Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 97484
REG: 787
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 24 de octubre de dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borisnky, Daniel Carral y Carlos Ángel Natiello (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 97484 caratulada “PERCUOCO ROBERTO ANTONIO, DE LA CANAL RICARDO SERGIO S/ RECURSO DE CASACION (ART. 417 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – BORINSKY - NATIELLO.
El 2 de mayo de 2019, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata -en el marco del legajo n° 22411/3- rechazó la acción de hábeas corpus presentada en favor de Roberto Antonio Percuoco y Ricardo de la Canal, y confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal N° 1 departamental que ordenó la detención de los nombrados.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la defensa de Roberto Antonio Percuoco (fs. 11/22).
Como primer motivo de agravio plantea que al momento de disponer la detención de su asistido, el Tribunal en lo Criminal N° 1 carecía de jurisdicción.
En esa dirección, destaca que el 30 de abril de 2019 el órgano juzgador dictó sentencia condenatoria respecto de José Antonio Cáceres, Ernesto Roberto Conti, Roberto Antonio Percuoco y Ricardo De La Canal, y en lo que aquí interesa destacar, no dispuso medida restrictiva de la libertad sobre los dos nombrados en último término, habida cuenta la ausencia de requerimiento por parte de la fiscalía y el particular damnificado.
Con posterioridad a la notificación a las partes del decisorio aludido, el particular damnificado realizó la presentación manuscrita que obra en copia a fs. 1 de este legajo, mediante la cual solicitó la detención de los acusados Percuoco y De la Canal, luego de lo cual los señores jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 ordenaron su detención, por las razones que expusieron en el auto que obra en copia a fs. 2/3.
Alega el impugnante que la competencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 había concluido con el dictado de la sentencia condenatoria, con lo cual la decisión posterior ordenando la detención de los acusados, transgredió el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal.
Como segundo motivo de agravio, cuestiona las facultades del particular damnificado para solicitar la detención de los acusados.
Señala que en el proceso penal confluyen intereses contrapuestos, por un lado los de la sociedad, representada por el Ministerio Público Fiscal, que persigue “ el restablecimiento del orden, el imperio del derecho, la aplicación de la ley con sanción al culpable ”, y por otro lado “ los derechos individuales del imputado ”.
Afirma que es tarea del legislador armonizar ambos intereses mediante el dictado de un ordenamiento procesal que tenga en mira una “ igualdad de posición ”.
Señala que las reformas legislativas que ampliaron las facultades del particular damnificado no resultaron claras y generaron dudas, y que frente a una “ acusación arbitraria y carente de objetividad, deben prevalecer las garantías del imputado, pues el principio constitucional que le prolonga su estado de inocencia solo se compatibiliza con esta solución (Eduardo M. Jauchen, Derechos del Imputado, Editorial Rubinzal – Culzoni, pág. 73/75) ”.
Discrepa con los señores jueces de la Cámara sobre la interpretación que asignaron a las reformas introducidas en el ordenamiento adjetivo por la ley 13.943. Afirma que “ tanto al interpretar el espíritu reformista del legislador como el juego armónico del ritual penal bonaerense, el límite a la potestad acusatoria del Particular Damnificado lo es el artículo 334 bis del C.P.P., hasta allí su facultad, su imperio ”.
Cita en apoyo de su postura los fundamentos del proyecto de ley plasmado en la normativa invocada, de acuerdo con los cuales “ de este modo se articulan armónicamente las relaciones con el Ministerio Público, quien conserva en exclusividad el monopolio de la investigación y los intereses del ofendido ”.
El impugnante se apoyó en esa línea de razonamiento, y en el hecho de que el fiscal de juicio no formuló acusación respecto de Roberto Antonio Percuocco, para sostener que la imputación formulada por el acusador privado no pudo ir más allá de la que sostuviera el representante del Ministerio Público Fiscal en la requisitoria de elevación a juicio, esto es el delito previsto en el art. 144 bis inc. 2 del Código Penal, y no el delito previsto en el art. 80 inciso 9 por el que fuera finalmente condenado por el Tribunal de juicio.
