupefacientes, en virtud de la cual allanarían su domicilio, exhibiéndole filmaciones del interior de la finca efectuados con un dron y que tenían prueba para llevarse detenida a su madre, le exigieron la entrega de $300.000 (trescientos mil pesos) con el objeto de evitarlo, para lo cual le daban unos días para juntar el dinero pidiéndole un número de teléfono para comunicarse siendo que la víctima les aportó el numero 1125025965 perteneciente al teléfono celular de un amigo que en ese momento se encontraba presente.
Que el día 14 de junio de 2017, tras producirse un allanamiento en la casa de la madre de Sandoval (ordenado en la IPP 15-00-12300/17 en trámite ante la UFI 16 Departamental) el cual arrojó resultado negativo, siendo aproximadamente las 22:30 hs los imputados volvieron a presentarse en la puerta del domicilio de Sandoval manteniendo la exigencia de dinero, para lo cual aquel les solicitó más tiempo a los efectos de reunir el mismo, mientras tanto el nombrado efectuó la denuncia correspondiente. Que el día 16 de junio de 2017, durante el transcurso de la tarde los imputados se comunicaron telefónicamente con Sandoval al número citado anteriormente acordando que por la noche pasarían por su domicilio a retirar el dinero.
Que en razón de ello se dispuso una entrega de dinero controlada con personal de asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Pcia de Buenos Aires, labor llevada a cabo en cabeza de su director Comisario Marcelo Santomil. Que siendo las 22:00 hs aproximadamente los imputados llegaron al domicilio de la víctima y tras percatarse de la existencia de móviles no identificables en las inmediaciones similares a los que utiliza la brigada, se comunicaron telefónicamente con la víctima y le manifestaron que como había vehículos de la brigada en el lugar la entrega se realizaría en Ruta 8 y Primero de Mayo de la misma localidad, siendo esta conversación grabada por la víctima su celular y en equipos grabación provistos por el grupo especial, en tales circunstancia el personal policial procedió a la aprehensión de los imputados en el lugar donde se produjo el encuentro con la víctima y sin que se efectúe la entrega de dinero por razones ajenas a la voluntad los imputados al ser aprehendidos por el funcionarios del orden, siendo que durante dicha circunstancia uno de ellos arrojó al suelo el celular que tenía en su poder destruyéndolo.”
Previo a ingresar en el análisis del motivo de agravio expuesto, no puede soslayarse a esta altura que, como fuera mencionado, el impugnante acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP., limitándose el letrado a prestar conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así en el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de las facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Vélez y otro s/ Recurso de Casación", sent. del 1 de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre otras). De este modo, a través de la elección del citado procedimiento especial de enjuiciamiento, sustrajo de la consideración de la sentenciante las cuestiones que ahora esgrime en esta instancia, soslayando que la función que desempeña este Tribunal de Casación es eminentemente revisora.
Ahora bien, ingresando en el análisis del motivo de agravio presentado y la calificación legal escogida, la sentenciante sustentó la conclusión a la que arribara efectuando un análisis del conjunto de las piezas que conforman el hecho en su exteriorización material.
En base a ello, el A Quo analizó la prueba producida, comenzando por la denuncia efectuada por la víctima, Marcelo Vicente Sandoval, y la declaración de Abel Osvaldo Adragna, quien oportunamente describiera las conversaciones telefónicas y la forma en que el imputado le exigía el pago del dinero (fs. 3).
Asimismo, evaluó la entrega controlada llevada a cabo por la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Provincial, a través de la cual a Sandoval le asignaron 5000 pesos previamente identificados y fotografiados, junto con una grabadora para registrar las conversaciones que mantuviera, sin perjuicio de que la misma no pudo llevarse a cabo, ya que la víctima recibió una llamada telefónica en la cual le alertaron de la presencia policial e indicaron una nueva dirección para realizar la entrega del dinero. Frente a ello, se procedió a interceptar a dos sujetos que se movilizaban en una camioneta VW modelo Amarok, identificados como Gonzalo Piazza y Noel Arce, quienes fueron reconocidos por Sandoval como las personas que le exigían el pago.
