Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 93127
c. nro. 93.127
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes mayo de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa Nº 93.127 , caratulada “ Brandan, David Antonio s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO - MANCINI .
I. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 del departamento judicial de San Martín condenó con integración unipersonal y bajo el procedimiento de juicio abreviado en fecha 8 de agosto de 2018 a David Antonio Brandan a la pena de diez (10) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, agravado por la convivencia preexistente y la edad de la víctima reiterado en al menos tres oportunidades, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente y la edad de la víctima reiterado en al menos dos oportunidades todos ellos en concurso real entre sí, los que a su vez concurren en forma ideal con el delito de corrupción de menores agravada por la convivencia con la víctima con relación a la víctima A. A. G., y en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, agravado por la convivencia prexistente y la edad de la víctima reiterado en al menos dos oportunidades, en concurso real entre sí, los que a su vez concurren en forma ideal con el delito de corrupción de menores agravada por la convivencia con la víctima cometido ente los periodos del 17/03/2014 y enero de 2016 en la ciudad y partido de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires.
II. El recurso fue concedido por el a quo en fecha 13 de setiembre de 2018, y radicado en esta Sala (fs. 29).
III. La señora defensora oficial por ante estos estrados, doctora Ana Julia Biasotti, presentó informe de fs. 34/38vta., abogando por las razones de hecho y derecho allí expuestas, por la concesión del recurso en trato.
La doctora Biasotti puso de resalto la falta de tipificación del delito de corrupción de menores. Afirmó que en la sentencia no se trató el elemento subjetivo requerido para la configuración del ilícito. También denunció la errónea aplicación del artículo 55 del C.P. Señaló que en la especie no se configuró un concurso de hechos independientes entre sí, sino que la conducta juzgada en todo caso configuraría un delito continuado”, ya que los hechos son dependientes y están presentes todas las características de este tipo de delito. Solicitó excluir la aplicación del artículo 55 del C.P. estimando la escala penal aplicable en la fijada en el último párrafo del art. 119 del C.P. Como consecuencia de la reducción de pena requerida por el impugnante o como nuevo agravio- arts. 1, 434 y 458 del C.P.P.- también denunció la arbitraria individualización de la pena. Destacó que el sentenciante no obstante valorar dos pautas de atenuación que no fueron postuladas por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, mantuvo el monto de pena acordado, cuando correspondía reducirlo en virtud de las ponderaciones novedosas que beneficiaron al imputado.
IV. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, tras deliberar y sometido el recurso a consideración del Tribunal, se plantearon y votaron las siguientes cuestiones:
Primera : ¿Es admisible el recurso de casación incoado?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
El recurso en trato ha sido interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el que se verifica el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Conforme lo dispuesto en el artículo 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, el impugnante se encuentra subjetivamente legitimado para recurrir por esta vía.
Por ello, corresponde declarar admisible la impugnación presentada (artículos 421, 456 y 465 inciso 2° del Código Procesal Penal).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. El recurrente como primer agravio denunció como inobservados los artículos 210 y 373 del C.P.P. Afirmó que se tuvo por acreditada la materialidad ilícita del delito de corrupción en forma arbitraria y que se efectuó una errónea aplicación del artículo 125 tercer párrafo del C.P. También indicó que se vulneró el derecho de defensa ante la indeterminación del número de veces en que ocurrieron los hechos que se calificaron como corrupción de menores.
La Defensa afirmó que la sentencia no demuestra el camino lógico para obtener certeza respecto del delito reprochado. Señaló que a partir de la prueba con la que se sostiene que se encuentran acreditados los delitos de abuso sexual agravado, el tribunal también tuvo por probado el delito de corrupción de menores agravado. El impugnante indicó que en la sentencia no se señala cuáles son las pruebas que permiten tener por acreditado el aspecto subjetivo de la figura de corrupción. Afirmó que no es posible sostener que el imputado no solo tenía el propósito de satisfacer deseos sexuales propios sino también torcer el normal desarrollo y evolución sexual de las menores. Afirmó que los hechos que se tuvieron por probados no tienen entidad para corromper, ya que, si bien todo abuso sexual deja secuelas, estos no siempre implican corrupción. Afirmó que hay un dolo especifico requerido por la figura, la conducta sexual depravada, que no se presenta en el caso. Señaló que la falta de precisión en cuanto a la cantidad de veces que ocurrieron los hechos impide calificarlos como actos de corrupción.