Concluye denunciando la transgresión al debido proceso legal, por habérsele otorgado mayores facultades al particular damnificado, “violándose el principio de objetividad”.
Hizo reserva de caso federal.
Recepcionado el remedio en la Sala, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver por lo que se plantean y votan las siguientes:
Primera: ¿Es admisible y en su caso procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
I. En primer lugar advierto que el recurso interpuesto es admisible puesto que la presentación que dio lugar a estas actuaciones consistió en una acción constitucional de Hábeas corpus -interpuesta ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata– cuya denegatoria es revisable ante esta sede de acuerdo a lo previsto en el art. 417 del CPP.
II. Se encuentra discutido en el caso la facultad del órgano jurisdiccional de ordenar una medida cautelar –detención de dos de los acusados-, cuando el pedido no proviene del fiscal sino exclusivamente del particular damnificado.
El principal obstáculo para la procedencia de la medida ordenada por el Tribunal del debate, se encuentra en que el ordenamiento procesal vigente no contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda ser habilitado por un pedido del particular damnificado para dictar una medida de coerción en contra del acusado.
Menos aún se encuentra prevista la posibilidad de que el acusador privado solicite la medida de coerción luego de dictada y notificada la sentencia a las partes, cuando no lo había hecho durante el debate, tal como ocurrió en este caso.
No se trata de un vacío legal, sino que el legislador reguló los presupuestos y requisitos de las medidas de coerción en el Título VI del Libro I del Código Procesal Penal, contemplando en ese marco los diferentes supuestos en torno a la privación de la libertad del acusado –arresto, detención, prisión preventiva-, y adjudicó únicamente al Agente Fiscal como órgano de la acusación la facultad, en un caso de disponer esa medida –arresto-, y en los restantes de solicitarlas al Juez de Garantías.
Ni en la etapa preparatoria de la investigación, ni durante el debate, rige norma expresa alguna que le adjudique al particular damnificado la facultad que se le ha reconocido en este legajo, de requerir y habilitar al órgano jurisdiccional a imponer una medida cautelar sobre los acusados.
III. La ausencia de una norma legal que contemple el supuesto particular analizado en este legajo reviste una importancia decisiva, dadas las características de la medida adoptada, esto es, el encarcelamiento de una persona sobre la que no recayó hasta el momento sentencia condenatoria firme.
Vale la pena recordar que el art. 3 del Código Procesal Penal (Título I Garantías Fundamentales, Interpretación y Aplicación de la Ley), establece en lo que aquí interesa destacar, que toda disposición legal que coarte la libertad personal deberá ser interpretada restrictivamente. Este principio perdería buena parte de su razón de ser, si la restricción de la libertad se fundamenta por fuera de las disposiciones legales contenidas en ese cuerpo, como ocurre en el caso en trato.
La doctrina ha explicado con meridana claridad las razones por las que la ley constituye la única fuente de las medidas de coerción (“nulla coactio sine lege previae”): “ Del carácter excepcional del encarcelamiento preventivo –y de toda medida de coerción- se deriva, además, la necesidad de que la utilización de la fuerza pública, en la que él y ella residen, provenga de una autorización legal. El aforismo latino no sólo se parece en su formulación textual al nullum crimen del Derecho Penal, sino que, por ello mismo, funciona de manera similar a él, con la gran diferencia de que no se trata de prohibir o mandar, como ocurre con el principio nullum crimen, sino de autorizar, esto es, de la creación de una facultad, para el caso, de una facultad estatal, en otras palabras, de una competencia pública. Si la libertad del imputado o del ciudadano –la ausencia de aplicación de la fuerza pública a modo de limitación de derechos concedidos- es la regla, que no necesita ser afirmada legislativamente, sino que constituye la posición normal del imputado que soporta una imputación penal y del ciudadano involucrado de alguna manera en una persecución penal, pues entonces cualquier medida de coerción aplicada debe estar fundada en una autorización legal específica y, por lo tanto, la regla funciona a la manera de una cláusula de cerramiento: sólo la medida autorizada por la ley (permisión fuerte) puede ser aplicada por la autoridad competente según la misma ley, y sólo puede serlo en la medida en que la ley establece esa facultad, esto es, en la situación real que la ley menciona para conceder la autorización, con las exigencias y en los límites previstos en la ley. La legitimidad de la medida, que la separa del uso abusivo y delictivo de la fuerza pública, depende, entonces, de su sometimiento a la ley, en primer lugar (…) ” (Julio B.J. Maier. Derecho Procesal Penal. Tomo III. Parte general. Actos procesales. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires – 2011 – 1° ed, pgs. 384/385).
Por su parte, en el pronunciamiento de la Cámara de Apelación y Garantías por medio del cual rechazó el habeas corpus presentados en favor de los acusados Percuoco y De La Canal (fs. 6/10), se citaron los fundamentos legislativos de la ley 13.943, entendiéndose que “ el espíritu de dicha reforma ha sido ampliar significativamente su rol en el proceso ”.
Se agregó que el acusador público y el privado pueden recurrir en los mismos supuestos y por los medios establecidos por el ritual para el Ministerio Público Fiscal –a excepción del remedio que se interpone en favor del imputado- (conf. arts. 423, 441 y 453, CPP.).
Se concluyó que si el particular damnificado tiene la facultad de formular una acusación que habilita el dictado de una sentencia condenatoria –aún en ausencia de pretensión del fiscal-, no podría sostenerse válidamente que carece de herramientas para requerir una medida cautelar –art. 371- destinada a obturar el peligro de frustración del cumplimiento de la pena impuesta por la sentencia no firme.
V. Entiendo que ninguno de los argumentos mencionados en el apartado anterior resulta suficiente para soslayar la ausencia de base normativa de la medida cautelar ordenada.
En primer término, es dable señalar que en los precedentes nacionales e internacionales que habitualmente son citados a la hora de analizar el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva (“Santillán”, “Otto Wald” y “Del Olio”, de la Corte Suprema de Justicia de la nación; y en similares términos, informes 28/92 y 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), se abordaron situaciones vinculadas a la facultad de la parte damnificada de obtener un pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo del pleito, fundamentalmente en ausencia de pretensión del acusador público, situación que aquí no es materia de debate.
Más allá de ello, si se entendiera que existe un punto de contacto en las materia de discusión debatida en los precedentes citados, y la planteada en este legajo, entiendo que los argumentos expresados en los fallos mencionados no son trasladables a este supuesto, y en consecuencia no habilitan al órgano jurisdiccional a dictar la medida cautelar ordenada.
Ello es así, pues la problemática que se discutió en dichos precedentes, fundamentalmente en el caso “Santillán”, partía de una base sustancialmente distinta.
La posibilidad de que la acusación privada habilite al órgano jurisdiccional a dictar una sentencia condenatoria, encontraba sustento en la normativa procesal vigente, concretamente en el art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación. A partir de allí, el Máximo Tribunal consideró que “(…) la exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto o contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula (Fallos: 143:5) ” (considerando 10).
La normativa procesal en la que se apoyó la decisión adoptada en el precedente citado, no se encuentra presente en el supuesto aquí analizado, pues como se dijera más arriba, no hay norma alguna en el cuerpo legal vigente que habilite el dictado de una medida de coerción personal impulsada exclusivamente por el acusador privado.
Por estas mismas razones, la modificación introducida por la ley 13.943, incorporando el art. 334 bis al ordenamiento adjetivo local, no puede ser invocada como respaldo normativo del criterio sustentado en las instancias anteriores, pues dicha norma se refiere a la facultad del particular damnificado de requerir la elevación a juicio aun frente al pedido de sobreseimiento del fiscal -en la etapa de control de la imputación-, vale decir que rige en una materia esencialmente distinta de la medida de coerción que constituye la materia de discusión en este legajo.
