Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 93092
"Registrado bajo el Nro. 694 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 11 de julio de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 93092 caratulada “R. P., E. S. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal, a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor de E. S. R. P. contra la sentencia dictada con fecha 21 de agosto de 2018 por el Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a través de la cual se condenó a la mencionada a la pena de dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas del juicio, por resultar autora responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo (art. 80, inc. 1, Cód. Penal).
En el recurso impetrado a fs. 48/56 del legajo casatorio, la asistencia técnica de la acusada denuncia que al momento de valorar la prueba producida en el debate y la incorporada por lectura, se aplicó erróneamente el art. 210 del Código Procesal Penal y –asimismo- se violaron los arts. 1 y 106 del mismo cuerpo legal, por cuanto los sentenciantes se habrían apartado de las reglas de la lógica, la psicología, la experiencia y el sentido común.
Esgrime que el tribunal condenó a partir de “meros indicios”, agregando que ninguna declaración hizo referencia a que el autor de las lesiones hubiera sido su asistida.
Cuestiona la declaración de Marta Verónica Peña, refiriendo que se contradice, en tanto menciona que nunca vio a la imputada golpear a la víctima y –al mismo tiempo- refiere que está segura que ella la mató.
También critica la declaración de Carlos Alberto Gallo, por cuanto dijo, por un lado, que no observó a E. R. golpear a K. y, por el otro, efectuó consideraciones “parcializadas y subjetivas” de cómo era como madre.
Tilda de subjetivos a los testimonios del padre de K. y de sus progenitores, Gastón Piña y Lorena Piña, ya que tampoco observaron a la imputada golpear a la víctima e, igualmente, manifiestan que le efectuó malos tratos.
Refiere que los elementos incorporados por lectura al debate nada aportan en relación a la participación de su defendida en el evento.
Entiende que “ …de la simple lectura del fallo aquí criticado, permite advertir sin mayores esfuerzos el carácter fundacional que adquirieron aquellos testimonios en la convicción del tribunal, tanto en la reconstrucción histórica de los hechos, como en el juicio de responsabilidad de la acusada, pero lo cierto es que, todos y cada uno de ellos fue ‘mutilado’ y desmembrado por el ‘a-quo’ de forma absolutamente parcializada con el objeto de arribar a un proceso condenatorio.- ”(foja 52 vta., último párr.).
En definitiva, arguye que, en virtud del principio de in dubio pro reo (art. 1, CPP), se debe revocar la sentencia y absolver a su asistida.
En forma subsidiaria, se agravia del quantum punitivo impuesto, alegando la errónea aplicación e inobservancia de los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 168 de la Constitución Provincial; 40 y 41 del Código Penal; y 1, 106 y 375 del Código Procesal Penal.
En cuanto a la aplicación de agravantes, señala que la decisión no fue unánime, ya que un voto fue afirmativo, otro negativo y el restante adhirió a ambos, no advirtiendo –entonces- cuál sería la decisión final.
Señala que la pena resulta, en el caso, muy superior al mínimo legal, citando un precedente judicial de ésta Sala en sustento.
Concluye el agravio requiriendo que, teniendo en cuenta las pautas atenuantes valoradas y la improcedencia de agravantes propuesta, se imponga una pena que no supere el mínimo de la escala penal prevista para la conducta imputada, conforme la regla del art. 4 de la ley 22.278.
Hace reserva del caso federal.
Sorteadas que fueron las actuaciones se notificó a las partes (foja 63 vta.).
A foja 64, la defensora adjunta ante esta sede mantuvo los motivos de agravio planteados por su antecesor, considerando –asimismo- que el resolutorio desnaturaliza la finalidad del régimen minoril, adoptando un criterio retributivo, incompatible con los arts. 3, 37 y 40 de la Convención sobre Derechos del Niño.
Por su parte, la fiscal adjunta ante este Tribunal propició el rechazo del recurso, por cuanto entiende que no se configuran las infracciones legales denunciadas.
Habiendo ejercido la joven E. S. R. P. su derecho a ser oída ante este Tribunal de Casación, de conformidad con lo establecido por los arts. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 3 y 60 ley 13.634, en la audiencia llevada a cabo el 10 de abril del corriente año, su defensa solicitó que, previo al dictado de la sentencia, se solicitaran informes psicológicos y psiquiátricos (V. fs. 95 y vta.).
