Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 94973
"Registrado bajo el Nro. 594 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 06 de Junio de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 94973 caratulada “FERRARI EUGENIO SEBASTIAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - BORINSKY.
El 19 de octubre de 2018, el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial Quilmes, condenó a Eugenio Sebastián Ferrari a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la convivencia preexistente (arts. 12, 19, 29 inciso 3, 40, 41, 45, 119 párrafos tercero y cuarto del CP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Manuel Pablo Soler, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 26/32vta. en favor de Eugenio Sebastián Ferrari.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal, con fecha 11/03/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera : ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión los señores juecez doctores Carral y Borinsky dijeron:
Adherimos al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Votamos por la afirmativa.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Entiende el impugnante que se han quebrantado normas esenciales que generan una errónea aplicación del precepto legal del artículo 119, párrafos 3ro y 4to., en función del inciso “f” del CP. Denuncia una colisión con los artículos 160, 210 y 373 del CPP. Sostiene que se incurrió en absurdo al realizarse un análisis parcializado de los elementos probatorios. Alega que todo el fallo giró en torno a la declaración prestada en cámara Gesell, en la cual la niña no dio detalles, siendo muy lineal, no recordando cómo había quedado sin ropa, sin demostrar angustia emoción alguna, mirando el techo como si estuviera siguiendo un relato. Marca que la hermana de su asistido, declaró que por dos años fue la niñera de la menor, hasta los seis años de edad; que su hermano le comentó que un chico de quince años la había invitado al cine, y que al serle negado ello por la madre, Mayra empezó a golpear la puerta siendo castigada sacándole el teléfono, por lo cual se escapó del hogar y fue a la casa de su padre, en este contexto que se realizó la denuncia que su hermano la había violado.
Agrega que la testigo dijo que la menor siempre estaba enojada con su madre. Destaca que la madre de la menor expresó que no le creía a Mayra porque ésta no aceptaba ser controlada, que confrontó a Ferrari cuando le informó su hija de los abusos, no dándole más importancia al hecho ya que la menor en ese momento le dijo que “no le hizo nada”. También, resalta que la progenitora dijo que su hija quería salir comenzando con éstos requerimientos a los diez años, generando muchos conflictos; que no percibió ningún signo de abuso, ya que era ella quien la bañaba, además que la niña a los nueve años pesaba treinta kilos y, de haber existido penetración, ello le tendría que haber dolido mucho o haber dejado marcas, ya que su marido era grande en todo sentido.
Explica que Guillermo Ferrari, hijo del encartado, expuso que se hizo muy cercano a Mayra, entablando una amistad, por lo cual ella le contaba que quería salir a bailar, maquillarse y tener novio, pero que su madre no la dejaba; le comentó, además, que tenía un novio de quince años, que no era virgen y que cerraba la puerta de su habitación con llave. Afirma que este testigo declaró que su padre le daba todos los gustos a la menor, que le enseño a leer y escribir. Reseña la declaración de su asistido, quien recordó que cuando su mujer lo confrontó con la niña, esta desmintió que la haya tocado, alejándose riendo; a su vez relató que a raíz de un accidente al momento de los hechos dependía de la asistencia de su señora.
Destaca que la pericia psicológica realizada a Eugenio Ferrari no evidenció patología alguna de características sexuales. Manifiesta que el A Quo parcializó la prueba sin creer los relatos de la madre de la menor -a quien juzgó como desafectivizada-, de su defendido y demás testigos cercanos a la familia. Mediante cita doctrinaria y jurisprudencial refiere que la sentencia es arbitraria al no derivar razonablemente del derecho vigente. Propicia la aplicación del principio favor rei , que al haber sido violentado determina la existencia de una cuestión federal. Plantea la errónea aplicación de los artículos 40 y 41 del CP, al no tener una debida fundamentación la extensión de la pena, al alejarse del mínimo, pese a las atenuantes que fueran alegadas.
Asimismo, en relación a las agravantes meritadas, expone que todas ellas forman parte del tipo penal reprochado, por lo cual se originó una doble valoración prohibida. Formula reserva del caso federal y que se case la sentencia. Solicita, en definitiva, que se case la sentencia y se disponga la absolución de Eugenio Ferrari, o en subsidio se lo condene al mínimo de la escala penal.
