Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 92557
"Registrado bajo el Nro. 53 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 7 de FEBRERO de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 92557 caratulada “BORDON JUAN CARLOS S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 20 de abril de 2018, el Juez Dr. Marcelo Hugo Dellature, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado y su Defensora el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del C.P.P., condenó a Juan Carlos Bordón a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por encontrarse el autor encargado de la guarda de la víctima y corrupción de menores agravada por haber sido cometida contra un menor de 13 años y por encontrarse el autor encargado de la guarda de la víctima, en concurso material entre sí (arts. 55, 119 párrafo primero, tercero, cuarto inciso b) y último, y 125 párrafos primero, segundo y tercero, CP.).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. Mariana Pagani, interpuso recurso de casación que figura a fojas 22/28vta.
Ingresando el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 31 de octubre de 2018 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva y ajustándose la vía utilizada a la competencia asignada a este cuerpo por los artículos 20 inc. 1, 401, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1 y c.c. del C.P.P., el recurso resulta admisible por lo que resta establecer la amplitud que corresponde otorgarle.
Al respecto, cabe destacar que al haberse escogido en autos el procedimiento de juicio abreviado (art. 395 c.c. y s.s. del C.P.P.), la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio en este y el Ad Quem , siendo que las actas sobre las que falló el primero, y que constan instrumentalmente en el expediente, son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por tal razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución que refieren a los motivos de agravio (434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, pues lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
Este es el caso, por ejemplo, de la impresión de los testigos, de lo que los magistrados deben dar cuenta circunstanciada para que pueda ser tenido como elemento fundante válido, conforme a la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión o “máximo esfuerzo revisor,” consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Casal (Fallos, 328:3399).
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena, que ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales -particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamiento de la Corte IDH-, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 CN, 8.2.h CADH; 14.5 del PIDCyP; 20 inc. 1, 401, 421, 450, 451, y 454 inc. 1 del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Expresa la impugnante que el decisorio ha incurrido en una inobservancia o errónea aplicación de los arts. 171 de la CPBA, y 1, 106, 210, 371 y 373 del CPP, al haberse efectuado una incorrecta valoración de la prueba para acreditar la materialidad ilícita y la autoría del encausado. Considera que, en consecuencia, se ha violado el principio in dubio pro reo . Entiende que la sentencia carece de la debida fundamentación. Cita jurisprudencia. Menciona las pruebas consideradas por el sentenciante para sustentar la autoría y materialidad ilícita, y señala aquellas que omitió valorar, tales como el examen ginecológico y el informe médico. Manifiesta que con las probanzas reunidas no es posible acreditar el acceso carnal. Agrega que tampoco se fundó la calificación de corrupción de menores agravada y la autoría del encausado con respecto a este hecho. Nuevamente, transcribe jurisprudencia provincial y nacional. Solicita se absuelva al imputado y, subsidiariamente, se modifique la calificación legal, absolviéndolo de la agravante del acceso carnal y el delito de corrupción de menores agravada. En segundo lugar, plantea la inobservancia a las reglas sustantivas que sirven para la graduación de la pena al imponer el monto excesivo de doce años. Al respecto, requiere el contralor casatorio sobre el juicio de razonabilidad de la pena impuesta. Solicita se case la sentencia conforme los motivos de agravio presentados. Hace reserva del caso federal.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 36/37vta.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El A Quo tuvo por acreditado: “ Que en fecha y horario aún no determinados, con antelación al 30 de noviembre del año 2012, una persona de sexo masculino, en un domicilio de la ciudad de Avellaneda, donde precisamente residía, abusó sexualmente – y en reiteradas
oportunidades- de la niña C.E.U., de ocho (8) años de edad, (quien se hallaba bajo su guarda), efectuando tocamientos inverecundos en sus partes pudendas como ser en la cola y en la vagina, e introduciéndole sus dedos en la cola; al tiempo que la accedía carnalmente vía anal y la constreñía a que le practique sexo oral; acciones esta que dada su entidad, su reiteración en el tiempo y el carácter prematuro y perverso de las mismas, corrompieron su normal desarrollo sexual” (fs. 2vta).