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar sentencia, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Previo al tratamiento de los motivos de agravio traídos a estudio, y a efectos de otorgar una adecuada respuesta a los mismos, debe tenerse en consideración que las magistradas y el magistrado del tribunal anterior tuvieron por acreditado que: “ …el día 19 de marzo de 2014, escasas horas antes de las 10.55 de la mañana, en el domicilio de la calle Larreta n° 768 de la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, la progenitora de K. Y. P., de dos meses de edad al momento del hecho, no sólo comprimió su cuello sino que la agredió físicamente mediante sacudimientos, acciones éstas que le provocaron múltiples y graves lesiones que le dejaron severas secuelas cerebrales que pusieron en un delicado esta su salud y que finalmente desembocaron en su fallecimiento el día 5 de septiembre de 2015. ” (foja 28 vta.).
Sentado ello, atribuyeron el evento a E. S. R. como autora responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo (foja 44 vta.).
II. Conforme los lineamientos esbozados por la defensa en su pieza recursiva, advierto que -en primer lugar- se agravia de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal anterior para tener por acreditada la intervención de su asistida en el evento, señalando que –en su parecer- fue tendenciosa y con el objetivo de arribar a un veredicto de condena.
Sobre el punto, en la cuestión segunda del veredicto, la magistrada que lidera el acuerdo –al que adhieren sus colegas del tribunal- comenzó por analizar la declaración exculpatoria de la imputada, E. S. R., en tanto refirió que el día previo a la primera internación de la menor K. Y. P., ésta había estado alrededor de tres horas con su padre, F. P., sugiriendo que habría sido en ese momento en el que la bebé habría sufrido las lesiones, puesto que él era muy agresivo y tenía problemas de adicciones.
La magistrada descartó dicha coartada a partir de las declaraciones de los integrantes de dos grupos convivientes distintos –la familia de R. N. R. y la de F. G. P.-, quienes fueron contestes en cuanto a que el día anterior a aquella internación, R. no había cumplido con el régimen de visitas acordado con su ex pareja -por ende, la niña no había estado con su padre- y, asimismo, que la mencionada había permanecido en la vivienda de la familia P. junto a su hija (V. foja 36, tercer párr.).
En particular, valoró las declaraciones de Fernando Gastón Piña, Paula Lorena Piña, Carlos Alberto Gallo y Marta Verónica Piña, quienes narraron que el día lunes 17 de marzo de 2014 fue la última vez que tuvieron contacto con K. –previo a aquella internación-, fecha en la cual habían notado una quemadura en uno de sus pies.
Esa lesión, sumado a que no le llevó a su hija al día siguiente –incumpliendo el régimen de visitas acordado-, en tanto concurrió solo la acusada a pedirle pañales y toallitas, fue lo que lo llevó a Fernando Piña a realizar una denuncia en la Oficina de Derechos del Niño de Almirante Brown, ya que temía que su hija corriera riesgo.
En igual sentido, ponderó las declaraciones de Rodrigo Nicolás Romero, de su progenitora –Deolinda Torres-, de su hermano –Lautaro David Romero- y de Horacio Hugo Más, quienes dijeron que los tres días previos a aquella primera internación, R. permaneció junto a ellos en la vivienda de calle Larreta 768 de Glew, partido de Almirante Brown.
Todos los testigos hasta aquí mencionados refirieron que no advirtieron ninguna lesión en la menor -a excepción de la quemadura referida- con anterioridad a la internación, lo cual fue ponderado por la magistrada al momento de situar en tiempo y espacio la conducta disvaliosa (V. fs. 30 vta./32).
Especial relevancia le asignó al testimonio de Lautaro David Romero, en la medida en que precisó que la noche anterior a aquella internación, R. durmió junto a K. en un ambiente que contaba con una puerta, la que una vez cerrada brindaba total privacidad, lo cual explica -en la consideración del sentenciante- que ninguno de los integrantes de dicha vivienda hubiera presenciado el maltrato que la madre le propició a su hija (V. foja 37 vta., cuarto párr.).
Ello fue reforzado con las declaraciones de Deolinda Eufemia Torres y R. R., quienes manifestaron que aquella noche R. durmió sola con la bebé, en la parte inferior de la casa.
A partir de dichas declaraciones, los magistrados del tribunal de juicio consideraron demostrado que E. S. R. fue la única persona que estuvo a solas con la víctima, en los momentos previos a la internación del día 19 de marzo de 2014, en los cuales necesariamente tuvo lugar el ataque (V. foja 37 vta., in fine ).
En lo que hace a la necesariedad del ataque en dichos momentos, valoraron las manifestaciones de las dos medicas pediatras del Hospital Cecilia Grierson de Guernica, quienes recibieron en un primer momento a la menor, mientras se encontraba cursando un paro cardio respiratorio, y coincidieron en señalar una visible "lesión de ahorque" en su cuello (V. fs. 28 vta. y 29).
A ello, se suma la declaración de la médica legista Mónica Blanca Carlos, quien revisó a la víctima al mes de estar internada en el Hospital de Niños de La Plata, al cual fue traslada luego de haberla reanimado y estabilizado, y detalló que la compresión en el cuello antes señalada junto a las lesiones encefálicas (detectadas mediante tomografía) habían sido las causantes del paro aludido (V. foja 29 vta., anteúltimo párr.).