El recurrente indicó que al menos de las pruebas valoradas surge un margen de duda que impide llegar a la certeza para fundar una sentencia de condena. Solicitó se absuelva al encartado y se reduzca sensiblemente la pena.
Como segundo agravio denunció como inobservados los artículos 1, 210 y 373 del C.P.P. con relación a los hechos individualizados como 2, 3 y 4 respecto de A. A. G y hecho nro. 2 respecto de M.Y.G.
Afirmó que la sentencia se apoya en un análisis parcial de la prueba, que concluyó en una decisión arbitraria, absurda y antojadiza por parte del tribunal de mérito.
El impugnante objetó la valoración que el tribunal a quo hizo de la denuncia de la progenitora de las menores. Afirmó que los términos de la misma no coinciden con lo manifestado por las niñas y que tampoco hay otros elementos probatorios que permitan sostener sus dichos.
Señaló que de los informes psicológicos se verifica que las menores no expresaron con claridad la situación de abuso sexual investigada. La Defensa se refirió a dichos informes y trascribió la parte que consideró de mayor interés. También puso de resalto que el perito médico consignó que las menores no presentaban lesiones al ser examinadas, tanto en posición ginecológica como en región anal. Destacó que el licenciado Mentelman declaró que no advirtió en M.Y.G. indicadores de hechos traumáticos. La Defensa afirmó que las preguntas que se les formularon a las menores en la cámara Gesell fueron indicativas. Aseveró que no puede descartarse que los abusos que narraron las niñas no fueron por agresiones sexuales perpetradas por el imputado sino consecuencia de las escenas de sexo que vivenciaban cotidianamente en razón de la promiscuidad en la que vivían.
Como tercer agravio postuló la errónea aplicación del artículo 119 párrafo segundo, tercero y cuarto inciso f) del C.P.
Señaló que ante la falta de pruebas respecto del abuso sexual con acceso carnal vía anal, y ante la ausencia de lesiones, los hechos debieron calificarse como abuso sexual simple en grado de tentativa. También afirmó que los tocamientos y práctica de sexo oral achacados al encartado no configuran abuso sexual gravemente ultrajante. Aseveró que dichos actos objetivamente no presentan desproporción con el tipo básico, por lo que solicitó se cambie su calificación como abuso sexual simple, disminuyendo la pena.
II. Por razones de claridad expositiva y para un lógico tratamiento de las cuestiones sometidas a examen me permitiré alterar el orden de los motivos de agravios comenzando con el segundo tramo de la queja.
La determinación de los sucesos fijados en la cuestión primera del veredicto individualizados como hechos 2, 3 y 4 respecto de A.A.G. y 2 respecto de M.Y.G. y la participación que en aquéllos se asigna a David Antonio Brandan, constituyen conclusiones válidas a la luz de un adecuado itinerario juicioso que viene sustentado en fundadas razones, a través de las cuales el a quo plasmó la convicción alcanzada sobre tales extremos.
En efecto, la conclusión condenatoria del tribunal de grado se halla debidamente motivada, y encuentra adecuado respaldo en las diversas piezas probatorias analizadas por el sentenciante. Tanto la determinación de la materialidad ilícita de los hechos objeto de juzgamiento, como la autoría responsable del encausado han encontrado suficiente y racional sustento en la valoración armónica y conjunta del material convictivo que a tales efectos fue relevado por el a quo. Las piezas probatorias analizadas por el tribunal, determinaron un plexo probatorio suficiente para otorgar certeza tanto respecto del ilícito como de la autoría responsable del encausado.
Contra lo argüido por la defensa, no se presenta en la sentencia bajo examen, ningún déficit de motivación, ni un vicio o defecto en el análisis del cuadro probatorio que importe una vulneración a las reglas consagradas en los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal.
Cuando se ataca la legalidad de un decisorio por carencia de motivación, esa falta debe resultar de una entidad tal que deje al fallo privado de razones suficientes y aptas para justificar la decisión del tribunal respecto de cada una de las cuestiones que resuelve.
Del estudio de la pieza recurrida no se advierte ilogicidad en el razonamiento del a quo que conduzca a considerar al pronunciamiento recurrido como carente de la debida fundamentación como lo pretende el recurrente. Todas las conclusiones esenciales de la decisión han sido fundadas en los hechos y conductas que no dejaron de relatarse, y en las normas jurídicas que se vincularon con ello, y asimismo se han mencionado el o los medios de acreditación de los que se extrajeron las definiciones.
