Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97435
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Santiago Adrián Medina.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 65/74vta. en favor de Mario Fidel Medina, Santiago Adrián Medina y Yolanda Luna, con costas.
Rigen los arts. 62 inc. 2° y 67 inc. b) CP; 20, 106, 421, 433, 448, 450, 454, 530 y 531, cits. y ccs., CPP.
"Registrado bajo el Nro. 1083 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 31 de octubre de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel CARRAL y Ricardo MAIDANA (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 97435 caratulada “MEDINA SANTIAGO ADRIAN MEDINA MARIO FIDEL Y LUNA YOLANDA S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 15 de marzo de 2019, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora confirmó la decisión del Juzgado de Garantías N° 5, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal respecto de Mario Fidel Medina, Santiago Adrián Medina y Yolanda Luna.
Contra esa decisión, el Defensor Particular, Dr. Santiago Adrián Medina, interpuso el recurso de casación de fs. 65/74vta., que fue concedido por el A Quo a fs. 75/76.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 03/07/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Sin perjuicio que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 433 del C.P.P., corresponde a la Cámara de Apelación y Garantías interviniente evaluar si la resolución es recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 75/76.
Así las cosas, en opinión del suscripto la controversia aquí ventilada se encuentra prevista en el art. 450, 2° párrafo in fine CPP, que prescribe que el remedio casatorio procede contra autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal que denieguen la extinción de la pena.
Por esta razón, considero que no es necesario que se trate de un auto revocatorio toda vez que dicha exigencia se limita únicamente a los supuestos enunciados en la primera parte del referido párrafo de la norma citada y no a los que, separados por el punto y coma, se enuncian a continuación. En función de lo expuesto, entonces, opino que es admisible el recurso de casación.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Sostiene el impugnante la omisión de tratamiento de cuestión esencial, toda vez que las instancias jurisdiccionales no se expidieron respecto del planteo de extinción de la acción penal por prescripción, en relación a los delitos de usurpación y estafa. Señala que si bien el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 CPP fue por los delitos de estafa y estafa procesal en grado de tentativa, la conducta del hecho I (estafa) coincide con el evento constitutivo del delito de usurpación. Añade que la limitación temporal de la persecución penal está impuesta por la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) y que, más allá de la calificación legal asignada, desde el mes de julio de 2011 (fecha en la que se habría cometido el hecho) al 21 de diciembre de 2017 (audiencia del 308, primer acto jurisdiccional con capacidad de interrumpir el curso de la acción), ya había transcurrido el plazo máximo para ambos delitos, usurpación (3 años) y estafa (6 años).
Cuestiona la interpretación que realiza el A Quo de los arts. 42, 62 inc. 2, 63 y 67 del CP. Expresa no compartir el criterio de la Alzada -en tanto afirma que se trata de un hecho con dos secuencias temporales distintas- razonamiento que considera infundado y carente de doctrina o jurisprudencia que lo avale. Entiende que la Cámara confunde la consumación de los delitos con las causales que interrumpen o suspenden el curso de la acción penal. Cita un fallo de este Tribunal que considera en favor de su postura. Advierte que la última presentación realizada en el proceso civil no puede ser equiparada a una causal de interrupción o suspensión de la acción penal, pues entonces debería haber sido mencionada en la descripción fáctica como parte de la conducta endilgada o bien como un hecho independiente.
Afirma que si bien el trámite del expediente civil continuó con posterioridad a la deducción de la demanda (noviembre de 2011), ello no puede ser fundamento de que la tentativa continúa ejecutándose -toda vez que no se trata de un delito continuado (art. 63 CP)- ni tampoco constituye una de las causales taxativas establecidas en el art. 67 del CP. En forma subsidiaria, solicita la nulidad del fallo atacado, toda vez que, en virtud de las reglas de prejudicialidad, se retrasa desmedidamente las causas ante la justicia civil, afectando así el derecho de defensa en juicio. Explica que en el caso de autos, la acción civil no podría ser intentada nuevamente, pues cada acto renovaría la acción penal.
Por todo lo expuesto, peticiona se revoque el pronunciamiento en crisis y se declare la extinción de la acción penal o, en forma subsidiaria, la nulidad de lo fallado. Hace reserva del caso federal.
Así las cosas, debo adelantar que el recurso no ha de prosperar.
En primer lugar, observo que a partir del mes de julio de 2011, Mario Fidel Medina y Yolanda Luna decidieron no renovar el contrato de alquiler suscripto con María Del Carmen Longarella y su difunto esposo, Carlos Oscar Carreras, negaron su condición de locadores y se apoderaron del inmueble previamente locado (hecho I). Que con la colaboración necesaria de Santiago Adrián Medina, en noviembre de ese mismo año promovieron demanda sumaria por usucapión, con la intención de inducir a error al Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, a fin de obtener una decisión dispositiva a su favor, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad (hecho II, v. fs. 37vta.).
Conforme se desprende del legajo recursivo, los eventos descriptos fueron calificados como constitutivos de los delitos de estafa y estafa procesal en grado de tentativa (v. fs. 36). Y como lo indica la Alzada, la cuestión de fondo habrá de ser resuelta en otra etapa del proceso.
Debe recordarse que la estafa es una defraudación consistente en un desapoderamiento mediante la inducción a una disposición patrimonial ajena e injusta lograda con ardid o engaño (" Código Penal: Comentado y Anotado: Parte especial (arts. 79 a 306) ", Andrés José D'Alessio, Ed. La Ley, pag. 672).
El auto aquí impugnado no puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido, y desde mi visión el temperamento adoptado resulta ajustado a derecho, pues el A Quo resolvió que la interversión del título (hecho I) como la demanda incoada en sede civil (hecho II) constituyen una sola conducta antijurídica que no ha logrado consumarse y que debe ser calificada, a su criterio, como estafa en grado de tentativa (arts. 42, 44 y 172 CP).
Asimismo, la Cámara tuvo en cuenta, a fin de computar el plazo de la prescripción, la fecha del último impulso efectuado en el proceso civil, entendiendo que ello sucedió el día 25 de junio de 2015.
En virtud de ello, la Alzada concluyó que al momento de prestar declaración en los términos del art. 308 CPP (21/12/17), la acción penal se encontraba vigente, pues no había transcurrido el plazo de 4 años que refiere el artículo 62 inc. 2 del Código Penal, en relación a los arts. 42, 44 y 172 del mismo Cuerpo.
Por lo expuesto, considero que la impugnación deducida debe ser rechazada por improcedente, con costas (arts. 62 inc. 2° y 67 inc. b) CP; 106, 421, 433, 448, 450, 454, 530 y 531 CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Particular, Dr. Santiago Adrián Medina.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto a fs. 65/74vta. en favor de Mario Fidel Medina, Santiago Adrián Medina y Yolanda Luna, con costas.
Rigen los arts. 62 inc. 2° y 67 inc. b) CP; 20, 106, 421, 433, 448, 450, 454, 530 y 531, cits. y ccs., CPP.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FIRMADO: RICARDO MAIDANA - DANIEL CARRAL (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ (SECRETARIO).
Fin de la sentencia