Respecto a las lesiones encefálicas, consistentes en hemorragia subaracnoidea, laminar, una hemorragia subdural del lado derecho y hemorragias retinianas, afirmó que era correcto sospechar que había existido maltrato infantil, cuyo mecanismo de producción era el sacudimiento con violencia del bebe, al cual denominó mecanismo de cizalla -" es un golpe, no contra el cuerpo... sino dentro del cuerpo, es un ir y venir con violencia...que desemboca en hemorragias internas "- (V. fs. 29 vta. cuarto párr. y 30 tercer párr.).
De las evidencias examinadas no encuentro ninguna contradicción, ni tampoco -conforme el lineamiento de la crítica intentada- opiniones respecto a las aptitudes de R. como madre, que hubieran determinado a los magistrados a endilgarle a la acusada la violencia a la que fue sometida la víctima, previo a aquella primera internación hospitalaria.
En efecto, entiendo que, con razonado criterio, los colegas del fuero minoril tuvieron por acreditada la solitaria presencia de la acusada junto a la víctima al momento en que, conforme las declaraciones de las profesionales médicas, tuvieron lugar las agresiones, sin advertir en ello la incongruencia pretendida por la defensa, en relación a las manifestaciones de los testigos que dijeron no haber observado a la imputada agredir a la bebé.
En definitiva, la conclusión probatoria, en cuanto afirma la participación de la imputada en el hecho, encuentra basamento en la prueba producida en el debate, resultando -a contrario- la crítica defensista, una mera discrepancia con aquella, que no logra demostrar la arbitrariedad denunciada.
La valoración de la prueba reconoce como límite a la arbitrariedad en la exigencia de la sana crítica que comprende la necesidad de ponderar los distintos medios dando cuenta de las razones que formaron el ánimo y/o convicción del juez al examinar con sentido crítico el plexo probatorio. En rigor de verdad, el veredicto examinado, al menos en este punto, constituye una unidad lógico-jurídica, razonada y autosuficiente.
III. Ahora bien, al amparo del art. 435 del Código Procesal Penal, debo ingresar a la significación jurídica asignada por el tribunal de la instancia al evento.
Lo que examinaré -en primer lugar- es la atribución del resultado fatal a la conducta de la imputada, el cual, desde mi óptica, resulta incorrecto.
Veamos. En la materialidad infraccionaria construida por la acusación y refrendada por la judicatura, luego de describir la actividad ilícita que se tuvo por probada (compresión en el cuello y sacudimientos), se sostuvo que:
" ...acciones éstas que le provocaron múltiples y graves lesiones que le dejaron secuelas cerebrales que pusieron en un delicado estado su salud y que finalmente desembocaron en su fallecimiento el día 5 de septiembre de 2015 " (foja 28 vta., segundo párr.).
Nótese, como una primera aproximación, la cantidad de enlaces gramaticales que se establecen en el párrafo transcripto, para poder cargarle el fallecimiento a la acusada.
Pues bien, para establecer esa relación -entre las lesiones causadas momentos antes de las 10.55 hs. del día 19 de marzo de 2014 y el fallecimiento ocurrido el día 5 de septiembre de 2015-, las magistradas y el magistrado del tribunal se apoyaron en las siguientes evidencias:
I. el relato de F. P. (V. fs. 32 y vta.), en cuanto refirió que, una vez que fue reanimada a consecuencia del paro cardio respiratorio, quedó internada varios meses "en coma" en el Hospital de Niños de La Plata.
Continuó explicando que, como no salía de ese estado, los médicos le dijeron que iban a tener que sacarle el oxígeno, pero reaccionó y pudieron pasarla "a sala".
Dijo que luego la trasladaron nuevamente al Hospital de Guernica hasta que lograron conseguir todo el equipamiento necesario para externarla: un tubo de oxígeno, un saturómetro, un aspirador de mocos y un nebulizador -también le pidieron que realice un curso de "RCP"-.
Manifestó que tenía muchos mocos por la traqueotomía que le habían practicado, lo que le provocaba que se contagiara virus y la tuvieran que llevar constantemente a "Casa Cuna", hasta que un día quedó internada y -luego- falleció.
II. la declaración de Paula Piña (fs. 32 vta./33), abuela paterna de la víctima, quien manifestó que, luego de estar tres meses "en sala" en el Hospital de Niños de La Plata, le dieron el alta, pero hasta poder equipar su casa, la trasladaron nuevamente al Hospital de Guernica.
