Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98929
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Cristian J. M. Moix.
II. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 10/16 en favor de María Belén Palavecino, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14, ley 48; 168 y 171 de la Const. Provincial; 40, 41, 55 y 58 del CP; 18, 20 inc. 1°, 106, 210, 450, 451, 454 inc. 4, 456, 530 y 531 C.P.P.
"Registrado bajo el Nro. 1075 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 31 de octubre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 98929 caratulada “PALAVECINO MARIA BELEN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 2 de julio de 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, condenó a María Belén Palavecino a la pena única de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas; comprensiva de a) la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n°4 Departamental, el día 18/10/2017, por encontrar a la nombrada autora responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo, evento que tuvo lugar el día 31/05/2016, cuya condicionalidad se revoca y b) la sanción de cuatro (4) años de prisión, impuesta con fecha 10/10/2018 por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del mismo Departamento Judicial, por resultar autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, hecho ocurrido el 12/05/17 (arts. 55 y 58, CP).
Contra dicho pronunciamiento el Defensor Particular, Dr. Cristian J. M. Moix, interpuso el recurso de casación que figura a fojas 10/16.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 18/09/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
La resolución impugnada resulta, a mi juicio, equiparable a sentencia definitiva al determinar la extensión de la pena que el causante deberá cumplir y agotarse en sí misma, tornando imposible la continuación de los procesos donde recayeron las sanciones que fueron objeto de unificación.
La presentación, además, fue deducida por parte legitimada, abastece los recaudos formales exigidos por el ordenamiento procesal y fue canalizada por una vía que se ajusta a la competencia asignada a este cuerpo (arts. 450 1er párrafo, 451 y 454 inc. 1 del C.P.P.). Por ello, considero que el recurso resulta admisible.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega doctor Maidana, por compartir sus fundamentos, votando en idéntico sentido.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Plantea el impugnante la inobservancia y errónea aplicación del Preámbulo y los arts. 1, 16, 18, 31 y 75 inc. 22 de la CN; arts. 8 y 25 de la CADH. Sostiene como motivos de agravio las consideraciones que efectúa el A Quo en la resolución impugnada respecto a la aplicación de una pena mayor a la solicitada por la Defensa, entendiendo que dicho pronunciamiento implica una violación a los principios del “ne bis in ídem”, de humanidad, de intrascendencia a terceros y del interés superior del niño. Afirma que a su defendida se la está juzgando por hechos que ya fueron objeto de otra sentencia (ver fs. 13vta. y ss.). Destaca que su asistida es madre de dos niñas menores de edad y está a cargo de su sobrina también menor (ver fs. 14vta./15); considera que el encierro en una unidad penitenciaria, resiente el normal desenvolvimiento de la relación familiar con afectación al derecho de los niños. Hace reserva del caso federal. Solicita se case la sentencia, readecuando la pena única impuesta.
Limitados de tal modo los motivos de agravio presentados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos -art. 434 y cc. del CPP- (v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
Sentada la posición de la parte, observo que el agravio se centra en la fundamentación del fallo y en el quantum de la sanción única fijada por el magistrado de la instancia anterior.
Dicho lo anterior, no media ningún cuestionamiento en torno a que el supuesto en trato es una hipótesis de unificación de condenas.
De acuerdo a los antecedentes traídos en la resolución puesta en crisis, con fecha 18 de octubre de 2017 el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata condenó a María Belén Palavecino, en la causa nº 1481, a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, por haberla hallado autora del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo, hecho cometido el día 31/05/2016 (ver fs. 3).
Por otro lado, el Tribunal en lo Criminal n°1 de Mar del Plata, el 10 de octubre de 2018, condenó a la imputada a la pena de cuatro (4) años de prisión, por resultar autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, evento ocurrido el 12/05/2017 (cfr. fs. 3).
Ahora bien, radicado el legajo de ejecución en el Juzgado de Ejecución Penal N°1, se advirtió la existencia de anteriores condenas, por lo que el titular de dicho organismo dispuso declinar la competencia al Tribunal en lo Criminal n°1 para el dictado de la pena única.
Así, este último Tribunal, el 2 de julio de 2019 dictó la pena única de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de aquellas descriptas en los párrafos precedentes.
Acerca de los distintos supuestos que trae el artículo 58 del Código Penal, se configura en la especie un supuesto de unificación de condenas, en tanto se trata de varios hechos que se hallan relacionados bajo el supuesto de un concurso real –art. 55 del CP- que, por razones técnicas ajenas al enjuiciado, determinó la promoción de procesos por separado (art. 58 segunda parte del CP).
La unificación de penas y/o condenas se fundamenta en la necesaria unidad de la reacción penal en aras de lograr una unidad de trato punitivo y evitar que un sujeto que cometió una pluralidad de infracciones quede sometido a distintos regímenes, a expensas de una multiplicidad de manifestaciones de la coerción penal, de modo desordenado y con posibilidad irracional de exceso punitivo. Por eso, la unidad de coerción material debe expresarse siempre bajo los parámetros de una “pena total”, se trate de una unificación de penas o del caso de una unificación de condenaciones (cfr. Zaffaroni – Slokar – Alagia, “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 961 y sgts., non sic).