No puede soslayarse que el impugnante acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP., limitándose la letrada a prestar conformidad con la calificación legal y la pena solicitadas, consintiendo así en el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de las facultades propias del debate (v. TCPBA, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Vélez y otro s/ Recurso de Casación", sent. del 1 de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre otras).
Es que a través de la elección del citado procedimiento especial de enjuiciamiento, la parte sustrajo de la consideración del sentenciante las
cuestiones que ahora esgrime en esta instancia, sin expresar fundamentos novedosos que respalden su pretensión y soslayando que la función que desempeña este Tribunal es eminentemente revisora.
Por otro lado, también destaco que la motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene inidóneo para torcer la decisión que aquella contiene.
Ahora bien, ingresaré al análisis del primer motivo de agravio referente a la valoración de la prueba para acreditar la materialidad ilícita descripta desde el veredicto, así como la autoría del encartado en ella.
Primeramente, insisto en que ya he manifestado en reiteradas oportunidades que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario. Se trata de un tipo de delito en el que, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional (“entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados” conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 – Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Todo esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
También resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por ésta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A Quo edifique la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Ello debido a que se entiende que la palabra de quien ha sido víctima del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal pues, como es sabido, el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso. La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima puede surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la víctima abusada –C.E.U., de 8 años de edad al momento de los hechos-, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuada con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
Frente a ello, veamos que, contrario a la arbitrariedad interpretativa y falta de fundamentación aducidas por la defensa de Juan Carlos Bordón, el A Quo hizo una valorización pormenorizada del plexo probatorio que lo llevó a acreditar que el imputado abusó sexualmente de C.E.U., en los términos establecidos en el fallo cuestionado.
En efecto, surge que el sentenciante consideró la directa sindicación que hiciera la menor víctima en su declaración en Cámara Gesell, y demás entrevistas y relatos que efectuara, cuyas partes pertinentes fueron transcriptas en el decisorio (fs. 10vta./11vta.). En dicha oportunidad, la niña hizo un recuento detallado de los abusos sexuales sufridos por el imputado y del resto de los maltratos vivenciados en el seno de su familia conviviente (fs. 10vta./11vta.). Describió que su padre la tocó por delante y por detrás, que le sacó la ropa, que le “salió un plástico” y después “mucha caca y mucha sangre” (fs. 10vta.). Asimismo, relató que fue encerrada muchos días en un galpón con perros, razón por la cual se llenó de “granos” y “piojos” (fs. 11).
De la sentencia impugnada, surge claramente que la declaración en Cámara Gesell de C.E.U. es coincidente con los relatos de los hechos que realizó durante las entrevistas que tuvo con la Licenciada Gabriela Onzari y la Licenciada María Eva Palermo.
La primera de ellas, Perita III Licenciada en Psicología del Ministerio Público, efectuó un primer informe en donde plasmó lo expuesto por la niña con respecto a los abusos sexuales, quien le dijo que su padre le “tocó la cola”, la “tocaba con el dedo y me lo metía adentro y me dolía”, que le “mostró su pito y me lo puso en la cola y atrás y en la boca … me ahogaba” (fs. 4/vta.). En dicho informe, también afirmó haber encontrado, en la menor víctima, indicadores conductuales compatibles con la situación de abuso sexual y maltrato emocional y físico de larga data (fs. 4vta.). También resaltó la importancia de valorar el relato de la niña, al que consideró como el indicador más relevante (fs. 4vta.).
Aduno a ello que la mencionada especialista fue la encargada de efectuar la entrevista en Cámara Gesell y el informe respectivo (fs. 7). En este último expresó lo expuesto por la niña en dicha oportunidad, las consecuencias psicológicas de las vivencias padecidas y explicaciones referentes a los dichos de la menor con respecto a las particularidades de los abusos sexuales –manifestó que la referencia al plástico, por ejemplo, puede implicar un preservativo o la presencia de semen- (fs. 7/10vta.). Además, afirmó en sus conclusiones que el compromiso afectivo de C.E.U. y su manifestación corporal resultaron contestes al contenido de sus dichos, que fueron explícitos, detallados y utilizando un vocabulario y conocimiento propios de su edad (fs. 8vta.).