Mencionó que la llevaba a la pediatra de "una sala" cercana a su casa, que la acompañaba al Hospital Elizalde, donde la atendían el neurólogo, el cardiólogo y el otorrino; también al kinesiólogo, ya que tenía las manos cerradas y, además, la estimulaban para que mueva los ojos, lo cual pudieron lograr.
Por último, refirió que como no toleraba la leche, vomitaba “un montón”, “no podía hacer caca”, perdía peso y se arqueaba mucho, por lo que el 28 de agosto de 2015 la internaron para ponerle una válvula en la cabeza, intervención que no se realizó porque falleció el 5 de septiembre.
III. Los dichos de Carlos Alberto Gallo y Juana Azucena Trigo, en cuanto ratificaron el estado de salud de la menor y “el serio compromiso para su vida”, mencionando -además- ésta última un episodio en el cual, una noche, tuvo que ir a la casa porque se le había salido el tubo de la tráquea (V. foja 33).
IV. Lo manifestado por Marta Verónica Piña, en cuanto se refirió también al equipamiento que tuvieron que comprar para la casa, agregando que necesitaba asistencia todo el tiempo, dormía poco, había que “aspirarle los mocos de la traqueotomía” y tenerla “casi siempre a upa”.
V. La declaración de la kinesióloga Gabriela Alejandra Cano, quien dijo que K. tenía una lesión cerebral grave, con diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva, traqueotomizada, con una espasticidad muy grave, por lo que trataban de relajar ese tono muscular. Añadió que se alimentaba por sonda y que no tenía movilidad voluntaria ni fijación visual, y que tampoco se conectaba a través de la mirada. Aludió a que era una nena muy irritable, lloraba permanentemente, “producto de las lesiones que tenía” (foja 33 vta. segundo párr.).
VI. El resumen de la historia clínica del Hospital de Niños de La Plata, obrante a fs. 256/258 del principal, confeccionado el 8 de agosto de 2014 , en el cual se describe, con detalle, el estado de salud de la víctima durante su tránsito por dicho nosocomio, el diagnóstico de síndrome de maltrato infantil quedando secuelas neurológicas con convulsiones e hidrocefalia, las distintas evaluaciones –oftalmológica, neurológica, cardiológica, neumonológica, etc.- y tratamientos a los que fue sometida, y el requerimiento de trámite de certificado de discapacidad (V. fs. 33 vta./34 vta. del legajo).
VII. El dictamen médico de Adalberto Daniel Bonvicini, obrante a fs. 356 y vta. del principal, en el cual se afirma que: “… las causas de muerte de K. Y. P. guardan un nexo entre las lesiones padecidas anteriormente y la muerte de la niña” .
De dicha reseña probatoria, la magistrada que lidera el acuerdo concluye que: “ …ha quedado plenamente acreditado el grave estado de salud en el que quedó la víctima pese a superar en un primer momento el paro cario-respiratorio, y que tuvo evidentemente una íntima vinculación con el resultado fatal ” (foja 34 vta., cuarto párr.).
IV. Ahora bien, en mi apreciación, los magistrados de la instancia anterior han efectuado un análisis meramente naturalista o, si se quiere, intuitivo de la vinculación señalada; toda vez que el razonamiento se centra únicamente en una presunta relación causal entre las lesiones originales provocadas por la acusada y la muerte de la niña, que no alcanza para imputarle la muerte.
Con suma claridad, el profesor Jakobs enseña que: “ La condición debe surtir efecto realmente (objetivamente, ex post); no basta una efectividad evaluada ex ante más la producción de resultado, porque el resultado puede deberse a una condición que se adelanta; dicho de otro modo, puede deberse a una interrupción de la condición esbozada ex ante …” (Jakobs, Gunter; Derecho Penal Parte General Fundamentos y teoría de la imputación, 2da. edición, Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 229).
Desde mi óptica, la sentencia atacada resulta sobreabundante respecto a la procedencia y entidad de las lesiones que desencadenaron el paro cardio respiratorio y, la consiguiente, internación -sucedida el día 19 de marzo de 2014-; pero insuficiente respecto a la vinculación entre aquellas primigenias lesiones y el desenlace fatal.
Advierto que a partir de las declaraciones testimoniales de distintos familiares y allegados de la menor, que narraron los padecimientos que atravesaron desde aquella primera internación hasta el óbito (V. fs. 32/33 vta.), sumado al contenido de la historia clínica del Hospital de Niños de La Plata de fecha 8 de agosto de 2014 –es decir, realizado casi trece meses antes del fallecimiento- (V. fs. 33 vta./34 vta.), los sentenciantes determinaron que el comportamiento de E. R. abastecía el aspecto objetivo del delito de homicidio agravado.
Entonces, si bien en doctrina se discute cómo decidir en los supuestos en que un resultado se
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