El Defensor Adjunto de Casación, doctor José María Hernández, sostiene el recurso en todas sus partes según lo expone a fs. 46/vta.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, propicia el rechazo del recurso presentado, conforme los argumentos de su memorial de fs. 47/49.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado que: “En el período comprendido entre el año 2011 y 2013, un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de la menor MAYRA Seco, nacida el día 21 de noviembre de 2004. Dichos abusos se produjeron en el domicilio de la calle La Rioja nro. 4835 de Quilmes, donde el atacante convivía con la menor, en razón de ser la pareja de su progenitora Natalia Ramírez. Las agresiones consistieron en que el sujeto le introducía el pene en la vagina de la niña, hechos que se desarrollaron en la cama matrimonial de la pareja, mientras la madre de la víctima estaba ausente.” (fs. 5/vta.).
El recurso no ha de prosperar.
En relación al motivo de agravio enderezado a la valoración de la prueba relativa a la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría, debo adelantar que el A Quo sustentó su conclusión efectuando un análisis del conjunto de las piezas que acreditan tales extremos.
Y aquí entiendo pertinente señalar que ya he manifestado en reiteradas oportunidades, y en consonancia con lo decidido por los sentenciantes, que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario. Se trata de un tipo de delito en el que, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional (“entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados” conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 – Anexo). Por ello es que se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (cfr. TCP, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016, entre otras).
Todo esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Corresponde mencionar aquí que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por ésta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, los sentenciantes edifiquen la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCP, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Ello debido a que se entiende que la palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal, sobre todo en casos como el que nos ocupa donde, como es sabido, el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección. La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima pueden surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
Ahora bien, las probanzas valoradas por el A Quo , además de legítimas, lucen suficientes para abastecer los extremos de la imputación respecto al inculpado y el hecho que se le adjudican, habiendo los sentenciantes emprendido aquella tarea con apego al sistema de las libres convicciones razonadas y lo prescripto legalmente (arts. 210 y 373, CPP).
La conducta endilgada encuentra un respaldo probatorio sólido, sin que las observaciones y embates que a los elementos de convicción de cargo dirige el recurrente logren desmerecerlo, en tanto consisten en aseveraciones dogmáticas carentes de demostración, o bien en un análisis parcial e inconexo de la prueba, lo que resulta ineficaz para conmover los fundamentos exteriorizados en apoyo de sus conclusiones.
En tal sentido se observa que el A Quo consideró el relato de la menor Mayra, prestado bajo la modalidad de cámara Gesell, como “coherente y explicó las situaciones vividas, lo que lo dotan de credibilidad” (fs. 6vta.), permaneciendo, en lo sustancial, invariable cada vez que contó los sucesos a otras personas, versión que, además, se complementa con los demás elementos probatorios.
Puntualmente la Defensa reedita su crítica sobre la falta de credibilidad en el relato de la menor, ello ante la relación conflictiva con su madre y con su entorno familiar, siendo además una “adelantada” en cuanto a la sexualidad, temática que los sentenciantes brindaron acabada respuesta sin que los argumentos defensistas alcancen para desmerecer lo decidido.
Así al abordarse la cuestión en el pronunciamiento atacado, se describió detalladamente los dichos de la menor prestados ante la cámara Gesell (fs. 5ta./6vta.) donde se destacó que la niña manifestó que desde que estaba en primer grado, a los seis años, el marido de su madre de nombre Ferrari empezó a tocarle las “partes” mientras estaba con ropa, que lo hacía en la pieza matrimonial cuando su progenitora no se encontraba, también en una silla que no recordaba sus características. Que luego comenzó a meterle el pene en la vagina, que todo ello aconteció hasta casi los nueve años, identificando los lugares donde habitaban y se produjeron los acontecimientos. Que estos hechos se los trasmitió a su madre ante lo cual le dijo que cerrara la puerta con llave, ante lo cual cesaron los abusos
El A Quo destacó, a contrario de lo sostenido por la Defensa, que percibió una menor tímida, con voz aniñada que tenía dificultades para poner en palabras lo vivenciado, denotando vergüenza al hacer referencia a las agresiones sexuales y una mayor espontaneidad cuando hablaba de su vida actual o del nacimiento de su hermano.