Por otro lado, encuentro que el sentenciante también consideró el informe elaborado por la Licenciada María Eva Palermo, el que, de modo similar al anteriormente mencionado, plasma lo expresado por la menor con respecto a los hechos objeto de la presente (fs. 4vta./5).
Y aquí entiendo pertinente reiterar que en lo que respecta a la entrevista psicológica, los especialistas consideran que en los casos de abuso sexual, ésta es, junto con la observación, el medio fundamental de valoración de este tipo de delitos a menores, porque permite detectar indicadores relacionados con la existencia de estos hechos y determinar si las respuestas emitidas coinciden con aquellos síntomas comúnmente considerados como efectos del abuso sexual (BERLINERBLAU, Virginia, “Niños víctimas, niños testigos: sus testimonios en alegatos de abuso sexual infantil”, en “Acceso a la Justicia de Niños/as Víctimas”, p. 141 Unicef, ADC y JUFEJUS, 2010, en TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016).
Tal como acertadamente afirmara el A Quo en su decisorio, lo expuesto previamente me permite sostener que los relatos dados por C.E.U., en oportunidades distintas, fueron similares en cuanto a la descripción de los hechos y las circunstancias que los caracterizaron, indicando, en cada ocasión, que era el imputado quien los realizaba.
Y ello también surge del análisis del testimonio de Adriana Inés Uccello, hermana del denunciante Jorge Luis Uccello, quien dijo que la niña contó que su padre “la comenzó a tocar, que la tiró arriba de la cama, le puso el pito en la boca y la hizo vomitar, que le tocó la cola y por atrás, donde le dolía y gritaba … que luego hizo caca y que le salió un plástico de la cola y mucha sangre” (fs. 6vta.). Insisto, lo aquí expuesto resulta coincidente con el contenido de la Cámara Gesell y de los informes de las especialistas en psicología.
Es decir, la menor pudo reiterar el relato de igual manera, en distintas circunstancias de tiempo y espacio, a los miembros de su familia y a quienes efectuaran las entrevistas psicológicas respectivas, lo que permitió al A Quo concluir acerca de la veracidad de sus dichos (fs. 12).
Por su parte, la defensa cuestiona la existencia de acceso carnal pues señala que el sentenciante no evaluó el examen médico y, en los que se hizo referencia a una vagina no apta para la cópula y a un esfínter anal sin lesiones evidenciables.
Por el contrario, entiendo que, al respecto, el A Quo también efectuó un análisis probatorio detallado a la luz del testimonio de la niña, lo expuesto por sus familiares y los informes psicológicos, de los que se evidencia, claramente, el acceso carnal, tal como ya fuera expuesto.
Asimismo, si bien la menor no presentaba lesiones de carácter sexual en sus genitales, el informe médico elaborado por el Dr. Alfredo Armando Romero, indicó que es posible que no se evidencien lesiones recientes por el tiempo transcurrido pues, dependiendo de su envergadura, podrían sanar en un tiempo estimado de una semana a un mes, es decir, aproximadamente el lapso transcurrido desde los hechos –anteriores al 30 de noviembre-, la denuncia –del 12 de diciembre- y el primer informe médico –del 13 de diciembre, efectuado por la Dra. Alicia Vergara- (fs. 2vta., 3 y 40).
En relación al delito de corrupción, corresponde recordar que todo ataque a la integridad sexual trae aparejado como insoslayable consecuencia una afectación en la psiquis de la víctima, pero para que tales actos constituyan a su vez un supuesto de corrupción es razonable exigir –al menos desde un juicio potencial- la posibilidad de que tales actos marquen una huella profunda en el psiquismo del sujeto pasivo, con aptitud para torcer el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad.
Dicho lo anterior, en el caso bajo análisis, resulta necesario determinar si los abusos sexuales que victimizaron a C.E.U., tuvieron entidad suficiente para ser consid
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.