Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 93214
c. nro. 93.214
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes julio de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa Nº 93.214 , caratulada “Martín, Emiliano Leonel s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO - MANCINI .
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 del departamento judicial de San Martín condenó en fecha 25 de junio de 2018 a Emiliano Leonel Martín a la pena de prisión perpetua, con más las accesorias legales y costas del proceso, por ser autor penalmente responsable de homicidio agravado criminis causa, tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por la participación de un menor de edad y asociación ilícita.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de casación los señores defensores particulares, doctora María Luján Villaverde y Carlos Alberto Fernández.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes cuestiones :
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación incoado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
El recurso en trato ha sido interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el que se verifica el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Conforme lo dispuesto en el artículo 454 inciso 1 de dicho cuerpo normativo, los impugnantes se encuentran subjetivamente legitimados para recurrir por esta vía.
Por ello, corresponde declarar admisible la impugnación presentada (artículos 421, 454 inciso 1, 456, 457, 458, 464 a contrario sensu y concordantes del Código Procesal Penal).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. Como primer agravio la defensa solicitó la nulidad de la acusación fiscal. Afirmó que el representante del Ministerio Público Fiscal agravó la plataforma fáctica del hecho agregando elementos por los que Martín no había sido indagado ni llevado a juicio. Sostuvo que se vulneró el principio de congruencia y el derecho de defensa del imputado.
Afirmó que el Agente Fiscal incorporó en su alegato, como circunstancia novedosa, el presunto conocimiento por parte de Martín de que los integrantes de la familia de la víctima conocían a unos de los partícipes del robo (el menor Villarroel). Aseveró que los jueces del debate tuvieron en cuenta dicho elemento adicional para la acreditación de la ultraintención exigida en el homicidio criminis causa. Sostuvo que el imputado no tuvo posibilidad de defenderse respecto de la agravante incorporada y que como se agregó en oportunidad de alegar, ya se había producido la prueba.
Señaló que el incumplimiento de las previsiones del artículo 359 del C.P.P. hace nula la ampliación de la acusación. Sostuvo que entonces la calificación por la que fue condenado Martín no es aplicable por no haberse respetado el procedimiento del artículo 359 del C.P.P. Citó jurisprudencia de este Tribunal.
Solicitó se case la sentencia en cuanto se declaró abstracto el tratamiento del planteo de nulidad efectuado por la defensa y declare nulo lo actuado absolviendo a Martín. Subsidiariamente solicitó se declare nulo la agravante y se esté al requerimiento inicial.
La defensa objetó la valoración que los sentenciantes hicieron del testimonio del oficial de policía Ovando. Afirmó que se vulneró la prohibición de autoincriminación, en cuanto se introdujo al plexo probatorio las declaraciones relativas a un supuesto reconocimiento por parte del imputado, previo a su entrevista con el defensor y fuera del marco de la declaración indagatoria. Puso de resalto que dichas declaraciones fueron negadas por el imputado, y que no pudieron ser valoradas por el tribunal a quo por afectar su derecho de defensa.
El recurrente también denunció la afectación al derecho de defensa por la imposibilidad de incorporar por lectura las declaraciones del testigo Contreras y del testigo de identidad reservada.
Afirmó que la decisión que en el debate tomaron los jueces resultó arbitraria. Señaló que la limitación que impone el artículo 366 es con relación a la condena, pero no cuando se trata de declaraciones testimoniales de descargo. Aseveró que, con relación a Contreras, el Agente Fiscal no se opuso a dicha incorporación.
Como cuarto agravio denunció la arbitraria valoración de la prueba producida. Afirmó que el tribunal del juicio vulneró las reglas de la sana crítica y resolvió con fundamentación aparente, con un análisis fragmentado de la prueba de cargo. Señaló que, ante la falta de prueba directa, valoró exclusivamente la prueba indiciaria e ignoró la prueba de descargo. Puso de resalto que los jueces sentenciantes no valoraron la declaración del testigo Scocco, quien presenció la huida de los atacantes, y vio quién llevaba el arma en sus manos, lo describió y no reconoció al imputado en rueda de personas.
Objetó las tareas de investigación por la que se vinculó al imputado con el menor Villarroel. Afirmó que los sentenciantes valoraron fotografías supuestamente obtenidas del perfil público de Facebook del imputado en las que se lo ve junto a Villarroel. Indicó que se le atribuye una carga negativa a dicho vínculo, como si ello lo conectara directamente con el robo y homicidio.
Indicó que las averiguaciones que el personal policial hizo en el perfil de Facebook del imputado son nulas, por afectar el derecho constitucional de intimidad y privacidad. Señaló que se hicieron averiguaciones en dicho perfil a instancias de la Unidad Fiscal interviniente, pero sin orden de autoridad competente ni constatar la voluntad de Martín de liberar al público la información de su perfil en la red social.
Afirmó que tampoco vincula directamente a Martín con los hechos investigados la huella dactiloscópica hallada en el automóvil Peugeot 504. Indicó que solo acredita que el imputado en algún momento indeterminado tocó dicho vehículo. Señaló que no se consultó a perito alguno sobre la fecha de dichas huellas. Afirmó que el hallazgo de huellas dactilares en el automóvil resulta insuficiente para descartar la versión dada por Martín en oportunidad de declarar.
Objetó la valoración que los sentenciantes hicieron de la declaración de Domínguez. Puso de resalto que el resto de la prueba no vincula a Martín con el robo y homicidio. Indicó que dicha declaración, que atribuye la responsabilidad del homicidio a Martin, proviene de una persona con antecedentes penales, detenida en la causa, que trató de liberase de la investigación, que desvió la misma a Martín, sin que ningún otro elemento corrobore dicha imputación.
Afirmó que tampoco corresponde valorar la esquela que recibió Juan Carlos Miranda, padre de la víctima, como el nombre “Mascarita” recibida por parte de un anónimo, ya que por dichas circunstancias resulta imposible constatar su origen.
Objetó la información que se obtuvo del teléfono celular del imputado, que fuera secuestrado al momento de su detención. Afirmó que se vulneró el derecho a la privacidad, intimidad y el artículo 19 de la C.N., sin que se encontrara justificada la intromisión en las comunicaciones. Indicó que no hay vinculo de causalidad entre el celular secuestrado y peritado y el homicidio de Miranda ni razón alguna que habilitara la restricción de los derechos del imputado a su privacidad. Citó jurisprudencia de este Tribunal en su apoyo.
Rechazó la interpretación que los sentenciantes hicieron del flujo de comunicaciones telefónicas entre Coria, Villarroel y Martín momentos antes del robo y después, y el silencio en las mismas desde las 1.52 hs. y las 3.51 hs. Indicó que ello no se contradice con la versión dada por Martín, respecto de que Villarroel le llevó cerca de las 4:00 am un celular para vender a su casa.
Se opuso a la valoración que los sentenciantes hicieron de los mensajes que este tuvo con los distintos contactos del celular, como también que se tuvo por acreditado el apodo “Mascarita” del imputado a partir de información de Facebook como de WhatsApp. Que dicha información no se confirmó por otros medios de prueba. Criticó la acreditación de titularidad de los contactos de WhatsApp de Villarroel, Coria y Martín a partir de las fotos de los perfiles.
Indicó que la fuente de la línea de investigación por la que se vinculó a Martin con el robo y homicidio es nula. En dicho sentido criticó que el oficial Cabrera por iniciativa propia procediera a verificar el Facebook que se le atribuye a Martín, sin orden judicial y sin perjuicio de que el policía declarara que dichas fotos correspondían al perfil público de la red. Afirmó que la prueba así obtenida resulta nula, de nulidad absoluta.
Señaló que la valoración que hizo el tribunal a quo de las pruebas para fundar la condena del imputado es arbitraria y parcializada. Afirmó que se desconoció la falta de coincidencia entre los hechos ocurridos el 21/4/2016 y los relatados presuntamente por Martín en las comunicaciones analizadas. Indicó que el tribunal a quo valoró cargosamente los mensajes, afirmando que en los mismos Martín reconocía la autoría cuando el imputado en dichos diálogos manifestó que la víctima tenía un arma calibre 38, y que la había ultimado con 4 disparos, uno en la pierna, dos en la panza y otro en el corazón. Puso de resalto que dicho relato no se corresponde con la muerte de Miranda, quien recibió dos disparos y en la que no existió intercambio de disparos.
Indicó que los testigos que desde distintos lugares observaron a los sujetos activos se refirieron a personas que no responden a las características físicas del imputado, quien es alto -de 1,80 de estatura-, robusto y de tez blanca. Puso de resalto que Scocco no lo reconoció en rueda de personas.
Solicitó se case la sentencia y se absuelva al imputado, aún por aplicación de la duda beneficiante.
El recurrente objetó la calificación legal atribuida al delito contra la vida por el que llega condenado el imputado. Afirmó que para tener por acreditada la ultrafinalidad exigida por el artículo 80 inciso 7 del C.P. los sentenciantes tuvieron en cuenta la circunstancia agravante agregada por la fiscalía en el alegato, y por el que no fue indagado Martin. También objetó que el sentenciante valoró cargosamente los supuestos mensajes de WhatsApp del imputado y que ignorara otros. Así señaló que por mensaje se escribió “no fue nuestra intención hacerle eso”. El recurrente afirmó que esto evidencia la inexistencia de dolo homicida al momento del hecho o al menos su arrepentimiento. Objetó que los sentenciantes hayan valorado como “dato de la realidad” el análisis de la modalidad comisiva de la presunta banda que perpetraba robos en la zona de San Martin y de la que presuntamente formaba parte Martín, cuando el imputado fue absuelto por el hecho identificado como nro. 1.
Indicó que resulta contradictorio que los sentenciantes señalen que se agrava el homicidio porque los disparos que terminaron con la vida de Miranda fueron para asegurar el resultado, al mismo tiempo que indicaron que el hecho se encontraba “casi frustrado”.
Aseveró que valorar la modalidad de hechos de robo perpetrados supuestamente por Martín junto a también supuestas intimas conversaciones del imputado, en las que se refiere a su conducta y motivaciones, es derecho penal de autor. Afirmó la defensa que se valoraron cargosamente mensajes atribuidos al imputado, más por su personalidad que por los hechos investigados.
Señaló que una adecuada valoración de la prueba de la causa impide tener por acreditado el dolo específico de obtener la impunidad al que se refirieron los sentenciantes. Afirmó que corresponde calificar al hecho investigado como homicidio en ocasión de robo y no criminis causa y así lo solicitó. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura.
La defensa afirmó que resulta infundada la condena por asociación ilícita. Señaló que no se acreditaron los elementos objetivos que requiere el tipo del artículo 210 del C.P.
Señaló que no se presenta la nota característica de la permanencia. Indicó que a Martín se le imputaron dos hechos ilícitos, y que en uno resultó absuelto. También que no se cumple con el requisito de la indeterminación en los hechos que tiene por objeto cometer la asociación ilícita. Afirmó que el chofer del vehículo en el que presuntamente se trasladaban los sujetos activos del hecho identificado como nro. 2, no participó en el mismo, ello por la posición que ocupó el auto.
También argumentó que la aplicación de la asociación ilícita en concurso con la agravante de banda implica una doble punición por el mismo hecho. Recordó que para la acreditación de la asociación ilícita al menos tres de sus miembros deben ser capaces, condición que no cumple Villarroel por ser menor de edad. Señaló que conforme el requerimiento fiscal la conducta del menor fue permanecer en el automóvil. Afirmó que tampoco en el caso está presente la cohesión interna del grupo. Indicó que no se secuestraron en los allanamientos elementos que vinculen al imputado con su participación en ilícito alguno, así armas, handy, precintos.
Solicitó se absuelva al imputado por el delito de asociación ilícita. Peticionó la aplicación de la duda beneficiante.
La defensa afirmó que en el caso no resulta aplicable el agravante del artículo 41 quater del C.P. Indicó que dicho agravante requiere que el menor de edad sea utilizado, empleado, inducido o incitado por un mayor para cometer un delito. Señaló que, dichas circunstancias no se presentan en la causa. Destacó que mientras el imputado no tiene antecedentes penales, Villarroel había sido detenido. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura.
El recurrente indicó que la corta brecha de edad entre el imputado y Villarroel señalan la relación de paridad entre ambos y no de aprovechamiento. Subsidiariamente solicitó que si se confirma la aplicación de la agravante se valore el grado de madurez similar y la paridad en edad como mérito para la reducción de cuantía punitiva.
Afirmó que en el caso no resulta aplicable la agravante genérica del artículo 41 bis del C.P. Indicó que no se puede agravar la sanción del homicidio porque se haya matado utilizando un arma de fuego.
También subsidiariamente para el supuesto de que se confirme la calificación legal propuesta por el tribunal a quo la defensa solicitó que se subsuma la tentativa de robo agravado en la de homicidio criminis causa. Indicó que el homicidio criminis causa ya incluye en su tipo objetivo, como motivo de mayor punibilidad, un delito concurrente vinculado al homicidio.
La defensa puso de resalto que Martín no cuenta con antecedentes penales, ni se opuso a su detención. Solicitó que se merite como atenuantes de la pena la edad del imputado, su contención familiar y la efectiva posibilidad de reinserción social.
II. Es improcedente el planteo mediante el cual se denuncia la trasgresión del principio de congruencia y se postula la nulidad de la acusación fiscal y todo lo obrado en consecuencia, desde que no se advierte en el caso ningún corrimiento indebido de la plataforma fáctica materia de acusación.
El principio de congruencia impone que, en resguardo de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, la base fáctica objeto de reproche penal debe encontrarse, durante todo el proceso, contenida en el denominado objeto procesal, que, con un menor o mayor grado de certeza acerca de su existencia, es imputado a lo largo del trámite de las actuaciones.
La vulneración a dicho principio tiene lugar cuando se amplían los límites de la base fáctica de la acusación, menoscabando el derecho de defensa del imputado, quien se ve impedido de probar, contradecir y alegar sobre las circunstancias que se le atribuyen, lo que no se cumple en el caso (conf. causa n° 11.769 de esta Sala “R. A. R., el recurso de casación” entre muchas otras).
En la presenta causa, se recibió declaración al imputado y se elevó la causa a juicio, en lo que acá interesa, por ser autor del delito de homicidio criminis causa para procurar la impunidad. Al iniciar el debate el Fiscal describió la conducta típica reprochada al encartado, en los mismos términos en que fue indagado y requerido a juicio, señalando que el día 21 de abril de 2016, aproximadamente a las 03.00 hs, Emiliano Leonel Martín junto a otros sujetos, intentaron mediante el forzamiento de la reja de una ventana ingresar al domicilio de la calle La Crujía 604 de la localidad y partido de San Martín, con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes de valor y ante la presencia de uno de sus moradores, Juan Manuel Miranda, con la clara finalidad de procurar su impunidad, Emiliano Leonel Martín le efectuó dos disparos con un arma de fuego calibre 9 mm que portaba, ocasionándole la muerte, huyendo luego todos del lugar sin lograr el fin primitivo propuesto.
Al momento de alegar el Agente Fiscal se refirió al conocimiento que los integrantes de la familia de la víctima tenían de uno de los partícipes en el hecho, el menor Villarroel. Dicha circunstancia motivó que la defensa de Martín en su alegato manifestara que se amplió la acusación fiscal, porque consideró que se agravó la plataforma fáctica de la acusación. Corrido el planteo de nulidad el Fiscal explicó que dichas consideraciones eran parte de la alegación sobre la prueba.
Advierto que esta cuestión fue desarrollada por el tribunal del juicio como cuestión previa, al analizar si resultaba parcialmente nula la acusación fiscal. Encuentro que la defensa soslaya las sobradas explicaciones que brindaron los sentenciantes para descartar el planteo que reedita. En efecto, los jueces dieron una fundamentación que estimé suficiente para concluir que no se presentó en la causa violación el principio de congruencia ni afectación del derecho de defensa en juicio. El señalamiento que el Fiscal de Juicio al finalizar el debate realizó, fue un ejercicio argumental dentro de su extenso alegato, pero ello no importó adosar aquella circunstancia a la materialidad objeto de la acusación.
Más allá de las formulaciones de la defensa, no se ha logrado poner de manifesto una variación en las circunstancias de hecho que resulte penalmente relevante, toda vez que el conocimiento previo entre imputado y víctima no sirvió de base justificativa – en el pronunciamiento- para la calificación legal más gravosa aplicada, como parecería interpretar la parte.
Si bien asiste razón a la defensa en cuanto a que ese conocimiento no estuvo presente en las formulaciones del Ministerio Público Fiscal de estadios procesales anteriores, dicha variación no importó transgresión al principio de congruencia, pues, tal como tiene dicho esta Sala en la causa nro. 33.785 “González, Luciano Gastón s/ recurso de casación”, no se afecta la necesaria correlación que debe existir entre la acusación y la sentencia, si no se verifica una diferencia que revista el carácter de esencial, lo que ocurrió en el caso pues la diversidad esgrimida por la defensa no obedece sino al diverso grado de conocimiento y certeza adquirido durante el proceso.
La mayor precisión alcanzada durante el debate, que puede importar una diferencia en los hechos que trae en consideración el recurrente, encuentra una debida explicación en el hecho que, conforme el desarrollo del proceso penal, resulta natural que progresivamente se vayan despejando incertidumbres iniciales, o se vayan aclarando y precisando ciertos datos que luego van a servir para sustentar, e
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