Valoró también el A Quo la documentación hallada dentro de la camioneta y la declaración del testigo de procedimiento, quien describió como uno de los imputados destruyó un teléfono celular. Sin perjuicio de ello, se lograron recabar datos de interés que surgen del intercambio telefónico entre los imputados, vinculados al hecho en cuestión, y que, sumado a lo anteriormente reseñado, fueron tenidos en cuenta por la sentenciante para tener por probada la materialidad del hecho descripto y la coautoría penalmente responsable de Arce y Piazza.
Ahora bien, en cuanto al delito en cuestión, distinto y autónomo de aquel de exacción, y por el cual se protege no solo la propiedad sino también la libertad de determinación, se centra en un accionar – obligar a otro – por medio de intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos (Caramuti, Carlos S. “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”).
En el caso, la sentenciante al tratar la sexta y séptima cuestión, calificó la conducta atribuida a Arce como constitutiva del delito de extorsión, previsto y reprimido en el art. 168 del C.P., señalando que los hechos tenidos por probados demostraron que el sujeto activo le exigió a la víctima una disposición patrimonial ($300.000 trescientos mil pesos) mediante intimación consistente en advertirle que en el caso de no producirla allanarían su domicilio y llevarían detenida a su madre, al tener pruebas de que él y su familia estaban involucrados en una causa por estupefacientes.
En efecto, si bien el sujeto activo resultó ser funcionario público (Sargento de la Provincia de Buenos Aires) la decisión merece ser compartida, pues en las exacciones ilegales el agente tiene que realizar las acciones abusando del cargo que desempeña y debe plantear sus exigencias actuando en el carácter que inviste dentro de la Administración Pública; a diferencia de ello, cuando exige invocando funciones que no le corresponden, comete otro tipo de delito –contra la Administración o contra la propiedad- pero no exacciones.
En este sentido, mientras que en el delito de extorsión la disposición patrimonial se produce en beneficio del autor o de un tercero, en las exacciones ilegales lo exigido es para el estado, aunque luego ello pueda convertirse en provecho para el agente o un tercero (art. 268 del C.P.). En el presente caso, se tiene por probado que desde el inicio el funcionario policial exigió el dinero para sí, circunstancia que no encuadraría en la figura de concusión.
En conclusión, estimo que la calificación decidida en el fallo resultó adecuada, ya que la prueba reseñada permitió demostrar que la voluntad del autor estuvo dirigida a intimidar a la víctima para lograr el acto de disposición patrimonial previsto en la norma
Frente a todo lo expuesto, es posible afirmar que el proceso impugnado culminó en el dictado de una sentencia debidamente fundada en una correcta y exhaustiva valoración de la prueba, con las limitaciones y características propias del juicio abreviado acordado por las partes. Esto se infiere de la simple lectura de las actuaciones que demuestran, a su vez, que el decisorio emitido por la sentenciante se encuentra sobradamente fundado en las premisas que señala y la conclusión lógica a la que arriba motivado en la certeza positiva sobre los extremos de la imputación exigidos legalmente, sin que existan datos que permitan afirmar la arbitrariedad interpretativa aducida.
Por los motivos reseñados y fundamentos expuestos, propongo al Acuerdo confirmar el decisorio impugnado y, en consecuencia, rechazar el recurso interpuesto, con costas (arts. 20 inc. 1, 106, 209, 210, 366, 373, 421, 433, 448 inc. 1, 450, 460 a contrario sensu, 530, 531, 532 y c.c. del C.P.P.).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Marcelo Ferrería;
II. Rechazar, por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 11/14 en favor de Noel Ezequiel Arce;
III. Tener presente la reserva del caso federal;
Rigen los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 CN; 20, 106, 210, 404, 421, 433, 448 inc. 1, 450, 460 a contrario sensu, 530, 531, 532 y c.c. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de Origen.
FDO: RICARDO R. MAIDANA – DANIEL A. CARRAL, JUECES. ANTE MÍ: PABLO GASTÓN GONZÁLEZ, AUXILIAR LETRADO.
Fin de la sentencia