Según los postulados reseñados en los párrafos precedentes, el tribunal de mérito ha observado los principios y exigencias relativas a la valoración de las pruebas y la consecuente determinación de los hechos, y precisó en forma razonada los fundamentos por los cuales consideró demostrada la autoría del encausado respecto de los ilícitos por los que se dictó sentencia condenatoria, con el alcance y contenido otorgado a dicha actuación, cumpliendo de tal manera con la exigencia de motivar en forma suficiente su decisión.
Cabe a su vez recordar que la ley no impone normas generales para comprobar algunos ilícitos, ni fija en abstracto el valor de cada prueba, dejando al arbitrio del sentenciante en libertad de admitir la que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que poseen para la determinación de los hechos.
Tiene dicho esta Sala que, en el juicio abreviado, el artículo 396 exige que el imputado y su defensor presten conformidad con la calificación legal y el monto de la pena como requisito para el acuerdo. También que el pronunciamiento jurisdiccional posterior, conforme con el artículo 399, debe satisfacer los mismos requisitos exigidos para la sentencia en el juicio común (artículos 371 y siguientes del CPP), y ello es así por cuanto nuestra normativa constitucional y ritual solamente confiere validez a la sentencia debidamente fundada en la ley y en las constancias de la causa (artículos 18 de la CN, y 1, 106, 210, 367, 373 y 448 inciso 1°, del CPP), regla que no admite en el juicio abreviado ninguna excepción.
En el régimen legal de este procedimiento especial se exige al juzgador, como en el procedimiento común, realizar una correcta aplicación de la ley, modificando si fuera necesario, el acuerdo en beneficio del imputado en cualquiera de los extremos en él contenidos. Advierto que todo lo anterior se cumplió en la especie.
Al pactar la tramitación del proceso según las reglas del juicio abreviado, la estrategia de la defensa, que consideró apropiada a los intereses de su pupilo implica que, si bien el juez mantiene su facultad de valoración sobre el grado de culpabilidad del imputado por el hecho y su concreción material en la escala legal, encuentra el límite en la pena pactada entre el acusador y la defensa del imputado, por encima de la cual no puede fijar la sanción. También conlleva la renuncia de la realización del debate oral y, por ende, al control en el marco de ese juicio oral de aquellas pruebas de cargo existentes en la causa, lo que obviamente incluye al derecho de interrogar a los testigos -de cargo y de descargo- presentes en el tribunal.
En el fallo puesto en crisis, el tribunal se encontraba habilitado para valorar las declaraciones testimoniales bajo la modalidad Cámara Gesell de las menores A.A.G Y M.Y.G. El juez sentenciante ponderó la directa imputación que dirigieron las niñas en sus declaraciones al imputado y el relato de los abusos sexuales a los que eran sometidas. Cabe puntualizar los términos a los que se refirió el sentenciante, por la contundencia de las manifestaciones de las niñas respecto de los hechos investigados. Se valoró que la menor A.A.G. declaró que su padrastro le decía “abrí la cola, abrí la cola” cuando la despojaba de sus prendas de vestir, al igual que el imputado y la acomodaba en la cama, que contó que “a veces sentía dolor y a veces no” que cuando sentía dolor era “porque lo hacía fuerte y como que se movía”, pero que no entendía lo que hacía. El sentenciante señaló que en el trascurso del testimonio puede observarse el pudor de la niña, como también la sinceridad y espontaneidad del relato y se remitió a los D.V.D que contienen las declaraciones. Con relación a M.Y.G. se valoró que declaró que su padrastro ”le ponía el pito en la cola”, “se lo apoyaba”, que la llamaba a su cama, le bajaba la bombacha y él su pantalón y le apoyaba el “pito” en la cola de atrás, que esta situación se repitió en varias ocasiones siempre de tarde en la cama del imputado, cuando la madre trabajaba y que le decía que se acueste bien, “de costado doblada”. El magistrado valoró que la menor también declaró que sabía que le hacía lo mismo a su hermana, puntualmente dijo que su padrastro a A.A.G. “… la puso de la misma manera que a mí y él se puso igual.”
El sentenciante valoró la denuncia de la madre de las pequeñas y la ratificación que hizo de la misma en sede fiscal. Noemí Ester Ocho contó el develamiento que le hicieron sus hijas de los diferentes abusos sexuales que sufrieron. El plexo probatorio se completó con el informe de la entrevista psicológica individual de las niñas con la licenciada Angriman, las pericias psicológicas de la perito Goscilo y la declaración testimonial de la licenciada Coltro y del psicólogo Pablo Mantelman. Este último profesional, terapeuta de la menor M.Y.G. se refirió a los términos con que la niña expuso la situación denunciada y largamente se refirió a lo que le relató sobre las agresiones sufridas por su hermana. La menor M.Y.G. le dijo aquello que vió y le contó a su madre, que su padrastro “le chupaba la zorra” a A.A.G. y que “hasta la quiso besar”. También que veía que él le apoyaba el pito en la cola y que le decía “abrí la concha... abrí la zorra”.
Por lo expuesto no puede predicarse que el pronunciamiento en crisis estuviera guiado por impresiones subjetivas o caprichosas del órgano de la instancia, sino que, por el contrario, se advierte que el tribunal a quo se expresó sobre las pruebas que dieron base a su decisión, valorándolas racionalmente, fundamentando así las conclusiones a las que arribó.
En casos como el presente, en que se investigan delitos contra la integridad sexual de menores de edad cuyo victimario es un conviviente, la declaración de la víctima constituye un aporte especialmente valorable cuando la misma reviste, como en el caso de las niñas, especiales características.
La Defensa afirmó que las preguntas que se le formularon a las menores en sus declaraciones fueron indicativas, empero se advierte que no efectuó un desarrollo de los motivos de la queja ni referencias concretas, efectuando únicamente la crítica genérica antes señalada, sin ninguna otra precisión.
El abordaje del menor que exhibe indicios de haber sido abusado debe diferir sensiblemente del de un testigo común, básicamente a fin de evitar que por su participación en el proceso penal encuentre una ocasión de revictimización. Bajo ese postulado es que en la normativa de forma se han establecido pautas especiales para la receptación de los testimonios de aquellos niños y adolescentes que resulten ser víctimas de delitos contra la integridad sexual. En la especie se cumplieron dichas directivas, sin que se advierta vulneración de la normativa a aplicar.
Cuando se investigan delitos contra la integridad sexual, la convicción respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva se logra también a través del testimonio de los peritos psicólogos que informan respecto de los dichos de quienes aparecen como víctimas en la causa, que en la búsqueda de indicadores constituyen un medio más de prueba, que debe enlazarse con los otros. Claro está que sus dictámenes no son vinculantes, que los sentenciantes deben formar convicción sobre la base de la prueba producida y no sobre sus conclusiones, encuentro que todo ello se presenta en la especie.
La Defensa señaló la dificultad que tuvieron las menores en abordar con los profesionales tratantes la problemática de los abusos sexuales denunciados. También el recurrente aludió a la situación de promiscuidad sexual a las que las menores podrían haber estado expuestas, empero omite toda consideración a los contundentes términos con que el licenciado Pablo Mantelman se refirió en su declaración testimonial. El profesional se pronunció sobre la verosimilitud que presentaba M.Y.G. en su relato. Dijo que la niña tiene miedo, particularmente de la noche “a que vuelva el agresor”. Con relación a los indicadores de hechos traumáticos, el licenciado declaró que no los notó y agregó que la menor es una nena a la “que se tiene que cuidar mucho”, porque se presenta como sobreadaptada a la situación, propio de los niños a los “que parece que no les pasa nada hasta que caen en la situación que vivieron”.
Las críticas de la Defensa respecto de la valoración de los testimonios de los profesionales de la salud mental se aprecian como un endeble intento por desacreditar su actuación y socavar el valor convictivo de los testimonios de las víctimas y finalmente, mejorar la situación de su defendido.
El recurrente alude a la ausencia de lesiones en las niñas. Dicha circunstancia en nada autoriza a apartarse de lo decidido, ni aparece manifiesto absurdo o arbitrariedad en la valoración de las pruebas (arts. 210 y 373 C.P.P.). La Defensa se desentiende de que, por las características de las conductas imputadas al encartado, su modalidad, y la fecha de los hechos, es lógico que pueda no evidenciarse en el cuerpo de las víctimas. Por lo demás
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.