En el caso de concurso real de delitos que debían haberse juzgado simultáneamente, pero que no fueron objeto de un único pronunciamiento por cuestiones técnicas ajenas al encausado (competencia judicial, estado de los procesos, ausencia de certificación de los que están en curso, etc.), si bien esa unidad de pena persiste aún en el marco de la unificación, la pena total debe ser entendida como resultado de una única condenación atento que las desavenencias del trámite judicial por separado no pudieron resolver la situación de incertidumbre del penado, frente a la ley, la sociedad ni el delito, mediante un único proceso y una única condena.
El juicio de determinación de la única pena en el marco de una unificación de condenas, no desarticula el sistema tradicional que regula la materia; al contrario, el Tribunal actuante que en último término deba pronunciarse sobre la medida de pena y así ejercer una reacción única ante el sujeto pasible de varias sanciones penales, siempre debe considerar que la cuantificación de esa pena total para ser justa, no debe fijarla de modo aislado, sino en comunión con los principios generales que rigen la materia.
No puede exceder la medida del reproche personalizado por cada uno de los actos que conforman el objeto de la única condenación, las penas se tienen como no pronunciadas, al haber sido dictadas en violación a la regla del concurso real, y se diluyen en una única condenación que hace renacer la escala penal compuesta por los delitos que habían sido objeto de condena. Se sintetiza así, un nuevo margen legal punitivo, donde se moverá el juez en su tarea de establecer la unidad y extensión cualitativa y cuantitativa de la única pena a aplicar.
La pauta legal rectora sigue siendo producto del juego y análisis de las previsiones de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en tanto la magnitud del injusto con el correctivo de la peligrosidad, devienen como indicadores para graduar la medida de culpabilidad en el proceso de dosificación concreto de unificación, aunque, en el supuesto del artículo 58 del CP, el ámbito jurisdiccional se halla aún más acotado, en tanto el principio acusatorio no sólo limita al Juez para atender exclusivamente los argumentos que traen las partes en ese nuevo interlocutorio de culpabilidad, sino que además, el juicio de moderación punitiva está ceñido al conjunto de los atenuantes y las agravantes que ya fueron objeto de individualización en ambas condenaciones precedentes y no pueden ser alteradas atento que dichos parámetros diminuentes y agravatorios fueron oportunamente discutidos, valorados y llegan firmes a esa instancia procesal.
De tal modo, de ninguna manera el pronunciamiento resulta una violación al principio “ne bis in ídem”, toda vez que no se está juzgando nuevamente a la acusada por los hechos que fueron objeto de las sentencias a unificar y que se encuentran firmes, sino que se intenta arribar una pena total justa.
En el caso, al ser promovida la unificación en los términos del art. 58 CP, el Fiscal solicitó imposición de un monto único de acuerdo a la aplicación del método aritmético; en tanto, la Defensa peticionó que se utilice el sistema composicional y se fije una pena de máximo 4 años de prisión (ver fs. 3/vta.).
De acuerdo a los parámetros mencionados por el Tribunal de mérito, el estándar de motivación exigible se encuentra cumplimentado (art. 106, CPP).
Así, en el fallo el sentenciante expone que valora las atenuantes y agravantes establecidas en el pronunciamiento que se pretende unificar (ver fs. 3vta.); por lo que se desprende que fueron incorporadas al juicio de mensuración punitiva por parte del órgano de grado.
La falta de fundamentación alegada por el impugnante no se advierte pues el A Quo invocó las normas que rigen el caso y realizó una valoración de las pautas atenuantes y severizantes de las sanciones que fueron objeto de determinación en las condenas anteriores, y que conforman el iter lógico complementario, preciso y singular que funda la extensión de la respuesta punitiva en el caso concreto (arts. 171 Constitución Provincial y 106 del CPP).
Así las cosas, resta señalar que no resulta procedente la incorporación de nuevas pautas atenuantes tal como lo peticiona la parte, toda vez que, como ya lo señalé, dichas circunstancias llegan firmes a esta instancia, no pudiendo ser alteradas.
Asimismo, se aplicó el método composicional, fijándose un monto inferior al resultante de la suma aritmética de las penas que conformaron el pronunciamiento unificatorio.
En definitiva, no encuentro razón para postular la disminución de la sanción única que fuera establecida en la resolución atacada (arts. 40, 41, 55 y 58 del CP). Menos aún, cuando la parte no acerca argumentos atendibles que permitan avizorar la desproporcionalidad del monto aplicado, lo que torna ineficaz el planteo.
Por todo lo expresado, propongo rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Cristian J. M. Moix en favor de María Belén Palavecino, con costas (arts. 40, 41, 55 y 58, CP; 18, 106, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 530 y 531, CPP). Asimismo, deberá tenerse presente la reserva del caso federal formulada (art. 14, ley 48).
ASI LO VOTO .
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Cristian J. M. Moix.
II. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 10/16 en favor de María Belén Palavecino, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14, ley 48; 168 y 171 de la Const. Provincial; 40, 41, 55 y 58 del CP; 18, 20 inc. 1°, 106, 210, 450, 451, 454 inc. 4, 456, 530 y 531 C.P.P.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen a los fines dispuestos.
FIRMADO: RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia