Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 95799
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.
II. Rechazar, por improcedente, el recuso de casación interpuesto por la defensa de Francisco Gabriel Finuchi, por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 210, 371, 373, 448, 530, 531 y cctes. del CPP; 189 bis inciso segundo cuarto párrafo y ccdtes. del CP.
C-95799
En la ciudad de La Plata, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos los integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luís María Mancini, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, con el objeto de resolver en la causa Nº 95.799 caratulada “FINUCHI FRANCISCO GABRIEL S/ RECURSO DE CASACIÓN” , y habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores jueces emitirán sus votos, resultó el siguiente orden de votación: BUDIÑO – MANCINI .
El Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial San Nicolás, con integración unipersonal en el marco de un juicio abreviado, resolvió la causa nro. 6266 condenando a Francisco Gabriel Finuchi, a la pena de tres años y seis meses de prisión, con más la accesorias del art. 12 de CP, por encontrarlo autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación el defensor de confianza del imputado, Dr. Hugo E. Lima, el cual obra a fs. 22/26vta. del presente legajo.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación en trato?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
A la primera cuestión planteada , la doctora Budiño dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Siendo legítimo el interés en la correcta aplicación del derecho y la expectativa de que la sentencia mejore la situación del imputado respecto de la condena, más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme los normado en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 401, 421, 396, 397 y 399 del Código Procesal Penal.
La defensa se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, primer párrafo del código de forma y, por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 454, primer párrafo, 464, inciso primero y 465 del Código Procesal Penal).
Voto, entonces, por la afirmativa (artículos 106, 210, 367, 371, 373, 396, 397, 399, 401, 421, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465 inc. 2º, 530, 531 y cctes. del CPP).
A la primera cuestión planteada el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada la doctora Budiño dijo:
I. El recurrente denuncia la falta de motivación del fallo y la absurda valoración de la prueba.
Sostiene que la sentencia es nula por carecer de motivación lógica en cuanto a los extremos de la imputación delictiva que tiene por cierto, esto es la acreditación de que la portación era para cometer un delito.
Alega que el sentenciante, desoyendo la voluntad de las partes, optó por la calificación más gravosa de las previstas en el acuerdo de juicio abreviado. Que en ese mismo acuerdo se había planteado, como una segunda opción, que se califique el hecho como portación ilegal de arma de guerra atenuada, tal como lo entendiera el Juez de Garantías durante la etapa de instrucción.
Sostiene el defensor que la calificación legal más gravosa fue aplicada de modo inmotivado, pues no deriva razonablemente de la prueba invocada en su sustento, por lo que en este punto el fallo deviene absurdo y violatorio de lo dispuesto en el art. 210 del CPP.
Solicita en consecuencia que se haga lugar al recurso y se califique el hecho como portación ilegal de arma atenuada en los términos del art. 189 bis inc. 2° del CP.
II. Al tomar intervención el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, propició el rechazo en todos sus términos del recurso de casación interpuesto por los fundamentos que expuso a fs. 41/42vta.
III. El recurso no puede prosperar.
En primer lugar corresponde aclarar que, tal como surge de la solicitud de juicio abreviado -e incluso lo reconoce el recurrente-, la calificación legal aplicada en el fallo fue expresamente la acordada por las partes, habiéndose respetado también la pena pactada para el caso que se adopte dicha calificación.
La calificación atenuada que el recurrente reclama en esta instancia, fue acordada de modo claramente subsidiario, por lo que su desconsideración por parte del a quo no vulnera de ningún modo las reglas del procedimiento abreviado (arts. 395 y sstes. del CPP).
Frente a lo categórico de los términos en los que fue redactado el acuerdo, las elucubraciones defensistas referidas a que no se habría respetado la “verdadera voluntad” de las partes respecto de la calificación legal, aparecen divorciadas del contenido del pacto que suscribieran, por lo que este aspecto de la queja debe rechazarse al no encontrar respaldo en las constancias del expediente.
Sentado ello, no es de recibo el agravio que cuestiona la valoración de la prueba que llevó a cabo el a quo para derivar en la calificación legal aplicada.
La 25.886 en lo que aquí interesa, estableció en primer lugar un tipo básico de portación ilegal de armas de guerra (inc. 2do., 4to. párr.) y luego previó tipos atenuados y otro agravado. En el tipo básico se pune la portación con pena privativa de libertad con un mínimo de tres años y seis meses y un máximo de ocho años y seis meses, ese marco punitivo se reduce para los tipos atenuados en un tercio del mínimo y del máximo.
Una de esas atenuaciones se aplica cuando "por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos" (art. 189 bis, inc. 2°, 6to. párrafo).
Es claro entonces que la estructura del tipo atenuado hace que su aplicación dependa de la verificación de las pautas objetivas que fija la ley y que es función del juzgador, en base a las normas generales que rigen la apreciación de la prueba, determinar si se configuran o no.
Así las cosas, partiendo de que la aplicación de la figura atenuada requiere la “evidente” falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos, su descarte en el caso ha sido acertado y debidamente fundado.
En efecto, el a quo concluyó que no resultaba evidente la falta de intención de utilizar el arma portada con fines ilícitos (que es lo que exige la figura atenuada cuya aplicación se reclama), a partir de la valoración de las circunstancias que rodearon al hecho, especialmente lo consignado en el acta de procedimiento en cuanto al contexto en que se produjo la aprehensión del imputado, esto es en circunstancias en que había realizado disparos en la vía pública, y al notar el arribo de la policía se dio a la fuga saltando tapiales de distintas casas del lugar y que en esa fuga descartó el arma que portaba en el patio de una de esas viviendas.
Así las cosas, se descartó razonablemente la falta de intención de utilizar el arma portada con fines ilícitos, pues las circunstancias fácticas que rodearon la actuación del imputado evidenciaron lo contrario, en tanto la portación que se tuvo por acreditada fue contemporánea a la efectiva utilización del arma de un modo ilícito, como fue efectuar disparos en la vía pública; pues debe repararse en que “ilícito” no significa necesariamente delictivo, sino que remite a un concepto más amplio de injusto o contrario a derecho, y esa conducta del imputado sin dudas reviste esta condición.
En definitiva, a la luz de todo lo dicho la decisión de rechazar la aplicación de la figura atenuada no resulta de ningún modo infundada y merece ser compartida, puesto que las “circunstancias del hecho” suministran en el caso una pauta objetiva de ponderación, que se presenta incompatible con la falta de intención de la utilización del arma portada con fines ilícitos; por lo que debe confirmarse en el caso la figura básica de portación ilegal de arma de guerra prevista en el art. 189 bis inc. 2°, párrafo cuarto del C.P., en tanto en el sub lite se encuentran presentes todos los requisitos que ella exige, por lo que propicio el rechazo del recurso de casación interpuesto, con costas.
Así lo voto.
Arts. 1, 210, 371, 373, 395 y sgtes., 448, 530, 531 y cctes. del C.P.P.; 45, 189 bis inc. segundo cuarto párrafo y ccdtes. del CP.
A la misma cuestión planteada el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.
II. Rechazar, por improcedente, el recuso de casación interpuesto por la defensa de Francisco Gabriel Finuchi, por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 1, 210, 371, 373, 448, 530, 531 y cctes. del CPP; 189 bis inciso segundo cuarto párrafo y ccdtes. del CP.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
FDO. MARÍA FLORENCIA BUDIÑO – FERNANDO LUIS MARÍA MANCINI, JUECES. ANTE Mí: GONZALO RAFAEL SANTILLÁN ITURRES, SECRETARIO.
Fin de la sentencia