VI. Por otro lado, si se atiende al contenido del derecho a la tutela judicial efectiva asignado en los precedentes citados, podrá apreciarse que en el caso en trato el mismo ha sido garantizado.
En esta causa, la investigación se llevó adelante contra cuatro personas señaladas como sujetos activos de los hechos descriptos por la fiscalía y por la particular damnificada.
Ambos acusadores formularon requerimientos de elevación a juicio respecto de los cuatro acusados, el debate se celebró con la presencia de todos los imputados, y al finalizar el mismo el órgano jurisdiccional dictó una sentencia condenatoria respecto de todos los sujetos activos, aun cuando el fiscal no acusó a dos de ellos, pues el particular damnificado sí lo hizo.
En resumidas cuentas, es posible afirmar que se llevó adelante una investigación sobre los hechos por los que el particular damnificado resultó víctima, que finalizó con un juicio en el que la totalidad de la pretensión punitiva del acusador privado fue resuelta favorablemente por el órgano jurisdiccional, mediante un pronunciamiento que a la fecha no se encuentra firme.
A la luz de todo lo anterior, el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva ha sido respetado, sin que en todo ello haya tenido incidencia alguna las reglas del ordenamiento procesal que ciñen el impulso de las medidas cautelares al representante del Ministerio Público Fiscal.
VII. La alusión al adagio “quien puede lo más, puede lo menos”, tampoco resulta un argumento acertado para sostener la procedencia de la medida cautelar impetrada por el particular damnificado.
Ello es así, pues la diferencia de los roles que cumplen el acusador público y el acusador privado, como así también las distintas herramientas con las que cuentan para perseguir los objetivos de sus ministerios, impiden ubicarlos en una misma posición frente a todos los actos del proceso penal, sin analizar las características de cada uno de ellos.
A modo de ejemplo, no podría reconocérsele al particular damnificado la facultad de realizar un allanamiento de urgencia, o recibir declaración a un testigo de identidad reservada, o realizar una diligencia de reconocimiento, pues todas ellas han sido puestas en cabeza de la fiscalía, como órgano a cargo de la investigación y autorizado al uso de la fuerza pública mediante su auxiliar en tales casos –la policía-.
De manera tal que invocar el aforismo aludido no es acertado, pues requerir la imposición de una medida cautelar privativa de la libertad del acusado no es “menos” que pedir una pena sino una pretensión esencialmente distinta, sujeta a presupuestos y condicionamientos que la ley procesal local expresamente regula.
Tales reglas contemplan la necesidad de la intervención del Ministerio Público Fiscal, sin que su actuación pueda ser reemplazada por el acusador privado, al menos de acuerdo a la normativa que actualmente rige en esta materia.
VIII. En lo que se refiere a las reformas introducidas por las leyes 13572 y 13943, está claro que mediante ellas se modificaron algunas de las reglas del ordenamiento adjetivo ampliando las facultades del particular damnificado en distintos institutos del proceso penal.
Pero también es cierto que ni en las leyes mencionadas, ni en ninguna otra vigente al día de hoy, el legislador le otorgó al acusador privado el derecho de impulsar una medida de coerción como la pretendida.
De hecho, es dable advertir que en el art. 79 del ordenamiento adjetivo, que contempla los derechos y facultades del particular damnificado –texto según ley 13.943-, está prevista la posibilidad de requerir medidas cautelares de carácter real, para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas –inc. 2-.
La interpretación sistemática de esa norma refleja que el legislador no le otorgó al acusador privado la facultad de impulsar una medida de coerción personal como la discutida en este legajo.
Esta posibilidad sí fue incluida en forma novedosa en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal (arts. 240 y 243 del anteproyecto del nuevo Código en reemplazo de la ley 11.922 y sus modificatorias, presentado por el
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