Fue valorado en el veredicto puesto en crisis lo dictaminado en la pericia victimológica por la Licenciada Sanguineti en cuanto explicó que el discurso de la escena traumática fue hecha de manera clara, convicente, con consistencia interior y propia, detectando indicadores compatibles con vivencias traumáticas con una carga de angustia que no pudo ser procesada (fs. 6vta.).
Luego se ponderó (fs. 9) que siempre mantuvo la misma versión de los acontecimientos. Así al comentar los hechos a su tía Rocío Anabella Seco; a su padre Diego Seco, sin bien con menos detalles, que si brindó al momento de realizar la denuncia, destacándose aquí las referencias sensitivas en primera persona que expuso, al decir que su padrastro le había hecho algo que nunca había vivido y que sintió mojado entre las piernas, descripciones éstas que difícilmente puedan ser instaladas por un tercero (fs. 15vta.). A su vez se resaltó que todos concordaron en cómo conoció cada uno los sucesos, además del lugar y la modalidad de los mismos.
También el médico legista, doctor Puleo, escuchó de la menor idéntico relato, además constató que a los once años Mayra presentó un himen deflorado de antigua data.
Así, el tribunal de la instancia anterior, contrastó el cúmulo de pruebas cargosas con las declaraciones testimoniales de la hermana e hijo del acusado, dos amigos de este, la madre de la niña, como así también con la propia versión del imputado Eugenio Ferrari, dando respuesta a los planteos hoy reeditados aquí.
Concretamente, el A Quo , luego de reseñar los dichos de Karina Gargiulo, hermana del imputado que cuidara a Mayra por dos años con anterioridad a los hechos; de los amigos del imputado, Rebeca Suárez y Gustavo Espino García, concluyó que no resultaban concluyentes para desvirtuar la prueba de cargo, al no ser protagonistas de lo sucedido, dando cuenta en lo sustancial de la rebeldía de la menor que ocasionara un conflicto con su madre, de la vivencia traumática de Ferrari producto de un accidente y de una supuesta adolescencia precoz, circunstancias que no resultan determinantes, o como lo adjetiva el A Quo devienen “inatigentes” (fs. 16vta.) para desmerecer lo declarado por la menor.
Párrafo aparte mereció para los sentenciantes los dichos de la madre de la niña, Natalia Ramírez y del hijo del acusado, Guillermo Ferreira, además de la propia versión de Eugenio Ferrari. Si bien de estas declaraciones se extrae la existencia de una relación conflictiva entre madre e hija al reclamar ésta más libertad para salir con sus amigos y conocer chicos, como así también que en la casa de su padre biológico lograría esa ansiada libertad y que habría estado de ”novia” (fs. 11/15vta.). Se destacó que la progenitora expuso que su hija le comunicó que Eugenio Ferrari la había tocado, que ante ello lo confrontó en presencia de la niña quien allí le manifestó que era mentira, por lo que no indagó más. Confirmó a su vez esta testigo que le dijo a Mayra que cierre con llave su habitación, si bien por razones distintas a las expuestas por su hija, ya que referenció que era para preservar su intimidad ante la presencia de los hombres que allí habitaban. Igual tratamiento brindaron los magistrados pre-opinantes sobre lo expuesto por Guillermo Ferrari, quien describió los pedidos de la menor que su madre le rechazaba, refiriendo también que le dijo que tenía un novio de quince años y que había perdido la virginidad. El acusado también reflejó la situación conflictiva con la niña, el momento que fue confrontada con ella, que desmintió la producción de los abusos, dejando entrever algún contenido sexual en la relación de su hijo Guillermo con la niña.
Se observa que los sentenciantes dieron debida fundamentación al dar credibilidad al relato de la niña, ello más allá de lo expuesto por su madre, cuya declaración fue analizada y valorada con los beneficios que brinda la inmediación, destacándose la ajenidad que demostró respecto de la problemática, en tanto se presentó desinteresada al no intentar buscar ayuda profesional y descreer sin más de ella cuando le comunicó la existencia de los abusos, resaltándose a estos fines, entre otras cosas, la circunstancia afirmada por la víctima que debía cerrar con llave la puerta de su habitación.
Con lo cual, la insistencia de la Defensa en presentar a la niña como una adolescente rebelde y precoz, contrasta con lo percibido por el Tribunal de mérito, que no dejó de analizar que Mayra al momento de la denuncia contaba solo con once años, y que además se expidió sobre la supuesta relación de noviazgo con alguien que,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.